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miércoles, 28 de octubre de 2015

Ecuador: Cinco mujeres denuncian al gobierno

De atrás hacia adelante: Esperanza Martínez, Margoth Escobar, Alicia Cahuiya, Gloria Ushigua Santi y
Patricia Gualinga en la mesa de Peticionarias de la CIDH, en Washington.

Redacción Plan V

Estos son los testimonios de cinco mujeres ecuatorianas, defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, que se presentaron en Washington D.C. el lunes 19 de octubre, para denunciar las acciones del gobierno en su contra. Margoth Escobar, una de ellas, tenía prohibición de salida del país, pero se presentó a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los testimonios aquí publicados fueron presentados como pruebas en la petición de audiencia de las ONG Acción Ecológica y EarthRights International


Alicia Cahuiya Iteca: los ancianos dejaron en mi sus voces

Mi nombre es Hueiya Alicia Cahuiya Iteca, tengo 38 años y me identifico como mujer waorani de Ecuador. No tengo compañero permanente, él está en otra comunidad. Tengo cuatro hijos, el menor tiene ocho años y el mayor tiene 16 años. Nací en Yasuní, en la provincia de Orellana, en la comunidad de Gabaro. Actualmente vivo en la comunidad de Ñoneno. Crecí con mis abuelos y salí a estudiar, en donde conocí el mundo de afuera. Mi abuela me daba consejos y me dijo “tú debes regresar y defender a tú territorio, donde tú naciste, tienes que defender”. Estudié hasta sexto grado con los misioneros, pero fui educada por mi abuela que me enseñó el uso de la medicina tradicional Así como la defensa del territorio. Luego regresé a mi territorio, donde habían construido una carretera a través del cementerio de mis abuelos. Yo quería ir a ver el cuerpo pero ya no estaba. Por esta razón empecé́ a trabajar, para defender el derecho de mis abuelos. Mi comunidad se encuentra en la selva lejos de la carretera y al lado del río Shiripuno, que está contaminado.


Empecé a participar desde muy joven, a los 16 años, en la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE), organización conformada por tres provincias: Pastaza, Napo y Orellana. Aproximadamente hace 18 años, hombres, mujeres y niños salimos hacia Quito para marchar en rechazo de la explotación petrolera. Después salieron dirigentes hombres y firmaron con las petroleras y dividieron a la gente. Ellos quieren el desarrollo, mientras que quienes vivimos adentro no necesitamos ayuda pues con la selva tenemos todo.

En la ONHAE, los hombres tomaban las decisiones y las mujeres no podían tomar decisiones. Yo dije que podíamos formar una asociación de mujeres Waorani para administrar nuestro territorio, haciendo proyectos de artesanía, turismo, reforestación, siembra para las artesanías y educación ambiental. La creación de la asociación recibió́ el apoyo de todas las mujeres de las tres provincias: Pastaza, Napo y Orellana. Así nació́ la Asociación Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana, AMWAE, la cual fundé y de la que fui presidenta. Cuando empecé́ en la ANWAE escuche la voz de los ancianos: “Alicia, tú tienes que decir basta de los petroleros porque ellos están contaminando”. Hay reducción de territorios. Ellos dejaron en mí sus voces.



En septiembre de 2013, me eligieron en una comunidad Keweiruno como vicepresidenta de la Nacionalidad Amazonia Waorani de Ecuador (NAWE). Me preguntaron cuál es mi posición; qué es seguir defendiendo nuestro territorio como lucha de la mujer. Ellos nunca me dijeron que tenía que aceptar la posición de la petrolera. Me dijeron que tenía que luchar para que no nos manden nuevas explotaciones. En octubre de 2013, estaba en la NAWE e iba a entrar a la comunidad de Keweiruno, pero me dijo el presidente que me quedara en Puyo porque no había espacio en el avión. Luego, a las ocho de la noche un representante del gobierno me recogió de sorpresa para ir a Quito, porque tenía que hablar en la Asamblea Nacional. Allí un delegado kichwa de Sarayaku (Carlos Viteri) me dijo “tienes que decir a todas las cosas que sí, en ningún momento tienes que decir no”, yo no sabía a qué tenía que decirle sí. Pasamos al discurso grande y era para estar a favor de la explotación del Yasuní. Al pasar enfrente de la Asamblea Nacional dije: aquí vengo a hablar de 40 años de explotación petrolera, que no ayudó nada. El gobierno tiene una deuda con nosotros, los waorani no somos consultados y estamos en contra de la explotación del Yasuní. Me mandaron de vuelta a Puyo muy rápido en el carro del gobierno diciéndome: “Alicia, rápido, váyanse a la comunidad en carro de gobierno”. En el carro durante el camino me preguntaban toda mi información, documento de identidad, dirección de casa, dónde paso, cuántos hijos, pero yo no les dije nada.

A la mañana siguiente había una reunión en la NAWE de la cual yo no estaba enterada. En esta reunión, donde había periodistas y los dirigentes de la NAWE, me dijeron que había cometido un error, me insultaron y me dijeron que me iban a matar por no aceptar el petróleo en Yasuní. Me hicieron llorar. Yo defiendo porque es mi casa, porque es Yasuní donde yo nací, yo soy mamá, yo dejo sangre, doy luz a mis hijos. Ellos me dicen “tú tienes que callar, no hablar más” y yo dije “no me voy a callar porque es mi casa, más bien el gobierno nos debe una deuda”.

Mucha gente me habló, los jóvenes y los que trabajan para el gobierno, ellos hablaron muy mal de mí. Me dijeron que debía salir de la NAWE, que yo estoy en cargo bajo y que yo no podía entrar a realizar un trabajo como dirigente, me dijeron que acá́ debían trabajar los del gobierno y que debía pedir perdón. Me llevaron a la Gobernación en Puyo para que hablara. Yo no pedí perdón al gobierno, porque el gobierno debe consultar a todos los waorani mayores, jóvenes y niños en Yasuní. Yo dije que los ancianos me podían hacer daño pero yo no he hecho nada de malo.

Sentí que yo no voy a soportar y me fui para selva. Los ancianos me dijeron que sí estaba hablando bien al decir: “te apoyamos porque es la verdad”. Todas las comunidades de adentro me dieron el apoyo y me sentí más calmada. Todavía tenía temor porque me dijeron que me iban a llevar a la cárcel y que tuviera cuidado porque me van a vigilar a la casa. Mi mamá me dijo: “te pueden hacer mal a ti y a tus hijos, mejor salir de la organización, si sigues trabajando el gobierno te va a encerrar”. Como me están vigilando me metí a la casa. El gobierno sabe a qué horas salgo y a qué horas entro, yo estaba muy guardada y muy controlada, pero yo no estoy defendiendo sola, es para todo el pueblo waorani.

Durante el mismo mes, las mujeres waorani salimos de nuestras comunidades caminando, en canoa, en avión y nos encontramos en Puyo. Venimos caminando hasta Quito. Me dijeron que este gobierno me iba a hacer daño, que nos iban a tomar presas. Les dije si van a coger a una tienen que tomar a todas. Cuando llegamos a Quito había mucha gente, salimos en prensa, nos hacían entrevistas y salimos en los medios. Fuimos a hablar a la Asamblea Nacional y me llamaban al celular diciéndome: “Alicia, te van a coger presa”. Pero yo decía no he hecho nada malo, y ahí vino el temor: estoy sola, voy a cárcel y toda la gente me decía que a mis hijos los pueden matar y tenía miedo de lo que puede pasar. Las mujeres me decían “no estás sola”. No me dejaron entrar a la Asamblea Nacional porque iba a hablar mal del petróleo.

