María Peña
Hace algunos días, horas antes de su mensaje en la Asamblea
Nacional, Nicolás Maduro, a través de uno de sus ministros, dio a conocer el
llamado “Decreto de emergencia económica”, en donde se anuncian una serie de
medidas extraordinarias para revertir lo que el gobierno ha llamado “guerra
económica”. El decreto debe ser aprobado por el conjunto de diputados, pero se
espera que la bancada opositora, ahora mayoritaria, lo rechace. Ante este
escenario, se especula que el Tribunal Supremo de Justicia apruebe finalmente
su ejecución.
Llama la atención que dicho decreto pretende profundizar las
medidas que ya ha venido promoviendo el Ejecutivo, con los resultados
conocidos: mayores controles, mayor estatización. Lo curioso es que durante
finales del 2014 y comienzos del 2015, antes del inicio de la campaña electoral
legislativa, diferentes economistas oficialistas habían expresado la supuesta
necesidad de aplicar, de manera gradual, una serie de medidas económicas, que
incluían el alza de la gasolina y la devaluación de la moneda. Incluso, para
quien recuerde, el propio gobierno realizó durante varios meses una campaña
publicitaria donde explicaba que debido a su bajo costo, era necesario aumentar
el precio que la gente pagaba por la gasolina. En resumen, el
chavismo-madurismo estaba de acuerdo en la aplicación de medidas económicas. El
debate estaba en el cómo y en el cuándo. Algunos articulistas de Aporrea
profetizaron que el cómo y cuándo sería después de las elecciones
parlamentarias. Aquí tenemos que decir que la receta para enfrentar la crisis
coincidía en lo fundamental con lo que también opinaban los economistas
opositores: Un programa de ajustes estructurales.
Si esto es así entonces, ¿por qué insistir en lo mismo? , ¿Por
qué reincidir en un tipo de políticas que, como demostró el 6-D, es
crecientemente rechazado también por los sectores populares? La única respuesta
que se nos ocurre es: Para manejar los tiempos.
Maduro necesita mostrarse a la ofensiva y dilatar así todo
el cuestionamiento interno hacia él y hacia su equipo de gobierno, por ser
responsables del descalabro electoral de diciembre pasado. El decreto de
emergencia le permitiría ganar de nuevo centimetraje de prensa y llevar la
discusión hacia el terreno que le es propio: La tesis de la guerra económica.
Con una asamblea en contra, tendría varios meses para promover iniciativas y
culpar de la ausencia de resultados a la oposición. Así, al tiempo podría
excusar la aplicación de medidas económicas por el sabotaje de la oposición.
Un segundo escenario, que escuchamos en una reunión de
camaradas, es que supuestamente un sector del propio gobierno, inconformes con
la pareja Maduro-Cabello, estaría acelerando su caída para que, ante un súbito
cambio de gobierno, sea la oposición la que imponga las medidas económicas y
paguen el precio político por ello. De esta manera, según esta tesis, un
chavismo oxigenado podría volver al poder a mediano plazo en mejores
condiciones. En un principio esta hipótesis me parecía descabellada, sin
embargo dentro de la irracionalidad dominante –alejada de los principios
básicos de la estrategia política- puede ser plausible.
Más rápido o más lejos, lo cierto es que la clase política
dominante, con expresión en ambos polos, impondrá un paquete de medidas que harán
pagar a la clase trabajadora el costo de la crisis. El tiempo es la clave, y el
telón de fondo una situación económica a todas luces insufrible e insostenible.
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