Carmen García Guadilla
Este título me vino al leer un artículo del que fue Presidente de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) durante los primeros años del gobierno de Chávez. En ese texto señala la “criminal decisión del gobierno venezolano de repartir cupos a los aspirantes muy pobres, como si la miseria fuera una credencial académica, que preparara para el desempeño universitario”. Esta preocupación tiene que ver con el nuevo sistema de ingreso a las universidades que otorga solamente un 50% al “índice académico,” repartiendo el otro 50% entre “indicador socioeconómico” (30%), “territorialización” (15%) y “participación en procesos de ingreso anteriores y actividades extracurriculares” (5%).
Este título me vino al leer un artículo del que fue Presidente de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) durante los primeros años del gobierno de Chávez. En ese texto señala la “criminal decisión del gobierno venezolano de repartir cupos a los aspirantes muy pobres, como si la miseria fuera una credencial académica, que preparara para el desempeño universitario”. Esta preocupación tiene que ver con el nuevo sistema de ingreso a las universidades que otorga solamente un 50% al “índice académico,” repartiendo el otro 50% entre “indicador socioeconómico” (30%), “territorialización” (15%) y “participación en procesos de ingreso anteriores y actividades extracurriculares” (5%).
Otro hecho que me hizo pensar en este título fue unos twitter de alguien que se identifica como el fundador del movimiento por la excelencia académica del chavismo en una universidad pública, donde expresa: “el ingreso a la universidad es política de Estado, prioridad a los excluidos” al ser increpado responde: “políticas educativas de este Gobierno han garantizado el acceso a las grandes mayorías como derecho, no como mérito. Entiende?” a lo que alguien respondió “Con todo respeto, no entiendo”.
En efecto, no se entiende esta decisión del gobierno por varias razones, entre ellas y, para mí, la principal, el Gobierno con esta decisión está confesando que sus políticas públicas de calidad en los niveles anteriores a la superior han fracasado. Pues han pasado 16 años y ha habido suficiente tiempo para preparar a los que llaman “excluidos” (¿debería haberlos después de 16 años de revolución?) y haberlos preparado de la mejor manera para que ahora pudieran entrar en cualquier carrera universitaria por mérito propio y no como un regalo. Una excelente preparación en primaria y media, junto con un sistema igual o parecido al que el propio gobierno propuso en los primeros años de su mandato (véase Ingreso estudiantil a las universidades), se hubiera podido convertir en una verdadera revolución, quizás un modelo para muchos países.
¿De qué ha servido la expansión de una educación superior que sólo muestra la cantidad pero no calidad? ¿No hubiera sido una propuesta más honesta con los pobres haberles dado una educación primaria y secundaria de muy alta calidad pagando bien a los maestros y profesores y contratando a los mejores de otros países si hubiera sido necesario? Sin embargo, elevar la calidad de los maestros y profesores, no ha sido prioridad, siendo que es el recurso fundamental para elevar la calidad del aprendizaje. Pero sí se ha gastado un montón en repartir “canaimitas”, computadoras pequeñas, que nadie sabe como arreglarlas cuando se dañan.
El tema de la equidad en el ingreso se comenzó a plantear en América Latina a mediados de los ochenta, cuando la región alcanzaba altos porcentajes de matrícula de educación superior. Las respuestas que surgieron para enfrentar los desequilibrios que produjo el paso de lo que se llamaba modelo de acceso de élites al modelo de acceso de masas fueron de dos tipos: a) continuación de la co-extensión entre la educación secundaria y la superior, a través de la ampliación y creación de nuevas instituciones: b) implantación de mecanismos de selección, cuando no era posible seguir ampliando la infraestructura ni contratar nuevos profesores por límites en el financiamiento.
