Coordinadora Nacional de los Indignados de Venezuela
Por una salida popular a la grave crisis que padecemos
La historia de Venezuela registra el inagotable e incansable espíritu de lucha anticolonialista y anticapitalista de su pueblo. Desde la épica resistencia aborigen y las heroicas insurrecciones de los negros contra los invasores europeos de 1492, mucha sangre popular se ha vertido por la liberación nacional y la justicia social. 523 años tras una patria independiente, soberana, con justicia social, igualdad, solidaridad y libertad para su pueblo.
La Guerra de Independencia representa el mayor esfuerzo militar y la más amplia alianza social contra el colonialismo, logrando derrotar militar y políticamente a la potencia colonizadora. Sin embargo, los sectores populares no vieron consumado su anhelo de justicia social, igualdad y libertad, al mantenerse intacta la estructura social y económica de la colonia.
Pocas décadas después las masas populares empobrecidas, bajo el liderazgo social y militar del General Ezequiel Zamora, enarbolan la consigna de “tierra y hombres libres” para dar inicio a la Guerra Federal, a través de la cual el pueblo le disputó el poder político a la oligarquía terrateniente en procura de las reivindicaciones económicas, políticas, culturales y sociales, ignoradas aún después de la independencia.
Esta gran gesta social y militar constituye, junto a la resistencia indígena liderada por Guaicaipuro, la rebelión de los negros encabezada por José Leonardo Chirinos y la rebelión popular del pueblo de Caracas el 27 de febrero de 1989, los hechos históricos de mayor alcance filosófico, cultural, social y político, mediante los cuales el pueblo de Venezuela ha buscado, con total autonomía organizacional y militar, su emancipación y felicidad.
La lucha armada adelantada por importantes sectores revolucionarios y sociales durante la década de los 60 del siglo pasado en América Latina, especialmente en Venezuela, también forma parte de los esfuerzos populares contra el colonialismo y por la justicia social que fueron ejecutados con autonomía frente a los factores de poder nacionales e internacionales y a través de la cual se disputó firmemente el poder político.
Un aspecto de gran importancia en este largo proceso de resistencia popular es la permanente presencia de una corriente patriótica y nacionalista dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales que ha aportado hechos constituyentes originarios de gran trascendencia histórica. Así ocurrió el 1ro de enero de 1958 con el alzamiento militar que sirvió de antesala a la gloriosa insurrección popular del 23 de enero de ese mismo año que derrocó la dictadura Perezjimenista. Otros hechos militares de igual relevancia lo constituyen los pronunciamientos conocidos como “el Carupanazo” y “el Porteñazo”, así como las insurrecciones acaecidas el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.
Igual relevancia en las luchas populares ha tenido el aporte de algunos sectores religiosos que se han sumado a las organizaciones comunitarias en pro de la conquista de los derechos sociales y políticos del pueblo. Es el caso de la Teología de la Liberación quienes asumieron plena militancia en los procesos de luchas sociales en toda Latinoamérica, siendo el padre Wuytack uno de su más destacado representante en Venezuela.
Grandes insurrecciones campesinas, indígenas, estudiantiles, obreras y vecinales han mantenido permanentemente en alto las banderas de la justicia social, de los derechos políticos y humanos, de la defensa de la diversidad cultural, del derecho al territorio y a la tierra, de la libertad, de los suelos de vocación agrícola, de los bosques tropicales, de la biodiversidad, de las fuentes naturales de agua. Entre ellas cabe mencionar la protesta estudiantil del 21 de noviembre de 1957, la huelga de los obreros y campesinos del estado Yaracuy contra las empresas bananeras, las huelgas de los obreros de las empresas textiles del estado Aragua, las huelgas del sector automotriz y lácteo de los estados Carabobo y Mérida, las insurrecciones de los Pueblos Indígenas Yukpa, Bari y Pemón ubicados en los estados Zulia y Bolívar y la insurrección de los campesinos de Morador y Tierra Buena en el estado Portuguesa.
El pueblo venezolano en su larga marcha por la emancipación ha contado con grandes pensadores, poetas, escritores, cantantes, pintores, escultores, tecnólogos, ecologistas e intelectuales; entre muchos: Simón Rodríguez, Salvador de la Plaza, Ibrahim López García, Orlando Araujo, Salvador Garmendia, Ali Primera, “el chino” Valera Mora, Aquiles Nazoa y Carlos Contramaestre.
