Prensa Provea
Francisco Guerrero Lárez desapareció el 7 de septiembre de 2009, y presuntamente fue asesinado, descuartizado y enterrado dentro de las instalaciones de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), donde cumplía pena de 13 años de prisión acusado de robo agravado en grado de autoría.
Desde entonces, sus familiares acompañados del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) , han realizado las diligencias legales y denuncias ante la GNB, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y los juzgados de primera instancia del Circuito Judicial Penal del estado Guárico sin lograr respuestas.
Ante la inacción y la falta de cooperación del Estado venezolano para esclarecer los hechos, su esposa Mariolyn Hernández y su padre Francisco Guerrero Sánchez, junto al OVP, acudieron a las instancias universales de justicia, particularmente al Comité contra la Tortura [CAT] de las Naciones Unidas el 6 de septiembre de 2010, donde nuevamente el Estado no cooperó ni tramitó observaciones sobre el hecho.
Cuatro años y ocho meses después de la queja ante el CAT, esta instancia internacional reconoce la responsabilidad del Estado venezolano en el caso Guerrero y se le señala por la violación de los artículos 1, 2, 11, 12 y 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles Inhumanos y Degradantes.
Humberto Prado, director del OVP, explicó que “Venezuela es parte de la Convención contra la Tortura desde 1985 y desde ese momento todos los países partes se obligan con lo que tienen que ver con las decisiones del Comité contra la Tortura. En esta materia, es primera vez en la historia de nuestro país que la instancia universal toma una decisión y responsabiliza al Estado venezolano de la desaparición forzada de Francisco Dionel Guerrero Lárez”.
La decisión de la CAT obliga al Estado venezolano a “iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Guerrero Lárez en la PGV; procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas; y conceda una indemnización y rehabilitación de conformidad con la Convención a Guerrero Lárez en caso de estar vivo y a los autores”. De igual forma, se insta al Estado venezolano a que informe en un plazo de 90 días las medidas adoptadas de conformidad con la decisión.
Desaparición de Guerrero ocurrió en un contexto de hacinamiento y violencia carcelaria
Prado alertó que la desaparición Guerrero ocurrió por el Estado haber cedido el resguardo y la seguridad de los centros de reclusión y aclaró que se trata de la primera vez que responsabilizan al Estado venezolano en materia carcelaria y en la instancia universal por desaparición forzada, “pero esto no quiere decir que este es el único caso. Creo que son muchos los venezolanos que se encuentran enterrados en las cárceles de Venezuela en vista de que el Estado perdió el control en cuanto al tema de saber si el preso está o no dentro de la cárcel”.
Denunció que en muchos establecimientos carcelarios no se realiza el conteo diario y, en el caso de la PGV, este centro –dijo- “no está en manos del Estado. Está en mano de grupos armados que son los que controlan, son los que deciden y no hay por parte del Estado venezolano (MP, DdP, MPPAP) una decisión para que esto no siga pasando. El estado no puede dejar en manos de grupos criminales la vida de una población reclusa”.
“Por ejemplo, Tocorón tiene más de ocho mil presos en una estructura construida para 750 personas. La PGV fue construida para 450 personas. Hoy la PGV y el Internado Judicial de San Juan de los Morros conforman una sola cárcel y tienen más de seis mil presos”, indicó.
Relato de los familiares
Mariolyn Hernández, esposa de Guerrero, relató que su esposo era trabajador informal en el mercado de La Hoyada y fue detenido en 2005 por robar un reloj. Inicialmente estuvo recluido en el retén La Planta y luego pasó a Tocorón. Tras cumplir tres años y siete meses de condena, solicitó traslado a la PGV debido a que en ese penal aparentemente había menos retraso procesal y menos hacinamiento. Cinco meses después desapareció. La última vez que su esposa lo vio fue el 2 de septiembre de 2009, durante la visita de familiares a los reclusos. “El 6 de septiembre no fui a la visita porque era el cumpleaños de mi hijo y el 7 de septiembre recibimos una llamada anónima diciendo que lo habían desaparecido por no pagar la causa. Su papá siempre le mandaba dinero para pagar o si no le enviaba tarjetas telefónicas. Pero ese día como fue difícil y no pudimos ir, él les dijo que no tenía dinero y lo mataron”. De acuerdo a Hernández, la primera versión no oficial que dieron los directivos de la PGV y GNB fue que Guerrero se había fugado. Sus compañeros informarían luego -y de forma anónima- que a él lo habían descuartizado y matado por no pagar la “causa”.
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2015/06/11/comite-contra-la-tortura-el-estado-es-responsable-de-tortura-y-desaparicion-forzada-de-francisco-guerrero/.]