A comienzos de los noventa Cuba organizó en la Habana la primera reunión regional sobre ese tema. Pocos países de la región tenían programas de selección, bien a nivel nacional y/o institucional. La discusión se daba en términos de los efectos de una selección explícita que derivaba de estos programas; y los efectos de una selección implícita, que derivaban de los que tenían ingreso irrestricto. En ambos casos, los grupos sociales menos favorecidos salían perdiendo. Lo obvio que se debía hacer era: mejorar los niveles de educación primaria y media, de manera que todos los grupos sociales estuvieran en las mismas condiciones a la hora de acceder a la educación superior. En este sentido, Cuba era el país mejor posicionado pues para ellos la calidad estaba garantizada en los programas educativos anteriores a la universidad. De hecho, los cubanos implantaron examen de selección para escoger los mejores talentos en las carreras y los programas más complejos. También decidieron dejar acceso abierto para la educación superior más general, pero se dieron cuenta que dar educación sin resultados era un gasto que debían sopesar en un contexto de bajos recursos financieros.
Lo que quedó claro en la reunión de La Habana es la fuerza de la articulación vertical que se produce entre la educación superior y los otros niveles, articulación de la que no puede zafarse; y en definitiva donde se forman las exclusiones (de manera explícita en el caso de la selección, y de manera oculta en el caso del ingreso irrestricto) era justamente en los niveles anteriores de esa articulación. En este sentido, las clases bajas sufren procesos de exclusión y de autodeserción cuando: no pueden seguir estudiando por motivos económicos, o cuando no asisten a instituciones de buena calidad en los niveles anteriores a la universidad. El asistir a instituciones de baja calidad, con aprendizajes identificados con procesos de “acumulación de carencias” y, por lo tanto, con capital escolar escaso, hace perder autoestima, se produce autodeserción, y se desarrolla poca capacidad para obtener provecho del conocimiento de mayor nivel.
En Venezuela, de acuerdo con datos que el gobierno envía a Unesco, superamos lo que se conocía como “acceso de masas” y hemos entrado en lo que se conoce como “universalización” de la educación superior, es decir, tasas de matrícula mayores a 80%. Ahora bien, paradójicamente en este país, el modelo de universalización del nivel superior coexiste con baja calidad de la educación en los niveles básico y medio. O sea, que Venezuela no ha logrado que la articulación entre universidad y niveles anteriores logre superar los desequilibrios en cuanto a la equidad y, por tanto, lo quieren lograr a través de medidas impositivas.
Todo esto para decir que las políticas públicas de educación en Venezuela no parecen haber sido pensadas para que la población avance en un conocimiento que los haga libres y soberanos. Todo lo contrario, pareciera que las decisiones de política pública en educación han estado pensadas con el único propósito de masificar una ideología que conviene al proyecto de largo plazo que tienen los líderes de esta revolución.
Unos han interpretado la nueva política de ingreso como el “Dakazo” académico, dakazo en el sentido del regalo de electrodomésticos que el gobierno repartió para ganar las elecciones presidenciales del 2013. Otros lo interpretan, y esto es más preocupante, como un caballo de Troya, pues con esa nueva política de ingreso en manos del gobierno, estarían entrando cuadros vinculados con su ideología, de manera de poder soterrar las bases de las instituciones autónomas, una vez estén dentro, cosa que no han podido hacer hasta ahora por ningún medio, pues Venezuela está entre los pocos países del mundo donde la autonomía universitaria está protegida por la Constitución.
Resulta lamentable que Venezuela, habiendo gastado bastante recursos en educación (de acuerdo a los datos de financiamiento que se envían a la Unesco) no haya logrado instituciones de alta calidad en los niveles de primaria y media. Con instituciones de calidad en estos niveles la población de cualquier grupo social hubiera podido acceder con legitimidad y orgullo personal, en las mismas condiciones a las universidades donde la selección es requisito indispensable. Los más talentosos hubieran podido acceder con la preparación y con la pasión por el conocimiento que ameritan las carreras y posgrados más complejos. No como una dádiva sino como una recompensa a los que se esforzaron y tienen los méritos, cualquiera fuera su ideología. Esto también vale para las universidades que todavía tienen cupos especiales para los hijos de su personal. La autoestima y el orgullo de lo logrado por sí mismo fortalece la dignidad. No se puede hablar de dignidad de un pueblo si el Gobierno no cuenta con ciudadanos dignos, y la dignidad se forma con el esfuerzo propio y no con regalos que estimulan facilísimo y sometimiento. Venezuela necesita gente digna, preparada, crítica, solidaria, respetuosa de todas las formas de pensamiento. Solo así Venezuela podrá aspirar a un desarrollo productivo, con equidad y con libertad.
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