Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Ecónomicas ante la situación del país

A.N.C.E.

La población venezolana viene padeciendo un acelerado deterioro en sus condiciones de vida desde hace tres años. La tasa de inflación, actualmente la más alta del mundo, se une al desabastecimiento, la desmejora de los servicios públicos, la mengua de los salarios, la grave situación de inseguridad y la penuria en que se encuentran los servicios de salud, para empobrecer a las mayorías, no obstante los cuantiosos ingresos captados por el país bajo la presidencia de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. La Academia Nacional de Ciencias Económicas considera su deber pronunciarse sobre las causas y consecuencias de tan lamentable situación, en beneficio de contribuir con su comprensión y con la formulación de políticas que puedan sacar al país de tal extravío. Si bien este empobrecimiento se ha agravado por la caída en los precios de exportación del petróleo, sus causas anteceden a esta situación. Encuentran sus raíces en el proyecto económico implantado por ambos gobiernos, que ha despilfarrado los enormes recursos percibidos, destruido la capacidad productiva doméstica, alimentado la inflación, y aumentado nuestra dependencia del ingreso petrolero y de proveedores foráneos.



Un cálculo somero de los recursos manejados por el régimen bolivariano entre 1999, su primer año de gobierno, y 2014, da una cifra superior a 1,3 billones[1] de dólares entre ingresos al Gobierno Central, incremento de la deuda pública y gasto social (parafiscal) de PDVSA. El objetivo económico principal proseguido ha sido el de centralizar en manos de la Presidencia de la República estos cuantiosos recursos para su aplicación discrecional con fines políticos. Para ello se desmanteló el marco institucional del Estado de Derecho que regulaba la Hacienda Pública, así como las relaciones entre el Estado y el sector privado, al acceder Chávez al gobierno. En el ámbito de lo macroeconómico, los proventos de la venta de petróleo en los mercados mundiales pasaron a disposición directa del Ejecutivo para su reparto directo a través de “misiones”, se eliminó en la práctica el control legislativo sobre el gasto público, se estableció un control cambiario que pretende ocultar la devaluación sostenida del bolívar y que reservó el usufructo de las divisas al arbitrio del Ejecutivo, y se acabó con la autonomía del Banco Central de Venezuela. En el plano microeconómico se socavaron los derechos de propiedad y las garantías procesales y para la solución de controversias, se sometió la economía a una serie de regulaciones y controles, y se congeló el mercado laboral, tanto en lo que respecta a su movilidad, como en relación con la contratación colectiva.
Como resultado de estas medidas, el ‘Sector Público Restringido’[2] aumentó su peso en la economía venezolana desde un 26% del PIB en el último año del gobierno de Rafael Caldera, hasta un 40% en los últimos cuatro años. Desde el 2010, el déficit público ha superado el 10% del PIB, llegando a ser más del 15% durante el último trienio. Ello está asociado a una política monetaria expansiva y permisiva. A partir del 31 de diciembre de 2010, la liquidez monetaria se ha multiplicado 10 veces, un 97% de incremento sólo en lo que va de 2015, sin que se haya aumentado el crédito bancario a la inversión reproductiva. Una tercera parte de la liquidez se origina en el financiamiento del BCV al flujo de caja de PDVSA, hecho posible por La reforma de la Ley del Instituto Emisor de 2010. Por su parte, el régimen de control cambiario implantado desde comienzos de 2003, en vez de impedir la fuga de capitales, fortalecer la moneda y defender las reservas internacionales, se ha traducido en una salida de más de $180 millardos por las cuentas ‘financiera y de errores y omisiones’[3], una caída de las reservas a los niveles precarios de ese año, y una cotización del dólar en la frontera que ha llegado a ser 130 veces superior a la tasa oficial de Bs. 6,30. Y como el otorgamiento de divisas a este último precio está fuertemente racionado y sujeto al arbitrio discrecional de los funcionarios que deciden al respecto, su cotización en el mercado paralelo se ha convertido en referente para la fijación de precios domésticos, impulsando aun más la inflación. Todo lo anterior ha socavado la confianza en el bolívar, que ha dejado de operar como depositario de valor y unidad de cuenta, colocando a Venezuela al borde de la hiperinflación.

En lo interno, bajo el pregón de construir un “socialismo del siglo XXI”, se arrinconó a la economía privada, expropiando empresas productivas del campo y la ciudad –a veces sin compensación-, y estableciendo un draconiano control de precios que impide cubrir adecuadamente los costos de producir y comercializar bienes y servicios. Esto ha fomentado la búsqueda de rentas fabulosas arbitrando entre precios altamente distorsionados -particularmente en transacciones transfronterizas, en las que puede cobrarse en dólares-, provocando un clima de gran incertidumbre que ha socavado la iniciativa empresarial y, con ello, la inversión y el empleo productivo, mientras incentiva actividades especulativas de todo tipo, en connivencia con funcionarios corruptos. En consecuencia, la productividad laboral ha descendido en más de 12% desde 2008, con su inevitable efecto sobre la remuneración real de los asalariados. Como contraparte y secuela también de la excesiva sobrevaloración del tipo de cambio oficial, Venezuela se ha hecho mucho más dependiente del extranjero para la provisión de bienes de consumo y para la producción. En 2012 las importaciones llegaron a cuadruplicar el monto de las de 1998.

