J.R. López Padrino
La vulneración de los derechos humanos ha sido una de las características más importantes de la bastarda revolución bolivariana. Política de Estado que no solo ha implicado atropellos, vejaciones, torturas y muerte a los integrantes de la disidencia política, sino también a todos aquellos ciudadanos que permanecen recluidos en los centros penitenciarios del país.
El hacinamiento, el precario estado de las instalaciones, una alimentación inadecuada, la falta de servicios médicos, el retardo procesal, la corrupción del sistema penitenciario, los maltratos y la represión de la Guardia Nacional y funcionarios del GRIC (Grupo de Requisa Inmediata Carcelaria), la presencia de armas y drogas, la violencia y muerte de los reclusos son algunas de las muchas características de las instituciones penitenciarias del país. Los problemas del pasado lejos de haberse resuelto se han multiplicado bajo el socialfascismo bolivariano del siglo XXI.
Uno de los grandes problemas del sistema carcelario venezolano es el hacinamiento. La capacidad instalada de todos los recintos penitenciarios del país es de 19.000 personas y actualmente habitan un total de 55.007 privados de libertad. Existe una sobrepoblación de 36.007 personas, que resulta en un exorbitante hacinamiento del 198% (19% de incremento con respecto al 2013). Cifra que nos coloca como uno de los países con mayor nivel de hacinamiento carcelario en Latinoamérica, después de El Salvador (300%), Haití (225%) y Bolivia (207%) de sobrepoblación respectivamente. Sobrepoblación que es una consecuencia de los retardos procesales a que son sometidos los privados de libertad y a la falta de construcción de nuevos centros de reclusión pese a los continuos anuncios hechos por parte de la sargentería bolivariana dirigida por Iris Varela. Por ejemplo, la Varela habla de que existen 72 penales en Venezuela, pero en realidad únicamente existen 47 centros de reclusión y 4 colonias agrícolas. Los cacareados planes “Cayapa”, “Cambote”, “Llegó la chamba” y “Maíta” que buscaban acelerar los procesos judiciales y disminuir el hacinamiento en los centros carcelarios han sido un total fracaso, pero si han permitido que delincuentes de alta peligrosidad hayan quedado en libertad producto de la corrupción existente en el sistema judicial.
La falta de garantías para la vida y la seguridad de los internos representan otros de los problemas graves del sistema penitenciario venezolano. No son infrecuentes las muertes de los privados de libertad ocasionadas por otros internos, por disputas de poder entre “pranes” (muchos de ellos amigos de la ministro Varela), ajuste de cuentas o reyertas casuales. Desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario el 26/07/11 hasta el 30/06/14 han muerto 1.463 personas y otras 2.259 han resultado heridas dentro de los centros de privación de libertad. Cifras que evidencian el gran fracaso que ha significado el desempeño de la Varela al frente de dicho despacho. Lamentablemente la Condottieri Varela en lugar de haber adelantado un proceso de humanización y mejoramiento físico de los centros penitenciarios (objetivos de su creación), lo que ha hecho es someter a los internos a un proceso de adoctrinamiento político (doctrina facho-bolivariana), “enseñanza” que no ayuda en su proceso de reinserción en la sociedad, así como la militarización de la población penitenciaria (orden cerrado, himnos militares -Batallón Bravos de Apure “Patria querida”-, jerarquías militares).
Aunado a lo anterior, la situación del poder judicial ha empeorado de una manera grotesca. Este régimen no solo le ha dado continuidad a los vicios del Poder Judicial propias del puntofijismo, sino los ha exacerbado, transformándolo en un cuerpo represivo que en nombre de la ley, violenta los derechos del ciudadano. Ya lo decía Ruprecht -jurista y luchador social- “cuando los jueces no respetan el orden jurídico, se transforman en instrumentos de represión”. El socialfascismo bolivariano ha desnaturalizado aún más la función constitucional del Poder Judicial, ahondando la falta de imparcialidad de los jueces, forzando sentencias o decisiones por encargo con la finalidad de satisfacer los deseos autocráticos y totalitarios de los inquilinos de Miraflores.
