Opinión: Venezuela: El réquiem autonómico del bolivarianismo

Rafael Uzcátegui

Después de los hechos del “Caracazo”, una revuelta popular realizada en febrero de 1989 contra un programa de ajustes neoliberal cuya represión dejó 400 muertos, Venezuela transitó una década de conflictividad social que expresaba el agotamiento del modelo de gobernabilidad imperante. A partir de ese momento, la emergencia de una serie de actores y movimientos sociales hizo de la década de los 90´s años de tensiones por un cambio. 10 años después un militar, Hugo Chávez, hizo suyas estas demandas y ganó las elecciones nacionale. Las expectativas fueron enormes. Su primer gesto fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que relegitimara todos los poderes y redactara una nueva Carta Magna. Su resultado fue una Constitución que, en materia social –más no económica-, incorporó muchas propuestas de iniciativas populares de base. En el año 2000 parecía que la presidencia de Hugo Chávez sería un gobierno de los movimientos sociales. Sin embargo, 15 años después, el balance es diferente: El proyecto bolivariano se ha convertido en un modelo de dominación sobre los movimientos sociales.

Esta es la hipótesis del presente texto: Si la Constitución de 1999 se mostró como la expresión de un nuevo pacto social basado en la subjetividad de los sectores excluidos del hacer político en Venezuela, el desmantelamiento, fragmentación e institucionalización de los movimientos sociales no permitió la materialización de dichas garantías y derechos. Como caso emblemático de esta afirmación citaremos la situación del movimiento indígena venezolano.

De la autonomía a la estatización

La Asamblea Constituyente apenas tuvo 4 meses para debatir el texto de una nueva Constitución para Venezuela. En esas discusiones, no sin conflicto, participaron la casi totalidad de líderes sociales y organizaciones forjadas al calor de las luchas populares de la década de los noventas. Muchas exigencias quedaron plasmadas en el texto constitucional. Diversos analistas afirmaron que esta Carta Magna era “altamente garantista en derechos sociales”. El propio presidente Chávez la calificó como “la mejor Constitución del mundo”. La perspectiva que queremos resaltar es que la parte social de este pacto[1] fue conquista de las luchas populares –y no una concesión del nuevo gobierno- que tenían, por lo menos, 15 años en Venezuela.

Este fue el clímax, pero paradójicamente también el requiem, del aspecto autónomo del movimiento popular y social que había llevado a Hugo Chávez al poder. A partir de ese momento se inició un proceso de cooptación estatal de las organizaciones, hasta sustituirlas por otras nuevas, que tienen como resultado que 16 años después ninguno de los derechos incluidos en la redacción de dicho texto ha sido materializado en la realidad. La razón es sencilla: No hay movimientos sociales que, mediante su propia agenda beligerante de reivindicaciones –independientemente si se identifican o no con el gobierno- exijan su cumplimiento.

Este proceso de institucionalización tuvo varias estrategias que, como objetivo tenían acabar con la independencia de las iniciativas sociales, cualquiera que fuesen. Por ejemplo la subordinación de las identidades de los activistas a una nueva creada desde el poder: Ser “chavista”. Inspirado por la formación militar de su principal referente, desde el primer momento se exigió al conjunto de iniciativas que apoyaron al bolivarianismo aceptar, sin contestación ni crítica, las propuestas, consignas y símbolos propuestos desde el vértice del poder. De esta manera los activistas abandonaron la agenda de lucha que habían enarbolado hasta 1999 para asumir y jerarquizar las consignas y metas gubernamentales. El intento de golpe de Estado del año 2002 catalizó este proceso: La sustitución de la defensa de los derechos conquistados, el proyecto propio, por la defensa del gobierno, el proyecto ajeno. Una segunda estrategia fue la electoralización permanente de la agenda de movilización ciudadana: El objetivo inmediato era ganar la cadena de elecciones, planteadas como plebiscitos de apoyo al gobierno, y después “ya veremos”. Los movimientos de base de apoyo al bolivarianismo fueron convencidos que la “revolución” no era inmediata, sino que su “profundización” sería una consecuencia de ganar las elecciones siguientes. Y todos los años hubo eventos comiciales. Paralelamente, el gobierno de Hugo Chávez reemplazó las organizaciones existentes antes de 1999 por otras figuras asociativas creadas burocráticamente desde la casa presidencial, Miraflores. Primero los llamados “Círculos Bolivarianos”, luego una diáspora: Mesas Técnicas de Agua, Cooperativas, Mesas Técnicas de Tierra, Organizaciones Comunitarias de Vivienda, Consejos Comunales y Comunas, por citar algunas. Además de la estrategia de la sustitución y el desgaste, la creación de formas organizativas abiertamente militarizadas y militarizantes: Unidades de Batalla Hugo Chávez, Milicias Obreras, Cuerpos de Combatientes, Milicias Estudiantiles, Milicias Campesinas, Patriotas cooperantes, etc.

