Daniel Erbo
A más de un mes del inicio de las revueltas en Ecuador y el paro nacional que durante agosto fueron sofocados por el poder represivo del Estado, estos se suman a la larga lista de cicatrices en el progresismo latinoamericano, episodios que se ven acallados por la oficialidad y los defensores del socialismo del siglo XXI. Dándonos también claridades de cómo las entidades autónomas, representadas en la unidad y vigencia del movimiento indigenista, vuelven a tomar fuerza en las luchas comunitarias y anti-imperialistas.
La preocupación de las y los participantes del levantamiento por el momento se redujeron mediáticamente a denunciar la violencia estatal que dejó la instauración del estado de excepción el 17 de agosto en Saraguro, que terminó con un saldo de 26 detenidos. Para lo cual distintos juristas especialistas en DDHH llevan la defensa de las y los indígenas en base al “Derecho a la Resistencia” fundamentado en la Constitución de Montecristi de 2008. De la misma manera, las comunidades agrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sus principales dirigentes, intentan avanzar en las demandas que le dieron origen a los hechos.
A más de un mes del inicio de las revueltas en Ecuador y el paro nacional que durante agosto fueron sofocados por el poder represivo del Estado, estos se suman a la larga lista de cicatrices en el progresismo latinoamericano, episodios que se ven acallados por la oficialidad y los defensores del socialismo del siglo XXI. Dándonos también claridades de cómo las entidades autónomas, representadas en la unidad y vigencia del movimiento indigenista, vuelven a tomar fuerza en las luchas comunitarias y anti-imperialistas.
La preocupación de las y los participantes del levantamiento por el momento se redujeron mediáticamente a denunciar la violencia estatal que dejó la instauración del estado de excepción el 17 de agosto en Saraguro, que terminó con un saldo de 26 detenidos. Para lo cual distintos juristas especialistas en DDHH llevan la defensa de las y los indígenas en base al “Derecho a la Resistencia” fundamentado en la Constitución de Montecristi de 2008. De la misma manera, las comunidades agrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sus principales dirigentes, intentan avanzar en las demandas que le dieron origen a los hechos.
Una breve revisión de lo sucedido
El levantamiento y paro nacional se enmarca en medio de la creciente ola de protestas contra la política de enmiendas constitucionales de Rafael Correa, la firma del TLC con la Unión Europea (UE); las demandas de los movimientos sociales, indígenas y los sindicatos que firman el Decreto para la unidad del Pueblo el 11 de Agosto; y la realización de la Marcha por la vida y la dignidad que comienza el 2 de agosto en Tundayme, al sur de Ecuador en plena Selva Amazónica, y que cruzando la carretera panamericana exige el fin de los proyectos extractivistas en el territorio nacional, especialmente en las zonas de control indígena.
Cuando al 13 de agosto la marcha pasa por Quito, las protestas se agudizan tanto en las zonas urbanas como rurales, siendo cortados caminos en todo el país, detenida la producción general y abultándose la caravana y las concentraciones en las provincias. Intensificándose también la represión que, en escalada, desembocarían en la violencia suscitada el 17 de agosto, mientras el presidente Correa justifica su actuar calificando de “colaboradores de la derecha golpista” a quienes protestan contra su mandato, en referencia a lo antes sucedido en Bolivia (2008), Honduras (2009) y Venezuela (2013).
Por su parte, Antonio Vargas, ex-presidente de la CONAIE, se alinea con las voces gubernamentales argumentando, en una entrevista a El Universo, que pese a que “los dirigentes tengas buenas intenciones, detrás de ellos hay una mafia que toda la vida han estado dando golpes de Estado”, hablando del Gobierno como un amigo de los pueblos indígenas ya que con esta administración se reconoció un Estado Plurinacional (lo que no se ha concretado en realidad), los derechos colectivos internacionales, la justicia indígena y la educación bilingüe. Manteniendo la lógica de la cooptación del movimiento indígena diseñada durante la década pasada, posterior a la fuerza que toma desde su irrupción en 1997.
De la inestabilidad ecuatoriana a la subordinación de los movimientos sociales[i]
La inseguridad de Rafael Correa es fundada por la forma en que llegó al poder gracias a la gran desconfianza a la política partidista y elitista que durante el siglo XX fue motor de álgidas revueltas. Desde 1996, con el fin del gobierno de Durán Belle, hasta su elección en 2007, ningún mandato logró terminar su periodo a consecuencia de las constantes quiebras financieras y presiones desde el campo social.