Después de 15 años de desgobierno bolivariano los problemas carcelarios se han agravado aún más Tenemos el sistema penitenciario más peligroso de Latinoamérica. Nuestros establecimientos penitenciarios se han transformado en malolientes almacenes de seres humanos dirigidos por asesinos con boina roja quienes violan los derechos humanos de los detenidos al amparo del poder y en nombre de la revolución fachochavista.
Los recientes sucesos acaecidos en el Centro Penitenciario de Occidente “David Viloria”, conocido como Uribana dejan al descubierto una vez más la terrible crisis que atraviesa el sistema penitenciario en el país, la cual ha convertido a nuestras cárceles en depósitos envilecedores de hombres. A 41 asciende la cifra de internos fallecidos debido a una intoxicación masiva, mientras que 80 reclusos permanecen hospitalizados por las mismas causas, luego que se registrara una confusa situación a dos días de haberse iniciado una huelga de hambre en la que los reclusos del penal denunciaban golpizas por parte de la Guardia Nacional y los custodios, mala alimentación, hacinamiento (3.700 reclusos en un espacio para 850), pésimas condiciones sanitarias. Nadie cree la versión oficial dada por el farsante de Ojeda y la mentirosa de Varela de que los reclusos se auto-intoxicaron producto de una ingesta incontrolada de fármacos. Una especie de suicidio colectivo. Esta peregrina versión no explica lo ocurrido. Como dijo un familiar a las puertas del penal “Son malandros, pero no pendejos para envenenarse ellos mismos”. En contraposición al parte oficial, algunos reclusos han afirmado que la intoxicación masiva se produjo por la ingesta de un agua que había sido entregada a la población de mano de las propias autoridades. No olvidemos que a más de un año de haber ocurrido otra masacre en Uribana, donde murieron unos 61 reclusos tras una reyerta por el control del penal, las autoridades aún no han iniciado las investigaciones que permita sancionar a los responsables.
Los venezolanos vivimos bajo el imperio de un régimen de carácter militar-fascista, que en nombre de la “robolución” continúa vulnerando el Estado de derecho, estigmatizando y criminalizando a quienes no comulgan con su proyecto cuartelario, y que ha trasformado nuestras cárceles en verdaderas mazmorras donde se dan toda clase de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida.
La vulneración de los derechos humanos ha sido una de las características más importantes de la bastarda revolución bolivariana. Política de Estado que no solo ha implicado atropellos, vejaciones, torturas y muerte a los integrantes de la disidencia política, sino también a todos aquellos ciudadanos que permanecen recluidos en los centros penitenciarios del país.
El hacinamiento, el precario estado de las instalaciones, una alimentación inadecuada, la falta de servicios médicos, el retardo procesal, la corrupción del sistema penitenciario, los maltratos y la represión de la Guardia Nacional y funcionarios del GRIC (Grupo de Requisa Inmediata Carcelaria), la presencia de armas y drogas, la violencia y muerte de los reclusos son algunas de las muchas características de las instituciones penitenciarias del país. Los problemas del pasado lejos de haberse resuelto se han multiplicado bajo el socialfascismo bolivariano del siglo XXI.
Uno de los grandes problemas del sistema carcelario venezolano es el hacinamiento. La capacidad instalada de todos los recintos penitenciarios del país es de 19.000 personas y actualmente habitan un total de 55.007 privados de libertad. Existe una sobrepoblación de 36.007 personas, que resulta en un exorbitante hacinamiento del 198% (19% de incremento con respecto al 2013). Cifra que nos coloca como uno de los países con mayor nivel de hacinamiento carcelario en Latinoamérica, después de El Salvador (300%), Haití (225%) y Bolivia (207%) de sobrepoblación respectivamente. Sobrepoblación que es una consecuencia de los retardos procesales a que son sometidos los privados de libertad y a la falta de construcción de nuevos centros de reclusión pese a los continuos anuncios hechos por parte de la sargentería bolivariana dirigida por Iris Varela. Por ejemplo, la Varela habla de que existen 72 penales en Venezuela, pero en realidad únicamente existen 47 centros de reclusión y 4 colonias agrícolas. Los cacareados planes “Cayapa”, “Cambote”, “Llegó la chamba” y “Maíta” que buscaban acelerar los procesos judiciales y disminuir el hacinamiento en los centros carcelarios han sido un total fracaso, pero si han permitido que delincuentes de alta peligrosidad hayan quedado en libertad producto de la corrupción existente en el sistema judicial.