Venimos en bus de la marcha de las mujeres amazónicas. Vino la policía e hizo parar el bus. Preguntaban: “¿quién es Alicia?” y todas las mujeres decían: “soy Alicia”. El carro no dejaba pasar y fuimos caminando y la policía equipada, y los periodistas preguntaron por Alicia. Al siguiente día en Puyo donde arriendo un cuarto, el dueño de la casa me dijo que un carro del gobierno había venido para buscarme y le dijo que no podía entrar. Me sugirió́ que me fuera a la selva.. Estuve de viaje fuera del país, y al volver a mi cuarto en Puyo robaron mi computadora y mi cámara que había comprado. El dueño de la casa me dijo que no estaba seguro que yo podía vivir ahí. Los que robaron mataron al perro y dejaron un papel en el que decía: “cuidado con tu vida puedes morir”. Sigo viviendo en la misma casa pero pienso salir pronto porque ya identificaron que es mi casa.

En diciembre de 2014 estuve en Lima en la COP 20, queríamos participar pero el Gobierno llevó a compañeros de nacionalidades kichwa, zápara, andoas, shuar y waorani para que ellos nos representaran. Nosotros, que luchamos por nuestros territorios y fuimos en representación, no nos dejaron participar y nos enfrentamos con los compañeros. Ecuador estratégicamente llevó a las nacionalidades y promocionó que estaban ayudando diciendo que “estamos ayudando bien dando agua, vivienda, educación, salud”, pero ellos no están ayudando en verdad, no tenemos nada de lo que dicen. Cuando vine a Puyo de Lima, el presidente, Moi Enomenga, de la NAWE, me dijo que estaba acusada por que yo había organizado un paro de waorani y me dijo: “mañana te van a coger presa”, pero yo no estaba en el país cuando ocurrió́ el paro. Las compañeras me dijeron que no viniera a Puyo y yo me quede en la mitad de camino y ahí fue donde llevaron a los siete compañeros waorani presos por hacer paro contra la empresa de Petrobel, porque no estaban cumpliendo los compromisos que firmaron.

Yo estoy defendiendo a los pueblos taromenani porque si abren nueva carretera, se van a enfrentar entre pueblos waorani y taromenani y van a haber más muertes. Por eso queremos que no haya nuevos trabajos de explotación en los territorios de los taromenani porque la vida es importante para estos pueblos.



Esperanza Martínez: mi hijo chiquito tiene que pasar por un carro de la policía todos los días


Mi nombre es Esperanza Martínez Yánez y tengo cincuenta y seis años. Me identifico como mujer mestiza. Vivo en unión libre y tengo tres hijos de: 14, 25 y 32 años de edad. Soy miembro de Acción Ecológica desde hace 30 años, soy una de las fundadoras, defensora de temas ambientales y de derechos humanos de las personas afectadas por las causas petroleras. Trabajo y apoyo a defensoras indígenas de temas ambientales como Paty Gualinga y Hueiya Alicia Cahuiya Iteca.

Trabajé en la elaboración de la nueva Constitución política, siendo asesora de Alberto Acosta, presidente de la Asamblea (ANC). Fui vista como una persona muy radical que estaba influyendo el proceso de la Constitución. En la Asamblea se hizo mucho trabajo, se otorgaron tres  amnistías para los defensores de la naturaleza y se debatió́ la consulta previa vinculante.


Intentaron sacarme durante el proceso de elaboración de la nueva constitución, en 2007. Primero presionaron a Alberto Acosta y luego enviaron a personas a la Asamblea para neutralizarme, como diez personas. Recibí muchos ataques públicos. Me decían que yo era “tranquera”, o sea que hago las cosas por detrás. Salí en las sabatinas del presidente de la República con nombre y apellido. Fue en la misma época cuando se debatió́ la consulta previa vinculante, en el 2008.

Me hicieron agresiones súper feas alrededor. En el mes de marzo de 2004 pintaron una cruz invertida de color rojo en mi ventana. En el mes de mayo de 2004 lanzaron heces fecales en donde colgaba la ropa. En el mes de julio de 2005 recibí un mensaje de texto con una amenaza de muerte al celular que decía “MUERES HOY”. En el mes de diciembre de 2005 cinco personas nos robaron y nos intimidaron con armas. El 2 de marzo de 2006 puse la denuncia en la Jefatura Provincial de la Policía de Pichincha, pero hasta el día de hoy no han hecho nada.

Yo mantengo un vínculo emocional, histórico y profesional por más de 20 años con el Yasuní. Trabajé para el desarrollo e impulso de la iniciativa de mantener el crudo en el subsuelo desde el 2005. Desde que la iniciativa fue acogida y desarrollada por el gobierno nacional en marzo del 2007, trabajé difundiendo la iniciativa nacional e internacionalmente.

He actuado como delegada del doctor Julio César Trujillo en los procesos institucionales para la petición de la consulta popular y como representante del colectivo Yasunidos en varios encuentros, entrevistas y reuniones.

El 15 de agosto del 2013 se canceló la iniciativa de mantener el crudo en el subsuelo. Yo fui parte de los procesos de auto convocatoria para que se revise la decisión primero y después para que la Asamblea Nacional evitara declarar la explotación petrolera de interés general y finalmente para consensuar con las diferentes organizaciones la posibilidad de convocar a una consulta popular por iniciativa popular.

Desde que iniciamos este proceso de consulta popular doy fe que he sido víctima de una serie de interferencias, bloqueos y agresiones físicas.

El jueves 15 de agosto del 2013 nos reunimos en la Plaza Grande y en medio de la desolación, desconcierto y dolor nos mantuvimos en ella haciendo una vigilia. El proceso continuó por varias semanas los días jueves. De manera progresiva fuimos expulsados de la Plaza. Con la presencia de los denominados grupos “Comando de Alianza País” hubo una creciente provocación y agresión, que era apoyada por miembros de la policía nacional. Terminamos siendo expulsados de la plaza a la que no podíamos entrar si no estábamos identificados como miembros de Alianza País. Pasaban solamente quienes tenían banderas verdes.

Hubo varios golpeados, detenidos momentáneamente, insultados, amenazados. Yo vi que golpearon a tres mujeres y las tiraron al piso, vi que golpearon a un muchacho que tocaba los tambores al punto de sangrar su cabeza.

Empezamos a recoger firmas, acudimos a lugares públicos, en donde se concentra usualmente la gente, pero las primeras reacciones fueron las de sacarnos de esos lugares. A mí por ejemplo, los policías municipales intentaron sacarme del Parque de la Carolina, desmontaron la carpa con la que guarnecíamos el sol, la destrozaron. Después impidieron que recoja firmas en el registro civil, y en la parada de buses del Estadio. En todos los lugares a los que iba intentaba tramitar un permiso de los administradores y la respuesta era siempre la misma, “no depende de mi, no queremos tener problemas”. Supe que sacaron también a grupos de recolectores, de los centros comerciales, entre ellos el Centro Comercial El Recreo, de Quito, y de distintos parques de la ciudad. Si bien había un gran apoyo en las calles era difícil la recolección por tener que estar permanentemente moviéndose en las calles.