CRISIS ACTUAL Y ECONÓMIA RENTISTA
Hoy, la severa crisis que afecta al capitalismo mundial, tanto en su versión de libre mercado, representado fundamentalmente por Estados Unidos e Inglaterra, como en su modelo estatista, cuyos máximos representantes son Rusia y China, expresada en la grave situación ambiental que ha colocado en peligro la vida sobre el planeta tierra como consecuencia del modelo de energía fósil sobre el cual se sustenta, así como de la explotación extensiva de la agricultura y la ganadería, de la alta concentración de poblaciones en mega-ciudades, de la propiedad privada sobre los recursos naturales, del modelo tecnológico y científico anti-ecológico, la cultura consumista, la arquitectura capitalista y el deterioro en la calidad de la alimentación, la creciente situación de pobreza de la población mundial y la violación sistemática y masiva de los derechos humanos.
Aunada a las particulares circunstancias que caracterizan la magnitud de la crisis que afronta la sociedad venezolana, nos coloca en un momento histórico que exige y ofrece nuevas y grandes gestas patrióticas y populares de profundo contenido libertario.
En los últimos 16 años el gobierno de Venezuela ha profundizado irresponsablemente la dependencia de nuestra economía de la renta petrolera y del endeudamiento mediante costosos prestamos provenientes de grandes potencias capitalistas mundiales, fundamentalmente de China y Rusia. En la medida en que, durante casi una década, el precio del barril de petróleo se estabilizó en 100 dólares, fue abandonada toda política de desarrollo agropecuario, turístico, farmacéutico, textil, del calzado, entre otros; haciendo depender la alimentación, la salud, el vestido y en general el suministro de todo tipo de bienes y servicios al pueblo venezolano de mercados extranjeros, mediante importaciones que representan altas erogaciones en divisas.
Por tal razón, la estrepitosa caída internacional de los precios del petróleo ocurrida desde el año 2014 como consecuencia de nuevas condiciones tecnológicas y geopolíticas asociadas con el negocio petrolero, encuentran a Venezuela con su capacidad productiva nacional totalmente devastada y, por ende, imposibilitada de satisfacer las necesidades básicas de la población. Con el agregado que al depender el ingreso de divisas casi exclusivamente de las exportaciones petroleras también la capacidad de importación se ha mermado en un alto porcentaje.
Según datos difundidos por el Bank of América la caída para Venezuela de ingresos petroleros en los últimos dos años suma 41.4 millardos de dólares. Igualmente dicha entidad bancaria señaló sobre la situación económica de nuestro país, lo siguiente: “Entre enero y septiembre de 2015 las importaciones fueron 43,2% menos que en el mismo periodo de 2012, y se convierte así en el recorte de compras externas más grande que se ha producido en la historia de Venezuela”.
Debemos destacar que la política implementada por el gobierno nacional ante la caída de los ingresos petroleros ha sido la de restringir la importación de bienes, lo cual implica un alto costo social, esto con el propósito de mantener la capacidad de satisfacer las obligaciones de pago de servicio (intereses) de la deuda externa.
CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA
Esta política antipopular es altamente cuestionable desde el punto de vista moral, en razón de la voraz corrupción que desde la casi totalidad de la burocracia gubernamental impactó negativamente la inmensa riqueza que produjeron los elevados precios que durante años mantuvo el barril de petróleo. No sólo no invirtieron en el desarrollo y consolidación del aparato productivo nacional que nos permitiera alcanzar nuestra soberanía económica, sino que, además, mediante el mecanismo de control de cambio lograron desviar hacia empresas de maletín esa inmensa masa de dólares que actualmente se encuentra dispersa en el sistema bancario europeo, asiático, norteamericano y caribeño, formando parte del patrimonio privado de jerarcas militares y políticos venezolanos, así como de sus respectivos entornos familiares.
La magnitud de la corrupción administrativa alcanzada en el actual sistema político ha degradado moralmente a un importante número de instituciones públicas afectando significativamente el normal desenvolvimiento de la sociedad. En especial es necesario destacar la mutación de los cuerpos de seguridad del Estado en verdaderas estructuras de delincuencia organizada. Podemos señalar que la criminalidad relacionada con secuestros, extorsiones, narcotráfico, legitimación de capitales, contrabando, homicidios (bajo el modus operandi de sicariato), trata de personas, hurto y robo de vehículos, entre otros tipos penales de gran magnitud e impacto social, es de la autoría, casi con carácter de exclusividad, de funcionarios policiales y militares de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.
Este fenómeno ha incrementado muy gravemente la violencia en Venezuela, siendo el responsable que anualmente ocurran aproximadamente 25.000 homicidios en nuestro país, ya que la causa de un alto porcentaje de ellos es el ajuste de cuenta y la eliminación de personas que poseen información sobre la actividad de dichas estructuras criminales.
Por otra parte, la política social de corte populista mediante la cual se implementaron algunos programas de auxilio a los sectores populares en cuanto a la satisfacción de sus derechos sociales de rango constitucional como lo son la alimentación y la salud, también se encuentra altamente comprometida en virtud de la gigantesca corrupción administrativa. En ese sentido, podemos señalar que la corrupción administrativa es un delito contra los derechos humanos.
