María Esperanza Hermida
La situación económica se agrava trayendo como consecuencia mayor desempleo. Especialmente en Carabobo se reinauguró la práctica empresarial de introducir pliegos conciliatorios para pactar despidos. Un aspecto llamativo del asunto es la flexibilización del sedicente gobierno obrerista encabezado por Maduro, que avala estos acuerdos con una representación sindical no calificada.
Destaca en este proceso la justificación alegada por las empresas para proceder al despido: la ausencia o falta de disponibilidad de divisas para comprar materiales inherentes o indispensables al proceso productivo, por una parte, y de otro lado, el aval otorgado por el Ministerio del Trabajo para reducir la nómina. Nos referimos a las Empresas Affinia de Venezuela, C.A. –productora de filtros para combustibles de vehículos-; Ford Motors y Chrysler –ensambladoras de vehículos- y Ajeven –embotelladora de refrescos-. En todas, el despido se acordó con representantes sindicales cuyo período de gestión se venció.
El sindicalismo autónomo del gobierno ha denunciado insistentemente que el Ministerio del Trabajo niega la admisión y trámite de los pliegos conciliatorios o conflictivos que buscan resguardar los derechos laborales, cuando los suscriben directivas cuyo período de gestión está vencido. La denuncia, presentada ante la Organización Internacional del Trabajo, ha demostrado que esta práctica viola la libertad sindical y afecta las acciones de reivindicación y por el cumplimiento de convenciones colectivas vigentes, así como la discusión y firma de nuevas convenciones colectivas.
Demostrado está que el argumento sostenido por el Ministerio del Trabajo sobre la llamada “mora electoral sindical”, es una injerencia perniciosa en la vida interna de las organizaciones que lesiona el derecho de su base afiliada.
Ahora bien, en medio de la crisis generada por la política económica gubernamental, que afecta indudablemente a la industria automotriz y donde se inscribe el régimen cambiario, los trabajadores llevan la peor parte. En este contexto, el Ministerio del Trabajo se olvida de la mora electoral sindical.
La empresa Affinia de Venezuela, C.A., que elabora filtros de combustible automotor, emplea alrededor de 4.000 personas en todo el mundo. Sus productos se distribuyen en más de 100 países y entre sus principales factorías está la venezolana, ubicada en Carabobo. El 9 de octubre pasado, la Inspectoría del Trabajo carabobeña homologó el convenio entre la empresa y el Sindicato Unión de Trabajadores de las Empresas Fabricantes de Filtros Automotrices e Industriales, Empacaduras y Similares (SUTEFAIES), autorizando el despido de 23 personas. Entre éstas que hay trabajadores con 16 años de servicios. En este caso, la directiva sindical tiene el período de gestión vencido desde el 26 de septiembre de 2014.
La situación de Ford es bastante similar. El 26 de diciembre de 2014 se instaló en la Inspectoría del Trabajo la junta de conciliación del pliego de reducción de personal, con participación del Sindicato de Vencedores Socialistas Unidos de Ford Motor de Venezuela, S.A. (SINVENSOCUNIFOR), pero cuyo período está vencido desde el 23 de noviembre de 2014.
La empresa sustenta su solicitud de autorización de despido así: “Luego de una revisión de las proyecciones económicas para el próximo 2015, se ha encontrado con un escenario poco próspero que hace peligrar la continuidad del negocio, pues ante la falta de aprobación de Divisas por parte del Centro nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), se ha visto obligada a limitar la conocida actividad de ensamblaje y servicios técnicos de vehículos, que desde hace de un año tienen “Autorizaciones para Adquirir Divisas” (AAD), por un monto superior a doscientos sesenta y cuatro millones de dólares ($264.000.000) Sin embargo ninguna ha sido liquidada. La nómina es de dos mil siete (2007) trabajadores, con los cuales en condiciones normales podrían producirse entre veintiocho mil y treinta mil vehículos por año, cifra ésta que por las dificultades expuestas en relación a las aprobaciones de la administración cambiaria, para la importación de material de ensamblaje, no ha sido alcanzada en los últimos años y no podrá realizarse durante el año 2015.” Ford propuso: a) la modificación de las condiciones laborales contenidas en algunas de las cláusulas de la convención colectiva con el fin de ajustarlas a la realidad económica de la empresa y b) la reducción de 265 puestos de trabajo.