Otro punto importante fue la traición del ex-coronel Lucio Gutiérrez en 2002, quien pese a incluir a los indígenas en el gobierno firma, un acuerdo con el FMI apoyándose en la agrupación de derecha Partido Social Cristiano. Y aunque Gutiérrez invierte una gran cantidad de recursos del Estado para dividir al movimiento indígena y utilizar una represión selectiva contra los que se resistieron, seis meses después de instalado su gobierno, la CONAIE retira a sus militantes del gabinete y al tiempo, junto a masivas protestas, el Congreso le destituye.
Su sucesor, Alfredo Palacios, pone a Rafael como ministro de economía, quien decide afianzar relaciones con la Venezuela de Hugo Chávez y destinar una parte de las exportaciones en gastos sociales en vez de pagar la deuda externa. De esta manera el presidente Palacios decide destituir a Correa y se dispone a firmar un TLC con Estados Unidos, en base a las presiones de Washington, el FMI y el Banco Mundial.
Como es de adivinar, el periodo de Palacios se ve interrumpido y la firma del TLC trabada, creando las condiciones propicias para el triunfo electoral de Correa, que para la segunda vuelta, y sin candidatos al parlamento, obtiene el apoyo de los partidos Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Partido Socialista e Izquierda Democrática, y por más de 200 organizaciones sociales, apostando al proyecto de integración regional ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas).
De inmediato, Correa se propone a convocar a una Asamblea Constituyente pues la vida política del país y el aparato estatal seguían en manos de los partidos de derecha, brazo político de los poderes económicos y latifundistas, quienes como mayoría en el Congreso (57 de 100) se niegan a su realización. Hecho que motiva ser desvinculados por el Tribunal Supremo Electoral con el argumento de que la legislación ordena la destitución de todo funcionario que obstruya un proceso electoral.
Y así, gracias al fuerte apoyo votante de las capas medias de las ciudades, quienes conforman un nuevo movimiento ciudadano que representa un abanico heterogéneo de intereses y se propone como principal objetivo “la reforma política” para que la democracia funcione con “la misma transparencia con la que creen que funciona el mercado” (Dávalos, 2007)[ii], lo logra plebiscitar la convocatoria a la Asamblea.
Roces y contradicciones
La elección de los 130 representantes a la Constituyente tuvo la participación de todos los intereses de la vida nacional y para 2008 culmina con la redacción de la Constitución de Montecristi, que amplia derechos sociales, sostiene una economía de consumo y reconocer la soberanía de las etnias que viven en el territorio nacional.
De esta forma las fuerzas sociales del gobierno disputan las decisiones del país bajo el alero de una democracia neoliberal mejorada y transparente. El indigenismo, las y los trabajadores y el movimiento social de las capas medias se integran a las posiciones de Correa y el progresismo latinoamericano tomando como base los logros de la Constitución, siendo cooptados dirigentes y gremios que ven en el progreso de los años venideros, el mejoramiento de las condiciones de vida y el acceso a derechos sociales mínimos, parte del Plan de Gobierno de Alianza País de 2006, como única vía de lucha para los oprimidos.
Conforme pasan los años, las disposiciones del presidente toman aires más autoritarios. Su constitución como ídolo lo pone en un pedestal que le da la potestad de decidir y guiar la vida nacional bajo sus condiciones y visiones ideológicas. Es así que cuando comienza la discusión sobre la despenalización del aborto en 2013, con el pleno apoyo de la ONU y los diputados de su partido Alianza País, Correa amenaza con dimitir de su cargo si es que es aprobado, acusando de traidores a todos quienes apoyen el proyecto de ley. Actualmente el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador prohíbe el aborto. Solamente prevé excepciones para aquellos casos que representen un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y cuando el embarazo es consecuencia de la violación de una mujer que padezca discapacidad mental.[iii]
Así, da los primeros indicios, al menos más públicos, del carácter patriarcal y desarrollista de sus políticas. Que por el lado de lo económico se vislumbra a su abierta defensa a proyectos extractivistas en los territorios, argumentando la independencia definitiva de América Latina de aprovechar sus recursos naturales en pos del mejoramiento de la vida de los pueblos.[iv]
Estas contradicciones, desarrollo de los pueblos v/s explotación de la tierra, resguardo de derechos sociales v/s conservadurismo, demuestran la mezcolanza entre políticas neoliberales, proteccionistas, nacionalistas y autoritarias que motivan el levantamiento del 2 de agosto y su pico el 13 de agosto.