Al entregar las firmas, las agresiones continuaron. De hecho el día en que se pretendía llevar a un recinto militar todas las cajas con firmas, sin asegurar la cadena de custodia ni responder lo sucedido con la manipulación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la caja de cédulas de los recolectores, hubo una presencia militar y policial impresionante. Intentamos insistentemente abrir algún diálogo con los directivos del CNE, con los consejeros o con el personal técnico, sin embargo los únicos que accedieron a reunirse fueron los responsables de la seguridad.

Durante este período emitieron varias “sabatinas” (cadenas nacionales en las que el Presidente informa a la nación las actividades de la semana) en donde fuimos insultados como: “ecologistas infantiles’, “tira piedras”, “vagos”, “los mismos de siempre”. Yo he sido insultada con nombre y apellido varias veces. Se ha utilizado mi imagen para acompañar estos insultos.

El 22 de agosto presentamos a la Corte Constitucional la propuesta de una consulta popular a fin de tener el dictamen de constitucionalidad. Pasaban los días y no teníamos respuesta.
Se hizo pública la estrategia de estafa a la ciudadanía: el 12 y 13 de septiembre se presentaron dos consultas adicionales. Una de las preguntas más radicales que se presentó fue: eliminar toda forma de extractivismo en el país, y la otra de apoyo al presidente.

Se estaban creando las condiciones para impedir de cualquier forma la consulta por parte de la Corte Constitucional. Dejaron pasar el tiempo y el 1 de octubre, 40 días después de nuestra petición, la Corte Constitucional emitió́ correcciones al Reglamento de Consultas, proponiendo que primero se recojan las firmas y después se decide si la pregunta es constitucional o no. Una respuesta de este tipo la sentí como una burla. Se pasaron por alto incluso que el tiempo nos daba la razón, por silencio administrativo. Esto generó desconfianza en la Corte Constitucional, sensación de indefensión y de engaño.

Presentamos el pedido de los formularios al CNE. Mantuvimos varias reuniones en las que se evidenciaba que lo que hizo la Corte era absurdo: primero recoger las firmas y después calificar la pregunta. Asistimos a las capacitaciones para la recolección de firmas. Allí se nos indicó que debíamos recoger las firmas con tantas condiciones que parecía imposible lograrlo: letra imprenta, esfero azul, papel sin arrugar, se nos dijo que teníamos 180 días para esto. Lo viví como un intento de desmotivarnos, de convencernos que la tarea sería imposible.

Se nos presionó para el retiro de los formularios bajo el pretexto de que el tiempo corría desde que fue aprobada la elaboración de los formularios. Procedimos a una rápida organización para la recolección pero con los insultos públicos, una masiva campaña del gobierno argumentó que la destrucción sería mínima.

Se presentaron en la calle dos tipos de efectos por la estrategia de confusión con las otras consultas. Por una parte la intimidación por parte de los recolectores de la pregunta de apoyo al gobierno (al otro grupo nunca lo encontré́ en la calle), y por otra desconcierto en la gente sobre cuál era la pregunta “verdadera”.

La confusión se agudizó cuando salieron varias semanas seguidas en los medios de comunicación dípticos plagiando nuestros diseños de campaña. El ambiente de confusión y engaño nos impuso un régimen de desconfianza de ciudadanos que nos entregaban los formularios llenos.

Una tarde se presentó a la oficina de Acción Ecológica un joven con varias hojas con firmas y una lista de nombres con números de cédula, él nos dijo que había sido contratado para falsificar firmas en nuestros formularios. El dijo que no quería ser parte de esto e incluso nos indicó cómo era el proceso de contratación, donde se reunían.

El 12 de abril de 2014 presentamos al CNE nuestras firmas contenidas en 107.088 formularios. Era mucho más de lo requerido. La ciudadanía se volcó́ a recoger firmas que nos entregaban. El proceso de entrega fue largo pues fue necesario foliar las hojas y escanear todas las firmas. Durante la noche el proceso de entrega fue amable, un entorno amigable. Hubo un momento difícil pues el CNE pretendió́ suspender la recepción de las firmas a las 8 de la noche, a pesar de que la gente había sido convocada para trabajar ininterrumpidamente, frente a nuestra decisión de no salir del lugar, el proceso concluyó en la madrugada del día 13.

Varias de las personas que actuaron en la revisión de las firmas, supieron decirnos que habían sido capacitados para la verificación pero que el equipo sería cambiado. Nos dijeron que trajeron 50 personas de Guayaquil. Tuvimos que organizarnos rápidamente, pues nunca supimos como funcionaria la recepción de las firmas. Podíamos estar unas 50 personas, sentados cada uno junto a delegados del CNE. Durante esa jornada yo personalmente tuve que pedir que se retire una persona a la que no conocíamos y que por el contrario fue reconocido como un miembro de la policía. No fue la primera vez que nos sentimos infiltrados por la policía, entre los recolectores identificamos a tres personas que mantenían identidades falsas.

El 15 de abril de 2014, salió́ al aire una cadena del CNE anunciando que la forma de invalidar firmas sería por “recolectores”. Esto activó nuestra alarma y pasamos a revisar qué pasaba con las cédulas de los recolectores. Revisamos el CD que contenía las copias de cédulas de los recolectores escaneadas, que se nos había entregado en la noche del 12 de abril, y nos sorprendió́ que los escaneados eran de pésima calidad, pero además no encontramos las cédulas de los principales recolectores, entre ella la mía.

Mantuvimos una reunión con el vicepresidente del CNE, Paúl Salazar, para intentar saber qué pasó con las copias de las cédulas y por que no aparecían algunas de nuestras cédulas. Presenté 10 nombres como ejemplo de las cédulas que no aparecían. Nos dijeron que buscarían las firmas delante de nosotros. Sin embargo una hora más tarde llegó uno de los funcionarios del CNE con dos copias de cédulas de las 10 entregadas en la lista. Una de ellas, la de Benito Bonilla, tenía una codificación distinta al registro escaneado cuya copia nos había entregado el propio CNE. Hicimos notar que se había roto la cadena de custodia de la caja más importante, la que contenía las copias de cédulas de los recolectores, pues se manipularon las cédulas sin nuestra presencia.

En horas de la tarde se dio una rueda de prensa en la que se exhibieron las cédulas y se me hicieron acusaciones de mentiras. Esas cadenas fueron ofensivas, repetidas varias veces y en lugar de asumir la irresponsabilidad y mala fe al abrir nuestras cajas sin nuestra presencia y de haber desaparecido aunque sea temporalmente las cédulas, nos convertía a nosotros en el problema. Cuando empezó́ la anulación de las firmas constatamos muchas irregularidades. Se abrieron todas las cajas que contenían los formularios sin nuestra presencia.

Intentamos un nuevo diálogo, esta vez con la creación de una Comisión Técnica Mixta, que intermedie para que se resuelvan los problemas de las cédulas y de todo lo actuado sin nosotros. Sin embargo, a pesar de que esta Comisión fue aceptada por René Maugé (responsable de organización de la consulta), nunca recibió́ la información que solicitaba para poder trabajar y jamás se designó una contraparte por parte del CNE.

En esos días de abril estábamos virtualmente secuestrados, no podíamos salir del CNE, tampoco podía entrar nuestro abogado. Fuimos golpeados, pero nos presentaron como golpeadores.

