Amnistía Internacional
El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El informe, titulado La minería en Guatemala: Derechos enpeligro y publicado hoy, señala las importantes brechas en cuanto a la
protección de las comunidades afectadas por proyectos mineros. La nueva
legislación presentada por el gobierno guatemalteco no sólo no aborda la
preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y rurales por la
falta de consulta, sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones
existentes.
“La legislación propuesta esquiva de hecho las cuestiones
que preocupan a las comunidades. No aborda de forma significativa la cuestión
de la consulta. Si se promulga, significaría esencialmente que las opiniones y
preocupaciones de las comunidades siguen sin tenerse en cuenta. Es una gran
oportunidad perdida”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del
Programa para América de Amnistía Internacional.
En la actualidad se encuentran ante el Congreso unas
reformas a la Ley de Minería que se redactaron en 2012. Sin embargo, las
reformas propuestas reproducirán las lagunas actuales, al dar un plazo de tan
sólo 10 días para impugnar solicitudes de licencia, lo cual agravará el
problema de la falta de consulta.
Las tensiones por la falta de un proceso justo y una
consulta adecuada ya han dado lugar en el pasado a confrontaciones violentas,
con enfrentamientos entre manifestantes y guardias de seguridad y policías en
torno al emplazamiento propuesto para una mina.
Las normas internacionales de derechos humanos establecen
que es preciso consultar e informar adecuadamente a las personas que puedan
verse afectadas por proyectos mineros, y que los proyectos que vayan a
realizarse en las tierras de los pueblos indígenas no deben llevarse a cabo sin
el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos.
"El analizar las consecuencias de un proyecto minero
lleva tiempo, y 10 días para responder a una solicitud de licencia no es un
plazo realista para las comunidades que pueden verse afectadas y que, por
tanto, necesitan examinar la propuesta con cuidado”, ha manifestado Erika
Guevara Rosas
En muchos casos, las autoridades no han investigado a fondo
las muertes y lesiones de quienes protestan contra proyectos mineros.
El 13 de junio de 2012, la activista Yolanda Oquelí resultó
herida de gravedad por los disparos realizados por dos atacantes no
identificados. Yolanda Oquelí regresaba a su casa de una protesta en torno a
una mina cuando dos hombres en una motocicleta le cortaron el paso y le
dispararon con una pistola. Una bala la alcanzó y se le alojó cerca del hígado.
Sobrevivió al ataque, y optó por esconderse junto con su familia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al
gobierno guatemalteco que brindara protección a Yolanda Oquelí y su familia.
Aunque el Ministerio Público abrió una investigación sobre el ataque, hasta el
momento no se ha llevado a nadie ante la justicia
“La violencia y la represión que han arraigado en torno a la
minería en Guatemala no pueden continuar. El gobierno guatemalteco debe
garantizar que aplica y respeta legislación para facilitar el diálogo y la toma
de decisiones entre las empresas mineras, las autoridades estatales y la
población afectada. A las comunidades se les debe proporcionar información
completa y objetiva sobre los beneficios y riesgos de la minería, de una manera
clara y culturalmente adecuada”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
“También pedimos a los gobiernos de los países en los que
tienen su sede las empresas de propiedad extranjera que actúan en Guatemala que
vigilen y hagan rendir cuentas a sus empresas por el impacto de sus actividades
en los derechos humanos, actúen donde actúen.”
Información complementaria
Muchas de las empresas más destacadas que operan actualmente
en Guatemala son filiales de empresas canadienses.
Guatemala sigue luchando por hacer frente al legado de
abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado
interno (1960-1996), un periodo en el cual murieron más de 200.000 personas,
entre ellas unas 40.000 que fueron víctimas de desaparición forzada.
Hoy día, los pueblos indígenas siguen sufriendo marginación
económica y social. La tenencia de tierras es un problema especialmente
importante, en el que las comunidades indígenas sufren la fuerte desigualdad
respecto a la distribución de la tierra.
En Guatemala, aproximadamente el 30 por ciento de la
población vive en una pobreza extrema.
Amnistía Internacional presenta hoy su informe La minería enGuatemala: Derechos en peligro con una delegación compuesta por Alex Neve,
secretario general de Amnistía Internacional Canadá, Sebastián Elgueta,
investigador sobre Centroamérica, y Tara Scurr, responsable de campaña sobre
Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Canadá.
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