Remo Cornejo
El Decreto 755, que declara el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, a propósito de la alerta amarilla del Volcán Cotopaxi, otorga poderes al gobierno para movilizar militares y policías, manejar dinero a su arbitrio y controlar la información relacionada con el evento natural, pero, esencialmente, con esta declaratoria se suspenden los derechos y garantías constitucionales de todos los ecuatorianos/as.
Así entonces, el riesgo que provoca el Cotopaxi le cae como anillo al dedo al correísmo para intervenir comunicaciones, domicilios, medios de comunicación y para reprimir la lucha popular que se encuentra en auge. Esto es una muestra más de la naturaleza autoritaria y violatoria a los derechos humanos.
El Decreto 755, que declara el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, a propósito de la alerta amarilla del Volcán Cotopaxi, otorga poderes al gobierno para movilizar militares y policías, manejar dinero a su arbitrio y controlar la información relacionada con el evento natural, pero, esencialmente, con esta declaratoria se suspenden los derechos y garantías constitucionales de todos los ecuatorianos/as.
Así entonces, el riesgo que provoca el Cotopaxi le cae como anillo al dedo al correísmo para intervenir comunicaciones, domicilios, medios de comunicación y para reprimir la lucha popular que se encuentra en auge. Esto es una muestra más de la naturaleza autoritaria y violatoria a los derechos humanos.
Lo cierto es que las aspiraciones de cambio social de los pueblos plasmadas, en cierta parte, en las ofertas electorales de 2006 y refrendadas luego en la Asamblea Constituyente, se quedaron en “cantos de sirena”.
Una de las esencias de Montecristi, el Buen Vivir, quedó en letra muerta. Han transcurrido más de 8 años y el costo de vida sigue su ascenso a las nubes. No hay sueldo obrero que cubra la canasta familiar básica, que bordea los USD 700. No hay reactivación del aparato productivo y el desempleo está a la orden del día.
Las trilladas escuelas del milenio son escasas, como inexistentes son los hospitales de cuarto nivel en nuestro país.
La Academia del “conocimiento” se quedó como vitrina del despilfarro y las componendas, mientras las acostumbradas universidades públicas se baten entre chantajes y amenazas para su acreditación y la asignación presupuestaria.
La meritocracia fue una ingenuidad vendida a los honestos, que sí somos más, y al mismo tiempo una sapada, bien arreglada, para los aduladores del oficialismo, que sí son menos. Todas las instituciones gubernamentales están copadas por adláteres del correísmo.
Con sólo estas muestras la expectativa de la mayoría de la población pasó pronto al estado de decepción y de ahí, muy pronto también, pasó al estado de indignación y protesta, que tras un importante proceso de reanimación social al fin desde el 8 de junio se transformó en luchas constantes de resistencia popular.
Las acciones gallardas de lucha de los trabajadores y los pueblos del Ecuador, que tiene su pico alto en la Marcha indígena y popular que partió de Zamora Chinchipe el 2 de agosto, en el Levantamiento Indígena que estalló el 10 de agosto y en el Paro del Pueblo del 13 de agosto, son respuestas a la política antipopular y prepotente del correísmo.
El Paro del Pueblo congregó a más de cien mil manifestantes en las calles de Quito y a más de 400 mil personas en el resto del país, en campo y ciudades. Las carreteras de primer orden fueron cerradas por los luchadores sociales durante varias horas.
El correísmo intensificó la represión como en el pasado, durante y después del Paro. Se atacó a la periodista y catedrática Manuela Picq y a los dirigentes indígenas Salvador Quizhpe y Carlos Pérez. La resistencia popular, como respuesta a ello, se radicalizó en varias provincias de la sierra y del oriente. Hoy suman más de un centenar los detenidos y heridos en todo el país. Se ve venir la Primera Huelga General.
Los sectores sociales organizados, así como los partidos y movimientos de izquierda, continúan su lucha para echar abajo el paquete de enmiendas constitucionales; por el 40% del aporte del Estado para las pensiones jubilares; por la vigencia de los derechos y conquistas laborales; por el libre ingreso de los jóvenes a las universidades; por la aprobación de una Ley de Tierras y Aguas que observe los derechos de los indígenas y campesinos; por la recuperación del fondo de cesantía del magisterio y para que se acaben los impuestos desmesurados que afectan a la mayoría de la población.
Nuevas formas de protesta se han hecho evidente, principalmente desde las nacionalidades orientales, nuevos escenarios de organización unitaria y de resistencia están presentes y a la espera de un mayor concurso popular.
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