Varias organizaciones
En la comunidad de El Palmar, cantón putumayo, Provincia de Sucumbíos, Ecuador, el día 28 de abril de 2014, se dieron cita treinta y cinco comunidades ecuatorianas y colombianas, así como organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos, con el fin de denunciar la grave situación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional que se está viviendo en esta región fronteriza a consecuencia de la agudización del conflicto colombiano.
En la comunidad de El Palmar, cantón putumayo, Provincia de Sucumbíos, Ecuador, el día 28 de abril de 2014, se dieron cita treinta y cinco comunidades ecuatorianas y colombianas, así como organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos, con el fin de denunciar la grave situación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional que se está viviendo en esta región fronteriza a consecuencia de la agudización del conflicto colombiano.
Por parte del Ecuador asistieron delegadas y delegados de
las comunidades San José de
Wisuyá, Chíparos, Real Cuembí, El Palmar, y las
organizaciones Federación Campesina de
Agricultores y Nacionalidades del Putumayo (FECANPE),
Federación de Organizaciones de la
Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos MUSHUK YUYAYWAN
WANKURISHUNCHIK
(FONAKISE)Plataforma de Organizaciones Sociales de
Sucumbíos, Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, Federación de
Mujeres de Sucumbíos – Derechos Humanos; mientras que de Colombia participaron las comunidades
Monteverde, Puerto Bello, Camposolo, Campo Ají, Peneya, Montebello, San Ignacio,
Canacas, Lisberia, Puerto Silencio del corregimiento Piñuña Blanco; Comandante, Angostura, Belén,
Sevilla, Guadalupe, La Rosa, Camelias, Chufiyá, Agualongo, Baldío, La Alea, Buen
Samaritano, Bajo Mansoyá, Bajo Cuembí del corregimiento y Zona de Reserva Campesina Perla
Amazónica, Resguardo Buena Vista del Pueblo Siona, así como las organizaciones Asociación
Agroecológica de Trabajadores Campesinos del Piñuña Blanco (ASIAGRO), Asociación de
Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA) – Comunidades Construyendo Paz en los
Territorios (CONPAZ), Red de Derechos Humanos del Putumayo y Comisión Intereclesial de
Justica y Paz.
Por su parte, las organizaciones ecuatorianas invitaron al
Subteniente GARCÍA RICARDO,
Comandante del Destacamento El Palmar del Batallón de Selva
Nº 55 Putumayo del ejército
ecuatoriano, quien estuvo presente durante el evento para
responder a las inquietudes de las
comunidades.
Situación de derechos humanos e infracciones al derecho
internacional
Las comunidades y sus líderes han puesto en conocimiento de
la Asamblea cómo el conflicto
colombiano ha traspasado la frontera, registrándose también
en las comunidades fronterizas
del Ecuador serios abusos cometidos por la fuerza pública
colombiana, quienes en patrullajes
irregulares, con uniformados ecuatorianos o sin ellos, están
ingresando armados a las
comunidades ecuatorianas; habiéndose denunciado la comisión
de varias violaciones a los derechos de las personas como la restricción a la movilidad
humana, el señalamiento de ser encubridores o cómplices de la guerrilla de las Farc, la
búsqueda de personas en territorio
ecuatoriano o detenciones arbitrarias e irregulares; mientras
que en territorio colombiano el ejército y fuerza naval colombianos persisten
en la persecución y señalamiento a líderes y
defensores comunitarios de derechos humanos.
También se ha evidenciado el desconocimiento de principios
del derecho internacional como
el de distinción y proporcionalidad dado que se ha
verificado el lanzamiento de artefactos
explosivos desde bases militares colombianas, algunos de los
cuales han caído cerca de
viviendas de los centros poblados tanto de Colombia como de
Ecuador, con el grave riesgo
para la vida de las personas de las comunidades de frontera
(lo que en el caso del Ecuador
supone una clara y grave violación de las soberanía del
territorio nacional), sin que hasta el
momento haya existido un pronunciamiento o investigación al
respecto por parte de las
autoridades ecuatorianas.
Igualmente se ha identificado cómo el conflicto colombiano
se ha intensificado a la par que
avanzan las acciones extractivistas de compañías petroleras,
puesto que a medida que se van
instalando pozos o plataformas petroleras en la zona, lo
hacen también bases militares para su seguridad; lo que ha generado el aumento del nivel de
confrontación entre la guerrilla de las Farc y las tropas colombianas, quedando la población civil
expuestas en medio de estos
enfrentamientos y hostigamientos que casi a diario se
registran en algunas zonas.
Hechos registrados en Colombia, entre otros:
Enero 29 de 2013, hacia las 4:00 a.m., en la comunidad
Peneya, corregimiento Piñuña Blanco, un helicóptero militar colombiano ametralló el área,
afectando el lugar de habitación de tres familias. Ante esta situación, las familias de esta
comunidad se vieron obligadas a desplazarse hasta el casco urbano de Puerto Asís, retornando veintidós
(22) días después ante la ausencia de garantías, atención y protección por parte de las
instituciones colombianas.