El neocolonialismo progresista
Las seguridades que entregaba la Asamblea Constituyente de apoco se diluyen con el discurso progresista de Correa y quienes aún le defienden, cuando impulsa una nueva batería de leyes, de Tierras y de Recursos Hídricos, y enmiendas constitucionales, entre ellas el fin al Derecho a la Resistencia.
La Ley de Tierras responde a demandas históricas del indigenismo, la cual se erige bajo la idea de la redistribución de la tierra, la dignificación de la vida en el campo, el control de los recursos naturales y de la producción por el pequeño campesinado, enfrentado al latifundio que desde la invasión española se instauró en América. Así estas funciones serían asumidas por el Estado a través de la conformación de la Autoridad Agraria, constituyéndose en la instancia suprema para la regulación del campo, pero sujetándose al convenio 169 de la OIT.
Por su parte la CONAIE demanda que dicho proyecto sea archivado pues para ellos “debe existir una instancia autónoma, con representantes de los diversos sectores la que asuma esas responsabilidades, pese a que ésta [la Autoridad Agraria] asuma la conservación ecológica y la concentración de la tierra. Como así también para el límite de 2.000 hectáreas que podría comprar cualquier extranjero sin problemas pues aseguran que propiciaría la creación de latifundios”[v]. De la misma manera le preocupa que dentro de las capacidades de expropiación que tiene, sea con el criterio de que las tierras sean “desaprovechadas”, dando el margen de un año para que estas sean puestas a la producción del país. Y aunque las tierras dedicadas a la investigación, los territorios de comunas, comunidades y pueblos ancestrales están exentos de ser expropiados por lo firmado con la OIT, da pie para que con cualquier gobierno futuro desconozca estos derechos, como en Chile, Bolivia y Argentina, en base al monopolio del poder en este nuevo organismo dependiente del Estado, que también monopoliza el uso de la violencia a través de la policías, o sea, la capacidad de despojo.
Otra arista importante es el recién firmado TLC con la Unión Europea, que tal como plantea la investigación documental del periodista Martín Cunéo[vi], “la UE amenazó a Ecuador con cerrar la puerta a sus productos y dejarlo “aislado” si no se adhería a un tratado de libre comercio firmado antes con Perú y Colombia”. Así, de acuerdo al informe de Jørgensen (2014) el Ecuador va a liberalizar[vii] totalmente el 96,8% de sus importaciones procedentes de la Unión Europea en 10 años, lo que significa el 99,5% del promedio de las importaciones hechas por el Ecuador desde el 2005 al 2007.[viii]
El Ecuador se autoabastece de hortalizas, aun cuando las importaciones de algunas ellas han aumentado en los últimos años, como es el caso de la cebolla(proveniente de Perú) y del ajo (de China).Las hortalizas son producidas en gran medida en comunidades indígenas, campesinas, y por agricultores familiares. Un incremento en las importaciones desde la Unión Europea, con precios subsidiado, o como alimentos procesados, perjudicarán a estos sectores. O en palabras de Jorge Herrera, presidente de la CONAIE: “Esto significa una imposición para abrir el mercado y que seamos simplemente los consumidores de la producción extranjera y no salvaguarda la producción interna y la soberanía alimentaria.”
Por otro lado también se llega a acuerdo sobre el uso de agua de las empresas y personas naturales extranjeras que quieran producir en tierras ecuatorianas, y aunque la Ley de Recursos Hídricos señala en su Artículo 6 que: “Se prohíbe toda forma de privatización del agua,… y por lo mismo ésta no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional o extranjera. Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria”. Ésta establece una excepción “cuando la autoridad competente no tenga la capacidad técnica o financiera para hacerlo”, y que convenientemente fue hecha después de las negociaciones del TLC.
