Rubén A. Hernández
La Misión Nevado es calificada por sus promotores como “un proyecto colectivo, revolucionario, ecosocialista y animalista que tiene como principales objetivos rescatar y proteger a los animales en situación de calle, impulsar el reconocimiento de los Derechos Animales y crear conciencia sobre el deber que tenemos los seres humanos hacia ellos y hacia la Madre Tierra” ( tomado de http://misionnevado.blogspot.com). Como se puede apreciar, se pretende una herramienta bien importante en el contexto de la defensa de los Derechos animales en Venezuela, considerando, por ejemplo, que cientos de perros y gatos callejeros luchan para sobrevivir diariamente en medio del maltrato “humano”, el hambre, los problemas de salud y los rigores del clima.
Ahora bien, ¿Cómo es posible que a la par de esta Misión subsistan en el país espectáculos sangrientos con animales como protagonistas?, ¿Por qué un Gobierno cuyos dirigentes se autocalifican como socialistas y humanistas no adversan ese evento irracional llamado corrida de toros?. A pesar de la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, decretada hace pocos años en Venezuela, continúa el maltrato y la muerte animal para satisfacer el morbo sádico de algunos individuos. Resulta que dicha normativa no prohíbe espectáculos como las corridas de toros y las peleas de gallos, sino que delega su regulación al Poder Público Municipal:
“Artículo 14: Toda actividad que involucre la utilización de fauna doméstica con fines de exposición, esparcimiento, recreación, amenidad, competencia, diversión, entretenimiento, fiesta y solaz., donde intervenga un auditorio independientemente de su número, se considerará un espectáculo público y en consecuencia su regulación es competencia del Poder Público Municipal, sin menoscabo de las regulaciones establecidas en la presente Ley. El Poder Público Municipal, a solicitud de las organizaciones sociales, determinará las actividades que requieran de la consulta pública para su realización, de acuerdo con las ordenanzas respectivas”.
En realidad el Estado venezolano se lava las manos respecto a la continuidad de eventos sangrientos como las corridas de toros y las peleas de gallos. En lo relativo a la tauromaquia de nada sirve delegar responsabilidades a los municipios, teniendo en cuenta que autoridades de poblaciones como Mérida y San Cristóbal, de diversas ideologías políticas, están plenamente vinculadas con el sector taurino. Por lo tanto sería ingenuo creer que el Poder Público Municipal va a decretar, al menos en el corto plazo, la prohibición de la tortura y matanza injustificada de animales. Más aún, en el caso del estado Mérida es bien conocido el apoyo financiero (ilógico considerando las necesidades del pueblo) y logístico de los Gobernadores a la mal llamada Fiesta Brava, en especial al Carnaval Taurino de América. Y evidentemente el geógrafo Alexis Ramírez, actual mandatario de la entidad andina, no es la excepción.
Ante la inacción del Estado respecto a la tauromaquia, algunos colectivos se han pronunciado y han planteado y llevado a cabo diversos procedimientos y eventos con la finalidad de llamar a la reflexión al pueblo y al Gobierno, de demostrar que las corridas de toros no son tan populares como vociferan sus promotores y defensores, de ir allanando el camino para la abolición de las mismas, y de informar a los ciudadanos sobre la utilización (inmoral) de fondos públicos para satisfacer el deseo de sangre de unos cuantos sádicos. Incluso en la ciudad de Mérida se procedió hace algunos años a recolectar firmas para la activación de un referéndum consultivo de cara a la prohibición oficial de las corridas en dicha ciudad y en otras poblaciones del estado andino. Por desgracia el CNE rechazó la solicitud del referéndum en cuestión, a pesar de que se cumplió con el número de firmas requeridas; de esta manera se confirma la nefasta alianza administrativo-económica entre el sector taurino y autoridades merideñas de derecha y de “izquierda”.
Ciertamente la Misión Nevado se presenta como un hermoso proyecto humanitario y ecológico, que pretende, más allá del buen trato social a nuestros hermanos menores en situación de calle, concienciar sobre la necesidad de interactuar lo más armónicamente posible con el medio geográfico y sus componentes. Sin embargo, es absurdo que mientras el Estado proclama en el papel la protección a algunos animales del maltrato, siga permitiendo la tortura y matanza injustificada de otros, como sucede en las corridas de toros. La verdad es que la Misión Nevado se ve desmentida con la persistencia de espectáculos aberrantes en Venezuela.
