* Declaración de los miembros venezolanos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN
En ocasión del VI Congreso Mundial de Parques en Sydney, es pertinente hacer una evaluación de la situación de Venezuela, quien fuera sede y anfitrión del IV Congreso Mundial de Parques (Caracas, 1992). Todos los países del mundo tienden a hacer una evaluación de su estado en las vísperas de cada congreso mundial. La mayoría de los países podrán decir que han avanzado o retrocedido en tal o cual aspecto, en tal o cual magnitud, pero sin duda, la mayoría de las naciones del mundo podrán decir que han avanzado en materia de Áreas Protegidas (AP). Sin embargo nosotros los venezolanos al intentarlo encontramos un resultado muy negativo, por lo que se hace necesario hacer una profunda reflexión del porqué.
¿Qué tiene de especial Venezuela para que lo que le pase en materia de AP sea de interés para el mundo? Venezuela, siendo un país del “mundo en desarrollo” avanzó grandemente en las políticas de conservación de su patrimonio natural cuando el resto del mundo no había comenzado o estaba en retroceso en esta materia. Fundó su primer parque nacional en 1937 y su primera AP en 1927. Ciertamente no fue el único, muchos países de América lo hicieron en esa época o incluso antes. La diferencia es que Venezuela lo asumió como política y no como retórica: incrementó grandemente su cobertura de AP a lo largo de las décadas siguientes hasta abarcar un 16,45% de su territorio; empleó criterios modernos y actuales para designarlas y para manejarlas; acometió exitosamente la restauración ecológica de ecosistemas terrestres y marinos (dentro de AP) en tiempos en que no se hablaba de ello; creó uno de las primeras AP marinas del mundo (Archipiélago Los Roques, 1972) cuando muy pocos países en el mundo lo habían hecho; interconectaba AP cuando se pensaba que eso era utópico. Para fines de los años 80 Venezuela tenía una reputación positiva que bien le valió la nominación y aceptación como sede del IV Congreso Mundial de Parques. Venezolanos como Gerardo Budowski, Henri Pittier, Julian Steyermark, José Rafael García, habían dejado una huella positiva en la visión y gestión de las AP del mundo. Eso sin olvidar que es uno de los doce países megadiversos del mundo, y que resguarda, casi en exclusividad, las mayores maravillas de esa biorregión única en el mundo: el Escudo Guayanés. Dentro de ella merece destacarse el caso del Parque Nacional Canaima, único Sitio de Patrimonio Natural Mundial propuesto por Venezuela y reconocido por UNESCO, donde ahora prolifera ilegalmente la minería de oro sin que las autoridades competentes hayan podido detenerla.
¿Por qué reflexionar sobre Venezuela?. Porque lo que acontece en Venezuela puede pasar en cualquier país del mundo, y en especial en la región sudamericana. En nuestro país se ha entronizado una visión política del mundo y de la vida que desdeña y no comprende la importancia de las AP, que las considera una política contraria al interés humano. Ciertamente muchos gobiernos en el mundo así lo piensan. ¿Cuál es la novedad con eso?. Pues la novedad está en que pocos países lo llevan a la práctica desmontando toda la institucionalidad de las AP. No se trata de un gobierno que asigna pocos recursos, o que cierra temporalmente parques, o que insiste en pasar oleoductos por AP. Se trata de un gobierno que utilizando una retórica humanista y ecologista, favorece que se hagan toda clase de actividades y usos prohibidos dentro de las AP, mientras paralelamente sustituye sus recursos humanos técnicos por comisarios políticos. Un gobierno que elimina el Ministerio del Ambiente para distribuir sus competencias ambientales, a las que constitucionalmente está obligado, en dependencias de menor jerarquía dentro de un ministerio de vivienda que construye y pretender construir obras de alto impacto ambiental dentro de AP *. El caso venezolano es digno de estudio, y he allí nuestro llamado a todos los colegas de la CMAP. No vean lo que ocurre en Venezuela como una curiosidad sociopolítica. No lo vean con desdén, con la vaga convicción de que algún día pasará. Véanla como una corriente de acción política que muchos de nuestros colegas habían dado por extinta, pero que en realidad se encuentra vigente, en pleno vigor, y con todo el potencial para expandirse por toda la región sudamericana, y de allí al mundo en desarrollo.