Marzo 18 de 2013, en la comunidad Campo Ají, corregimiento
Piñuña Blanco, mientras se
encontraba reunida la comunidad, ingresaron unidades
militares de la Brigada 27 de Selva,
quienes exigían al presidente de la Junta de Acción Comunal
(JAC) CIRO LÓPEZ, que les
vendiera un animal a mitad de precio, a lo que el presidente
manifestó no estar de acuerdo,
solicitando además a las tropas el que respetaran el
principio de distinción, los uniformados se retiraron del lugar, permaneciendo a aproximadamente 100
metros del sitio comunitario.
Hacia las 3:00 p.m. las unidades militares fueron hostigadas
por la guerrilla.
Un par de horas después, mientras el señor López salía a
casa de uno de sus vecinos, escuchó que desde el lugar en donde estaban los militares alguien
gritaba “traigan a ese hijueputa así sea de las huevas” De inmediato fue retenido por los
uniformados, quienes lo condujeron propinándole puntapiés y gritándole “hijueputa” hasta el
sitio en donde estaba el resto de tropa, siendo forzado a desvestirse para comprobar que no
ocultaba nada en su cuerpo, mientras lo acusaban de ser el responsable del
hostigamiento.
Alrededor de las 5:30 p.m., se presenta de nuevo un
hostigamiento, mientras los militares
repelían el ataque, quedaron dos uniformados custodiando al
señor López, uno de ellos
drogándose con marihuana. Hacia las 7:00 p.m. los
uniformados deciden liberarlo.
Febrero 17 de 2014, hacia las 2:03 a.m. en la vereda Peneya,
cayeron tres artefactos
explosivos cerca de la vivienda del señor JUSTO SEGUNDO
CALDERÓN HERRERA, situación que llenó de pánico a todo su grupo familiar.
Hacia el amanecer, el señor Calderón encontró en su potrero
una res muerta debido a que uno de los artefactos cayó cerca a ella y a escasos metros de la
vivienda.
Febrero 18 de 2014, la comunidad de Puerto Bello,
corregimiento Piñuña Blanco, denuncia el lanzamiento de morteros por unidades militares colombianas,
en horas de la noche, los cuales cayeron en proximidad a los sitios de habitación de la
comunidad.
Hechos registrados en Ecuador, entre otros:
Abril 25 de 2013, hacia las 6:00 a.m. unidades colombianas
de la Fuerza Naval del Sur ingresaron a la comunidad indígena Kichwa Los Chíparos,
Provincia de Sucumbíos, Ecuador, reteniendo arbitrariamente al indígena ERNEL LOAIZA CAMACHO,
mientras conducía una motocicleta.
Mayo 12 de 2013, hacia las 11:30 a.m., unidades colombianas
de la Fuerza Naval del Sur ingresaron a la comunidad indígena Kichwa San José de
Wisuyá, disparando sus fusiles de manera indiscriminada, sin considerar que estaban cerca a la
Escuela Intercultural Bilingüe AYAWASKA, y que en ese momento en ella había niñas y niños
recibiendo clases. Minutos después los uniformados ingresaron a la escuela, amenazando
al profesor DANIEL GUARUSHA y exigiéndole que abandonara la escuela.
De inmediato la comunidad se dirigió hasta el sitio de los
hechos y al percatarse que los
uniformados eran colombianos, indignados por la violación a
la soberanía de su país, exigieron
el retiro inmediato de su territorio, así como el respeto a
los tratados internacionales.
Enero 2014, en horas del día, unidades militares colombianas
desde la vereda La Rosa o en
sus alrededores –territorio de Colombia-, lanzaron un
artefacto explosivo el cual cayó a tres
metros de la vivienda de la familia Cuchimba, en donde se
encontraba el señor Cuchimba, de
88 años.
Las comunidad Las comunidades denuncian que el lanzamiento
de artefactos explosivos por unidades militares colombianas que caen en proximidad a los caseríos
se viene dando desde hace dos años aproximadamente, sembrando angustia y temor en las
comunidades de los dos países, situación que se da, según los uniformados, en respuesta al
lanzamiento de cilindros bomba hacia instalaciones petroleras y bases militares por parte
de la guerrilla.
Así mismo, los motoristas que prestan el servicio de
transporte fluvial para las comunidades
fronterizas manifestaron que unidades de la Fuerza Naval del
Sur de Colombia suelen retener las embarcaciones para requisar y verificar documentos de
identidad, sometiendo a los campesinos y motoristas a toda clase de
señalamientos y acusaciones, y cuando se presenta un hostigamiento de la guerrilla hacia los uniformados
colombianos, éstos sindican a los motoristas de ser cómplices y conocedores del ataque que se
iba a presentar.
