Opinión: La minería en tierras ancestrales: derechos y deberes de los pueblos indígenas

Manuela Gallini
Fundación Mujeres del Agua

El municipio Gran Sabana y, en particular el sector 7, perteneciente a la zona ABRAE, vivió en esta primera mitad del año 2013, dos eventos fundamentales para su desarrollo. Esta zona, representa para el estado venezolano una importante fuente de agua y energía. Nos encontramos en la cuenca del Alto Caroní que proporciona al embalse de Guri el 70% de energía para el Estado Bolívar y no solo, en cuanto a zona bajo régimen especial, muchas leyes de agua y preservación medioambiental defienden estas tierras.

En el objetivo del Plan para la Patria, del Gobierno Bolivariano de Venezuela, el 17 diciembre 2012 empezaron a realizarse operaciones bajo el mando del comandante de la región de defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), el mayor general Cliver Alcalá Cordones. Estas incursiones tenían que “contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana” pero la destrucción violenta de 50 campamentos mineros y la suspensión de aeronaves privadas de abastecimientos, provocó la desaprobación y la ira de los indígenas que viven en la zona y que practican la minería en pequeña escala.

Según el Gobierno la actividad de explotación y comercialización artesanal del recurso aurífero concentra a 30 mil personas en el Estado Bolívar y esto va en contra al nuevo decreto ley 8413 promulgado en año 2011 que declara la re-nacionalización del oro. El problema surge cuando la mayoría de los mineros atacados, no son inmigrantes, ni blancos venezolanos sino indígenas del lugar. Como declara Cliver Alcalá “lo que nos llamó la atención fue que eran los mismos indígenas lo que estaban realizando la minería ilegal, destruyendo bosques milenarios y contaminando el río.”

En sus propias tierras los habitantes del lugar subsisten con este trabajo sin reglas y rodeado de corrupción por parte de las autoridades locales que los chantajean. Militares y locales viven en la irregularidad, diseñándose las normas para seguir trabajando la minería y ganando un dinero ilegal, para sobrevivir o para enriquecerse. A causa de esta ilegalidad y de la actitud violenta de FANB, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la operación Arekuna, provocó el 8 de Febrero la rabia de los indígenas locales que secuestraron, 43 militares venezolanos en Urimán, en el sureste del Estado Bolívar. A los dos días, el 10 de Febrero de 2013, los militares fueron liberados a cambio de ocho acuerdos y unas obligaciones.

En la reunión de cinco horas con el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, el comandante de la FANB, Wilmer Barrientos, la ministra de pueblos Indígena, Aloha Nuñez y varios capitanes de la zona se establecieron entre otros acuerdos:  la apertura de la actividad minera en el territorio indígena pemón bajo la supervisión de los capitanes generales y comunitarios, el cese de la operación militar Arekuna iniciada por REDI Guayana, el despacho regular de combustible a precio de mercado y la reactivación de las aeronaves de abastecimientos.

Estos logros representaron cambios en la actividad minera en zonas ABRAE y Parque Nacional.  Actualmente los indígenas pueden trabajar extrayendo oro y diamantes de forma artesanal,  contrariamente a lo establecido por las leyes de frontera, de aguas y la LOPCCI en su artículo 28.  Por los acuerdos de la reunión del 10 de Febrero, los indígenas se comprometieron a trabajar de forma responsable, recuperando las áreas intervenidas y trabajando con equipos de “baja” cilidrada para poder así sustentarse y alimentar a la propia familia sin destruir el medioambiente.

El segundo evento del 2013 que cambió la vida a los habitantes indígenas del sector 7 del Municipio Gran Sabana acontece el 6 de Abril en Puerto Ayacucho.

En esta fecha el vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, entrega al capitán general del sector 7, Juan González, el título de propiedad colectiva de sus tierras. Se trata del primer título otorgado al pueblo pemón, en este caso, por una extensión de 597.982,87 hectáreas, donde residen 15 comunidades por un total de 1.165 familias. Según la LOPCI este título faculta a los pueblos ancestrales a ser garantes y administradores de su territorio sin más limitaciones de las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  “Hoy tenemos patria”, afirmó el capitán González. En el territorio en cuestión no faltan alegría y júbilo por parte de sus habitantes que finalmente vieron reconocerse por el Estado.

La propiedad colectiva no establece simplemente unos derechos de identidad sino también unos deberes hacia las tierras donde se reside. 

Derechos y deberes obtenidos el 10 de Febrero 2013, están ahora aún más controlado por esta ley que en su capítulo V habla con claridad: “…en ningún caso se permitirán actividades que desnaturalicen o produzcan daños irreversibles a estas áreas especialmente protegidas” (art.48),    “el Estado en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, garantizará y velará por la conservación e integridad del hábitat y tierras indígenas, la riqueza de la biodiversidad, el manejo adecuado de los recursos genéticos, la preservación de las cuencas y la armonía del paisajes, para los cual adoptará medidas necesarias de protección y manejo sostenible de las mismas, tomando en cuenta los criterios y conocimientos tradicionales de manejo ambiental de los pueblos y comunidades indígenas” (art.50).

Estas leyes y estos logros están direccionados a un reconocimiento y valoración de las culturas ancestrales y de la preservación ambiental de los pueblos originarios que, felices y orgullosos de su trabajo y de su esfuerzo, se encuentran ahora a tener que demonstrar  y defender sus tradiciones y sus tierras.

Entonces me pregunto ¿porque seguimos viendo la destrucción de los ríos, como el río Paují, en la comunidad de Karaware-tuy, sector 7? ¿Por qué sigue la contaminación de las aguas que lleva a comunidades como San Gerónimo del sector 7, a una epidemia de malaria incontrolable? ¿Por qué continúa la deforestación de selva y sabana que provoca la destrucción del paisaje, la disminución de los niveles de agua y la subida de la sedimentación de todas las tierras del sector 7 y demás? ¿Quién es entonces responsable  de todo esto? 

¿Quién tiene que defender los pueblos originarios, su cultura y sus tierras, si no ellos mismos?