La UICN hace un excelente papel al diseñar políticas novedosas que permitan institucionalizar y evolucionar la gestión de las áreas protegidas. Entendemos también que, como institución que en cierta forma es análoga a la ONU, se maneje bajo principios de no crítica a los asuntos “internos” de los países. Sin embargo, aún en el seno de la ONU, cuando un país se sale de todos los estándares de convivencia y racionalidad, debe ser contactado por los medios diplomáticos y persuadido de que no prosiga en su cometido, para evitar así que se propague su insensatez al resto del mundo.
El caso de Venezuela merece una detallada y decidida atención de la UICN.
* algunos datos ilustrativos:
1. La inversión en conservación de Venezuela, promedio en los últimos 10 años ha sido de 3,66 US$/Km2, cuando en los países en vías de desarrollo la inversión promedio es de 161 US$/Km2. Esto no es congruente con el hecho de que el Estado Venezolano ha manejado en los últimos 14 años ingresos aproximados de 660 millardos de US$.
2. Los pocos recursos asignados a Areas Protegidas han conllevado al abandono y deterioro de los puestos de vigilancia y control, con equipamiento dañado y de muchos años de uso. Actualmente solo se cuentan con 350 Guardaparques para custodiar más de 15 millones de hectáreas de Parques Nacionales y Monumentos Naturales.
3. Los sueldos del personal son extremadamente bajos y su nivel de capacitación es muy bajo, presentándose con frecuencia casos de corrupción.
4. Existe una patente ausencia de custodia de las fuerzas policiales en la AP, lo que ha hecho más peligrosa la actividad de vigilancia y control de los Guardaparques quienes no tienen entrenamiento ni funciones policiales. Entre el 2001 y 2014 han asesinado con impunidad a 4 funcionarios de AP, en el ejercicio de sus deberes.
5. Se ha incrementado hasta niveles record las deforestaciones, incendios forestales, cacería y pesca ilegal. Es frecuente la utilización de AP para actividades de narcotráfico, delincuencia común, secuestros y otros delitos.
6. Las obras de “interés público” (tendidos eléctrico, carreteras, corredores de servicio, fibra óptica, gasoductos, antenas de telecomunicaciones) proliferan dentro de las AP y se ejecutan con mínimo apego a las medidas de mitigación y restauración que prescriben los Estudios de Impacto Ambiental.
[Tomado de de http://desarrollosustentable.com.ve/declaracionmiembrosuicn/.]
En ocasión del VI Congreso Mundial de Parques en Sydney, es pertinente hacer una evaluación de la situación de Venezuela, quien fuera sede y anfitrión del IV Congreso Mundial de Parques (Caracas, 1992). Todos los países del mundo tienden a hacer una evaluación de su estado en las vísperas de cada congreso mundial. La mayoría de los países podrán decir que han avanzado o retrocedido en tal o cual aspecto, en tal o cual magnitud, pero sin duda, la mayoría de las naciones del mundo podrán decir que han avanzado en materia de Áreas Protegidas (AP). Sin embargo nosotros los venezolanos al intentarlo encontramos un resultado muy negativo, por lo que se hace necesario hacer una profunda reflexión del porqué.
¿Qué tiene de especial Venezuela para que lo que le pase en materia de AP sea de interés para el mundo? Venezuela, siendo un país del “mundo en desarrollo” avanzó grandemente en las políticas de conservación de su patrimonio natural cuando el resto del mundo no había comenzado o estaba en retroceso en esta materia. Fundó su primer parque nacional en 1937 y su primera AP en 1927. Ciertamente no fue el único, muchos países de América lo hicieron en esa época o incluso antes. La diferencia es que Venezuela lo asumió como política y no como retórica: incrementó grandemente su cobertura de AP a lo largo de las décadas siguientes hasta abarcar un 16,45% de su territorio; empleó criterios modernos y actuales para designarlas y para manejarlas; acometió exitosamente la restauración ecológica de ecosistemas terrestres y marinos (dentro de AP) en tiempos en que no se hablaba de ello; creó uno de las primeras AP marinas del mundo (Archipiélago Los Roques, 1972) cuando muy pocos países en el mundo lo habían hecho; interconectaba AP cuando se pensaba que eso era utópico. Para fines de los años 80 Venezuela tenía una reputación positiva que bien le valió la nominación y aceptación como sede del IV Congreso Mundial de Parques. Venezolanos como Gerardo Budowski, Henri Pittier, Julian Steyermark, José Rafael García, habían dejado una huella positiva en la visión y gestión de las AP del mundo. Eso sin olvidar que es uno de los doce países megadiversos del mundo, y que resguarda, casi en exclusividad, las mayores maravillas de esa biorregión única en el mundo: el Escudo Guayanés. Dentro de ella merece destacarse el caso del Parque Nacional Canaima, único Sitio de Patrimonio Natural Mundial propuesto por Venezuela y reconocido por UNESCO, donde ahora prolifera ilegalmente la minería de oro sin que las autoridades competentes hayan podido detenerla.