Hicimos diariamente cartas con quejas, peticiones de información; tengo copias de haber mandado 30 cartas dejando constancia de lo que ocurría y pidiendo respuestas a las irregularidades e información para poder continuar con el proceso de verificación. La mayoría de estas cartas no fueron respondidas. Se eliminaban firmas sin argumentos, había un entorno muy duro dentro del Comisariado de las Fuerzas Armadas, maltrato a los jóvenes, imposibilidad de ver la computadoras en las que se anulaban las firmas. Podíamos entrar 15 personas mientras actuaban 200 verificadores. Entre los verificadores (supervisores) pude reconocer a dos personas que en días anteriores habían provocado altercados en los eventos que organizábamos en la calle como parte del ejercicio de auto convocatoria, además reconocí a una persona que recogía firmas para la otra consulta.

Durante este tiempo la Defensoría del Pueblo actuó́ avalando el proceso del CNE, y no protegiendo los derechos de quienes éramos promotores de la consulta y estábamos siendo maltratados. Esto, a diferencia de la gestión anterior cuando la Defensoría sí actuaba más cercana a los procesos sociales, y por ejemplo hicieron un informe de la criminalización.

En esos días de abril estábamos virtualmente secuestrados, no podíamos salir del CNE, tampoco podía entrar nuestro abogado. Fuimos golpeados, pero nos presentaron como golpeadores. La gente que se había ido aglutinando en la calle fue arrastrada, se echaron gases en la cara. Mis hijos que se encontraban en las afueras del CNE fueron arrastrados, golpeados y recibieron gas en la cara.

Tengo una sensación de engaño, de abuso a mis derechos de participación. Fue mucho el trabajo de recolección como para que se hayan anulado más del 50% de firmas.

Al final del año 2014, se hizo un concurso en televisión nacional y un alto funcionario del gobierno me calificó como “la mentirosa del año”. Se dijo que yo mentí por unas declaraciones hechas por mi persona en una entrevista en la cual afirmé que la carretera que se está construyendo en el parque nacional Yasuní (bloque 31) llegaba a tener un derecho de vía de 60 metros. Durante la entrevista cité las fuentes que afirman esto basadas en imágenes satelitales, pues ingresar a la vía está prohibido.

A través de las redes sociales se ha lanzado en varios momentos campañas en mi contra. Primero hubo una campaña en la que circulaba un mensaje de “Yasunidos atacados con vídeo porno de Esperanza Martínez”, que recibió́ mi hijo y toda mi lista de contactos, también circuló mi rol de pagos y cuentas de la organización para que la cual laboro. Usan esquemas de mujer. En la última etapa circularon calificativos que me calificaron como “bruja con 37 gatos”.

Me considero defensora de los derechos de naturaleza, derechos reconocidos en la Constitución ecuatoriana; sin embargo, en lugar de respetarse mis derechos se me “lincha mediáticamente”, delito reconocido en nuestra legislación.

Por cinco meses tuve a menos de 100 metros de mi casa una UPC (Unidad de Policía Comunitaria), blanca, que es una unidad móvil de la policía que actúa como unidad especial de vigilancia.

Después la UPC fue sustituida por un carro del GOE (Grupo de Operaciones Especiales), estas son unidades de color negro, con símbolos violentos de policías encapuchados. Mis vecinos me comentaron que ante la pregunta de porqué estaba esta unidad en el barrio, la respuesta fue que este barrio viven subversivos.

Este refuerzo al sistema de vigilancia se dio desde que se declarara públicamente que yo vivía en ese barrio, sugiriendo que tenia alguna participación en las manifestaciones hechas por los vecinos del barrio al declararlo “persona no grata”, hecho con el que no tuve ninguna participación.

La presencia de ese carro, junto con las agresiones individualizadas a mi persona, construye un escenario intimidatorio.

Es antipático, la visibilización es muy antipática si tu opción no es la política. No te permite moverte en una vida normal. He hecho algunos cambios. Un ejemplo, ahora me transporto con la moto, cuando yo daba entrevistas a los medios de comunicación, me daba mucho miedo subirme en el primer taxi. Nunca tomaba el primer taxi. Compré la moto para poder entrar y salir sin miedo, porque la gente te reconoce, los que creen que has hecho algo mal y los que te apoyan.

Mi pareja va conmigo a la marcha del Primero de Mayo para cuidarme, porque dice que la gente me reconoce. Le da temor que la gente me reconozca y me agreda.

Todos necesitan tener cuidado. Hay distintas formas de control hacia la mujer, por los hijos. Mi hijo chiquito tiene que pasar frente al carro de la policía todos los días. Según mi criterio las mujeres están más expuestas. Las mujeres tienen que responder a una seguridad colectiva (por los hijos). Estamos mucho más en la calle las que asumimos un trabajo fuera de la casa.

Por último, en abril de 2015 en Pacto se estaba realizando una consulta alternativa sobre la minería. Al llegar había un cartel con mi foto a lo largo de toda la carretera que decía: “Sí hay minería responsable. La ONG no me paga el sueldo”. Puse la denuncia para identificar a quienes produjeron, pegaron y pagaron por el afiche y la investigación está en curso, hasta ahora no se conoce ningún resultado. Es el mismo corredor geológico que Intag que tiene la Empresa Nacional de Minería.




Margoth Escobar: uno de los oficiales me puso una rodilla en la cara, mientras me ponían gas lacrimógeno en mi boca

Mis nombres y apellidos son Mercedes Margoth Escobar Villaroel. Tengo 61 años de edad. Soy originaria de la ciudad Puyo, cantón y provincia de Pastaza, República del Ecuador, donde vivo actualmente. Me identifico como mujer mestiza. Nací en la selva y estoy ligada a ella desde muy niña, allí me crie y estudié durante mis primeros años con indígenas. Continué mis estudios en Portoviejo, provincia de Manabí donde terminé la universidad. Soy madre soltera de un hijo que actualmente tiene 27 años de edad.

Mi vida como activista inició cuando tenía 19 años de edad. Era el año 1975, me fui para la Sierra como empleada del Estado a trabajar como promotora social del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) en las comunidades indígenas de Olmedo, Cayambe, provincia de Pichincha. El fin era enseñarles contabilidad, para que puedan manejar el dinero que había sido entregado por el Estado, con intereses, en calidad de préstamo y a escribir a máquina de escribir documentos dirigidos a las autoridades, lo cual me hacía sentir que yo era gente importante, porque iba a enseñar mucho. Pero durante mis labores, al participar en sus reuniones en las que hablaban en su propio idioma, fui tomando conciencia del vasto conocimiento y empoderamiento que las comunidades indígenas tenían de sus derechos, Así como también fui conociendo la problemática social, económica, política del país. Entonces comprendí que mi labor era insignificante frente a la magnitud de los problemas que resolvían las comunidades indígenas. Los indígenas que asistían a las reuniones eran de la escuela de Dolores Cacuango, una mujer luchadora y respetada por todas las comunidades indígenas desde muchos años atrás, junto a Tránsito Amaguaña. Así nació́ mi conciencia.

En 1976 continuaron mis labores de promotora social del IERAC en la provincia de Manabí, enseñando contabilidad y escribir a máquina, vinculándome con la organización campesina de las zonas arroceras de segundo grado, llamada UPOCAN, que empezaron una lucha política por la recuperación de su territorio. Así empiezo a compartir con ellos la lucha por el territorio, trabajando desde las bases. En aquel entonces, el Estado, a través del Banco Nacional de Fomento, concedía créditos con intereses, sin tomar en cuenta que los campesinos no estaban acostumbrados a manejar el dinero y por ello se gastaban sin haber recibido previamente una capacitación. Una vez gastado el dinero, recién el Estado nos mandaba a los promotores sociales a capacitar, lo cual constituía una doble jugada del Estado con los campesinos, porque muchas veces perdían sus tierras al no responder el crédito. Entonces abrí mis ojos y pensaba ¿qué está pasando con la tierra en mi provincia?