La Chrysler de Venezuela, LLC, mediante el mismo procedimiento avalado por el Ministerio del Trabajo, ya despidió 76 personas. Entre los afectados hay personas con una antigüedad laboral de 10 a 35 años, algunas de ellas con certificación expedida por el INPSASEL (porque padecen enfermedades laborales), trabajadores con fuero paternal y trabajadores padres de niños con condiciones especiales. Por denuncias de los trabajadores que se publicaron en los medios de comunicación, a la empresa se le habrían autorizado divisas por parte de CENCOEX, el 09 de mayo de 2014 y el 11 y 26 de junio de 2014, respectivamente.
Finalmente, en el caso de la embotelladora, y con la participación del Sindicato Unión Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de AJEVEN- (SIUNTRA- AJEVEN), se autorizó el despido de 100 personas. La directiva sindical tiene su período de gestión vencido desde el pasado 12 de mayo de 2014.
Uno de los casos emblemáticos por efecto de la llamada “mora electoral sindical” es el Poder Judicial, que este año cumple 10 años sin que su sindicato históricamente combativo, haya podido convenir un nuevo contrato. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y el Ministerio del Trabajo (MINPPTRASS), exigieron elecciones sindicales para discutir su proyecto contractual. La gestión sindical se venció en 2009 y mientras organizaba la relegitimación, la DEM despidió y jubiló a la dirigencia no afecta al gobierno. Actualmente, la dirección sindical es controlada por un grupo afecto al gobierno que junto a militantes del PSUV, tolera el retroceso en los derechos laborales dentro de la administración de justicia en Venezuela.
Otro rostro del desconocimiento a las directivas sindicales con período vencido está expresado en la administración pública venezolana. Tras 8 años de dilación en la discusión de la convención colectiva, y sin relegitimación de la directiva Fentrasep y FedeUnep, el Presidente Maduró instaló una comisión de negociación contractual, donde participan sólo los dirigentes afectos al gobierno, miembros de ambas federaciones. El conocido sindicalista del sector, Servando Carbone, así como otros directivos sindicales que están organizados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), son desconocidos arbitrariamente, negándoseles el derecho a participar en la comisión negociadora de esta importante convención colectiva que podría amparar, de ser aprobada, 2.500.000 personas.
[Tomado de http://www.elcambur.com.ve/opinion/crisis-despidos-y-violaciones-sindicales.]
La situación económica se agrava trayendo como consecuencia mayor desempleo. Especialmente en Carabobo se reinauguró la práctica empresarial de introducir pliegos conciliatorios para pactar despidos. Un aspecto llamativo del asunto es la flexibilización del sedicente gobierno obrerista encabezado por Maduro, que avala estos acuerdos con una representación sindical no calificada.
Destaca en este proceso la justificación alegada por las empresas para proceder al despido: la ausencia o falta de disponibilidad de divisas para comprar materiales inherentes o indispensables al proceso productivo, por una parte, y de otro lado, el aval otorgado por el Ministerio del Trabajo para reducir la nómina. Nos referimos a las Empresas Affinia de Venezuela, C.A. –productora de filtros para combustibles de vehículos-; Ford Motors y Chrysler –ensambladoras de vehículos- y Ajeven –embotelladora de refrescos-. En todas, el despido se acordó con representantes sindicales cuyo período de gestión se venció.
El sindicalismo autónomo del gobierno ha denunciado insistentemente que el Ministerio del Trabajo niega la admisión y trámite de los pliegos conciliatorios o conflictivos que buscan resguardar los derechos laborales, cuando los suscriben directivas cuyo período de gestión está vencido. La denuncia, presentada ante la Organización Internacional del Trabajo, ha demostrado que esta práctica viola la libertad sindical y afecta las acciones de reivindicación y por el cumplimiento de convenciones colectivas vigentes, así como la discusión y firma de nuevas convenciones colectivas.
Demostrado está que el argumento sostenido por el Ministerio del Trabajo sobre la llamada “mora electoral sindical”, es una injerencia perniciosa en la vida interna de las organizaciones que lesiona el derecho de su base afiliada.
Ahora bien, en medio de la crisis generada por la política económica gubernamental, que afecta indudablemente a la industria automotriz y donde se inscribe el régimen cambiario, los trabajadores llevan la peor parte. En este contexto, el Ministerio del Trabajo se olvida de la mora electoral sindical.