Francisco Guerrero Lárez desapareció el 7 de septiembre de 2009, y presuntamente fue asesinado, descuartizado y enterrado dentro de las instalaciones de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), donde cumplía pena de 13 años de prisión acusado de robo agravado en grado de autoría.
Desde entonces, sus familiares acompañados del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) , han realizado las diligencias legales y denuncias ante la GNB, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y los juzgados de primera instancia del Circuito Judicial Penal del estado Guárico sin lograr respuestas.
Ante la inacción y la falta de cooperación del Estado venezolano para esclarecer los hechos, su esposa Mariolyn Hernández y su padre Francisco Guerrero Sánchez, junto al OVP, acudieron a las instancias universales de justicia, particularmente al Comité contra la Tortura [CAT] de las Naciones Unidas el 6 de septiembre de 2010, donde nuevamente el Estado no cooperó ni tramitó observaciones sobre el hecho.
Cuatro años y ocho meses después de la queja ante el CAT, esta instancia internacional reconoce la responsabilidad del Estado venezolano en el caso Guerrero y se le señala por la violación de los artículos 1, 2, 11, 12 y 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles Inhumanos y Degradantes.
Humberto Prado, director del OVP, explicó que “Venezuela es parte de la Convención contra la Tortura desde 1985 y desde ese momento todos los países partes se obligan con lo que tienen que ver con las decisiones del Comité contra la Tortura. En esta materia, es primera vez en la historia de nuestro país que la instancia universal toma una decisión y responsabiliza al Estado venezolano de la desaparición forzada de Francisco Dionel Guerrero Lárez”.
La decisión de la CAT obliga al Estado venezolano a “iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Guerrero Lárez en la PGV; procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas; y conceda una indemnización y rehabilitación de conformidad con la Convención a Guerrero Lárez en caso de estar vivo y a los autores”. De igual forma, se insta al Estado venezolano a que informe en un plazo de 90 días las medidas adoptadas de conformidad con la decisión.
Desaparición de Guerrero ocurrió en un contexto de hacinamiento y violencia carcelaria
Prado alertó que la desaparición Guerrero ocurrió por el Estado haber cedido el resguardo y la seguridad de los centros de reclusión y aclaró que se trata de la primera vez que responsabilizan al Estado venezolano en materia carcelaria y en la instancia universal por desaparición forzada, “pero esto no quiere decir que este es el único caso. Creo que son muchos los venezolanos que se encuentran enterrados en las cárceles de Venezuela en vista de que el Estado perdió el control en cuanto al tema de saber si el preso está o no dentro de la cárcel”.
Denunció que en muchos establecimientos carcelarios no se realiza el conteo diario y, en el caso de la PGV, este centro –dijo- “no está en manos del Estado. Está en mano de grupos armados que son los que controlan, son los que deciden y no hay por parte del Estado venezolano (MP, DdP, MPPAP) una decisión para que esto no siga pasando. El estado no puede dejar en manos de grupos criminales la vida de una población reclusa”.
“Por ejemplo, Tocorón tiene más de ocho mil presos en una estructura construida para 750 personas. La PGV fue construida para 450 personas. Hoy la PGV y el Internado Judicial de San Juan de los Morros conforman una sola cárcel y tienen más de seis mil presos”, indicó.
Relato de los familiares
Mariolyn Hernández, esposa de Guerrero, relató que su esposo era trabajador informal en el mercado de La Hoyada y fue detenido en 2005 por robar un reloj. Inicialmente estuvo recluido en el retén La Planta y luego pasó a Tocorón. Tras cumplir tres años y siete meses de condena, solicitó traslado a la PGV debido a que en ese penal aparentemente había menos retraso procesal y menos hacinamiento. Cinco meses después desapareció. La última vez que su esposa lo vio fue el 2 de septiembre de 2009, durante la visita de familiares a los reclusos. “El 6 de septiembre no fui a la visita porque era el cumpleaños de mi hijo y el 7 de septiembre recibimos una llamada anónima diciendo que lo habían desaparecido por no pagar la causa. Su papá siempre le mandaba dinero para pagar o si no le enviaba tarjetas telefónicas. Pero ese día como fue difícil y no pudimos ir, él les dijo que no tenía dinero y lo mataron”. De acuerdo a Hernández, la primera versión no oficial que dieron los directivos de la PGV y GNB fue que Guerrero se había fugado. Sus compañeros informarían luego -y de forma anónima- que a él lo habían descuartizado y matado por no pagar la “causa”.
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2015/06/11/comite-contra-la-tortura-el-estado-es-responsable-de-tortura-y-desaparicion-forzada-de-francisco-guerrero/.]
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