El Presidente Nicolás Maduro viene aplicando progresivamente un paquete económico y represivo que, por sus efectos en la calidad de vida de los más pobres y en el deterioro de las garantías para los derechos humanos en el país, se asemeja mucho a los paquetes aplicados en el pasado por los gobiernos neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Estas medidas han estado dirigidas a imponer mayores cargas sobre la calidad de vida de las y los trabajadores y a consolidar la construcción de un estado policial y militar. En nada apuntan a solucionar de forma estructural la crisis económica, política y social del país.
En lo económico, el paquete antipopular del gobierno se refleja en las constantes devaluaciones de la moneda, el aumento en las tarifas de servicios públicos como transporte y electricidad, el anunciado aumento de la gasolina, la oficialización de aumentos de más de 100% en alimentos como carne y pollo, el mantenimiento de un impuesto regresivo como el IVA, los despidos masivos y el desconocimiento de las contrataciones colectivas, entre otros. Tenemos la inflación más alta de los últimos 17 años. En 2014 la inflación en Venezuela se ubicó en 68,5% y en el caso de los alimentos en 102%. El aumento de 15% para el salario mínimo de 5.634,47 bolívares aprobado en enero de este año es insuficiente para cubrir los costos de la canasta alimentaria que según el INE se ubicó en 6.382,62 Bs. para el mes de noviembre de 2014.
Esta situación ha generado una abrupta caída de los ingresos de las y los trabajadores que incidió en el aumento de la pobreza registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sólo entre 2012 y 2013 la pobreza en el país aumentó 6,7% al pasar de 25,4% a 32,1%, en un escenario de altos precios petroleros y a pesar de existir 35 misiones sociales. En 2013 la caída del ingreso debido a las constantes devaluaciones y a los altos índices de inflación contribuyó en 35% a la pobreza total en el país, según informó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la dinámica de reducción de la desigualdad en Venezuela, registrada mediante el índice GINI, indica que entre 2008 y 2013 se registra una tendencia a más concentración del ingreso total del país por parte del sector más rico de la población. Estamos retrocediendo aceleradamente en materia de lucha contra la pobreza.
Por otro lado, el paquete represivo se expresa en la progresiva militarización del país y en la construcción del Estado policial para reprimir la creciente conflictividad social. El Gobierno Nacional alista los instrumentos de represión para contener las demandas sociales y afianza la doctrina de seguridad nacional, basada en la teoría del enemigo interno. En apenas 2 años el Presidente Maduro ha creado y promovido el empleo de distintas figuras represivas para restringir la posibilidad de ejercer derechos. Las Brigadas Especiales contra Grupos Generadores de Violencia (BEGV), la Fuerza Choque de la FANB, las Milicias Comunales y Obreras, el Comando Popular Antigolpe y el Sistema Popular de Protección para la Paz que institucionaliza la figura del patriota cooperante, se suman a todo el andamiaje legal construido para criminalizar el derecho a la manifestación pacífica y la huelga y constituyen preocupantes amenazas para las libertades democráticas y los derechos humanos en nuestro país.
En sólo cuatro meses de 2014, la gestión del Presidente Nicolás Maduro registró la cifra más alta de personas detenidas en manifestaciones de los últimos 25 años de protestas en Venezuela. Desde 2013, cinco de los conflictos laborales más importantes que se han realizado han tenido como respuesta la militarización y la detención de trabajadores, como es el caso de los tres trabajadores de Sidor detenidos actualmente en la sede del Sebin de San Félix en el estado Bolívar y sometidos a un proceso penal. Toda esta situación, se registra en un contexto de ausencia de independencia de poderes y debilitamiento del estado de derecho en la que el Ministerio Público, los Tribunales del país y el Ministerio del Trabajo se han convertido en los principales instrumentos de criminalización de la protesta social y la vulneración de derechos laborales.
Ante este panorama, quienes suscribimos el presente comunicado hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, comunitarias, activistas y luchadores sociales, a promover esfuerzos unitarios para defender los derechos establecidos en nuestra Constitución frente a los preocupantes retrocesos y las constantes amenazas promovidas por el gobierno nacional. Es necesario defender las conquistas sociales plasmadas en nuestra Carta Magna ya que son la expresión más genuina de las luchas y sacrificios de nuestro pueblo por alcanzar mejores condiciones de vida.
Por ello exigimos:
- Respeto y garantías para el ejercicio de los derechos constitucionales a la manifestación pacífica y a la huelga. Derogatoria de la Resolución 008610 que permite el uso de armas de fuego por parte de funcionarios militares en el control de manifestaciones públicas y desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana y control del orden público.
- Cese a la criminalización de la protesta social, a la judicialización de las luchas sociales y a la persecución de luchadores y sindicalistas. Libertad plena para todas las personas privadas de libertad y sometidas a juicio por ejercer derechos constitucionales.
- Aumento general de sueldos y salarios superior al costo de la canasta alimentaria y eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- No al aumento de la gasolina.
- Respeto y garantías para el ejercicio de la libertad sindical y respeto al derecho a la contratación colectiva en el sector público y privado.
- Apertura de un genuino proceso de diálogo democrático con la participación de todos los sectores sociales, políticos y económicos del país, cuya agenda sea la superación de la grave crisis económica, política y social con respeto a los derechos humanos y a las conquistas establecidas en la Carta Magna.
- Respeto y acatamiento de las observaciones y recomendaciones emanadas de los órganos legítimos de protección de los derechos humanos.