Una tercera estrategia la constituyó la promoción de las políticas sociales de combate a la pobreza, denominadas “misiones” sobre la que haremos un comentario previo. Afirmar que por primera vez en el país sudamericano se destinaron recursos públicos para beneficiar a los más desfavorecidos –como han hecho algunos notables como Noam Chomsky- no es cierto. El ser un país de riquezas petroleras, hizo que el país tuviera una configuración económica, social, cultural y política propia y diferenciada del resto de sus pares latinoamericanos. En 1958, cuando un golpe militar con apoyo civil hizo huir al dictador Marcos Pérez Jiménez, las instituciones que se crearon tras un acuerdo entre diferentes sectores –denominado “Pacto de Punto Fijo”- fueron posibles por el dinero generado por la venta de petróleo. Así la naciente democracia representativa impulsó una serie de políticas sociales que modernizaron aceleradamente el país y redistribuían la llamada renta petrolera entre amplios sectores de la sociedad. Otra discusión es si esto fue suficiente para sacar a las mayorías de la pobreza, que no lo fue, pero es un hecho que los gobiernos venezolanos de la década de los 60´s y los 70´s tuvieron también políticas de corte populista. Un ejemplo, el analfabetismo. En 1920 el porcentaje de las personas que no sabían leer ni escribir era del 70%. En 1950, en plena dictadura perezjimenista, la tasa era del 50%. En 1960 dicho porcentaje fue de 34.8%, en 1971 de 22.9%, para 1981 se ubicó en 14%, en 1991 de 9.3% y de 6.4% en 2001, dos años después que Hugo Chávez asumiera el poder. Que hoy el bolivarianismo siga reduciendo una cifra no es una novedad, sino la continuación de una tendencia. Fue cierto, no obstante, que estas políticas populistas disminuyeron de manera importante entre los años 1989 y 1999, tiempos de ofensiva neoliberal.

Entonces, antes y ahora hubo políticas redistributivas populistas en Venezuela. Sin embargo, la diferencia entre ambas no era solamente la compra de votos –como se les cuestionaba en el pasado- sino que en días bolivarianos tenía la intención expresa que su aplicación debilitara las iniciativas organizativas independientes en los territorios a los que beneficiara. El gobierno estableció que los gestores de las “misiones” en las zonas populares eran figuras creadas y reconocidas burocráticamente: Los “consejos comunales” (CC). Los CC se convirtieron en una extensión del Estado para la realización de trabajos de naturaleza asistencialista: Coordinar la presencia de los operativos médicos, de otorgamiento de documentos de identidad, de venta de alimentos a precios regulados; o de construcción de infraestructura menor: Reparación de una plaza, levantamiento de una cancha deportiva. Los voceros y voceras de los CC eran, en la práctica una suerte de “outsourcing”: recibían los recursos económicos para estas labores y realizaban las contrataciones para su ejecución a “cooperativas” creadas al uso, donde sus integrantes realmente eran trabajadores laborando en condiciones precarias y flexibles. Como lo importante era la fidelidad política, los “voceros” y “voceras” no rendían cuentas del uso correcto de los recursos, por lo que en poco tiempo la corrupción de los de arriba comenzó a reflejarse a todos los niveles. Los resultados de esta estrategia fueron 1) Que el Estado pudo llegar a territorios anteriormente de difícil acceso y 2) Las organizaciones populares previamente existentes, que no fueran CC, perdieron importancia y protagonismo en la comunidad.  

No obstante tenemos que advertir que la polarización de la política venezolana fue construida a cuatro manos: Por el gobierno y por los partidos políticos tradicionales. De esta manera las únicas identidades políticas válidas eran ser “chavista” o ser “opositor” y cualquier atisbo de pensamiento propio, diferente a las líneas emanadas de cada una de las cúpulas, fue combatido e invisibilizado con tanta, o más fiereza que la energía usada contra los contrarios. Si el gobierno pasó a monopolizar los referentes revolucionarios e hizo una relectura de la historia a su medida, de la misma manera la oposición de los partidos tradicionales hegemonizaron el disenso al proyecto bolivariano. Este maniqueísmo, promovido de lado y lado, ha dinamitado la posibilidad de construir una alternativa social libertaria, según nosotros, o en términos más tradicionales, una oposición con perfiles nítidamente de izquierda.