El resurgir de la voz anti-imperialista y anti-estatal
El fin del latifundio es, y siempre ha sido, un pilar del movimiento indígena ecuatoriano. Y pese a que las apuestas políticas del indigenismo se ha diversificado a disputar sus intereses en la legalidad dentro del poder, como lo impulsan a través del partido Pachakutik, siempre su fin tiende a lograr la mayor autonomía posible a los territorios donde se ejerce el control de las distintas etnias que le componen.
Por lo mismo es que el combate a la monopolización de la tierra y otras formas de colonialismo toma tal gravitante importancia en el desarrollo del conflicto interno de Ecuador. Una batalla que promueve la soberanía alimentaria, la relación de consumir y producir productos autóctonos, sin Organismo Genéticamente Modificados ni agrotóxicos, contra el monocultivo y el paradigma tecnocientífico, que hoy en día son alzados tanto por gobiernos fascistas como por algunos países del socialismo del siglo XXI.
Como en el resto de Latinoamérica, el control territorial y la recuperación de los saberes propios de cada espacio dan luces de cómo vivir y relacionarnos de forma sustentable. El Capitalismo a estas alturas ya es universal y ya ha hecho bastante en destruir nuestros lazos y la naturaleza de la cual somos parte dándonos la vida.
Tal como en Ecuador, el establecimiento del control comunitario se vuelve una necesidad imperativa que dependerá nuevamente de la fuerza autónoma de las comunidades, tanto indígenas como noDe la misma manera, salir a las calles para detener, la explotación trasnacional, como los mega proyectos extractivistas, y el autoritarismo estatal. Y aunque las fuerzas de derecha también lo hagan, saber y denunciar que solo las propician para apuntar a sacar logros electorales y continuar con un sistema de vida basado en el consumismo y la explotación de muchos para el lujo de unos pocos.
Notas
[i] Raúl Zibechi (2007) Ecuador: una prolongada inestabilidad. Artículo publicado en: Programa de las Américas del Internacional Relatios Centre.
[ii] Raúl Zibechi, entrevista a Pablo Dávalos, Montevideo, 12 de abril de 2007.
[iii] Ecuador debe adoptar recomendaciones de la ONU sobre aborto: https://www.hrw.org/es/news/2015/04/22/ecuador-debe-adoptar-recomendaciones-de-la-onu-sobre-aborto
[iv] Objetivo con quienes concuerda con sus países hermanos: Bolivia y Venezuela.
[v] Según un reportaje sobre la discusión de la Ley de Tierras en el Diario EL COMERCIO http://www.elcomercio.com/actualidad/ley-tierras-ejes-debate-ecuador.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
[vi] https://www.diagonalperiodico.net/global/24183-la-ue-chantajeo-ecuador-para-firmase-tlc.html
[vii] Se entiende por liberalización el proceso por el cual se pasa de una economía sujeta al control del Estado, a una economía regida por el mercado.
[viii] Dossier desarrollado por Acción Ecológica de Ecuador, con el apoyo de Entre Pueblo, el Gobierno Vasco y la Agencia Vasca para la Cooperación y el Desarrollo. http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/lo_que_ecuador_negocio_con_europa.pdf
[Tomado de http://metiendoruido.com/2015/09/ecuador-equilibrio-neoliberal-y-autoritarismo-estatal.]
El levantamiento y paro nacional se enmarca en medio de la creciente ola de protestas contra la política de enmiendas constitucionales de Rafael Correa, la firma del TLC con la Unión Europea (UE); las demandas de los movimientos sociales, indígenas y los sindicatos que firman el Decreto para la unidad del Pueblo el 11 de Agosto; y la realización de la Marcha por la vida y la dignidad que comienza el 2 de agosto en Tundayme, al sur de Ecuador en plena Selva Amazónica, y que cruzando la carretera panamericana exige el fin de los proyectos extractivistas en el territorio nacional, especialmente en las zonas de control indígena.
Cuando al 13 de agosto la marcha pasa por Quito, las protestas se agudizan tanto en las zonas urbanas como rurales, siendo cortados caminos en todo el país, detenida la producción general y abultándose la caravana y las concentraciones en las provincias. Intensificándose también la represión que, en escalada, desembocarían en la violencia suscitada el 17 de agosto, mientras el presidente Correa justifica su actuar calificando de “colaboradores de la derecha golpista” a quienes protestan contra su mandato, en referencia a lo antes sucedido en Bolivia (2008), Honduras (2009) y Venezuela (2013).
