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viernes, 14 de agosto de 2015

Opinión sobre crisis en Ecuador: Defensa del anarquismo


Danny Gassman

El actual estado de cosas en el Ecuador suscita un cuestionamiento radical del poder político, en sus diversas presentaciones ideológicas. El asistencialismo estatal y el pasado sirven como coartada para hacer las cosas que antes no permitimos que se hicieran: endeudar al país sin límites, firmar tratados de libre comercio, reelegirse indefinidamente.

En apariencia, quienes adscribieron a la izquierda y permanecen todavía dentro del gobierno pretenden levantar un orden revolucionario frente al orden del capitalismo, pero dado el estado actual de cosas, y tras las lecciones que nos dejó el socialismo real, resulta ridículo y ofensivo, y, siguiendo a Roberto Arlt, es preferible hablar de la “destrucción del orden social”, antes que de la transformación del mismo. Aunque en apariencia estuviera defendiendo una posición nihilista, a lo que me refiero es a mantenerse en estado de alerta, de perpetua lucha.

Por lo tanto, creer en la publicidad de un gobierno que se autodenomina revolucionario es como creer en la promesa de los revolucionarios. Bajar los brazos y dejarse engullir por sus apetitos. Hay que recordar que para el gobierno, o para el poder, no existe ley que deba respetarse. Lo que existe es la fuerza. Recordemos que el gobierno prácticamente disolvió el llamado congreso de los manteles, saltándose cualquier legitimidad. Recordemos lo que ha hecho con sus críticos – independiente de que tengamos simpatía por ellos – los ha perseguido o encarcelado, o anulado políticamente. Sus excesos parecían sostenerse en la promesa demagógica del buen vivir, de las buenas carreteras, de la educación de la excelencia, etc., etc.. Pero es fácil prometer y cumplir con las cuestiones materiales si se tiene una buena chequera en el bolsillo. Creo que el gobierno compró la voluntad del pueblo durante estos años, excluyéndolo por la fuerza de la experiencia política. Su ley de comunicación, su consejo de participación ciudadana, sus múltiples ministerios son un entramado burocrático ajeno a la política, pero no al poder: son un aparato de servilismo y opresión. Incluso su mayoría en la asamblea es lo mismo: funcionarios que cumplen órdenes. No son legisladores, en el sentido que daba Rousseau a la palabra, encargados de interpretar la voluntad general.

Oprimidos por una burocracia abusiva, abrumados por la publicidad engañosa, tuvimos que escuchar una y otra vez la mitología sobre que “El pasado no volverá”, “El pasado nunca más”, “Son los mismos de la partidocracia”. Cualquier mito se erige sobre un fundamento verdadero, es decir, algo de razón tenía el gobierno en acusar a los actores del pasado de nuestras desgracias. Comenzando por Febres Cordero, que persiguió y asesinó a los integrantes de un grupo armado, y siguiendo con Mahuad, en cuyo gobierno vivimos la peor de nuestras crisis republicanas: asalto bancario, migración masiva. El gobierno buscaba legitimarse por medio de la lógica del enemigo mortal: el pasado, la partidocracia, los pelucones. Pero como resultaba evidente desde un inicio, pese a las canciones revolucionarias, sin embargo de los himnos patrióticos, no obstante las comisiones de la verdad, el mismo gobierno usaba a los hombres del pasado, se apoyaba en las mañoserías de la partidocracia, contaba entre sus financistas y amigos a varios pelucones. Por lo tanto, no tenía objeto usar un discurso polarizado, que sólo servía para engañar a los bobos. Basta presentarse a cualquier concurso público, basta acudir a cualquier ministerio: sin influencias, sin dinero, los ciudadanos de a pie no valemos nada.

Es cierto, existe una política de asistencialismo –hospitales, escuelas, carreteras- pero si atendemos a los orígenes del cesarismo correísta, si advertimos la forma que ha asumido con el tiempo, sabemos con toda certeza que esos hospitales, etc. están allí no por un principio de responsabilidad política, ni de conquista social. Están allí para comprar votos. Eso es el asistencialismo.

Entiendo que muchos ciudadanos bienintencionados miran el asistencialismo con buenos ojos, así como se alimentan de la mitología sobre el pasado, sobre todo porque ese pasado, encarnado por el banquero Lasso, amenaza con retornar. Y puestos en la encrucijada de perder esas dádivas del gobierno, y ante la posibilidad de un Lasso presidenciable, prefieren dejar las cosas como están. Yo mismo me he dicho a veces, es el mal menor, el Estado es el mal menor, como decía Hobbes. Pero la reelección indefinida, la inminente firma de un tratado con Europa, y la abultada deuda externa que el Estado sigue contrayendo para sostener su asistencialismo no son ya el mal menor, sino lo contrario: tiranía, entreguismo a potencias extranjeras, ruina económica.

Sé que ahora mismo no hay una opción de poder real, una vía partidista, un movimiento social poderoso, pero queda el desafío de conciencia frente a un estado de cosas cada vez más insostenible. Y ese desafío de conciencia contra el Estado y su correlato capitalista implica una negación de todo. Un rechazo del orden social, de las ambiciones políticas de los interesados en que se acabe el correísmo, de los movimientos sociales anquilosados en sus pequeños discursos, de los sindicatos esmirriados. Es decir, enfrentarse con el Estado implica enfrentarse contra todo, pero no para que algo cambie y todo siga igual, sino para que quienes nos han gobernado por casi una década pierdan el poder, aunque lo tomen otros después. Que pierdan el poder porque el poder les está haciendo creer que son invencibles, imbatibles, y no lo son. Porque se escudan en sus creencias y en sus promesas, y así justifican sus crímenes. Porque finalmente, es preferible luchar contra muchas mafias débiles y no sólo contra una mafia fuerte. Porque eso son nuestros políticos, y nuestros banqueros y capitalistas. Mafiosos. Delincuentes de cuello blanco.

Leo en El Telégrafo que se van a retirar los impuestos a la salida de divisas. Que me perdonen los economistas, pero lo que leo en el diario estatal –y que aparece también en una pequeña nota en El Comercio– significa dar luz verde para que el país se convierta en una especie de paraíso financiero, en el que no se va a controlar la plata que entra, y lo que es más grave, la que sale. ¿A quién beneficia semejante ley? Ya lo decía el poeta Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.



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Ser gobernado es...

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