Cuando el garante deja de serlo: el caso en empresa estatal Petrocasa

Hector Lucena

Los intereses de los trabajadores dependientes y sus empleadores no son los mismos, pero sí es incuestionable reconocer que esos intereses, lo de unos y los del otro están conectados. Los trabajadores aspiran más ingresos y mejores condiciones de trabajo, y los empleadores más rentabilidad o más rendimientos para el alcance de sus objetivos. La convivencia es un hecho, no es discutible si se convive o no en una determinada organización que pertenece a unos propietarios que cuentan con un equipo directivo, y en la que labora un contingente de personas. Igual corresponde en las entidades públicas donde el mandato de dirigirlas las tienen unas personas que desempeñan el mismo papel de empleadores. Total, hay una convivencia en los ámbitos productivos.

Todo lo anterior lo destacamos porque se reconoce que la armonía no está presente permanentemente, ya que existen estos intereses divergentes. Un papel central de la gerencia y de las organizaciones de los trabajadores es entenderse y para ello de la evolución de las relaciones de trabajo han surgido instituciones y mecanismos, que han sido probados históricamente por más de un siglo en los países desarrollados, y por menos tiempo en aquellos como nosotros cuya modernización la empezamos más tarde. Recordemos que empresas organizadas y sindicatos reconociéndose es un fenómeno en nuestro país de los últimos setenta años, en los casos más antiguos, y que lamentablemente aún hay centros productivos en donde a esta fecha no se han logrado estos reconocimientos. No es sólo y siempre la reticencia empresarial sino otros factores que implican también al Estado.



¿Quién es el garante de que las instituciones laborales para la convivencia de empleadores y trabajadores funcionen debidamente? Los garantes son diversos órganos del Estado, donde destaca la Administración del Trabajo. De aquí la importancia y la necesidad de la profesionalización de estos órganos así como su funcionamiento atendiendo a criterios institucionales y legales. Sin embargo las experiencias de la intervención de estos órganos viene levantando serias reservas sobre la actuación de la administración del trabajo y de otros órganos del Estado.

Hay múltiples casos que evidencian las reservas expuestas sobre el papel del Estado a la hora de intervenir en los asuntos laborales, ya que en algunos casos se parcializa a favor de la empresa o a favor de los trabajadores, tomando posición por encima de la naturaleza de su papel de garante e ignorando las mismas disposiciones legales que este mismo régimen ha aprobado cómodamente por su manejo hegemónico de los poderes legislativos y aún más por las potestades dadas al Ejecutivo para que legisle. Se agrega que las autoridades militares y policiales intervienen atendiendo órdenes superiores que dejan en algunos casos en entredicho a las propias instituciones del mundo del trabajo.

Un caso divulgado de parcialización de entes estatales a favor de la empresa es el caso de la estatal Petrocasa, en Guacara, estado Carabobo. Empresa dedicada a la fabricación de casas, fundada en el 2007. Los trabajadores a pocos meses de su funcionamiento crearon, siguiendo directrices del patrono, un Consejo de Trabajadores, una figura extraña en las relaciones laborales venezolanas. Recordemos que este instrumento recién es que se menciona en el Decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras -2012-, para lo cual se señala que se elaborará reglamento al respecto. Pero este consejo creado en Petrocasa no satisfizo las aspiraciones de representación y de defensa de los trabajadores, por lo que crearon un sindicato, institución legal y legítima de representación. Es a partir del ejercicio de este derecho elemental, que se inició un calvario para este colectivo de trabajadores.

Inicialmente la solicitud de esta nueva organización sindical no fue admitida por la Inspectoría del Trabajo, luego la gestión y diligencia continuada y perseverante de los trabajadores logró su legalización, sin embargo a partir de entonces se iniciaron persecuciones, despidos trabajadores, de delegados de prevención, suspensión -llevan tres años- y calificaciones a los dirigentes, agresiones. Los trabajadores han gestionado reenganches ante la Inspectoría del Trabajo que la empresa ha ignorado, van nueve órdenes de reenganche ignoradas por la empresa y no hay institución que la haya obligado. La empresa es dirigida con criterios militaristas para quienes ignorar la representación de los trabajadores ha sido una constante.

Finalmente ante tantos obstáculos, los trabajadores deciden hacer una protesta pacífica en las puertas de la empresa, y al poco tiempo fue reprimida salvajemente por la Guardia Nacional Bolivariana.

Está visto que las gestiones ante las diversas instancias para que se reconozca la organización que los trabajadores, que se reenganchen los despedidos y que se negocie un convenio colectivo, no han dado resultados concretos a pesar de haber acudido ante:

- Las instancias locales y nacionales de la Administración del Trabajo;
- La Asamblea Nacional, que si bien acordó una visita de parlamentarios y se apersonaron en la empresa, pero no fueron recibidos;
- La Defensoría del Pueblo.
- Órganos de la Administración de Justicia

Es entonces que a los trabajadores no les quedó opción que llevar su caso ante la OIT. Al Estado dejar de ejercer su papel de garante es cuando a los afectados les toca que fortalecer su propia ciudadanía y autonomía, para perseverar en el análisis, las estrategias y la lucha para ganar su reconocimiento y hacer valer sus derechos.