Por su parte, Antonio Vargas, ex-presidente de la CONAIE, se alinea con las voces gubernamentales argumentando, en una entrevista a El Universo, que pese a que “los dirigentes tengas buenas intenciones, detrás de ellos hay una mafia que toda la vida han estado dando golpes de Estado”, hablando del Gobierno como un amigo de los pueblos indígenas ya que con esta administración se reconoció un Estado Plurinacional (lo que no se ha concretado en realidad), los derechos colectivos internacionales, la justicia indígena y la educación bilingüe. Manteniendo la lógica de la cooptación del movimiento indígena diseñada durante la década pasada, posterior a la fuerza que toma desde su irrupción en 1997.
De la inestabilidad ecuatoriana a la subordinación de los movimientos sociales[i]
La inseguridad de Rafael Correa es fundada por la forma en que llegó al poder gracias a la gran desconfianza a la política partidista y elitista que durante el siglo XX fue motor de álgidas revueltas. Desde 1996, con el fin del gobierno de Durán Belle, hasta su elección en 2007, ningún mandato logró terminar su periodo a consecuencia de las constantes quiebras financieras y presiones desde el campo social.
Otro punto importante fue la traición del ex-coronel Lucio Gutiérrez en 2002, quien pese a incluir a los indígenas en el gobierno firma, un acuerdo con el FMI apoyándose en la agrupación de derecha Partido Social Cristiano. Y aunque Gutiérrez invierte una gran cantidad de recursos del Estado para dividir al movimiento indígena y utilizar una represión selectiva contra los que se resistieron, seis meses después de instalado su gobierno, la CONAIE retira a sus militantes del gabinete y al tiempo, junto a masivas protestas, el Congreso le destituye.
Su sucesor, Alfredo Palacios, pone a Rafael como ministro de economía, quien decide afianzar relaciones con la Venezuela de Hugo Chávez y destinar una parte de las exportaciones en gastos sociales en vez de pagar la deuda externa. De esta manera el presidente Palacios decide destituir a Correa y se dispone a firmar un TLC con Estados Unidos, en base a las presiones de Washington, el FMI y el Banco Mundial.
Como es de adivinar, el periodo de Palacios se ve interrumpido y la firma del TLC trabada, creando las condiciones propicias para el triunfo electoral de Correa, que para la segunda vuelta, y sin candidatos al parlamento, obtiene el apoyo de los partidos Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Partido Socialista e Izquierda Democrática, y por más de 200 organizaciones sociales, apostando al proyecto de integración regional ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas).
De inmediato, Correa se propone a convocar a una Asamblea Constituyente pues la vida política del país y el aparato estatal seguían en manos de los partidos de derecha, brazo político de los poderes económicos y latifundistas, quienes como mayoría en el Congreso (57 de 100) se niegan a su realización. Hecho que motiva ser desvinculados por el Tribunal Supremo Electoral con el argumento de que la legislación ordena la destitución de todo funcionario que obstruya un proceso electoral.
Y así, gracias al fuerte apoyo votante de las capas medias de las ciudades, quienes conforman un nuevo movimiento ciudadano que representa un abanico heterogéneo de intereses y se propone como principal objetivo “la reforma política” para que la democracia funcione con “la misma transparencia con la que creen que funciona el mercado” (Dávalos, 2007)[ii], lo logra plebiscitar la convocatoria a la Asamblea.
Roces y contradicciones
La elección de los 130 representantes a la Constituyente tuvo la participación de todos los intereses de la vida nacional y para 2008 culmina con la redacción de la Constitución de Montecristi, que amplia derechos sociales, sostiene una economía de consumo y reconocer la soberanía de las etnias que viven en el territorio nacional.
De esta forma las fuerzas sociales del gobierno disputan las decisiones del país bajo el alero de una democracia neoliberal mejorada y transparente. El indigenismo, las y los trabajadores y el movimiento social de las capas medias se integran a las posiciones de Correa y el progresismo latinoamericano tomando como base los logros de la Constitución, siendo cooptados dirigentes y gremios que ven en el progreso de los años venideros, el mejoramiento de las condiciones de vida y el acceso a derechos sociales mínimos, parte del Plan de Gobierno de Alianza País de 2006, como única vía de lucha para los oprimidos.
