Perú: Tia María, intentando hacer un recuento del conflicto

Por José De Echave C.

A estas alturas, la vorágine de acontecimientos en torno al conflicto Tía María, provoca que se pierda la perspectiva, no se tomen en cuenta los antecedentes, lo que está en juego, los cuellos de botella que persisten, pero al mismo tiempo los temas de fondo y hasta las oportunidades que todo conflicto trae consigo y que es necesario identificar. 

A continuación intentaremos subrayar algunos aspectos que no deben pasar inadvertidos para entender la situación actual: 

Una primera etapa que marcó

El caso Tía María tiene claramente una primera etapa que se remonta al período 2009-2011. ¿Qué pasó entonces? El 2009 el proyecto minero ya era totalmente visible en la zona y la población expresó su rechazo. Desde un inicio el tema del agua apareció como uno de los aspectos centrales del conflicto y en ese contexto la empresa rechazó la posibilidad de desalinizar agua de mar e insistió en utilizar agua de la cuenca: el argumento central era que el proceso de desalinización encarecía el proyecto y le restaba viabilidad. Cabe señalar que entonces el precio del cobre se encontraba en alza y alcanzando picos máximos históricos.

El 28 de octubre de 2009, se realizó una consulta popular en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Deán Valdivia en la que más del 90% de los votantes se pronunciaron en contra de la minería en la zona y del uso del agua subterránea y superficial. Estaba claro que el proyecto era rechazado por la población.



En medio de la protesta, la polarización del conflicto y el cuestionamiento al proyecto, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas de entonces decidieron que la Oficina  de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) revise el  Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Southern. El resultado fue demoledor para los intereses de la empresa: la UNOPS presentó 138 observaciones centrales que daban cuenta que el EIA había omitido información sobre componentes básicos, habían datos y desarrollo insuficientes o conceptualmente erróneos.

En otras palabras, el informe de la UNOPS destrozó el EIA presentado por Southern y confirmó las preocupaciones de la población. Al Ministerio de Energía y Minas no le quedó otra alternativa que declarar inadmisible y rechazar el Estudio de Impacto Ambiental (Resolución Directoral 105-2011-MEM-AAM, de fecha 8 de abril de 2011).

Algunos resultados de esta primera etapa: confianzas dañadas entre los principales actores  (población, empresa y Estado); instrumentos como el EIA sin ninguna credibilidad y una imagen de una empresa que buscaba maximizar la rentabilidad del proyecto a costa de alternativas más responsables.

Un segundo intento que no tomó en cuenta los antecedentes

Dos años después la empresa volvió a la carga bajo el supuesto que la presentación de un nuevo EIA superaría todos los problemas de la primera etapa. En efecto, el EIA planteaba cambios importantes, como la propuesta de desalinizar agua de mar, sin embargo, las confianzas dañadas en la primera etapa se mantenían, así como la percepción negativa hacia el proyecto: el  rechazo de la población era firme y evidenciaba que el proyecto no contaba con lo que las propias empresas denominan como licencia social para operar.

Además, los agricultores de Islay ven a Tía María como el inicio de un proceso de reconversión de la provincia en una nueva zona de expansión minera: bajo este supuesto, después de Tía María otros emprendimientos mineros continuarían a cargo de las empresas que ya cuentan con derechos mineros vigentes en la zona.   

En estas condiciones y sin tomar en cuenta los antecedentes, el Ministerio de Energía y Minas decidió realizar la audiencia pública en el distrito de Cocachacra en una fecha próxima a las fiestas de fin del año 2013 (19 de diciembre) y de esa manera limitar la capacidad de respuesta de la población. Lo cierto es que la audiencia requirió la movilización de cerca de dos mil policías; la presentación del EIA duró apenas 35 minutos y los dirigentes del frente de defensa y de la junta de regantes fueron impedidos de ingresar.

Culminada la audiencia y en medio de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que no pudieron ingresar a la audiencia, el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró: “el proyecto Tía María ya cuenta con licencia social”. Finalmente, el 1 de agosto de 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros emitió la Resolución Directoral 392-2014-MEM/DGAAM aprobando el EIA de Tía María.

En esta segunda etapa la empresa ha intentado mostrar a la opinión pública que sí contaba con el respaldo de la población, sin embargo, los hechos han seguido mostrando lo contrario. Para los que tenían alguna duda sobre cuán importante era la oposición al proyecto, dos meses después de la aprobación del EIA se realizaron elecciones municipales que arrojaron resultados contundentes: la población eligió como alcalde provincial de Islay y alcaldes distritales de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, a connotados líderes de los sectores de oposición al proyecto minero[2].

Las dificultades de un diálogo sobre la base de hechos consumados

En medio del conflicto se ha intentado instalar mesas de diálogo. El gobierno ha pretendido replicar sus ya conocidas -y poco efectivas- mesas de desarrollo, tratando de contrarrestar los cuestionamientos a Tía María con ofrecimientos de proyectos de inversión. Sin embargo, hasta el momento no ha habido mayores avances y en función de lo que está en juego parece difícil pensar que esta estrategia de resultados.   

Quizás uno de los principales problemas de estos intentos de diálogo es que han sido planteados sobre la base de hechos consumados. El hecho que el EIA ya esté aprobado y con la casi totalidad de vistos buenos y autorizaciones, es en realidad un mensaje claro que para el gobierno el proyecto va sí o sí y que no hay vuelta atrás.