En la región Costa, provincia de Manabí, me di cuenta de lo perjudicial de la colonización, ya que cuando viajaba a mi tierra observaba que, cuando entraba la carretera, los indígenas se desplazaban cada vez más a la selva, dando lugar a la colonización, perdiendo de esta manera su territorio.

En este mismo tiempo inicié dos carreras. Terminé Psicología Educativa a los 25 años, regresando a la ciudad Puyo en 1981, dándome cuenta que había mucho racismo. Los hombres del IERAC donde yo trabajaba me pusieron a trabajar con las comunidades indígenas, porque ellos no querían salir a la selva. Siendo jefa encargada de esta institución entro en contacto con los jóvenes estudiantes que se habían organizado para defender su territorio y detener la colonización, concientizando a su pueblo. Evangélicos y católicos querían acabar con ellos al considerarlos comunistas. Los jóvenes lograron captar la dirigencia de la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP, concientizando a los maestros de alfabetización que eran lideres de las comunidades indígenas, quienes participaron en el proceso organizativo de la OPIP y es en estas circunstancias que las comunidades indígenas me hacen partícipe de la lucha por la legalización de su territorio y empiezo a trabajar con ellos bajo el lema “con título o sin título las tierras son nuestras.”

En el proceso de esta lucha, muchas comunidades indígenas con influencia católica y evangelista, cerraban las puertas a la dirigencia de la OPIP, por lo cual yo como representante del IERAC tenía acceso para cumplir la labor de legalización del territorio, en base al reglamento de colonización, cumpliendo órdenes del jefe inmediato, levantando un censo para saber cuántos indígenas había y cuánto territorio se les entregaba. Pero paralelamente les explicaba qué dice la ley y cómo podían defenderse, pues estaba estipulado que se les debe entregar gratuitamente la tierra ancestral que era de ellos. Con la colonización, el Estado buscaba recortar el territorio y entregarlo individualmente y no colectivamente. Mi trabajo fue pasar un informe sobre el censo.

En 1991, una vez fusionadas las comunidades que estaban bajo los católicos y los evangélicos, la OPIP logra la legalización del territorio para las siete nacionalidades achuar, shuar, kichwa, zápara, andoas, shiwiar, y waorani. Es la única provincia en el país donde hay nacionalidades indígenas con su territorio ancestral, cumpliéndose el sueño de jóvenes indígenas estudiantes que formaron la OPIP.

Me atacaron brutalmente en diferentes partes de mi cuerpo, especialmente en mi espalda y extremidades. Me llevaron a un lugar de detención, esposada contra el suelo, me golpearon.
En 1984, el IERAC intentó quitarme el trabajo acusándome de traición, me siguieron un juicio y sólo pudieron comprobar mi mala boca. Me pusieron a trabajar tras de un escritorio y renuncié a los tres meses, pasando a trabajar en una radio católica, de donde posteriormente me sacaron. Después trabajé en la CONFENIAE, organización de segundo grado de las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, en donde pude ver cómo los kichwas apoyaban la defensa del territorio waorani, frente a la colonización por la entrada de la carretera. Trabajé en lo que yo sabía hacer: cuentas y de chofer, llevando compañeros kichwas. También trabajé en cuentas en la CONAIE, organización nacional de nacionalidades indígenas. En 1987 mi hijo Yankuan se enfermó, por lo cual regresé a Puyo. Yo buscaba trabajo presentando mi currículum, pero me negaban por no afiliarme al partido de turno. Trabajé como cocinera y luego como comerciante hasta la actualidad.

He seguido vinculada a las organizaciones indígenas en lo que puedo ayudar.
Creo que en el año 2000 fuimos acusados de sabotaje, terrorismo y robo, pretendiendo condenarnos a pena de reclusión de 8 a 12 años y también cobrarnos ingentes cantidades de dinero por daños y perjuicios. En éstos juicios penales fuimos absueltos.

En el año 2006 un fedatario del Servicio de Rentas Internas (SRI) hizo una compra ficticia para verificar si yo cumplía con los tributos. Al hacer la factura con papel carbón, no hice bien la copia y por ello me querían cerrar. Me paré delante de mi almacén, que tiene dos puertas de entrada anterior y posterior, para impedir la clausura del mismo, porque no me daban el derecho a la defensa y en un descuido los fedatarios, acompañados de la policía pusieron el sello de clausura en un poste de mi local y agarré a un policía para pedir explicación de la clausura, pero me empujó diciéndome “quítate”. Me iba a caer y el vehículo empezó́ a circular y me agarré del alero del carro con mis brazos mientras que mi cuerpo volaba por el aire y ellos se pusieron a reír, por lo cual mucha gente gritaba y otro vehículo se cruzó en la calle y, cuando el vehículo se vio obligado a parar sufrí un impacto en mi pecho, que todavía hasta los actuales momentos tengo problemas de salud físicos y psicológicos. Puse nueve juicios contra el Estado en diferentes instancias, por todo lado busqué justicia, pero todos los trámites fueron archivados, mientras que el SRI me siguió́ juicio de desacato y me ganó. Querían la cárcel y dinero, pero no lograron en merito a mi hoja de vida limpia. En cada audiencia había aproximadamente diez policías vestidos de civil y uniformados, empleados del SRI y tres abogados, con afán de intimidación.

En noviembre del año 2013 viajé a Quito para estar presente en la apertura de sobres de la licitación de la XI ronda petrolera, porque era un acto público. Al llegar estaban los verdaderos líderes indígenas afuera, a quienes no les dejaban pasar, mientras que los indígenas que estaban adentro eran falsos líderes. Queríamos entrar para que conozcan nuestra opinión. Cuando salen los participantes, yo me acerco al embajador de Chile y le digo que adentro estaban los líderes falsos, los que roban a la nación, mientras que los indígenas que están afueran son líderes verdaderos que rechazan a las petroleras. Nos tomaron muchas fotos, nos publicaron por todos los medios de comunicación nacional por muchos días, acusándonos de terrorismo, también nos tildaban de todo, empezaron las persecuciones en contra mía y de mi hijo, nos vigilaban en todas partes donde nos encontrábamos. Me pasan la voz que me van a coger y me fui a la selva. En mi tierra, la gente que está de acuerdo con mis convicciones y mi práctica social, me aprecia; para otra gente soy indiferente, y, para otra gente que no acepta mis convicciones me considera como la mala, que soy lo peor, por la vida que tengo y conozco que la policía y los militares me tienen dentro de la lista negra.

En enero del 2014, la Fiscalía nos llamó a declarar en Puyo y me presenté. Me parece que la investigación es por sabotaje y terrorismo, junto a Patricia Gualinga y dirigentes de las organizaciones indígenas, en total 8 personas nos presentamos a declarar en la fiscalía, por el hecho ocurrido en el mes de noviembre del 2013. Las declaraciones volvieron a Quito encontrándose en suspenso hasta el momento. En los medios de comunicación siguen publicando nuestras imágenes, calificándonos de todo.