Conforme pasan los años, las disposiciones del presidente toman aires más autoritarios. Su constitución como ídolo lo pone en un pedestal que le da la potestad de decidir y guiar la vida nacional bajo sus condiciones y visiones ideológicas. Es así que cuando comienza la discusión sobre la despenalización del aborto en 2013, con el pleno apoyo de la ONU y los diputados de su partido Alianza País, Correa amenaza con dimitir de su cargo si es que es aprobado, acusando de traidores a todos quienes apoyen el proyecto de ley. Actualmente el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador prohíbe el aborto. Solamente prevé excepciones para aquellos casos que representen un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y cuando el embarazo es consecuencia de la violación de una mujer que padezca discapacidad mental.[iii]
Así, da los primeros indicios, al menos más públicos, del carácter patriarcal y desarrollista de sus políticas. Que por el lado de lo económico se vislumbra a su abierta defensa a proyectos extractivistas en los territorios, argumentando la independencia definitiva de América Latina de aprovechar sus recursos naturales en pos del mejoramiento de la vida de los pueblos.[iv]
Estas contradicciones, desarrollo de los pueblos v/s explotación de la tierra, resguardo de derechos sociales v/s conservadurismo, demuestran la mezcolanza entre políticas neoliberales, proteccionistas, nacionalistas y autoritarias que motivan el levantamiento del 2 de agosto y su pico el 13 de agosto.
El neocolonialismo progresista
Las seguridades que entregaba la Asamblea Constituyente de apoco se diluyen con el discurso progresista de Correa y quienes aún le defienden, cuando impulsa una nueva batería de leyes, de Tierras y de Recursos Hídricos, y enmiendas constitucionales, entre ellas el fin al Derecho a la Resistencia.
La Ley de Tierras responde a demandas históricas del indigenismo, la cual se erige bajo la idea de la redistribución de la tierra, la dignificación de la vida en el campo, el control de los recursos naturales y de la producción por el pequeño campesinado, enfrentado al latifundio que desde la invasión española se instauró en América. Así estas funciones serían asumidas por el Estado a través de la conformación de la Autoridad Agraria, constituyéndose en la instancia suprema para la regulación del campo, pero sujetándose al convenio 169 de la OIT.
Por su parte la CONAIE demanda que dicho proyecto sea archivado pues para ellos “debe existir una instancia autónoma, con representantes de los diversos sectores la que asuma esas responsabilidades, pese a que ésta [la Autoridad Agraria] asuma la conservación ecológica y la concentración de la tierra. Como así también para el límite de 2.000 hectáreas que podría comprar cualquier extranjero sin problemas pues aseguran que propiciaría la creación de latifundios”[v]. De la misma manera le preocupa que dentro de las capacidades de expropiación que tiene, sea con el criterio de que las tierras sean “desaprovechadas”, dando el margen de un año para que estas sean puestas a la producción del país. Y aunque las tierras dedicadas a la investigación, los territorios de comunas, comunidades y pueblos ancestrales están exentos de ser expropiados por lo firmado con la OIT, da pie para que con cualquier gobierno futuro desconozca estos derechos, como en Chile, Bolivia y Argentina, en base al monopolio del poder en este nuevo organismo dependiente del Estado, que también monopoliza el uso de la violencia a través de la policías, o sea, la capacidad de despojo.
Otra arista importante es el recién firmado TLC con la Unión Europea, que tal como plantea la investigación documental del periodista Martín Cunéo[vi], “la UE amenazó a Ecuador con cerrar la puerta a sus productos y dejarlo “aislado” si no se adhería a un tratado de libre comercio firmado antes con Perú y Colombia”. Así, de acuerdo al informe de Jørgensen (2014) el Ecuador va a liberalizar[vii] totalmente el 96,8% de sus importaciones procedentes de la Unión Europea en 10 años, lo que significa el 99,5% del promedio de las importaciones hechas por el Ecuador desde el 2005 al 2007.[viii]
El Ecuador se autoabastece de hortalizas, aun cuando las importaciones de algunas ellas han aumentado en los últimos años, como es el caso de la cebolla(proveniente de Perú) y del ajo (de China).Las hortalizas son producidas en gran medida en comunidades indígenas, campesinas, y por agricultores familiares. Un incremento en las importaciones desde la Unión Europea, con precios subsidiado, o como alimentos procesados, perjudicarán a estos sectores. O en palabras de Jorge Herrera, presidente de la CONAIE: “Esto significa una imposición para abrir el mercado y que seamos simplemente los consumidores de la producción extranjera y no salvaguarda la producción interna y la soberanía alimentaria.”