¿Por qué reflexionar sobre Venezuela?. Porque lo que acontece en Venezuela puede pasar en cualquier país del mundo, y en especial en la región sudamericana. En nuestro país se ha entronizado una visión política del mundo y de la vida que desdeña y no comprende la importancia de las AP, que las considera una política contraria al interés humano. Ciertamente muchos gobiernos en el mundo así lo piensan. ¿Cuál es la novedad con eso?. Pues la novedad está en que pocos países lo llevan a la práctica desmontando toda la institucionalidad de las AP. No se trata de un gobierno que asigna pocos recursos, o que cierra temporalmente parques, o que insiste en pasar oleoductos por AP. Se trata de un gobierno que utilizando una retórica humanista y ecologista, favorece que se hagan toda clase de actividades y usos prohibidos dentro de las AP, mientras paralelamente sustituye sus recursos humanos técnicos por comisarios políticos. Un gobierno que elimina el Ministerio del Ambiente para distribuir sus competencias ambientales, a las que constitucionalmente está obligado, en dependencias de menor jerarquía dentro de un ministerio de vivienda que construye y pretender construir obras de alto impacto ambiental dentro de AP *. El caso venezolano es digno de estudio, y he allí nuestro llamado a todos los colegas de la CMAP. No vean lo que ocurre en Venezuela como una curiosidad sociopolítica. No lo vean con desdén, con la vaga convicción de que algún día pasará. Véanla como una corriente de acción política que muchos de nuestros colegas habían dado por extinta, pero que en realidad se encuentra vigente, en pleno vigor, y con todo el potencial para expandirse por toda la región sudamericana, y de allí al mundo en desarrollo.
La UICN hace un excelente papel al diseñar políticas novedosas que permitan institucionalizar y evolucionar la gestión de las áreas protegidas. Entendemos también que, como institución que en cierta forma es análoga a la ONU, se maneje bajo principios de no crítica a los asuntos “internos” de los países. Sin embargo, aún en el seno de la ONU, cuando un país se sale de todos los estándares de convivencia y racionalidad, debe ser contactado por los medios diplomáticos y persuadido de que no prosiga en su cometido, para evitar así que se propague su insensatez al resto del mundo.
El caso de Venezuela merece una detallada y decidida atención de la UICN.
* algunos datos ilustrativos:
1. La inversión en conservación de Venezuela, promedio en los últimos 10 años ha sido de 3,66 US$/Km2, cuando en los países en vías de desarrollo la inversión promedio es de 161 US$/Km2. Esto no es congruente con el hecho de que el Estado Venezolano ha manejado en los últimos 14 años ingresos aproximados de 660 millardos de US$.
2. Los pocos recursos asignados a Areas Protegidas han conllevado al abandono y deterioro de los puestos de vigilancia y control, con equipamiento dañado y de muchos años de uso. Actualmente solo se cuentan con 350 Guardaparques para custodiar más de 15 millones de hectáreas de Parques Nacionales y Monumentos Naturales.
3. Los sueldos del personal son extremadamente bajos y su nivel de capacitación es muy bajo, presentándose con frecuencia casos de corrupción.
4. Existe una patente ausencia de custodia de las fuerzas policiales en la AP, lo que ha hecho más peligrosa la actividad de vigilancia y control de los Guardaparques quienes no tienen entrenamiento ni funciones policiales. Entre el 2001 y 2014 han asesinado con impunidad a 4 funcionarios de AP, en el ejercicio de sus deberes.
5. Se ha incrementado hasta niveles record las deforestaciones, incendios forestales, cacería y pesca ilegal. Es frecuente la utilización de AP para actividades de narcotráfico, delincuencia común, secuestros y otros delitos.
6. Las obras de “interés público” (tendidos eléctrico, carreteras, corredores de servicio, fibra óptica, gasoductos, antenas de telecomunicaciones) proliferan dentro de las AP y se ejecutan con mínimo apego a las medidas de mitigación y restauración que prescriben los Estudios de Impacto Ambiental.
[Tomado de de http://desarrollosustentable.com.ve/declaracionmiembrosuicn/.]
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