En el mes de junio del 2015, estuvieron policías y representantes de la gobernación revisando en mis locales comerciales de todo. Siempre me mandan personal de cualquier institución del Estado, ya sea del SRI, Ministerio del Trabajo o de cualquier otra institución a verificar si todos los documentos están en regla. Siempre me mandan de todos los lados, incluido la policía para intimidarme. De la misma manera, a mi hijo también lo fastidian dentro de su negocio y ha sido acusado por el Estado, a través de los medios de comunicación nacional como español de la ETA.

El 13 de agosto de 2015 fui atacada y detenida por la policía de Puyo. Estuve con mi hijo, y participamos pacíficamente en una marcha sobre proyectos extractivos que afectan a las comunidades indígenas. Eventualmente fuimos a Plaza Roja donde nos encontramos con un amigo de la familia, Erbin Basantes. Entre las 8:00 pm y las 9:00 pm, fui rodeada por un grupo de policías que me detuvo en la Plaza mientras me encontraba hablando con el señor Basantes. Me atacaron brutalmente en diferentes partes de mi cuerpo, especialmente en mi espalda y extremidades. Me llevaron a un lugar de detención, esposada contra el suelo, me golpearon, y uno de los oficiales me puso una rodilla en la cara, mientras me ponían gases lacrimógenos en mi boca y me amenazaban. Eventualmente, me trasladaron a medicina legal. Allí me diagnosticaron con policontusiones, politraumatismo, desgarre en pierna derecha, y dictaminaron que mi presión arterial era excesivamente alta. Me pusieron una denuncia por “ataque o resistencia”. Adicionalmente, el juez me impuso prisión preventiva. Pero despues, el 21 de agosto hubo una audiencia a la 1:30 am, en la que me otorgaron las medidas sustitutivas. Sin embargo, tengo que presentarme todos los lunes y viernes ante la Fiscalía.

A lo largo de mi vida, dentro del proceso organizativo he trabajado más con hombres que con mujeres, han sido pocas las compañeras que he encontrado en el camino. Cuando no había plata de las ONG y del Estado los procesos organizativos eran más puros. Puedo recordar que era así hasta el año 1991 y, posteriormente, se empezó́ a corromper, siendo más común en los hombres que en las mujeres. En estos últimos tiempos se ve que las mujeres tomamos la batuta frente a la corrupción de los hombres, nos empoderamos y salimos a las calles. Antes no había mujeres waoranis como Alicia. En los achuar se ve minoritaria la presencia, un poco más en los shuar, en los shiwiar y en las mujeres záparas como Gloria. La presencia de las mujeres kichwa empoderadas de sus derechos es la mayoría, una de ellas Patricia Gualinga. De las comunidades indígenas puedo atreverme a decir que la que más capacidad de resistencia tiene es Sarayaku, porque es un trabajo diario de empoderamiento de sus derechos. Las otras comunidades siento que no tienen la misma fuerza. Varias de ellas están débiles y entregadas. Pero me lleno de alegría al ver a mujeres empoderadas frente al mal paso de los machos, a la corrupción, aunque el miedo a veces sea más fuerte.



Gloria Ushigua Santi: la policía me atacó con pistolas de láser y fui golpeada tres veces en cada brazo y me caí


Mi nombre es Gloria Hilda Ushigua Santi. Mi lengua materna es el quichua (kichwa) y hablo español como mi segunda lengua, con algunas imperfecciones. Tengo 53 años y me identifico como mujer sapara en Ecuador. Nací en el territorio sapara en la cuenca de Conambo, la provincia de Pastaza. Vivo en la comunidad de Llachama Cocha y nací en playa de Kamunguy. Soy divorciada y ahora soy sola. Tuve dos hijos : un hijo lo mataron las mismas indígenas en comunidad Llanchama en 1992, y otro hijo tiene 25 años. Mi nivel educativo es bajo, cuando era yo niña, asistí escuela por poco tiempo.

Empezamos a organizar como originarios saparas para poder defender nuestro derecho indígena, y empecé́ participar en actividades como una defensora del medio ambiente después de la muerte de mi hijo en 1992. Durante este tiempo regresé a mi territorio después de cinco años. Luego mi papá me solicitó para mi vuelta. Cuando era niña sabía poco sobre los impactos del petróleo. Pero después de mi vuelta aprendí más, por dirigentes, de los impactos de las operaciones petroleras en mi territorio. En el año 1966 los petroleros hicieron sísmica y dejaron los pozos colocando listo para la explotación, algunos posos estaban derramando, los animales tomaban esa agua, murieron los tapir, venados y sajinos.

Hace cuatro años que proyectos petroleros se pronunciaban para explotar los Bloques 74, 79, y 83, que afectaran a las comunidades sapara en el territorio. En el pasado no sabemos mucho sobre los impactos y ahora es un problema serio. Antes no sabía mucho sobre las políticas y organizaciones vinculadas a la situación petrolera, pero, en 2010, me hice coordinadora de la organización de mujeres Sapara del Ecuador, Ashiñwaka. La meta de esta organización es la defensa de nuestro territorio contra Bloques 74, 79 y 83.

Desde mi participación en esta organización, el gobierno la dividió.

He experimentado incidentes de criminalización y represión porque soy defensora de mi territorio. Un incidente ocurrió en noviembre de 2013. El 28 de noviembre de 2013 participe en una marcha en Quito en frente de la oficina del secretario de Hidrocarburos. Durante este tiempo el gobierno estuvo negociando sobre la industria petrolera que operaba sin consentimiento de las comunidades sapara. Estuvimos con cien personas, hombres y mujeres amazónicas, y algunos compañeros de organización Conaie y Confenaie en frente de la oficina de Hidrocarburo, en plantón a las cinco de la tarde, porque queríamos presentar al presidente del Estado ecuatoriano una carta con nuestra opinión sobre las operaciones petroleras. No es bueno para las comunidades indígenas en territorio. Pero lamentablemente no fuimos recibidos, nos rechazaron de la entrar de la oficina con muchos policías, pero quedamos tranquilos y nada ocurrió́.

Pero, en cinco días después de la marcha había programas del gobierno durante las cadenas naciones y las sabatinas en la televisión, del Presidente Correa, ahí está insultando en la televisión con un foto mía y otras personas. Bajo la foto fue un mensaje que dice que yo vestí como un payaso. Este fue un insulto y la foto fue vínculo a mi identidad personal. Las cadenas nacionales duraron por más de dos semanas y tuvieron programas con mi foto en la televisión. El gobierno las usó para descreditar mi trabajo como defensora e intimidarme.

Después de la culminación de estos programas que me insultaron, yo y otras compañeras recibimos muchos papeles que fueron denuncias. Las denuncias fueron mandadas a la casa. Creo que el fiscal reclamó que yo y las compañeras cometimos delitos incluyendo terrorismo, sabotaje y obstrucción de la vía pública durante la marcha, pero no hicimos nada. Con las denuncias, recibimos una orden para ir a la fiscalía para hacer una declaración sobre los eventos durante la marcha.

De pronto patearon la pared y tres policías entraron a la casa. A golpearme directamente diciendo “ella es.” No tuve miedo, pero el niño de 6 años estuvo llorando:“no maten a mi mamá".

Un abogado, Carlos Poveda, nos representó a mí y a las compañeras incluyendo Mercedes Margoth Escobar y Patricia Gualinga. Tenemos que pagar completo para los servicios legales pero es muy difícil. Solo ya pagamos un poquito. No recuerdo exacto el precio por los servicios pero la defensa legal cuesta mucho.