Esta conducción de lo económico ha acentuado la vulnerabilidad del país ante los altibajos del mercado petrolero internacional. El petróleo provee actualmente el 96% de los ingresos por exportación, pero el manejo de esta industria según criterios políticos, en contraposición a lo que debería ser su misión corporativa, hacen que una parte significativa de estos recursos no ingresen al país y/o sean utilizados para fines que merman significativamente su capacidad de respuesta a los desafíos del negocio petrolero. Para el cierre de 2014 los estados financieros de PDVSA mostraban $27 millardos en cuentas por cobrar –buena parte acreencias con países cuyas importaciones de crudo venezolano son financiadas a través de PetroCaribe-, una deuda externa por $46 millardos y aportes por encima de $8 millardos al año para atender el servicio de la deuda contraída por la nación con la República Popular de China. En lo interno, la empresa pierde cerca de $15 millardos anualmente por el subsidio a la gasolina y otros combustibles. Las insuficiencias de caja provocadas ha obligado a PDVSA a depender del financiamiento monetario del BCV para poder cumplir con sus compromisos, no sin diferir el pago a muchos proveedores. Adicionalmente, enfrenta demandas en su contra que suman varios millardos de dólares por parte de distintas empresas transnacionales, algunas ya con fallos en contra. Es decir, la fuente principalísima de divisas con que cuenta el país para atender las importaciones y el pago de la deuda, y sobre la cual ha descansado buena parte de las políticas “socialistas” de ambos gobiernos, está extenuada, sin que sea fácil su recuperación. Peor aún, no tiene reemplazo inmediato: las exportaciones no tradicionales han prácticamente desaparecido con el abandono inconsulto del pacto andino y la incorporación del país a Mercosur -con posibilidades de exportación mucho menores-, y el costo de la contratación de empréstitos con el extranjero, dada el desacertado manejo de la economía, es actualmente prohibitivo. Sin políticas conducentes al desarrollo de la competitividad de empresas e industrias domésticas, basadas en el fortalecimiento del talento y de sus capacidades de innovación, Venezuela no podrá superar la situación de postración que ahora exhibe.

Es menester entender que las políticas de reparto, suponiendo precios internacionales del petróleo en torno a los $100 el barril, descansan en controles y regulaciones severas que han generado incentivos perversos que destruyen la actividad productiva. Las distorsiones engendradas son pasto de buscadores de fortuna que se han ido apoderando de nichos importantes en los circuitos económicos. La merma en los precios de exportación del crudo venezolano ha puesto de manifiesto de la manera más cruda la inviabilidad de continuar con tal esquema. Y los cambios estructurales evidenciados últimamente en el mercado petrolero mundial no auguran un repunte importante de precios para 2016. Las largas colas de venezolanos observadas por doquier buscando alimentos, medicamentos y otros productos incrementan la tragedia representada por un alza desmedida de precios –este año se estima que la inflación podrá superar el 180%. Esta realidad no se corrige con medidas represivas ni cierres de fronteras. Tampoco puede aceptarse la actitud del Banco Central y de otros organismos, de ocultar la información sobre el acontecer económico, violando los artículos 311 y 319 de la Constitución, como si con ello la grave situación no existiese. Para este año se vislumbra una caída significativa de la producción doméstica –estimada por el Fondo Monetario Internacional en 10%-, que se acumula con la contracción del 4% ocurrida en 2014.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas hace un llamado a las autoridades públicas, los partidos políticos, al sector empresarial, las universidades, los trabajadores y al público consumidor, a concertar los esfuerzos necesarios para producir un cambio fundamental en la conducción de los asuntos económicos y así poder superar la grave situación en que nos encontramos. Es imperativa la liberación de las fuerzas productivas para aliviar la escasez, generar fuentes de ingreso que complementen progresivamente al petróleo en la provisión de divisas y proveer empleo productivo y bien remunerado. Venezuela tiene los recursos con los cuales superar la presente situación. En este cometido el Ejecutivo tiene la responsabilidad central. Debe instrumentar un ajuste que restablezca los equilibrios macroeconómicos esenciales que permitan la unificación del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio para abatir la estanflación, generar expectativas favorables a la inversión y establecer condiciones financieras que promuevan el ingreso de los capitales necesarios para que estos cambios tengan viabilidad. Este esfuerzo requiere el restablecimiento pleno de los derechos de propiedad y el levantamiento del aparato punitivo de controles y regulaciones que está asfixiando a la economía. Un programa bien diseñado de apoyo a los sectores más vulnerables podrá reducir el impacto adverso de estas medidas de saneamiento en el corto plazo mientras se generen los empleos productivos bien remunerados que sustenten mejoras en el bienestar de los venezolanos.

Una conducción política nacional que hable con claridad al país, que asuma las responsabilidades del caso y que no rehuya la tarea de labrar los consensos que viabilicen este ajuste al menor costo posible, es imprescindible. Ya basta de buscar “culpables” al deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos como excusa para no enmendar sus propios errores de política. El país no toleraría que no se asuman claramente las grandes responsabilidades que el momento exige. El grave empobrecimiento de los venezolanos causado por la inflación desbordada requiere respuesta inmediata. La Academia Nacional de Ciencias Económicas asume la suya, poniendo sus capacidades de análisis y de divulgación como contribución a este esfuerzo.

[Tomado de http://www.capitalmarket.com.ve/ckeditor/kcfinder/upload/files/Pronunciamiento%20de%20la%20Academia%20Nacional%20de%20Ciencias%20Econ%C3%B3micas.pdf.]