Por otro lado también se llega a acuerdo sobre el uso de agua de las empresas y personas naturales extranjeras que quieran producir en tierras ecuatorianas, y aunque la Ley de Recursos Hídricos señala en su Artículo 6 que: “Se prohíbe toda forma de privatización del agua,… y por lo mismo ésta no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional o extranjera. Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria”. Ésta establece una excepción “cuando la autoridad competente no tenga la capacidad técnica o financiera para hacerlo”, y que convenientemente fue hecha después de las negociaciones del TLC.
El resurgir de la voz anti-imperialista y anti-estatal
El fin del latifundio es, y siempre ha sido, un pilar del movimiento indígena ecuatoriano. Y pese a que las apuestas políticas del indigenismo se ha diversificado a disputar sus intereses en la legalidad dentro del poder, como lo impulsan a través del partido Pachakutik, siempre su fin tiende a lograr la mayor autonomía posible a los territorios donde se ejerce el control de las distintas etnias que le componen.
Por lo mismo es que el combate a la monopolización de la tierra y otras formas de colonialismo toma tal gravitante importancia en el desarrollo del conflicto interno de Ecuador. Una batalla que promueve la soberanía alimentaria, la relación de consumir y producir productos autóctonos, sin Organismo Genéticamente Modificados ni agrotóxicos, contra el monocultivo y el paradigma tecnocientífico, que hoy en día son alzados tanto por gobiernos fascistas como por algunos países del socialismo del siglo XXI.
Como en el resto de Latinoamérica, el control territorial y la recuperación de los saberes propios de cada espacio dan luces de cómo vivir y relacionarnos de forma sustentable. El Capitalismo a estas alturas ya es universal y ya ha hecho bastante en destruir nuestros lazos y la naturaleza de la cual somos parte dándonos la vida.
Tal como en Ecuador, el establecimiento del control comunitario se vuelve una necesidad imperativa que dependerá nuevamente de la fuerza autónoma de las comunidades, tanto indígenas como noDe la misma manera, salir a las calles para detener, la explotación trasnacional, como los mega proyectos extractivistas, y el autoritarismo estatal. Y aunque las fuerzas de derecha también lo hagan, saber y denunciar que solo las propician para apuntar a sacar logros electorales y continuar con un sistema de vida basado en el consumismo y la explotación de muchos para el lujo de unos pocos.
Notas
[i] Raúl Zibechi (2007) Ecuador: una prolongada inestabilidad. Artículo publicado en: Programa de las Américas del Internacional Relatios Centre.
[ii] Raúl Zibechi, entrevista a Pablo Dávalos, Montevideo, 12 de abril de 2007.
[iii] Ecuador debe adoptar recomendaciones de la ONU sobre aborto: https://www.hrw.org/es/news/2015/04/22/ecuador-debe-adoptar-recomendaciones-de-la-onu-sobre-aborto
[iv] Objetivo con quienes concuerda con sus países hermanos: Bolivia y Venezuela.
[v] Según un reportaje sobre la discusión de la Ley de Tierras en el Diario EL COMERCIO http://www.elcomercio.com/actualidad/ley-tierras-ejes-debate-ecuador.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
[vi] https://www.diagonalperiodico.net/global/24183-la-ue-chantajeo-ecuador-para-firmase-tlc.html
[vii] Se entiende por liberalización el proceso por el cual se pasa de una economía sujeta al control del Estado, a una economía regida por el mercado.
[viii] Dossier desarrollado por Acción Ecológica de Ecuador, con el apoyo de Entre Pueblo, el Gobierno Vasco y la Agencia Vasca para la Cooperación y el Desarrollo. http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/lo_que_ecuador_negocio_con_europa.pdf
[Tomado de http://metiendoruido.com/2015/09/ecuador-equilibrio-neoliberal-y-autoritarismo-estatal.]
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