Provea
En los pasados días un video, difundido a través de redes sociales, mostraba las imágenes de varios funcionarios policiales disparando contra una persona que había sido aprehendida en circunstancias poco claras. Algunas versiones señalaban que correspondía a los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) realizados en el centro del país, sin embargo, aún se desconoce el contexto en el cual se realizó esta actuación policial.
En un reciente comunicado, la gobernación del estado Aragua reconoció que el video mostraba imágenes de un hecho ocurrido en su jurisdicción: “El gobierno bolivariano de Aragua, en nombre de todo el pueblo aragüeño, condena de manera categórica, los hechos ocurridos el pasado 05 de agosto de 2015, en el sector San Vicente del municipio Girardot del estado bolivariano de Aragua, como consecuencia de una repudiable y desviada práctica policial, realizada por oficiales del cuerpo de policía del estado bolivariano de Aragua”.
En los pasados días un video, difundido a través de redes sociales, mostraba las imágenes de varios funcionarios policiales disparando contra una persona que había sido aprehendida en circunstancias poco claras. Algunas versiones señalaban que correspondía a los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) realizados en el centro del país, sin embargo, aún se desconoce el contexto en el cual se realizó esta actuación policial.
En un reciente comunicado, la gobernación del estado Aragua reconoció que el video mostraba imágenes de un hecho ocurrido en su jurisdicción: “El gobierno bolivariano de Aragua, en nombre de todo el pueblo aragüeño, condena de manera categórica, los hechos ocurridos el pasado 05 de agosto de 2015, en el sector San Vicente del municipio Girardot del estado bolivariano de Aragua, como consecuencia de una repudiable y desviada práctica policial, realizada por oficiales del cuerpo de policía del estado bolivariano de Aragua”.
En su comunicado el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, informó que se había instruido la detención de los funcionarios policiales comprometidos con, lo que calificó como “aborrecible y desviada practica policial”, así como la notificación inmediata al Ministerio Público, para que se inicie la correspondiente investigación penal. Asimismo “se ha ordenado a la dirección general del cuerpo de policía del estado bolivariano de Aragua, la apertura de un procedimiento disciplinario de destitución, a los oficiales que participaron en el hecho”. En opinión de Provea este procedimiento sancionatorio debe incluir a toda la cadena de mando de la policía aragüeña.
Como se recordará, las primeras informaciones sobre el operativo realizado afirmaban que los presuntos delincuentes habían perdido la vida en un “enfrentamiento”, cuando habrían intentado ingresar a una empresa metalúrgica establecida en la zona, con la intención de cometer un robo, pero los agentes de la Policía de Aragua los habrían sorprendido en flagrancia. Según los datos oficiales en esa oportunidad las víctimas mortales quedaron identificadas como Omar Efrén Ramírez Ibarra de 25 años, quien estaba solicitado por homicidio calificado, Douglas Ernesto Bolívar Reyes 24 años, Leonardo Mejías de 21 años y Nicolás Manuel Delgado Silva, de 35 años, quien poseía una cédula falsa. En el parte policial no se indicaba sobre funcionarios policiales heridos o muertos en el desarrollo del operativo.
Los hechos de San Vicente confirman la preocupación de Provea sobre la existencia de violaciones a derechos humanos en los actuales operativos policiales, entre los cuales se encuentran también en el llamado “Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP). Asimismo, revela el fracaso de los esfuerzos para construir el llamado “nuevo modelo policial”. Fue en Aragua donde se destinaron más recursos presupuestarios para la reforma policial y para la formación de los funcionarias y funcionarios.
En su Informe Anual 2014 Provea registró un total de 189 ejecuciones policiales cometidas por organismos de ambito nacional y regional, lo que indica que esta figura tiende a institucionalizarse como una practica recurrente entre las fuerzas policiales del país. La policía de Aragua estuvo involucrada en 11 casos de violaciones del derecho a la vida ocurridas en 2014. Todo parece indicar que si no se toman los correctivos necesarios, 2015 cerrará con una cifra superior de ejecuciones y violaciones al derecho a la vida que las registradas el año anterior.
Provea insiste en su llamado a las autoridades para que se diseñe una política de seguridad ciudadana que no criminalice a los sectores populares ni nacionalidades como potencialmente delictivas, y que incluya la reforma del sistema de justicia y del sistema penitenciario.
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