Redacción
Al proclamarse publicamente la adquisición de 300 equipos antimotines por parte del gobierno de Nicolás Maduro (http://confirmado.com.ve/maduro-anuncio-la-compra-de-300-equipos-antimotines-para-enfrentar-acciones-violentas/), queda bastante claro que esa acción apunta a consolidar aún más el caracter militarista y represivo de esta gestión.
Con el anuncio de la compra, en el repetido estilo amenazante con el que este gobierno pretende mostrar una fortaleza que no tiene, se busca dar un mensaje de amedrentamiento contra todos los sectores de la población que, cada vez en más lugares y oprtunidades, salen a la calle a expresar su disconformidad con la situación que se padece en Venezuela.
Ante acciones como está, a más y más personas les va quedando claro que la gestión de Maduro está resultando hasta más militarista que la de Hugo Chávez, debido a la utilización creciente y continua de cuerpos militares para el control del orden público y por la incorporación, cada vez más extendida, de personal proveniente de la Fuerza Armada para la ocupación de cargos públicos.
Por si fuera poco, la compra de este arsenal represivo se anuncia en tiempos en que la crisis económica golpea con toda su rudeza las condiciones de vida de quienes vivimos en en este país y estamos fuera de la alta burocracia y la boliburguesía, donde seguramente habrá quienes metan mano en comisiones y corruptelas varias que tradicionalmente se asocian a esta clase de "negocitos", donde a los de abajo nos tocará ser consumidores de perdigones, gases tóxicos y demás enseres represivos que distribuirán con gusto la Guardia del Pueblo y los colectivos parapoliciales.
Como detalle pintoresco, recordamos que en ese compendio de política ficción que mientan Constitución Nacional, hay un muy imaginativo artículo 68 que consagra el derecho de los venezolanos a manifestar pacíficamente y que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para el control de estas protestas cívicas, chiste que ciertamente es muy celebrado por el oficialismo, especialmente en esos clubes del humor negro que llaman Tribunal Supremo de Justicia y Ministerio Público, instituciones en las que además se ha hallado un creativo uso al papel en que se imprimen los derechos ciudadanos.
Al proclamarse publicamente la adquisición de 300 equipos antimotines por parte del gobierno de Nicolás Maduro (http://confirmado.com.ve/maduro-anuncio-la-compra-de-300-equipos-antimotines-para-enfrentar-acciones-violentas/), queda bastante claro que esa acción apunta a consolidar aún más el caracter militarista y represivo de esta gestión.
Con el anuncio de la compra, en el repetido estilo amenazante con el que este gobierno pretende mostrar una fortaleza que no tiene, se busca dar un mensaje de amedrentamiento contra todos los sectores de la población que, cada vez en más lugares y oprtunidades, salen a la calle a expresar su disconformidad con la situación que se padece en Venezuela.
Ante acciones como está, a más y más personas les va quedando claro que la gestión de Maduro está resultando hasta más militarista que la de Hugo Chávez, debido a la utilización creciente y continua de cuerpos militares para el control del orden público y por la incorporación, cada vez más extendida, de personal proveniente de la Fuerza Armada para la ocupación de cargos públicos.
Por si fuera poco, la compra de este arsenal represivo se anuncia en tiempos en que la crisis económica golpea con toda su rudeza las condiciones de vida de quienes vivimos en en este país y estamos fuera de la alta burocracia y la boliburguesía, donde seguramente habrá quienes metan mano en comisiones y corruptelas varias que tradicionalmente se asocian a esta clase de "negocitos", donde a los de abajo nos tocará ser consumidores de perdigones, gases tóxicos y demás enseres represivos que distribuirán con gusto la Guardia del Pueblo y los colectivos parapoliciales.
Como detalle pintoresco, recordamos que en ese compendio de política ficción que mientan Constitución Nacional, hay un muy imaginativo artículo 68 que consagra el derecho de los venezolanos a manifestar pacíficamente y que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para el control de estas protestas cívicas, chiste que ciertamente es muy celebrado por el oficialismo, especialmente en esos clubes del humor negro que llaman Tribunal Supremo de Justicia y Ministerio Público, instituciones en las que además se ha hallado un creativo uso al papel en que se imprimen los derechos ciudadanos.
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