La empresa Affinia de Venezuela, C.A., que elabora filtros de combustible automotor, emplea alrededor de 4.000 personas en todo el mundo. Sus productos se distribuyen en más de 100 países y entre sus principales factorías está la venezolana, ubicada en Carabobo. El 9 de octubre pasado, la Inspectoría del Trabajo carabobeña homologó el convenio entre la empresa y el Sindicato Unión de Trabajadores de las Empresas Fabricantes de Filtros Automotrices e Industriales, Empacaduras y Similares (SUTEFAIES), autorizando el despido de 23 personas. Entre éstas que hay trabajadores con 16 años de servicios. En este caso, la directiva sindical tiene el período de gestión vencido desde el 26 de septiembre de 2014.
La situación de Ford es bastante similar. El 26 de diciembre de 2014 se instaló en la Inspectoría del Trabajo la junta de conciliación del pliego de reducción de personal, con participación del Sindicato de Vencedores Socialistas Unidos de Ford Motor de Venezuela, S.A. (SINVENSOCUNIFOR), pero cuyo período está vencido desde el 23 de noviembre de 2014.
La empresa sustenta su solicitud de autorización de despido así: “Luego de una revisión de las proyecciones económicas para el próximo 2015, se ha encontrado con un escenario poco próspero que hace peligrar la continuidad del negocio, pues ante la falta de aprobación de Divisas por parte del Centro nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), se ha visto obligada a limitar la conocida actividad de ensamblaje y servicios técnicos de vehículos, que desde hace de un año tienen “Autorizaciones para Adquirir Divisas” (AAD), por un monto superior a doscientos sesenta y cuatro millones de dólares ($264.000.000) Sin embargo ninguna ha sido liquidada. La nómina es de dos mil siete (2007) trabajadores, con los cuales en condiciones normales podrían producirse entre veintiocho mil y treinta mil vehículos por año, cifra ésta que por las dificultades expuestas en relación a las aprobaciones de la administración cambiaria, para la importación de material de ensamblaje, no ha sido alcanzada en los últimos años y no podrá realizarse durante el año 2015.” Ford propuso: a) la modificación de las condiciones laborales contenidas en algunas de las cláusulas de la convención colectiva con el fin de ajustarlas a la realidad económica de la empresa y b) la reducción de 265 puestos de trabajo.
La Chrysler de Venezuela, LLC, mediante el mismo procedimiento avalado por el Ministerio del Trabajo, ya despidió 76 personas. Entre los afectados hay personas con una antigüedad laboral de 10 a 35 años, algunas de ellas con certificación expedida por el INPSASEL (porque padecen enfermedades laborales), trabajadores con fuero paternal y trabajadores padres de niños con condiciones especiales. Por denuncias de los trabajadores que se publicaron en los medios de comunicación, a la empresa se le habrían autorizado divisas por parte de CENCOEX, el 09 de mayo de 2014 y el 11 y 26 de junio de 2014, respectivamente.
Finalmente, en el caso de la embotelladora, y con la participación del Sindicato Unión Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de AJEVEN- (SIUNTRA- AJEVEN), se autorizó el despido de 100 personas. La directiva sindical tiene su período de gestión vencido desde el pasado 12 de mayo de 2014.
Uno de los casos emblemáticos por efecto de la llamada “mora electoral sindical” es el Poder Judicial, que este año cumple 10 años sin que su sindicato históricamente combativo, haya podido convenir un nuevo contrato. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y el Ministerio del Trabajo (MINPPTRASS), exigieron elecciones sindicales para discutir su proyecto contractual. La gestión sindical se venció en 2009 y mientras organizaba la relegitimación, la DEM despidió y jubiló a la dirigencia no afecta al gobierno. Actualmente, la dirección sindical es controlada por un grupo afecto al gobierno que junto a militantes del PSUV, tolera el retroceso en los derechos laborales dentro de la administración de justicia en Venezuela.
Otro rostro del desconocimiento a las directivas sindicales con período vencido está expresado en la administración pública venezolana. Tras 8 años de dilación en la discusión de la convención colectiva, y sin relegitimación de la directiva Fentrasep y FedeUnep, el Presidente Maduró instaló una comisión de negociación contractual, donde participan sólo los dirigentes afectos al gobierno, miembros de ambas federaciones. El conocido sindicalista del sector, Servando Carbone, así como otros directivos sindicales que están organizados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), son desconocidos arbitrariamente, negándoseles el derecho a participar en la comisión negociadora de esta importante convención colectiva que podría amparar, de ser aprobada, 2.500.000 personas.
[Tomado de http://www.elcambur.com.ve/opinion/crisis-despidos-y-violaciones-sindicales.]
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