Ante las quejas y requerimientos de las comunidades
ecuatorianas sobre el patrullaje y
operativos conjuntos de uniformados colombianos y
ecuatorianos en territorio del Ecuador, el
Subteniente GARCIA RICARDO, Comandante del Destacamento El
Palmar del Batallón de Selva Nº 55 Putumayo del ejército ecuatoriano, manifestó que los
dos ejércitos en el marco de los acuerdos pueden compartir información y coordinar acciones,
más dijo no tener conocimiento de operativos realizados por uniformados colombianos en
territorio del Ecuador, por su cuenta o conjuntamente, lo cual, afirmó, está prohibido; afirmó,
asimismo, que la caída de artefactos explosivos desde territorio colombiano en territorio
ecuatoriana está siendo investigada por el Ejército ecuatoriano. Comprometiéndose el uniformado con la
Asamblea en realizar un informe al escalafón superior para que se adelanten las
acciones respectivas, afirmando además, que el ejército ecuatoriano es el encargado de la
seguridad en sus territorios manteniendo para ello controles militares permanentes.
Con preocupación denunciamos que una vez finalizada esta
asamblea, unidades colombianas
de la Fuerza Naval del Sur, retuvieron de manera arbitraria
e ilegal a 54 campesinos desde las 2:30 p.m. del día 28 del presente mes hasta las 10:00 a.m.
aproximadamente del día siguiente, 29 de abril, siendo éstos sometidos a señalamientos,
registros fotográficos y de sus huellas dactilares, bajo la acusación de que este evento fue
realizado con participación de la guerrilla, afirmación que rechazamos tajantemente, y que pone en
evidencia la grave situación de derechos humanos de que son víctimas las comunidades
fronterizas, afectadas por el conflicto colombiano. Estos hechos ponen en evidencia lo denunciado
con insistencia por las comunidades, sobre las actuaciones inconstitucionales y
violación de derechos de las personas por parte de las fuerzas militares colombianas; siendo
preocupante además el silencio y falta de acciones del ejército ecuatoriano para impedir este tipo
de operativos.
Igualmente, mientras realizábamos este informe, fuimos
alertados sobre la detención de un
menor de edad de nacionalidad ecuatoriana por unidades
militares colombianas de la Fuerza
Naval del Sur quienes se encontraban en un guardacostas
frente a la comunidad de El Palmar, Sucumbíos, Ecuador; los uniformados señalaran que lo
detenían por rebelión; estos hechos sucedieron el día 29 del mes en curso hacia la 1:00 p.m.,
siendo trasladado el menor hacia Puerto Asís, Putumayo, Colombia. Cuando su familia se
dirigió el día 30 a las instalaciones militares colombianas para reclamarlo fueron informadas que
había sido entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), institución que les
entregó al menor en horas de la tarde.
Resoluciones
1. Declarar este espacio de encuentro entre comunidades,
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de las repúblicas de Ecuador
y Colombia como ASAMBLEA COMUNITARIA BINACIONAL DE ORGANIZACIONES Y
COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
(ECUADOR) Y PUERTO ASÍS (COLOMBIA), que obrará como un mecanismo de
información, visibilización, denuncia y exigencia de respeto a los derechos humanos y al
derecho internacional, la cual tendrá un carácter permanente, dándose encuentros,
recorridos y brigadas binacionales periódicas en las comunidades fronterizas.
2. Las organizaciones ecuatorianas y colombianas realizarán
las acciones respectivas desde sus países ante los organismos de control respectivos,
exigiendo intervención inmediata, así como acciones disciplinarias.
3. Solicitar a las Defensorías del Pueblo de ambos países,
que en base al acuerdo binacional existente entre ambas instituciones se realice el
imprescindible monitoreo a veredas y comunidades en la frontera, así como
acompañamiento a la Asamblea Comunitaria Binacional de Organizaciones y Comunidades
Campesinas e Indígenas de la Provincia de Sucumbíos (Ecuador) y Puerto Asís
(Colombia).
4. Establecer redes de apoyo e información con medios
alternativos de comunicación para visibilizar la situación en la frontera
colomboecuatoriana.
Federación Campesina de Agricultores y Nacionalidades del
Putumayo (FECANPE)
Plataforma de Organizaciones Sociales de Sucumbíos
Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social
Campesino
Federación de Mujeres de Sucumbíos – Derechos Humanos
Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de
Sucumbíos (FONAKISE)
Asociación Agroecológica de Trabajadores Campesinos del
Piñuña Blanco (ASIAGRO)
Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica
(ADISPA) – Zona de Reserva
Campesina – Comunidades Construyendo Paz en los Territorios
(CONPAZ)
Resguardo Buena Vista del Pueblo Siona
Red de Derechos Humanos del Putumayo
Comisión Intereclesial de Justica y Paz
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