A la par que la inhumana magnitud de la inflación que golpea fundamentalmente a los sectores más débiles, la fuerte devaluación de la moneda nacional, el creciente desempleo y el cada día más agudo desabastecimiento de alimentos y bienes, aumenta dramáticamente los índices de pobreza.
GRAVE Y SISTEMÁTICA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Ante la crítica realidad socio-económica que afronta el pueblo venezolano la protesta social es la respuesta legítima y constitucional. Los barrios, los liceos, las universidades, los trabajadores, los indígenas, los campesinos y los militares patriotas, marchan hacia una gran huelga general que impulse los cambios políticos necesarios para darnos un gobierno patriótico, popular y soberano que consolide los derechos sociales y la dignidad humana de toda la población, en un marco de igualdad, solidaridad, libertad, honestidad, diversidad cultural y respeto por el medio ambiente.
Ante este cuadro histórico en el cual el movimiento popular asume la iniciativa política, el gobierno nacional ha implementado planes represivos de total carácter fascista. En primer lugar, debemos denunciar la Resolución numero 8610 dictada por el Ministerio de la Defensa que autoriza disparar armas de fuego contra las manifestaciones populares, violándose absolutamente el artículo 68 de la Constitución de la República según el cual “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Además, dicha resolución autoriza la participación de las Fuerzas Armadas Nacionales en el restablecimiento del orden público, desconociendo que el artículo 332 eiusdem, ordena que el orden público es de competencia civil, para lo cual la propia norma constitucional invocada señala que debe crearse: “Un cuerpo uniformado de policía nacional”.
En segundo lugar, es imperioso denunciar el plan criminal denominado Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que desde el mes de agosto se ejecuta contra los habitantes de los barrios pobres, el cual hasta la presente fecha ha dado como resultado el injusto asesinato de aproximadamente 300 venezolanos, el allanamiento sin orden judicial y sin la presencia de testigos de miles de hogares, la detención arbitraria de más de 10.000 personas, el desalojo forzado e ilegal de centenares de viviendas familiares y la total destrucción de barrios.
Es importante destacar que tanto el Presidente de la República como el Ministro de Relaciones Interiores, han pretendido justificar tal atrocidad argumentando que son medidas para garantizar la seguridad ciudadana, cuando lo cierto es que las mismas distan mucho de constituir políticas sociales capaces de disminuir la conflictividad y promover la convivencia comunitaria pacifica, en otras palabras, la denominada OLP no representa una política idónea de prevención social del delito en el marco del estricto respeto a los derechos humanos, tal como lo consagra el artículo 55 de la Constitución de la República.
También es altamente cuestionable que la OLP sea un operativo militar a cargo de la Guardia Nacional, cuando según el artículo 332 constitucional la seguridad ciudadana es una materia de carácter civil.
En conclusión, tanto la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa como la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP), constituyen políticas de contenido fascista para sembrar terror en el pueblo y de esa manera tratar de ahogar su legítimo derecho a la protesta contra la grave situación socio-económica que menoscaba el disfrute de sus derechos sociales. Ante lo cual cabe retomar la consigna: ¡¡¡LAS CALLES SON DEL PUEBLO Y NO DE LA POLICÍA!!!
ENTREGA DE NUESTRA SOBERANÍA ECONÓMICA Y TERRITORIAL
Simultáneamente con este cumulo de políticas antipopulares, el gobierno nacional ha implementado diversas políticas que violan nuestra soberanía económica y territorial. Se debe señalar que en su política de endeudamiento externo ha incurrido en traición a la patria, no otra cosa podemos concluir cuando el préstamo obtenido de la República de Brasil por la cantidad de 4.300 millones de dólares fue garantizado con reservas de petróleo de la Faja del Orinoco. De igual manera se ha procedido ante préstamos que por la cantidad de 12.000 millones de dólares solicitó el Poder Ejecutivo Nacional a Japón y a China. Es decir, ante un incumplimiento de los pagos de dicha deuda el ente acreedor puede ejecutar la indicada garantía, con lo cual parte del territorio nacional y de nuestros recursos naturales quedarán bajo el dominio de factores extranjeros.
Otorgar las reservas petroleras como garantía de un contrato de préstamo, o de cualquier otra naturaleza, significa una violación del artículo 12 de la Constitución de la República, según el cual “Los yacimientos…de hidrocarburos…existentes en el territorio nacional…son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables…”.
Así mismo, mediante la reforma de la Ley Hidrocarburos han permitido que la exploración y explotación de nuestros hidrocarburos sea realizada por empresas mixtas, en las cuales el capital privado nacional o extranjero es propietario de un 40% de las acciones, y por lo tanto, dueño también de un 40% de los dividendos del negocio petrolero venezolano, en consecuencia, se ha entregado parte importante de nuestras riquezas petroleras a las empresas multinacionales.
