Defendiendo la biodiversidad: resistencia a megaproyectos en América Latina

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Lucrecia S. Wagner*

INTRODUCCIÓN

Las actuales políticas de desarrollo económico aplicadas en América Latina y el Caribe privilegian el equilibrio de las variables macroeconómicas por sobre de las políticas ambientales y de conservación de los recursos naturales (Gligo, 2001: 163). Esta tensión no es menor, dado que tanto en la variable protección de  la  biodiversidad del  planeta, como en la de mantener los ecosistemas que son fundamentales para mitigar el cambio climático, este espacio biogeográfico ha adquirido una importancia gravitante; pero, a su vez, estos países dependen de la explotación de sus recursos naturales para su desarrollo y crecimiento económico, por lo que la ecuación “no intervención industrial de los ecosistemas y crecimiento y desarrollo económico”, es un tema de difícil resolución (Estenssoro Saavedra, 2010).

Los megaproyectos a los que haremos referencia se insertan en el ansiado modelo de desarrollo para Latinoamérica. Entre sus consecuencias se destaca la afectación directa “a gran escala” del ecosistema en el que se instalan. Por ejemplo, la megaminería suele localizarse en nacientes y/o reservorios de agua, y comparte con otros megaemprendimientos la característica de ocupar grandes extensiones de territorio que constituyen hábitats de diversas especies animales y vegetales, e incluso de población humana, pudiendo ocasionar desplazamientos de población local.

Realizando un recorrido por las diversas luchas emblemáticas contra estos megaproyectos extractivos en América Latina, se observa la repetida alusión a la protección de ciertos ambientes como parte de la defensa de las formas de vida locales, ya que en la mayoría de los casos estos ecosistemas guardan una relación directa con las estrategias de supervivencia de las comunidades que en ellos habitan u obtienen los bienes naturales necesarios para la vida.

RESISTENCIAS BIODIVERSAS 

Las luchas y resistencias emblemáticas llevadas adelante en ciertos países de América Latina en las últimas décadas en contra de megaproyectos extractivos tienen intrínseca relación con la protección de la biodiversidad. Una de las más destacadas es la que se ha llevado adelante en Colombia rechazando la megaminería en zonas de páramos, siendo el ejemplo más trascendente el caso del páramo de Santurbán, amenazado por una explotación de oro a cielo abierto. Los páramos son considerados estratégicos tanto por su biodiversidad como por la variada provisión de bienes y servicios ambientales, en especial la regulación hídrica -retienen agua y la liberan paulatinamente hacia cuencas  hidrográficas-. Otro de los proyectos que ha generado un fuerte rechazo social es La Colosa, de la empresa Anglo Gold Ashanti en el municipio de Cajamarca, Tolima, que planea extraer una mayor cantidad de oro que en Santurbán en un área que actualmente es reserva forestal nacional (Molina Roa, 2011).

El valor como zona de reserva y regulación hídrica que se les otorga a los páramos en países tropicales es similar al que tienen los glaciares en países del sur latinoamericano. En Argentina, en el año 2008 se sancionó una ley para protegerlos, como resultado de una importante coalición de fuerzas sociales y políticas -movimientos socioambientales, intelectuales, partidos políticos, organizaciones sociales de diversa índole- y fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner. Ante este hecho, que se vinculó al interés por desarrollar minería a gran escala, como el proyecto binacional argentino-chileno Pascua Lama, de Barrick Gold, se lanzó una campaña social y política para reimpulsar la ley, que fue finalmente sancionada en el año 2010. Esta ley establece la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y para la protección de la biodiversidad, entre otras funciones[1].

Paradójicamente, el proyecto minero metalífero Pascua Lama, junto al de Veladero –de oro, que la minera Barrick ya tiene en explotación en San Juan, Argentina- se encuentran dentro de los límites de la Reserva de Biosfera San Guillermo. Ello ocurre a pesar de que las agencias de manejo de áreas protegidas de Latinoamérica, incluyendo a la Administración de Parques Nacionales  de  Argentina, han  expresado  su desacuerdo  con  el  desarrollo  de  la  minería, al menos dentro de las áreas protegidas.

Este posicionamiento  fue  hecho  público  a  través  de  la  declaración  acordada  para  cerrar el  Segundo  Congreso  Latinoamericano  de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas (Bariloche, octubre de 2007), que expresaba: “La exploración y explotación minera y de hidrocarburos en áreas protegidas, así como la reducción de la superficie de áreas protegidas declaradas para fines extractivos, es contraria a los objetivos de conservación de la biodiversidad” (Donadio, 2009: 250).