El movimiento indígena

El movimiento indígena venezolano ejemplifica el proceso de fragmentación, neutralización y cooptación que ha afectado al conjunto del tejido social del país. Los aborígenes representan el 3% de la población, con 724.592 personas repartidas en 51 etnias, de las cuales la más numerosa es la wayúu, que concentra el 57% del total. Después de 15 años de iniciativas en diferentes puntos del país, en 1983 se crea el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) como la instancia que articulaba a todas las organizaciones a nivel nacional. Su carta fundacional establecía: “Fortalecer y desarrollar una correcta política con los distintos movimientos indios y movimientos aliados que militan en las perspectivas de un proyecto propio y autónomo (subrayado nuestro) frente a los partidos y al Estado, a la empresa privada y a otros intereses extraños, con la finalidad de afianzar el propio perfil de CONIVE”. Desde esa fecha, hasta 1998 protagonizaron diferentes luchas por el reconocimiento de su territorio y cultura, ser educados en sus propios dialectos, rechazo a la minería y la denuncia de los abusos militares contra las comunidades.

Cuando se abrió la posibilidad de participar en la Asamblea Constituyente de 1999 el movimiento indígena se encontraba en un momento de cohesión, desde CONIVE, a partir de las organizaciones regionales. En total, 5 delegados indígenas participaron junto a 126 asambleístas en las discusiones sobre una nueva Carta Magna. Los debates sobre las exigencias indígenas fueron intensos y realizados en diferentes estados. En septiembre del 2009, una asamblea de 300 voceros y voceras indígenas aprobaron una propuesta común, a ser defendida por los constituyentistas indígenas. El resultado, desde la perspectiva formal de los derechos jurídicos, fue estimulante: Todo un capítulo (VIII) en la nueva Carta Magna referido a derechos de los pueblos indígenas, un avance revolucionario respecto a la Constitución anterior. En 8 artículos se establecía su derecho a su organización tradicional social, política y económica; ser consultados previamente a cualquier proyecto a desarrollarse en sus territorios; educación propia, intercultural y bilingüe; la protección de la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos indígenas; la participación política y representación en instancias de gobierno. Lo más sorprendente fue la aprobación de la cláusula decimosegunda que daba un plazo de dos años para que todos los territorios indígenas fueran demarcados y entregados a las comunidades indígenas.

15 años después la situación del movimiento indígena no es la de 1999, cuando todo parecía posible, sino de derrota y desmovilización. En diciembre de 2014, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) denunció que apenas el 12,4% del territorio aborigen había sido demarcado, siendo la proporción más baja en el continente. Desde esa fecha se han promovido concesiones petroleras, gasíferas y minerales en asociaciones con empresas transnacionales (como Repsol), en territorios indígenas sin que se haya realizado ningún proceso de consulta previa con las comunidades afectadas. La creación de “distritos militares” ha militarizado territorios indígenas como la Guajira ocasionando graves violaciones a los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una organización con 16 años de trabajo en la zona conformada por indígenas wayúu denunció, en noviembre de 2014, que la presencia de los militares se había decidido sin realizar ninguna consulta con las comunidades. Además, que los uniformados habían provocado 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura, 60 allanamientos ilegales y 760 privaciones ilegítimas de libertad. Por otra parte la situación de los derechos sociales no ha experimentado mejoras sustanciales: apenas hay experiencias puntuales de educación intercultural y las comunidades son afectadas por enfermedades como el paludismo. La situación de la salud es particularmente preocupante. Como ejemplo, en marzo del 2014 la organización Yanomami “Horonami” realizó una manifestación para exigir mejora en su situación sanitaria. La movilización se dirigió a la Dirección Regional de Salud del estado Amazonas y allí entregaron un comunicado donde expusieron sus padecimientos debido a la falta de médicos y medicinas, y las carencias en la dotación de combustible para visitar las comunidades y trasladar emergencias, entre otros.

CONIVE se ha convertido en un partido político, el brazo indígena del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), abandonando los postulados autonomistas de sus primeros años, y sólo teniendo una presencia pública en época de elecciones.