No menos grave para los intereses nacionales reviste las negociaciones que el Poder Ejecutivo Nacional adelantó con la República de Colombia sobre la delimitación de aguas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela, la cual giró sobre la propuesta suscrita por nuestra embajada que “asigna al vecino país áreas sobre las cuales carece de título jurídico, mientras que Venezuela si los posee en cantidad y calidad suficiente”.
Dicha negociación ha sido suspendida debido a la denuncia formulada por Francisco Nieves Croes, miembro de la Comisión Presidencial para la Delimitación de las Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia, en carta dirigida a los demás integrantes de dicha comisión.
Con igual debilidad en la defensa de la integridad y soberanía territorial de Venezuela ha actuado el Poder Ejecutivo Nacional ante las concesiones petroleras, mineras y forestales otorgadas por el Gobierno de la República de Guyana a empresas multinacionales norteamericanas, inglesas y chinas en el territorio Esequibo, en abierta violación del Acuerdo de Ginebra de 1966, celebrado entre Venezuela y Guyana en las Naciones Unidas.
Este acuerdo reconoce el carácter irrito y nulo del Laudo Arbitral de París de 1899 por ser producto de una componenda entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia para despojar a Venezuela de ese vasto territorio que histórica y jurídicamente nos pertenece en plena justicia.
CONSTITUCIÓN RECOLONIZADORA Y NEOLIBERAL
De igual manera, debemos denunciar que la Constitución de la República de 1.999 concibe un modelo de economía capitalista neoliberal y recolonizadora. Así tenemos que en su artículo 299 establece el libre mercado como principio que rige la economía venezolana, lo cual hace en los siguientes términos: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios …libre competencia…”.
Además en su artículo 113 permite la privatización de la explotación de los recursos naturales del país, así como de la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y de todos los demás servicios públicos, al establecer lo siguiente:
“Cuando se trate de la explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público”.
Por otra parte, en su artículo 303 acepta la venta de las empresas filiales de PDVSA y la privatización del negocio petrolero nacional, de la forma siguiente:
“Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A, o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A”.
ELECCIONES Y LA MUD
Es importante destacar que la denominada “oposición”, sector político reunido en la MUD y en otras estructuras políticas, en ningún momento ha denunciado el carácter neoliberal de la Carta Magna, por el contrario asume su absoluta defensa. Nunca ha cuestionado la entrega de nuestras riquezas petroleras al capital privado multinacional a través de las empresas mixtas. No asume como bandera de lucha la defensa del Golfo de Venezuela frente a la voracidad de la oligarquía colombiana. Tampoco asume la lucha contra la sistemática y masiva violación de los derechos humanos de la que son víctimas los sectores empobrecidos, solo se preocupa por las violaciones de las cuales son víctimas los integrantes de las elites políticas que conforman el sector “opositor”.
De manera, que dicho sector político representa otra fracción del capitalismo recolonizador y neoliberal aliado de las grandes empresas energéticas multinacionales, en pugna por el control del poder político nacional. Las elecciones presidenciales, parlamentarias, de gobernadores y de alcaldes, constituyen el escenario aceptado por los grandes centros de poder mundial para dirimir la confrontación entre ambas fracciones, sin colocar en riesgo los intereses económicos y geopolíticos de las grandes potencias mundiales que negocian el reparto de sus áreas de influencias a nivel planetario.
AUTONOMÍA POPULAR
Ante el grave deterioro social, económico, moral, político, de los derechos humanos, de la soberanía territorial, del medio ambiente, de la soberanía agroalimentaria y de la independencia de Venezuela, es imperioso avanzar hacia un gran acuerdo político para impulsar una HUELGA GENERAL PARA SALVAR LA NACIÓN.
Entendemos que el destino libertario de Venezuela y de todo el continente americano, depende de la acción autónoma de los sectores populares, campesinos, indígenas, estudiantes, obreros y desempleados, que emprendan grandes gestas populares totalmente independientes de las estructuras partidistas de derecha o de izquierda, que traigan consigo grandes cambios en lo organizacional y en la producción comunitaria y ecológica.
!!HUELGA GENERAL POR LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA!!
!!HUELGA GENERAL POR NUESTRA SOBERANÍA TERRITORIAL!!
!!HUELGA GENERAL POR NUESTRA SOBERANÍA AGROALIMENTARIA!!
!!HUELGA GENERAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS!!
!!HUELGA GENERAL EN DEFENSA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA SALUD!!
!!HUELGA GENERAL EN DEFENSA DE LA NATURALEZA!!
!!HUELGA GENERAL POR UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO!!
!!HUELGA GENERAL POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN: PATRIOTICA, POPULAR Y SOBERANA!!
!!HUELGA GENERAL POR EL DERECHO AL TERRITORIO INDIGENA!!
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