Después de recibimos las denuncias, asistimos una audiencia ante la fiscalía en enero de 2014. No fuimos detenidas antes. Durante la audiencia, hicimos declaraciones sobre los eventos durante la marcha en noviembre de 2013. Todavía ahora, no tenemos ninguna actualización sobre el expediente.

Hasta febrero o marzo de 2014, todo estaba calmado. Pero un día recibí un mensaje en mi correo electrónico, que un voluntario estudiante de Polonia quería verme para hacer estudios en mi comunidad Llanchama Cocha. Paso unos días, me llamó que ya venían y llegaron no solo uno, sino seis personas con muchas carros en ciudad de Puyo. En mi casita yo le dije que tenía un vuelo pagado para nosotras las cuatro mujeres pero ella me insistió́ llevarme en su avión. Nos llevaron en esos carros pero mis compañeras no me dejaron sola, esa chica me dio 50 dólares en mi mano. Desde Aero Quichua volamos. Esa mujer no se quedó, se embarcó en nuestra avioneta pagada por nosotras. Hablamos en quichua porque algo estaba mal, mucho miraba como el capitán estaba manejando y regresamos media vuelta y ella estaba mal y llorando. Los de más hombres regresaron, mis compañeras le dijeron, “A ver señorita, demuéstrenos el pasaporte porque usted dijo que era una joven estudiante de Polonia”. Ella contesto no, no de gana dije así, de pronto un hombre de su grupo estaba enojado exigiendo que por que no le dieron dinero lo que mandaron para ella, y otro hombre le dijo “por que no dicen la verdad a nosotros el gobierno nos mandó, estamos trabajando con gobierno no sabemos por qué querían hacer eso en ciudad de Puyo.”

Las personas de los coches les dijeron que son estudiantes de una universidad pero no quisieron demostrar sus identificaciones. Finalmente ellos admitieron que no fueron estudiantes pero fueron mandados por el gobierno para investigar en la comunidad. Pienso que ellos trataron de monitorearme. Después de que admitieron que son del gobierno.

Creo que el gobierno quiso dividir las comunidades porque la empresa Andes Petroleum estuvo en la zona en 2014. Otra vez, alguien de otra comunidad trató de entrar nuestra comunidad con órdenes del gobierno para monitorearnos. Es posible que él haya sido parte del esfuerzo para crear las divisiones dentro mi comunidad.

Otro incidente contra mí como una defensora ocurrió́ en agosto de 2015. Hubo una marcha el 13 y fui invitada. Pero no participé porque estuve en la selva en mi comunidad. Oí historias de criminalización y represión como la situación de compañera Mercedes Margoth Escobar. Otras compañeras de otras nacionalidades indígenas Amazonias como achuar y shuar fueron atacadas por la policía también.

Pocos días después, el 19 de agosto, salí de la comunidad y estuve en mi casita en la ciudad de Puyo con cuatro compañeras y mi hija adoptiva con su bebe de seis meses y otro niño de 6 años. De pronto patearon la pared y tres policías entraron a la casa. A golpearme directamente diciendo “ella es.” No tuve miedo, pero el niño de 6 años estuvo llorando “No maten a mi mamá.” La policía me atacó con pistolas de láser y fui golpeada tres veces en cada brazo y me caí. Trate de defenderme pero la policía uso gas lacrimógeno que sentí en la cara. El gas también afectó las otras mujeres y a dos niños casi se ahogan. Eventualmente hubo 18 policías en la casa. Alguien les preguntó por qué están haciendo este ataque contra la compañera Gloria Ushigua. No nos respondieron. También ellos destruyeron mi mesa de vidrio grande que pagamos para reunión de mujeres, un teléfono telefax, una computadora de mesa dejaron destruida. Una compañera Ana Gualinga, preguntó “por qué están atacando a la Compañera Gloria ella no hizo nada”, y le dijo “yo denunciare porque atacan a compañera Gloria, no ha hecho nada para que ustedes ataquen así a la compañera Gloria”.
Me gustaría presentar una denuncia pero no sé si habría éxito. La policía  recibe órdenes del Ministerio del Interior. No sé si un juez haga algo porque jueces son miembros del gobierno también. Una compañera que estuvo conmigo durante el ataque estaba también golpeada con fuertes dolores; a ella le botaron gas en la cara y ella no pudo defenderse. Ana Gualinga, conoce a uno de ellos se llama Vladimir Muñoz Cando, suboficial de policía.

Nuestro territorio es nuestra herencia ancestral que nos dejaron los ancestros para vida humana para indígenas. La tierra es para el futuro de nuestros hijos. Soy defensora porque defiendo mi territorio, y mi cultura sapara y agua es vida para todo ser que vivimos en la tierra. Una diferencia entre mujeres y hombres es que los hombres venden la tierra más rápido, pero mujeres defendemos porque somos madres que traemos al mundo los hijos.

Para reproducir y cuidar la naturaleza, los indígenas amazónicos vivimos muy diferente que en las ciudades. Tenemos nuestras arquitecturas diferentes, y cosmovisión de nuestros ancestros para mirar más allá́. Nuestros hombres fueron defensores de la tierra y muy maltratados. Y ahora somos las mujeres quienes estamos afrente pidiendo que se respete nuestro derecho indígenas, territorio, y selva.

La explotación petróleo queda bajo tierra y no venta de aire del territorio sapara.

Paulina Muñoz: al poner las flores sobre la mesa, veo un sobre pequeño dirigido a mí y seguí temblando

Mi nombre es Paulina Monserrat Muñoz Samaniego. Tengo 56 años y me identifico como mujer mestiza. Soy divorciada y ahora soy sola. Tengo dos hijos; uno tiene 41 años y el otro tiene 33 años. Nací en Quito y mi nivel educativo es superior.

Soy de la red de organizaciones sociales Ecuador Decide, hasta hace dos meses me desempeñaba como vocera. También pertenezco a la Plataforma Nacional por los derechos de las Mujeres soy parte del equipo coordinador. Las redes a las que me pertenezco trabajamos la defensa de los derechos de las mujeres y en ese contexto los posibles impactos de los TLCs en la salud, la vida de las mujeres, soberanía alimentaria, agricultura, agua, entre otros, tomando como referencia a los países con estos tratados.

Soy defensora para apoyar la oposición a los Tratados de Libre Comercio y por los derechos de las mujeres. Hace más de ocho años a partir de la preocupación de las mujeres sobre los impactos que los tratados podrían afectar.

Desde el año 2000 trabajo como activista por los derechos de las mujeres, desde el Colectivo de Mujeres Acción Política, que forma parte de la Plataforma Nacional de las Mujeres, principalmente por sus derechos económicos.

En el 2004 me incorporé, desde mi organización, a conformar la red de organizaciones sociales Ecuador Decide, para analizar y posteriormente, en pleno ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión, oponernos a los tratados de libre comercio (TLC) que pretendiese firmar nuestro país, por advertir los impactos que tendría en la economía y otros ámbitos de la población.