La falta de garantías para la vida y la seguridad de los internos representan otros de los problemas graves del sistema penitenciario venezolano. No son infrecuentes las muertes de los privados de libertad ocasionadas por otros internos, por disputas de poder entre “pranes” (muchos de ellos amigos de la ministro Varela), ajuste de cuentas o reyertas casuales. Desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario el 26/07/11 hasta el 30/06/14 han muerto 1.463 personas y otras 2.259 han resultado heridas dentro de los centros de privación de libertad. Cifras que evidencian el gran fracaso que ha significado el desempeño de la Varela al frente de dicho despacho. Lamentablemente la Condottieri Varela en lugar de haber adelantado un proceso de humanización y mejoramiento físico de los centros penitenciarios (objetivos de su creación), lo que ha hecho es someter a los internos a un proceso de adoctrinamiento político (doctrina facho-bolivariana), “enseñanza” que no ayuda en su proceso de reinserción en la sociedad, así como la militarización de la población penitenciaria (orden cerrado, himnos militares -Batallón Bravos de Apure “Patria querida”-, jerarquías militares).
Aunado a lo anterior, la situación del poder judicial ha empeorado de una manera grotesca. Este régimen no solo le ha dado continuidad a los vicios del Poder Judicial propias del puntofijismo, sino los ha exacerbado, transformándolo en un cuerpo represivo que en nombre de la ley, violenta los derechos del ciudadano. Ya lo decía Ruprecht -jurista y luchador social- “cuando los jueces no respetan el orden jurídico, se transforman en instrumentos de represión”. El socialfascismo bolivariano ha desnaturalizado aún más la función constitucional del Poder Judicial, ahondando la falta de imparcialidad de los jueces, forzando sentencias o decisiones por encargo con la finalidad de satisfacer los deseos autocráticos y totalitarios de los inquilinos de Miraflores.
Después de 15 años de desgobierno bolivariano los problemas carcelarios se han agravado aún más Tenemos el sistema penitenciario más peligroso de Latinoamérica. Nuestros establecimientos penitenciarios se han transformado en malolientes almacenes de seres humanos dirigidos por asesinos con boina roja quienes violan los derechos humanos de los detenidos al amparo del poder y en nombre de la revolución fachochavista.
Los recientes sucesos acaecidos en el Centro Penitenciario de Occidente “David Viloria”, conocido como Uribana dejan al descubierto una vez más la terrible crisis que atraviesa el sistema penitenciario en el país, la cual ha convertido a nuestras cárceles en depósitos envilecedores de hombres. A 41 asciende la cifra de internos fallecidos debido a una intoxicación masiva, mientras que 80 reclusos permanecen hospitalizados por las mismas causas, luego que se registrara una confusa situación a dos días de haberse iniciado una huelga de hambre en la que los reclusos del penal denunciaban golpizas por parte de la Guardia Nacional y los custodios, mala alimentación, hacinamiento (3.700 reclusos en un espacio para 850), pésimas condiciones sanitarias. Nadie cree la versión oficial dada por el farsante de Ojeda y la mentirosa de Varela de que los reclusos se auto-intoxicaron producto de una ingesta incontrolada de fármacos. Una especie de suicidio colectivo. Esta peregrina versión no explica lo ocurrido. Como dijo un familiar a las puertas del penal “Son malandros, pero no pendejos para envenenarse ellos mismos”. En contraposición al parte oficial, algunos reclusos han afirmado que la intoxicación masiva se produjo por la ingesta de un agua que había sido entregada a la población de mano de las propias autoridades. No olvidemos que a más de un año de haber ocurrido otra masacre en Uribana, donde murieron unos 61 reclusos tras una reyerta por el control del penal, las autoridades aún no han iniciado las investigaciones que permita sancionar a los responsables.
Los venezolanos vivimos bajo el imperio de un régimen de carácter militar-fascista, que en nombre de la “robolución” continúa vulnerando el Estado de derecho, estigmatizando y criminalizando a quienes no comulgan con su proyecto cuartelario, y que ha trasformado nuestras cárceles en verdaderas mazmorras donde se dan toda clase de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida.
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