Bajo estas condiciones será difícil que cualquier intento de diálogo prospere. Frente al hecho consumado del EIA aprobado, los dirigentes y autoridades de Islay también expresan una posición irreductible: el proyecto no va y pretenden que el gobierno dé marcha atrás. Un diálogo e intercambio sobre si el nuevo EIA levantó o no las observaciones del organismo de Naciones Unidas si bien es necesario, parece difícil pensar que sea la vía para superar el conflicto.   

Lo cierto es que la falta de una lectura adecuada de la situación que se vive en Islay, los antecedentes del conflicto, intervenciones a destiempo, decisiones cuestionadas -como la de llevar adelante audiencias públicas sin condiciones mínimas, restringiendo la participación y bajo estricto control policial-, entre otros errores cometidos, ha llevado a la actual situación de entrampamiento de la que está siendo difícil salir.

Lo que está en juego y las perspectivas

La sensación que deja este nuevo caso de conflicto minero, es que seguimos sin sacar las lecciones de una larga lista de casos similares que han ocurrido en las dos últimas  décadas y se pretende seguir actuando como si fuese la primera vez que algo así ocurre: desde Tambogrande, pasando por los casos del Cerro Quilish, Río Blanco, Espinar, Santa Ana y varios otros conflictos, se actúa como si en el país no hubiese una vasta experiencia previa.

Tía María era quizás uno de los conflictos más previsibles de todos los casos que han ocurrido en el Perú, precisamente por los antecedentes descritos y pese a ello se han empleado las mismas estrategias y se utilizan los mismos discursos, aunque con adjetivos cada vez más duros y descalificadores. Se necesitan mayores esfuerzos de todos lados.

Por el lado de las empresas, debería haber mayor consecuencia entre lo que dicen sus códigos de conducta y sus políticas de responsabilidad social y lo que finalmente hacen. Algunos textos del Consejo Internacional de Minería y Metales[3] (2) y en los propios eventos de este organismo, se admite que hoy en día el negocio minero necesita construir por lo menos cuatro viabilidades principales: la viabilidad técnico productiva, la financiera,  la ambiental y, finalmente la social. Si una de esas viabilidades falla el proyecto está en riesgo; pero además cuando la viabilidad social pretende ser sometida a los tiempos de maduración de las otras viabilidades del negocio minero, se provocan situaciones de tensión y conflicto que pueden terminar por paralizar los proyectos mineros de manera indefinida. Algo de esto ha pasado en el caso de Tía María.

Del lado del Estado peruano (no es el problema de un solo gobierno) se emplean básicamente las mismas estrategias pese a algunos cambios superficiales que se han implementado en los últimos años, como el de las mesas de desarrollo y una anunciada estrategia preventiva que en el caso de Tía María está claro que ha brillado por su ausencia. Además, se sigue actuando frente a los conflictos con una lógica de compartimientos estancos y de competencia entre los propios sectores: ¿se puede entender que dos instituciones del Estado peruano, como la Defensoría del Pueblo y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, tengan diagnósticos y enfoques distintos y que por ejemplo emitan informes sobre los conflictos que difieren en cuanto a cifras y análisis? Se sigue sin entender que los conflictos sociales son luces rojas que se prenden cada cierto tiempo y que nos están diciendo que desde hace tiempo algo no funciona bien.

Se necesita a gritos hacer ajustes: instrumentos fundamentales, como los EIA y sus procedimientos carecen de credibilidad, más aún cuando los recientes cambios normativos han seguido debilitándolos: no hay que olvidar que el nuevo EIA de Tía María ha sido aprobado bajo la nueva normativa que entró en vigencia en los dos últimos años y que ha reducido plazos, mantiene la misma precariedad institucional y ha debilitado los instrumentos de evaluación, fiscalización y sanción ambiental. Esta tendencia no favorece el rol de garante de derechos que cualquier Estado debe tener y lo aleja aún más de las poblaciones.

En este punto, los organismos no gubernamentales pueden aportar, ya no solo en el diagnóstico, sino también en la revisión de los cambios normativos y en las posibles propuestas de políticas públicas que el país necesita urgentemente. Hay también una suerte de vacío en el debate técnico acerca de los instrumentos de gestión ambiental que un país como el Perú requiere. 

Del lado de la población se deben hacer todos los esfuerzos posibles para que el derecho de movilización y de protesta se ejerza priorizando vías pacíficas, institucionales y de diálogo. Las mejores experiencias de conflictos similares así lo demuestran. Lamentablemente, al momento de escribir este editorial, se había confirmado la muerte del suboficial de la policía, Alberto Vásquez Durand, que se encontraba gravemente herido luego de los enfrentamientos de la semana pasada en Islay. Ya son seis las personas fallecidas en lo que va del conflicto por el proyecto Tía María. 

Los esfuerzos de mediación que viene haciendo la Defensoría del Pueblo deben ser respaldados por todos. Esperamos que este tipo de iniciativas prosperen, como parte de una estrategia mayor e integral, que permita sacar al conflicto de la actual situación de entrampamiento y de violencia: que la calma retorne al Valle del Tambo y que los derechos de todos sean tomados en cuenta en la solución final.



[1] Este artículo fue publicado en la revista Hildebrandt en sus Trece en su edición del 8 de mayo de 2015.
[2]Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay; José Miguel Ramos, alcalde de Punta de Bombón; Helar Valencia, alcalde de Cocachacra y Jaime de la Cruz, alcalde de Dean Valdivia.
[3]ICMM por sus siglas en inglés. Entidad con sede en Londres que agrupa a los principales consorcios gremios de empresas mineras a nivel mundial. La Sociedad Nacional de Minería forma parte del ICMM.