María Esperanza Hermida
El gobierno conducido por el Presidente Maduro no abona en el camino de reivindicar a los trabajadores y trabajadoras, rescatar de la informalidad a millones de personas y reducir eficazmente la pobreza.
Las cifras del Informe de Provea 2014 indican que los pocos aspectos positivos de la gestión gubernamental en materia laboral, son disueltos por efecto del retroceso general de la calidad de vida en el país, especialmente de la población asalariada.
Durante 2014 creció ligeramente la población económicamente activa y la tasa de ocupación, al tiempo que se mantuvo la política de decretar -por vía del Ejecutivo Nacional y para todo el territorio de la República- la inamovilidad laboral. Nuevamente pudo constatarse que el gobierno decretó varios incrementos al salario mínimo nacional.
El gobierno conducido por el Presidente Maduro no abona en el camino de reivindicar a los trabajadores y trabajadoras, rescatar de la informalidad a millones de personas y reducir eficazmente la pobreza.
Las cifras del Informe de Provea 2014 indican que los pocos aspectos positivos de la gestión gubernamental en materia laboral, son disueltos por efecto del retroceso general de la calidad de vida en el país, especialmente de la población asalariada.
Durante 2014 creció ligeramente la población económicamente activa y la tasa de ocupación, al tiempo que se mantuvo la política de decretar -por vía del Ejecutivo Nacional y para todo el territorio de la República- la inamovilidad laboral. Nuevamente pudo constatarse que el gobierno decretó varios incrementos al salario mínimo nacional.
No obstante, denuncias reiteradas de sindicalistas de todas las tendencias, incluyendo las que se identifican con el oficialismo, dan cuenta de un país cuyos trabajadores y trabajadoras reclamaron constantemente aumentos de salario y en especial, quienes devengan remuneraciones ligeramente superiores al mínimo nacional, pues quedan al margen de la aplicación de los decretos de incremento que dicta el Presidente Maduro. Este segmento de la población laboral está principalmente empleada por el Estado.
Otra situación constatada por Provea en 2014, fue la incapacidad del salario, sea el mínimo o el promedio, para adquirir la canasta alimentaría normativa. Ello significa que para comprar los productos indispensables para la supervivencia alimentaria de una familia de 3 personas durante un mes, se requirieron más de 3 salarios mínimos.
Según los datos del BCV, la caída del poder adquisitivo del salario el año pasado, debe su origen a la alta inflación, particularmente en el rubro alimentario donde se situó en el orden del 102%.
Esta drástica pérdida del poder adquisitivo del salario impacta en la capacidad para acceder a otros bienes y servicios esenciales para la vida humana, como salud y vivienda. Provea reportó retrocesos preocupantes en estos aspectos, lo que aunado al señalado deterioro de la remuneración al empleo, configura un cuadro de precariedad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Ello afecta, sin lugar a dudas, a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
El salario debe poseer la cualidad de la suficiencia para garantizar el acceso a los bienes y servicios requeridos para vivir dignamente. Esa concepción del salario está plasmada en la Constitución y por tanto, es un deber del Estado y su gobierno garantizar su materialización. No hacerlo o permitir que se incumpla equivale a desconocer un derecho. En este caso hablamos de un derecho humano debido a las implicaciones socioeconómicas del salario.
En materia de calidad en el empleo, si bien Provea señala que hubo un aumento en la tasa de ocupación, también revela los mecanismos usados por la institucionalidad del Estado para reportar este repunte. Tales artificios convierten los datos oficiales en una información poco confiable. Por ejemplo, en el caso de la tasa de ocupación del INE, el organismo considera como válido el desempeño de cualquier actividad y en cualquier condición. Es decir, si una persona trabaja 10 horas manejando una moto taxi en un mes, es considerada ocupada. Igual sucede con quien vende productos en la economía informal.
Estos empleos no poseen calidad, ni cumplen con los estándares internacionales de la OIT, organismo del cual Venezuela es parte y cuyos convenios en materia de salario y empleo (No. 95 y No. 122), suscribió de manera voluntaria en 1982.
Por todo eso, es una ilusión óptica toda afirmación oficial referida a un salario mínimo en Venezuela, como “el mejor de Latinoamérica en 2014″. Igual sucede con los dichos gubernamentales sobre el aumento de la ocupación.
La gravedad de la situación, advertimos responsablemente desde Provea, exige correctivos estructurales e inmediatos en materia de políticas económicas, no cifras edulcoradas.
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