La presencia de explotaciones mineras en áreas protegidas también acontece en Bolivia, reconocida mundialmente como uno de los países con mayor riqueza natural y uno de los 10 con mayor biodiversidad del planeta, resguardada principalmente por 22 áreas nacionales. Éstas representan el  15,5% del territorio boliviano, y 11 de las 22 están afectadas por la nueva frontera hidrocarburífera. 7 de ellas, entre las que figura el TIPNIS, enfrentan un alto nivel de afectación, ya que más del 30% de su superficie ha sido definida como área petrolera, justificada bajo la declaratoria de necesidad estatal y utilidad pública. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) calcula que en el área de influencia inmediata de las 22 áreas nacionales viven cerca de 200.000 habitantes entre indígenas, campesinos y comunidades interculturales (Jiménez, 2013). Las marchas en las que participaron ancianos, hombres, mujeres, niñas y niños que se movilizaron desde las tierras bajas del oriente boliviano a la sede de gobierno, lo que implicó 60 días de caminata, cuya consigna principal fue la defensa y el respeto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), denunciando los daños ambientales, sociales, económicos y culturales que ocasionaría el megaproyecto de construcción de una carretera transoceánica que dividiría el TIPNIS en dos partes (Barrozo Mendizábal, 2012), son un ejemplo de cómo la defensa de la biodiversidad se empalma con la de la diversidad cultural.

Corte de la ruta que une Argentina con Chile, en rechazo al proyecto minero San Jorge, en Mendoza, Argentina. Año 2009, en plena campaña de apoyo a la sanción de la Ley de Glaciares.

Bolivia comparte con Ecuador la paradoja de poseer legislación en materia de derechos de la naturaleza y de, paralelamente, avanzar en la expansión de las fronteras extractivas. En el caso boliviano, la ley 71 de 2010 de “Derechos a la Madre Tierra” reconoce el derecho “a la diversidad de la vida”: a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro[2]. Por su parte, la reforma constitucional del Ecuador de 2008 introduce los Derechos de la Naturaleza, con un apartado específico para la biodiversidad. En éste, se establece que es el Estado quien ejercerá la soberanía sobre la misma, cuya administración y gestión se realizará ”con responsabilidad intergeneracional”. Además, su conservación se declara de interés público, libre de cultivos y semillas transgénicas, y se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional[3]. Paralelamente, el gobierno ecuatoriano impulsaba la iniciativa Yasuní-ITT, presentada por el presidente Rafael Correa a las Naciones Unidas, para mantener indefinidamente las reservas petroleras bajo tierra, con el objetivo de reducir el calentamiento global, proteger la biodiversidad del Parque Yasuní –reconocido por la Unesco como uno de los lugares de mayor riqueza en el planeta-, y permitir la sobrevivencia de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, con el apoyo de una compensación internacional que cubra parte del lucro cesante de la actividad petrolera (Larrea, 2009: 84).

Sin embargo, desde agosto de 2013, el gobierno ecuatoriano viene anunciando la decisión de avanzar en la explotación petrolera en Yasuní-ITT debido a la falta de cooperación internacional para compensar la pérdida económica que implica dejar el petróleo bajo tierra. Esta decisión recibió diferentes respuestas. Por un lado, miembros del gobierno nacional, alcaldes e incluso algunos grupos indígenas se manifestaron a favor, amparándose en la necesidad de recursos económicos para el país y la promesa del presidente de que los beneficios de esta actividad contribuirán a combatir la pobreza y ampliar la dotación de servicios públicos. Por su parte, sectores ecologistas y representantes indígenas, entre ellos la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Gobierno de las Naciones Originarias de la Amazonía Ecuatoriana (Gonoae), expresaron su desacuerdo con la explotación en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Sumado a ello, diversos sectores sociales, nucleados principalmente en Yasunidos, Resiste Yasuní y el Frente de Defensa de la Amazonía, rechazan la explotación e impulsan una consulta popular sobre este tema[4]. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional ha aprobado los informes para el debate de la declaratoria de interés nacional para la explotación petrolera -que fue posteriormente aprobada por la Asamblea Nacional- pero con algunas salvaguardas, como la exclusión de esta explotación en la zona intangible, y la paralización de la actividad si se detectan grupos no contactados. Mujeres amázonicas, grupos indígenas, ecologistas e intelectuales han presentado cartas a la Asamblea y al mismo presidente abogando por el territorio de Yasuní-ITT libre de actividades extractivas. En estos últimos meses las posturas se han polarizado, y avanza la campaña de recolección de firmas para impulsar la consulta popular (reconocida en el art. 104 de la Constitución Ecuatoriana)[5].

Otra lucha previa con un importante componente indígena que representó un punto de inflexión en la historia peruana fue la de Bagua, que colapsó el 5 de junio de 2009 con el desalojo violento de bloqueos pacíficos organizados por comunidades amazónicas en contra de una serie de decretos legislativos que habilitaban el desarrollo de proyectos de empresas privadas –principalmente petroleras, mineras, forestales y de energía- en territorio indígena, y vulneraban derechos de los pueblos que allí habitan, como el de consulta previa. Ante los levantamientos y la solidaridad que despertaron, el gobierno peruano debió dar marcha atrás a su iniciativa (Alimonda, Hoetmer y Saavedra Celestino, 2009)[6].

PROTECCIÓN DE BIODIVERSIDAD ¿PROTECCIÓN DE LAS POBLACIONES LOCALES?