El día lunes 27 octubre 2014 por la tarde, al llegar a mi domicilio me encontré́ con una nota anónima en el buzón de entrada a mi casa, que dice:

“Estimada Paulina
Mi carta tiene el carácter de anónima por obvias razones.
A usted la considero y respeto, son razones por las que me dirijo a usted para prevenirla. Está siendo vigilada, le siguen de cerca, consideran que una vez que le han hecho buenas ofertas y no ha cedido, está en una lista de insobornables.
Cuídese, le involucrarán en cosas que usted menos piensa, pretextos suficientes para condenarla o retirarla.
Sospechan de algunos, entre esos usted, de la filtración de los documentos del embajador al ministro.
Saludos”

Las ofertas que la nota hace mención posiblemente se refieren a una reunión que mantuve con el economista Patricio Ruiz, a quien le indiqué un documento de análisis del Artículo 329 del TLC que Ecuador negociaba con Europa. Al leer el documento, el economista Ruiz me invitó a participar en el gobierno para hacer análisis políticos y diseño de formas en las que se pueda minimizar el impacto del TLC que se firmaría con la Unión Europea. Yo me negué́ a aquella propuesta. Preocupada por la advertencia y el carácter de esta nota, la compartí con mis compañeros y compañeras de trabajo Marcela Benavides, Clara Merino, Pablo José́ Iturralde, Jonathan Báez, Nepalí Martínez.

A partir de aquel lunes 27 de Octubre de 2014, en mi computadora empecé́ a recibir diversas alertas sobre actividades inusuales o accesos remotos a los correos electrónicos que manejo: ecuadordecidenotlc@gmail.com.

Además, desde noviembre del 2014 de forma incomprensible, empezaron a llegar mensajes a la cuenta de Facebook que maneja Ecuador Decide provenientes de Ecuador Decide, con mensajes insultantes, lo que hace ver que nuestra página de Facebook fue intervenida por alguna persona ajena a nuestro colectivo.

Así, a raíz de aquella primera nota anónima y de las alertas en mi computadora, me empecé́ a sentir muy preocupada y comencé́ a desarrollar un cuadro de tensión que me provocó tensiones musculares y estrés.

En febrero 28 de 2015, se desarrolló un encuentro de Ecuarunari en la ciudad de Cuenca, al que asistí en calidad de ponente y analicé las consecuencias que la firma del TLC con Europa puede traer al país. Aproximadamente a los tres días del mencionado evento, recibí en el buzón de mi domicilio una nueva nota anónima que dice:

“Muy lindas tus intervenciones, de unos diez años acá́ cuanto has crecido. Debes saber nuestra admiración.
Brillante en Cuenca, en los medios y asamblea.
La opción por especializarte en género, muy buena elección. Que sirva para buenas obras, tu carisma aprovecha para servir a quien más necesita.
Aun tienes oportunidad, solo avísanos, sabes a quien dirigirte, arregla tu vida, tu economía, la de tu padre, de tu familia.
No te expongas”

Mi cuadro de tensión desarrollado días atrás se incrementó y me vi forzada a acudir a un médico por el dolor y estrés ocasionado. De igual forma, tuve la sensación permanente de sentirme invadida en mi privacidad, despojándome de un derecho humano fundamental.

A raíz de todos los incidentes expuestos, debido al alto grado de tensión y la preocupación que sufrí durante ese tiempo y que se fue agravando hasta el punto en que no podía conciliar el sueño y tenía dolor permanente en el cuello (torticolis), además del sentimiento de miedo que tenía porque me sentía vigilada, dada la recomendación de mi médico personal, decidí salir del país y aislarme de todos los compromisos que había asumido; tiempo en el cual mi cuadro de tensión disminuyó notablemente al verme librada al menos por un tiempo de estos acosos.

Salí el día 17 de marzo y planifiqué estar tres meses en México, por lo que solicité la suspensión temporal de mi servicio de internet con TV Cable y la re-conexión automática para el 16 de junio, día de mi retorno al país. Así, cuando retorné, el servicio fue reestablecido automáticamente; sin embargo, al día siguiente, 17 de junio, de forma repentina dejó de funcionar, por lo que hice el reclamo respectivo a la empresa, quienes después de instruirme vía telefónica con varias opciones, me informan que el daño requiere la visita de un técnico. Al día siguiente, el técnico acudió́ y me supo informar que el cable que sirve para la conexión de internet para mi domicilio ha sido arrancado desde el poste. La conclusión del técnico  fue que el cable fue roto deliberadamente, lo cual me causo extrañeza ya que para poder cortar el cable se requería equipos especiales para tener acceso al mismo ya que se encuentra bastante elevado.

Debido al alto grado de tensión y la preocupación que sufrí durante ese tiempo,  que se fue agravando hasta el punto en que no podía conciliar el sueño y tenía dolor permanente en el cuello.
Alrededor del 25 de junio de 2015, en horas de la mañana, me dirigí a las oficinas del CDES, ubicada en la Portete E12-79 y Abascal, en la ciudad de Quito. Luego de estacionar mi carro a media cuadra de la oficina, mientras caminaba por la vereda, un auto plomo conducido por una mujer desconocida, empezó́ a pitar de forma estruendosa y se dirigió́ a mí, gritándome muy agresiva. El ruido del pito y gritos de la mujer del auto fueron de tal magnitud que me aturdieron totalmente; de forma simultánea, por atrás mío, se me acercó corriendo un hombre desconocido, quien sin parar ni darme explicación alguna, me arrojó un ramo de flores. Ante esta situación confusa y sin poder reaccionar, casi de forma automática, lo único que puede hacer es tomar el ramo en mis manos y timbrar de inmediato a la oficina, en el mismo instante en el que la señora Katherine Chamba, compañera secretaria de la oficina, abrió́ la puerta, creyendo que se trataba de un accidente al escuchar los pitos estridentes.

Nerviosa conté lo ocurrido a mi compañera secretaria, Katherine Chamba, y al compañero Jonathan Baez de la oficina, y al poner las flores sobre la mesa, veo un sobre pequeño dirigido a mí y seguí temblando. El texto de la nota contenida en el sobre dice lo siguiente:

“TE DAMOS LA BIENVENIDA CON ALEGRÍA DE SABER LA MEJORÍA DE TU PADRE SABEMOS QUE ES COSTOSO. ESTAMOS DISPUESTOS A AYUDARTE”

Al ver esta nota, mis síntomas anteriores retornaron, después del alivio causado por mi viaje al exterior y temí otra vez por mi seguridad y mi privacidad; además, por todo este hostigamiento me he visto forzada a estar pendiente de forma permanente del buzón de entrada de mi domicilio, a fin de evitar que cualquier nota anónima caiga en manos de mi padre o madre, ya que son personas de avanzada edad que podrían ser afectadas con este acoso.

Alrededor de la primera semana de julio, mi padre, Jaime Muñoz, de 83 años, recibió́ una llamada telefónica en que preguntaban por mí, a lo que él respondió́ que no vivo en ese departamento, sino en el departamento del segundo piso de la misma casa, y que al momento no me encontraba. La persona que llamaba no se identificó con mi padre y le manifestó́ que me quieren ayudar y que yo no me dejo. Ante tal llamada, mi padre se preocupó y me llamó inmediatamente.

Finalmente el 14 de julio 2015, se da una nueva alerta de actividad sospechosa en el correo electrónico de Ecuador Decide, a esta cuenta solo tenemos acceso dos personas que siempre nos consultamos antes de ingresar para no hacerlo al mismo tiempo; más aun, en este día, el compañero Jorge León, quien es la otra persona que maneja el correo, estaba en su trabajo y no tenía acceso al correo electrónico.

Por todo lo expuesto, al ver que no se tratan de eventos aislados, sino que son sistemáticos en el tiempo y viéndome vulnerable, consideré necesario solicitar denunciar estos hechos que me han generado tensión, inseguridad constante y miedo.

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