Opinión - Emergencia económica: más estatismo y corrupción

J.R. López Padrino

En días pasados finalmente el iletrado de Miraflores hizo oficial ante la Asamblea Nacional (AN) y la opinión pública el decreto de emergencia económica. La presentación ante la AN se dio en ocasión de la exposición de la “memoria y cuento del 2015”, en el contexto de un discurso cargado de arrogancia, violencia, irrespeto y desprecio para quienes hoy constituyen la nueva mayoría de la AN. Igualmente de una ignorancia supina, al seguir culpando a una fantasiosa guerra económica de las dificultades del presente. Es necesario acotar que la emergencia solicitada no representa solamente un conjunto de medidas para atender una situación puntual del país, sino que constituye una de las modalidades previstas en la Ley de Estados de Excepción, mecanismo que permite amplios poderes sin solicitar una Ley Habilitante, ya que no cuentan con la mayoría parlamentaria necesaria.

El mentado decreto de emergencia económica más que aportar solución alguna a la devastadora crisis que afecta al país es más de lo mismo. Representa la profundización de un estatismo depredador y explotador que ha resultado todo un fracaso y que lejos de mejorar o resolver la crisis la ha agravado aún más. Encarna más poder para Maduro del que ya ha disfrutado hasta ahora gracias a la Ley Habilitante, que a pesar de haberle permitido tomar todo tipo de decisiones optó por modificaciones menores de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como de una nueva reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) a fin de mantener el control político sobre el ente emisor.

Llama poderosamente la atención que en el texto del decreto se indica que el propósito del mismo es superar la situación “excepcional, extraordinaria y coyuntural” por la cual atraviesa la economía venezolana. Como hablar de una situación coyuntural después de 17 años de proyecto político  que ha impuesto un modelo de capitalismo de Estado, retrogrado, despilfarrador, corrupto y reaccionario, el cual sobrevivió los primeros años gracias a la extraordinaria bonanza petrolera que vivió el país. Ingresos petroleros que desgraciadamente fueron malbaratados en proyectos fantasiosos, compras demenciales de material militar, corrupción, captación de voluntades, misiones sociales destinadas a un mayor control social de la población, entre otros.

El decreto le otorga una mayor discrecionalidad al régimen socialfascista en el uso de los recursos presupuestarios de la Nación y activos del sector productivo privado (confiscación), sin ningún tipo de garantías legales, ni contraloría por parte de la Asamblea Nacional. El régimen aspira poder seguir manejando las finanzas públicas de la misma manera como lo ha venido haciendo desde la llegada al poder del fallecido comandante eterno. Contempla la continuidad del financiamiento “inorgánico” por parte del Banco Central al gobierno, así como un mayor control de la actividad económica del país. El decreto además considera necesario agilizar las compras estatales obviando los trámites de contrataciones públicas, lo cual seguramente se traducirá en mayor corrupción como ocurrió en las emergencias anteriores: la alimentaria y sobre la prestación del servicio eléctrico nacional. Hoy los venezolanos podemos apreciar para que sirvieron dichas emergencias: la escasez de alimentos, las colas y las la humillaciones son cada día mayor y los apagones son el pan de cada día en todo el territorio nacional. Pero bajo el amparo de dichas emergencias se consolidaron inmensas fortunas personales y emporios financieros de boliburgueses.

Igualmente, el decreto de emergencia establece específicamente la posibilidad de requerir a las empresas públicas y privadas incrementos en la producción. Maduro y su equipo económico insisten en el viejo libreto de que las empresas del sector privado no producen por que no desean, porque están en guerra económica y no por las limitaciones de insumos y recursos impuestas por el régimen socialfascista. Finalmente, el decreto contempla la aplicación de medidas antiinflacionarias inspiradas en la visión improvisada del ministro Luís Salas: reducción del efectivo en circulación a fin de reducir el volumen de transacciones financieras, y el incremento de precios, es decir una especie de corralito financiero caribeño y bolivariano.

Casualmente, el BCV publicó el mismo día de la presentación de la memoria y cuento un maquillado informe sobre algunos indicadores de la economía nacional al cierre del tercer trimestre de 2015, confirmando lo que ya era un secreto a voces, el colapso de la economía nacional: una inflación anualizada del 141,5%, la más altas del mundo, una disminución del producto interno bruto (-7.1%) y la caída en los ingresos por exportación petrolera (-52%).

Pero este decreto más allá del desastre económico que representa en sí mismo, tiene implicaciones políticas importantes. El régimen socialfascista consciente de la gravedad de la situación económica busca socios con quien compartir el costo político de las medidas contempladas, de allí la presentación del decreto a la consideración del organismo legislativo nacional. Seguramente la AN rechazará el decreto pues sería ir contra el deseo de cambio y rectificación expresado por las mayorías en las urnas el pasado 6D. Nadie puede aprobar una insensatez económica y política como la contenida en el decreto presentado por el socialfascismo bolivariano.

La ignorada o desmentida crisis económica del país ha sido “descubierta sorpresiva y milagrosamente” por el régimen socialfascista y su combo de incapaces y charlatanes y para ello recurren a un decreto de emergencia económica. La superación de la crisis económica solo requiere de la voluntad política y capacidad de rectificación de quienes ejercen el poder, y no de decretos de emergencia económica. Lamentablemente quienes hoy piden la emergencia económica son los mismos falaces y aplaudidores de oficio quienes son corresponsables del desastre que vive el país después de 17 años de socialfascismo bolivariano.