La Misión Nevado es calificada por sus promotores como “un proyecto colectivo, revolucionario, ecosocialista y animalista que tiene como principales objetivos rescatar y proteger a los animales en situación de calle, impulsar el reconocimiento de los Derechos Animales y crear conciencia sobre el deber que tenemos los seres humanos hacia ellos y hacia la Madre Tierra” ( tomado de http://misionnevado.blogspot.com). Como se puede apreciar, se pretende una herramienta bien importante en el contexto de la defensa de los Derechos animales en Venezuela, considerando, por ejemplo, que cientos de perros y gatos callejeros luchan para sobrevivir diariamente en medio del maltrato “humano”, el hambre, los problemas de salud y los rigores del clima.
Ahora bien, ¿Cómo es posible que a la par de esta Misión subsistan en el país espectáculos sangrientos con animales como protagonistas?, ¿Por qué un Gobierno cuyos dirigentes se autocalifican como socialistas y humanistas no adversan ese evento irracional llamado corrida de toros?. A pesar de la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, decretada hace pocos años en Venezuela, continúa el maltrato y la muerte animal para satisfacer el morbo sádico de algunos individuos. Resulta que dicha normativa no prohíbe espectáculos como las corridas de toros y las peleas de gallos, sino que delega su regulación al Poder Público Municipal:
“Artículo 14: Toda actividad que involucre la utilización de fauna doméstica con fines de exposición, esparcimiento, recreación, amenidad, competencia, diversión, entretenimiento, fiesta y solaz., donde intervenga un auditorio independientemente de su número, se considerará un espectáculo público y en consecuencia su regulación es competencia del Poder Público Municipal, sin menoscabo de las regulaciones establecidas en la presente Ley. El Poder Público Municipal, a solicitud de las organizaciones sociales, determinará las actividades que requieran de la consulta pública para su realización, de acuerdo con las ordenanzas respectivas”.
En realidad el Estado venezolano se lava las manos respecto a la continuidad de eventos sangrientos como las corridas de toros y las peleas de gallos. En lo relativo a la tauromaquia de nada sirve delegar responsabilidades a los municipios, teniendo en cuenta que autoridades de poblaciones como Mérida y San Cristóbal, de diversas ideologías políticas, están plenamente vinculadas con el sector taurino. Por lo tanto sería ingenuo creer que el Poder Público Municipal va a decretar, al menos en el corto plazo, la prohibición de la tortura y matanza injustificada de animales. Más aún, en el caso del estado Mérida es bien conocido el apoyo financiero (ilógico considerando las necesidades del pueblo) y logístico de los Gobernadores a la mal llamada Fiesta Brava, en especial al Carnaval Taurino de América. Y evidentemente el geógrafo Alexis Ramírez, actual mandatario de la entidad andina, no es la excepción.
Ante la inacción del Estado respecto a la tauromaquia, algunos colectivos se han pronunciado y han planteado y llevado a cabo diversos procedimientos y eventos con la finalidad de llamar a la reflexión al pueblo y al Gobierno, de demostrar que las corridas de toros no son tan populares como vociferan sus promotores y defensores, de ir allanando el camino para la abolición de las mismas, y de informar a los ciudadanos sobre la utilización (inmoral) de fondos públicos para satisfacer el deseo de sangre de unos cuantos sádicos. Incluso en la ciudad de Mérida se procedió hace algunos años a recolectar firmas para la activación de un referéndum consultivo de cara a la prohibición oficial de las corridas en dicha ciudad y en otras poblaciones del estado andino. Por desgracia el CNE rechazó la solicitud del referéndum en cuestión, a pesar de que se cumplió con el número de firmas requeridas; de esta manera se confirma la nefasta alianza administrativo-económica entre el sector taurino y autoridades merideñas de derecha y de “izquierda”.
Ciertamente la Misión Nevado se presenta como un hermoso proyecto humanitario y ecológico, que pretende, más allá del buen trato social a nuestros hermanos menores en situación de calle, concienciar sobre la necesidad de interactuar lo más armónicamente posible con el medio geográfico y sus componentes. Sin embargo, es absurdo que mientras el Estado proclama en el papel la protección a algunos animales del maltrato, siga permitiendo la tortura y matanza injustificada de otros, como sucede en las corridas de toros. La verdad es que la Misión Nevado se ve desmentida con la persistencia de espectáculos aberrantes en Venezuela.
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