Suscriben:
Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV)
Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (APUC)
Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS)
Laboratorio de Paz
Corriente Clasista, Revolucionaria y Autónoma (CCURA)
Movimiento de Educadores Simón Rodríguez
Fundación Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Civilis Derechos Humanos
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2015/04/28/declaracion-conjunta-1-de-mayo-contra-el-paquete-economico-y-represivo-unidad-y-lucha-por-los-derechos-sociales-y-laborales/.]
En lo económico, el paquete antipopular del gobierno se refleja en las constantes devaluaciones de la moneda, el aumento en las tarifas de servicios públicos como transporte y electricidad, el anunciado aumento de la gasolina, la oficialización de aumentos de más de 100% en alimentos como carne y pollo, el mantenimiento de un impuesto regresivo como el IVA, los despidos masivos y el desconocimiento de las contrataciones colectivas, entre otros. Tenemos la inflación más alta de los últimos 17 años. En 2014 la inflación en Venezuela se ubicó en 68,5% y en el caso de los alimentos en 102%. El aumento de 15% para el salario mínimo de 5.634,47 bolívares aprobado en enero de este año es insuficiente para cubrir los costos de la canasta alimentaria que según el INE se ubicó en 6.382,62 Bs. para el mes de noviembre de 2014.
Esta situación ha generado una abrupta caída de los ingresos de las y los trabajadores que incidió en el aumento de la pobreza registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sólo entre 2012 y 2013 la pobreza en el país aumentó 6,7% al pasar de 25,4% a 32,1%, en un escenario de altos precios petroleros y a pesar de existir 35 misiones sociales. En 2013 la caída del ingreso debido a las constantes devaluaciones y a los altos índices de inflación contribuyó en 35% a la pobreza total en el país, según informó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la dinámica de reducción de la desigualdad en Venezuela, registrada mediante el índice GINI, indica que entre 2008 y 2013 se registra una tendencia a más concentración del ingreso total del país por parte del sector más rico de la población. Estamos retrocediendo aceleradamente en materia de lucha contra la pobreza.
Por otro lado, el paquete represivo se expresa en la progresiva militarización del país y en la construcción del Estado policial para reprimir la creciente conflictividad social. El Gobierno Nacional alista los instrumentos de represión para contener las demandas sociales y afianza la doctrina de seguridad nacional, basada en la teoría del enemigo interno. En apenas 2 años el Presidente Maduro ha creado y promovido el empleo de distintas figuras represivas para restringir la posibilidad de ejercer derechos. Las Brigadas Especiales contra Grupos Generadores de Violencia (BEGV), la Fuerza Choque de la FANB, las Milicias Comunales y Obreras, el Comando Popular Antigolpe y el Sistema Popular de Protección para la Paz que institucionaliza la figura del patriota cooperante, se suman a todo el andamiaje legal construido para criminalizar el derecho a la manifestación pacífica y la huelga y constituyen preocupantes amenazas para las libertades democráticas y los derechos humanos en nuestro país.
En sólo cuatro meses de 2014, la gestión del Presidente Nicolás Maduro registró la cifra más alta de personas detenidas en manifestaciones de los últimos 25 años de protestas en Venezuela. Desde 2013, cinco de los conflictos laborales más importantes que se han realizado han tenido como respuesta la militarización y la detención de trabajadores, como es el caso de los tres trabajadores de Sidor detenidos actualmente en la sede del Sebin de San Félix en el estado Bolívar y sometidos a un proceso penal. Toda esta situación, se registra en un contexto de ausencia de independencia de poderes y debilitamiento del estado de derecho en la que el Ministerio Público, los Tribunales del país y el Ministerio del Trabajo se han convertido en los principales instrumentos de criminalización de la protesta social y la vulneración de derechos laborales.
Ante este panorama, quienes suscribimos el presente comunicado hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, comunitarias, activistas y luchadores sociales, a promover esfuerzos unitarios para defender los derechos establecidos en nuestra Constitución frente a los preocupantes retrocesos y las constantes amenazas promovidas por el gobierno nacional. Es necesario defender las conquistas sociales plasmadas en nuestra Carta Magna ya que son la expresión más genuina de las luchas y sacrificios de nuestro pueblo por alcanzar mejores condiciones de vida.
Por ello exigimos:
- Respeto y garantías para el ejercicio de los derechos constitucionales a la manifestación pacífica y a la huelga. Derogatoria de la Resolución 008610 que permite el uso de armas de fuego por parte de funcionarios militares en el control de manifestaciones públicas y desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana y control del orden público.
- Cese a la criminalización de la protesta social, a la judicialización de las luchas sociales y a la persecución de luchadores y sindicalistas. Libertad plena para todas las personas privadas de libertad y sometidas a juicio por ejercer derechos constitucionales.
- Aumento general de sueldos y salarios superior al costo de la canasta alimentaria y eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- No al aumento de la gasolina.
- Respeto y garantías para el ejercicio de la libertad sindical y respeto al derecho a la contratación colectiva en el sector público y privado.
- Apertura de un genuino proceso de diálogo democrático con la participación de todos los sectores sociales, políticos y económicos del país, cuya agenda sea la superación de la grave crisis económica, política y social con respeto a los derechos humanos y a las conquistas establecidas en la Carta Magna.
- Respeto y acatamiento de las observaciones y recomendaciones emanadas de los órganos legítimos de protección de los derechos humanos.
Suscriben:
Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV)
Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (APUC)
Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS)
Laboratorio de Paz
Corriente Clasista, Revolucionaria y Autónoma (CCURA)
Movimiento de Educadores Simón Rodríguez
Fundación Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Civilis Derechos Humanos
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2015/04/28/declaracion-conjunta-1-de-mayo-contra-el-paquete-economico-y-represivo-unidad-y-lucha-por-los-derechos-sociales-y-laborales/.]
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