En este artículo deseamos destacar aquellas luchas sociales que desde una perspectiva local, enmarcada en algunos casos en procesos transnacionales, defienden la biodiversidad como parte intrínseca de sus formas de vida. Una protección que no se enmarca en un exclusivo ”culto a lo silvestre” sino en un “ecologismo popular”, es decir, no estamos haciendo referencia a una protección que implique mantener reservas naturales libres de interferencia humana, sino a aquella que nace desde una demanda de justicia social contemporánea entre humanos que combina la apelación a la sacralidad de la naturaleza con el interés material por el medio ambiente como fuente y condición de sustento (Martínez Alier, 2004). Es necesaria esta distinción porque la apelación a la naturaleza constituye un recurso de discursos políticos varios, y también puede volverse argumento para el ejercicio de una “violencia civilizada” sobre sectores sociales considerados indeseables, por parte de quienes buscan la privatización de la biodiversidad en beneficio de ciertos grupos (Carman, 2011). A ello se suma que a veces la percepción ecológico-popular se expresa en la terminología científica de pérdida de biodiversidad –entre otras- pero ese no es el lenguaje siempre utilizado por los movimientos ecologistas actuales o históricos, que disponen de otros lenguajes (Martínez Alier, 2009).

Asistimos a una realidad latinoamericana en la que los Estados se encuentran entrampados entre la sanción de medidas progresistas –algunas de ellas en relación a la naturaleza- y la paralela apuesta a megaproyectos que garanticen el desarrollo y el crecimiento económico. Ante ello, las resistencias a estos avances de las fronteras extractivas representan un límite y una condición con la que estos Estados deben lidiar, y que en algunos casos, como los aquí comentados, han paralizado –aunque temporalmente- los proyectos cuestionados, han potenciado la marcha atrás de medidas poco participativas y ambientalmente dañosas, y han apoyado la sanción de legislación protectora de los ecosistemas. Por ello, consideramos que estas resistencias constituyen, en este contexto, una parte esencial de la protección de la biodiversidad, aun reconociendo sus limitaciones. Como destaca Martínez Alier (2009: 30), estos movimientos suelen perder la contienda, o ganan provisionalmente, pero son una principal fuerza social en busca de aliados en todo el mundo para encaminar la economía en una ruta más justa y sostenible.

REFERENCIAS

ALIMONDA, Héctor, HOETMER, Raphael, SAAVEDRA CELESTINO, Diego (eds.), La Amazonia Rebelde, Perú, CLACSO.

BARROSO MENDIZÁBAL, Verónica, “TIPNIS ¿un conflicto ambiental o de territorio?”, Letras Verdes Nº 11, 2012, p. 112-122.

CARMAN, María, Las trampas de la naturaleza, Buenos Aires, FCE, 2012.

DONADIO,  Emiliano, “Ecólogos  y  mega-minería,  reflexiones  sobre  por  qué  y  cómo involucrarse en el conflicto minero-ambiental”, Ecología Austral, Vol. 19, Nº 3, 2009, p. 247-254.

ESTENSSORO SAAVEDRA, Fernando, “Crisis ambiental y cambio climático en la política global: un tema crecientemente complejo para América Latina”, Universum, Nº 25, Vol. 2, 2010, p. 57-77.

GLIGO, Nicolo, La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina. Chile, CEPAL, 2001.

JIMENEZ, Georgina, ”Territorios indígenas y áreas protegidas en la mira: la ampliación de la frontera de industrias extractivas”, Petropress, Nº 31, 2013, p. 4-18.

LARREA, Carlos, ”Naturaleza, sustentabilidad y desarrollo en el Ecuador”, en  A. Acosta y E. Martínez (comp.), Derechos de la naturaleza, Quito, Abya-Yala, 2009, p. 75-84.

MARTÍNEZ  ALIER, Joan, “El ecologismo de los pobres, 20  años  después”, Curso Internacional de Economía  Ecológica, UNGS,  Buenos  Aires, Argentina, 2009.

MARTÍNEZ  ALIER, Joan,  El  ecologismo  de  los  pobres. Conflictos  ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona, Icaria Antrazyt-FLACSO, 2004.

MOLINA ROA, Javier A., ”Minería en los páramos de Colombia y la construcción de una conciencia ecológica”, Ecología Política Nº 41, 2011, p. 74-81.

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* Integrante del Grupo de Historia Ambiental y Antropología – Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) –  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (lucreciawagner@yahoo.com.ar)
[1] Para mayor información sobre los hechos relacionados con la sanción de la ley de glaciares, y sobre las resistencias a la megaminería en Argentina ver: http://www.editorialelcolectivo.org/ed/images/banners/15%20mitos%20mineria%20final%20final.pdf.
[2] http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2689
[3] http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
[4] http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/03/nota/1669491/diversos-frentes-se-trabaja-detener-explotacion-yasuni
[5] http://www.amazoniaporlavida.org/es/Table/Consulta-popular-por-el-Yasuni/
[6]http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/GrupParlamentarios/indigena.nsf/vf08web/6F0DF16BD16F2D1F052576810058C1C9/$FILE/informe_bagua_amnistia_internacional.pdf