Rafael Uzcátegui
El 10 de febrero de 2013 se realizó en la Gran
Sabana una trascendental reunión de 5 horas. Sus asistentes fueron el
gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez; el comandante de la
FANB, Wilmer Barrientos; La ministra de pueblos Indígena, Aloha Núñez y varios
capitanes indígenas de la zona, quienes son las autoridades tradicionales de
las comunidades, mayoritariamente de la etnia pemón. Uno de los acuerdos del
cónclave fue la promoción de la actividad minera “artesanal” en territorios
indígenas bajo la supervisión de los capitanes generales. En la reunión los
propios indígenas se comprometieron a trabajar de forma responsable,
recuperando las áreas intervenidas y trabajando con equipos de “baja cilindrada”
para sustentarse y alimentar a sus familias sin dañar la naturaleza. Desde ese
día cada vez más indígenas han abandonado sus economías tradicionales para
incorporarse a la búsqueda de oro y diamante. No obstante, las evidencias de la
destrucción ambiental son evidentes, pues la pequeña minería sólo se diferencia
de la grande por sus volúmenes de extracción. La deforestación y el uso de
mercurio, en menos intensidad, siguen estando presentes.
Mientras los hombres han sido seducidos por las minas, que les permitirían acceder al estilo de vida y consumo de los citadinos, las mujeres indígenas han sido testigos de las consecuencias: Aparición de enfermedades antes inexistentes, aumento de la violencia en las comunidades (agresiones, homicidios y violaciones), tráfico de drogas y acentuación del alcoholismo, así como la prostitución de mujeres y niñas. Los cambios culturales y sociales experimentados dentro de las comunidades, hoy aledañas a las minas, escandalizaría a un estudiante de antropología de primer semestre. El progresivo asentamiento de mineros profesionales y garimpeiros es otra realidad. Y hay quienes afirman en voz baja, por temor a las represalias, que los indígenas que defienden la minería en realidad son sus trabajadores, contratados en condiciones que recuerdan los días de colonización. La estrategia ha sido efectiva: Para poder escudriñar las entrañas de las tierras de pueblos originarios, convierte a los indígenas en mineros.
Las mujeres son las que han resistido el avance de la minería en la Gran Sabana, pero las retaliaciones y amenazas han sido tantas, que no podemos revelar sus nombres. Ellas nos contaron como una se levantó y expresó en una reunión “Vengo aquí a hablar como mujer, como madre del sector 7 porque me duele lo que estoy oyendo de nuestros capitanes. Hablo por el sector 7 donde vivo y allí no veo que la minería sea la gran maravilla que dicen. Allí veo contaminación de los ríos donde los niños ya no se pueden bañar y no podemos tomar agua. Allí veo paludismo y contaminación por mercurio, prostitución, asesinatos. Lo que dicen estos capitanes ni siquiera ha sido consultado a sus comunidades, no hubo consulta previa”. Si no bastan estas razones, lo que ocurre allí viola la Constitución, leyes de fronteras, aguas y la propia Ley de Pueblos Indígenas (LOPCI).
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