Sufriendo el mismo proceso de sustitución que el resto de la sociedad, las organizaciones tradicionales indígenas, como los consejos de ancianos, han sido reemplazadas por los “Consejos Comunales Indígenas”. Sobre esto hay documentado un amplio rechazo por parte de los líderes indígenas –los mismos que participaron en diferentes cargos de importancia en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez- como de los aliados de la causa aborigen. Vladimir Aguilar, abogado y profesor universitario, coordinador del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, opinó: “Los CC en el ámbito comunitario lo que ha creado es fragmentación, problemas y confrontaciones, y en última instancia ha tenido como consecuencia el debilitamiento de las organizaciones tradicionales indígenas. Como dato curioso encontramos que no hay un solo CC en territorios indígenas donde se hayan solicitado recursos para un tema tan importante como la demarcación de territorios”. José Quintero Weir, indígena añú y coordinador de la Unidad de Estudios y Culturas Indígenas de La Universidad del Zulia, reiteró: “Es imposible crear una organización o que las comunidades creen sus propias organizaciones si no se llaman Consejos Comunales y no responde a los lineamientos de uno. Y no solamente que se les niegue el acceso a obtención de recursos, apoyos financieros, si no que se les niega incluso el derecho a la interlocución. Ningún miembro, ninguna organización que no sea un Consejo Comunal es recibida o atendida en ningún organismo del Estado. Eso no existió en la Cuarta República: Podíamos crear cualquier organización y esa organización, solamente por su propia acción, se hacía interlocutora”.

Por su parte el indígena Guillermo Guevara, coordinador de la organización Pueblo Unido Autóctono Multiétnico de Amazonas (PUAMA) describió los conflictos generados por los CC: “Vamos a suponer que un joven de 15 años es presidente de un CC de tal comunidad, el jefe que está ahí, el cacique, es ignorado. Entonces pugnan el ejercicio del poder entre el jefe de la comunidad y el nuevo que está entrando, pues tiene los recursos, el dinero y las otras cosas que le dan. Comienza el resquebrajamiento de sus relaciones”. Otilio Santos, coordinador General de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS) de Amazonas, declaró: “Legalmente uno tiene que trabajar con ellos pero los que manejan los CC no lo crean como comisión. Solamente lo que ellos proyectan es lo que quieren cumplir. Son organizaciones del gobierno, y es una obligación para ellos. Hacen el proyecto, de construcción de viviendas, de acueductos, de alguna cosa, es una decisión de ellos y la trabajan. Pero no se meten en otros temas como territorialidad”. Guillermo Arana, de la Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) expresó: “Hay voceros –del CC- que están más perdidos, que te dicen “esto es El Proceso –abreviación a “proceso bolivariano”- y es así”. Y yo le respondo: “Tu puedes ser del Proceso pero tú eres indígena. Tu antes de ser del Proceso, antes de cargar una gorra roja o de cualquier color tu identidad es indígena. Tú tienes que pensar como indígena. Ser honesto y humilde con hermano indígena. Porque tu personalidad, tu actitud no conviene para fortalecer la unidad”.

Tras la neutralización de sus organizaciones propias y tradicionales la situación de desmovilización del movimiento indígena venezolano es de tal magnitud que, a pesar de todas las problemáticas, su capacidad de convocatoria es de extrema debilidad, comparada con la que demostraron en la década de los 90´s. La última manifestación de carácter nacional fue realizada el 31 de marzo del 2005 en Caracas, cuando organizaciones yukpa, barí y wayúu convocaron a una movilización para rechazar el proyecto de ampliación de explotación del carbón en la Sierra del Perijá. De esta lucha proviene el cacique yukpa Sabino Romero, quien finalmente fue asesinado el 3 de marzo de 2013. El crimen contra el principal referente de la lucha indígena en el país apenas congregó, el 4 de marzo de 2013, a poco más de 100 manifestantes frente a la Fiscalía de Caracas exigiendo justicia por el crimen, la gran mayoría de organizaciones no indígenas.

Gregorio Mirabal, coordinador de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) resumió la situación del movimiento indígena en una frase: “Después de la aprobación de todas las leyes indígenas creímos que sólo con apoyar al gobierno los derechos se iban a materializar. Y nos desmovilizamos”.

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[1] Separamos en el análisis la dimensión social presente en la Constitución de 1999 de la económica, pues esta, al darle igualdad de condiciones a los capitales nacionales de los extranjeros, sintoniza a nuestro juicio con las tendencias propias de la globalización capitalista.