Servindi: Resumen internacional de noticias (05.07.14)

Por Servindi

Tratado vinculante. 
El pasado 26 de junio, 20 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) votó una histórica resolución para crear un Tratado Internacional vinculante que obligue a las empresas transnacionales a responder por las violaciones de derechos humanos de las que sean responsables. La información se conoció a través del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPI). De concretarse el acuerdo, sostiene la ODPI, se rompería la deriva que estaba tomando la comunidad internacional hacia la voluntariedad en el cumplimiento de los derechos humanos por parte de estos sujetos privados globales. Para el Observatorio, la aprobación de un Tratado Internacional que obligue a las transnacionales tendría un efecto muy positivo para la realidad de los pueblos indígenas, porque identificaría a los principales sujetos de responsabilidades: las grandes corporaciones. 


Justicia climática. 
Mujeres representantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) de Perú afiliadas al movimiento internacional Vía Campesina se reunieron el pasado mes para alcanzar acuerdos en torno a la justicia climática y defensa de la Madre Tierra. En el documento ellas rechazan las “falsas soluciones” al calentamiento global y exigen a los gobiernos del Sur apoyar la agricultura campesina sostenible y orientar la producción hacia los mercados internos con políticas de ahorro energético. Igualmente, consideran que expandir los mercados locales, parar la deforestación y hacer un manejo integral del bosque es la mejor manera de luchar contra el hambre, la desnutrición y la crisis alimentaria actual. Finalmente llamaron a participar en la próxima Cumbre de los Pueblos, paralela a la Cumbre Oficial COP20, para “alzar conjuntamente una sola voz en un espacio de construcción y movilización colectiva.” 

Canadá. 
La Corte Suprema de Canadá reconoció a los indígenas de la nación Tsilhqot’in el “título ancestral” de sus tierras, en la provincia Columbia Británica. La sentencia de da luego de más de 20 años de un proceso judicial que se inició cuando el Gobierno de la provincia otorgó en 1983 un permiso para talar madera en sus territorios “ancestrales”. Con esta victoria legal las actividades económicas que se tengan previsto desarrollar en sus territorios requerirán obligatoriamente el consentimiento de la citada nación. México. El nuevo marco legal en México para la industria petrolera no profundiza el control del uso de químicos nocivos en la extracción de los hidrocarburos no convencionales. Este hecho ha despertado temor por el probable incremento de su consumo. Al respecto, la activista Claudia Campero, del Proyecto Planeta Azul, indicó a la agencia de noticias IPS que con esta reforma se “agudizará el uso de químicos, hecho no abordado por las nuevas leyes.” La activista lamentó que no se haya profundizado en el tema y que esto permita desconocer las reales consecuencias que generan este tipo de operaciones no convencionales. Campero demandó, además, la prohibición de la técnica del fracking en la extracción petrolera por los riesgos que implica su implementación. 

Colombia. 
Con motivo del violento desalojo sufrido por 251 familias indígenas del municipio de Cumaribo, departamento de Vichada, más de una decena de defensores de los derechos de los pueblos originarios solicitaron la intervención del papa Francisco. Esto en razón de que en el hecho está involucrado el sacerdote diocesano Parmenio Gómez Blanco. El referido desalojo se llevó a cabo la mañana del 25 de junio en contra de las familias pertenecientes a los pueblos originarios Sikuani, Piapoco, Piaroa y Saliva, y que dejó dejó varias personas heridas, incluidos menores de edad. La zona ocupada hasta hace algo más de una semana por las familias se ubica a pocos kilómetros del casco urbano de Cumaribo, un territorio que por siglos ha sido habitado por los citados pueblos. En otras informaciones, también en Colombia, la Red Territorios Visibles advirtió de un peligroso modelo de hacer turismo que afecta las formas de vida locales y a importantes ecosistemas dentro del sistema de parques nacionales naturales. Se trata de un esquema que no permite el ejercicio de la territorialidad de las comunidades, pero que sí faculta a los grandes hoteleros y casas privadas de recreo el aprovechamiento de determinados recursos. El referido modelo, que se ha venido potenciando en los últimos diez años en Colombia, no solo invisibiliza y borra la presencia y el aporte de los nativos a estos paisajes, sino que además es un atentado contra la autonomía territorial, afirma el comunicado. 

Bolivia. 
Un yacimiento minero en el municipio de Puna, provincia José María Linares, puede enfrentar a cooperativistas e indígenas de las comunidades aledañas si la Gobernación de Potosí no envía un contingente policial a este lugar. Así lo advirtió el Observatorio de Industrias extractivas y Derechos Colectivos. Según el mismo el 1 de julio llegaron autoridades originarias a la Villa Imperial con la finalidad de sostener una reunión con funcionarios de la Gobernación. Sostiene así que se planteó que un contingente policial vaya al lugar porque aparentemente los mineros, armados de explosivos y otros objetos, pretenden tomar la mina Jayaquila. El alcalde originario Jaime Ramírez dijo que los cooperativistas mineros llegaron al lugar “ilegalmente” con la finalidad de avasallar el área minera existente en el lugar. 

Argentina. 
El Superior Tribunal de Justicia de la región de El Chaco resolvió ratificar el derecho a la propiedad comunitaria indígena a una comunidad Qom, el pasado 19 de junio en un litigo por tierras. La sentencia de la jueza Gladys Regosky, obligó a un particular de apellido Kloster restituir a la comunidad las tierras del Lote 88 de Miraflores, en la localidad de El Impenetrable. La comunidad sostuvo que Kloster compró la propiedad de manera ilegal, debido a que el área pertenecía a una “reserva indígena” desde el año 1979.