Por Nuria García, Investigadora sobre Venezuela de Amnistía
Internacional.
Las calles de Venezuela están casi irreconocibles.
Las escenas de violencia que tuvieron lugar en el contexto
de las protestas que coparon el país hace apenas unos meses parecen haber
quedado atrás.
Pero el trágico impacto de la escalada de violencia y violaciones
a los derechos humanos que dejaron un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos
sigue latente en cada rincón del país.
Durante mi más reciente visita a Venezuela, tuve la
oportunidad de hablar con algunas de las personas que sufrieron en carne propia
aquellos abusos y que todavía reclaman justicia.
Entre ellos está Ghina, la esposa de Guillermo Sánchez, una
de las personas que perdieron la vida durante las protestas.
Guillermo murió el 12 de Marzo en un hospital de la ciudad
de Valencia – la tercera más grande del país – una hora después de que un grupo
de civiles armados le dispararan y golpearan brutalmente. Guillermo estaba
regresando a su hogar después de pintar la casa de su madre.
Según testigos, el grupo de civiles armados estaba disparando
contra quienes desde hacía días se encontraban bloqueando una vía pública en
señal de protesta contra el gobierno.
Tras dispararle, los civiles entregaron a Guillermo a la
policía diciéndoles: “ahí tienen a un guarimbero (quienes bloqueaban las vías públicas
en señal de protesta contra del gobierno), esperen más”.
La conversación con Ghina es precipitada. Ese mismo día la
familia Sánchez estaba saliendo de Venezuela por temor a su seguridad. Desde
que se inició la investigación por la muerte de Guillermo, Ghina ha sido objeto
de intimidaciones. Cuando se dirigió a la comisaría de policía con el pedido de
protección dispuesto por la fiscalía, los agentes se burlaron de ella.
“No es fácil contar esta historia, pero la voy a seguir
contando porque algún día se debe hacer justicia,” me dijo con lágrimas en los
ojos.
Las historias que dan cuenta del triste saldo de la
violencia que se vivió durante casi dos meses en Venezuela se replicaron en
cada ciudad que visité durante mi estadía en el país.
En la ciudad de San Cristóbal, capital de Táchira, donde se
iniciaron las protestas en Febrero, tuve la oportunidad de conocer a John
Michael Ortiz. Este joven de 16 años experimentó en carne propia el uso
excesivo e indiscriminado de la fuerza con el que las fuerzas del orden
respondieron a las manifestaciones.
La violencia es visible en las paredes de la casa de John
Michael donde todavía pueden verse los impactos de los perdigones de goma que
la policía disparó cuando perseguía a un grupo de manifestantes el 21 de Abril
por la mañana.
“Yo me asomé y el policía al verme en el balcón apuntó el
arma hacia mí y me disparó,” me explica.
El perdigón de goma le alcanzó el ojo izquierdo y le quemó
la retina. John Michael tuvo que ser sometido a dos operaciones quirúrgicas y
todavía debe enfrentar más tratamientos. Es probable que pierda al menos un 80
por ciento de visión.
Pero los abusos a los derechos humanos que tuvieron lugar en
Venezuela no se limitaron a las ciudades y campus universitarios.
Durante mi visita, escuché decenas de relatos de
manifestantes y viandantes que fueron torturados y mal tratados tras haber sido
detenidos.
Pocos evidencian la arbitrariedad con que actuaron las
fuerzas del orden como el de Wuaddy Moreno, un joven campesino de 20 años de
edad que reside en Cerro Palenque, en el municipio de Jauregui, en Táchira.
Wuaddy fue arrestado en La Grita a pocos kilómetros de su
casa por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en la madrugada del 17 de
Febrero, cuando regresaba en moto de una fiesta de cumpleaños.
Los 15 efectivos que lo interceptaron lo acusaron de haber
participado en las manifestaciones que en esos días se habían llevado a cabo.
Inmediatamente lo llevaron junto a sus dos amigos a la plaza pública, donde los
oficiales los golpearon para que admitieran que habían utilizado armas durante
las protestas e implicaran al alcalde en la financiación de las mismas.
Los oficiales además quemaron los brazos y piernas de Wuaddy
con la punta caliente de un destornillador. Los guardias luego le bajaron los
pantalones e intentaron violarlo con el objeto caliente, provocándole serias
lesiones cerca de los testículos.
Cuando conversé con Haydee, la madre de Wuaddy al calor de
la leña y rodeadas del aroma de la sopa de gallina y arepas de maíz que estaba
cocinando, me contó que cuando decidieron denunciar los abusos, dos oficiales
de la Guardia Nacional fueron a visitarla.
Los oficiales le pidieron que retiraran el reclamo, que
debajo del uniforme de ese Guardia Nacional había un ser humano.
“Debajo de los pantalones que le bajaste a mi hijo también
había un ser humano,” les respondió entonces Felipe, el padre de Wuaddy.
Cuando me reuní con la Fiscal General y le pregunté sobre el
progreso en las más de 200 investigaciones en curso por denuncias de
violaciones a los derechos humanos, entre ellos los casos de Guillermo, John
Michael y Wuaddy, la Fiscal me reiteró su condena hacia estos hechos y su
compromiso de esclarecer todas las responsabilidades y hacer justicia.
Ghina, John Michael y Wuaddy, al igual que el resto de las
personas que me confiaron sus relatos, las víctimas de la violencia en las
barricadas y las víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos, se
mantienen escépticas.
La justicia es indispensable porque sin ella, el riesgo de
que Venezuela caiga en una nueva espiral de violencia y abusos es demasiado
real.
La única forma de detener esta impensable posibilidad es que
el Estado venezolano recobre la confianza de su población ofreciendo verdad,
justicia y reparación para todas las víctimas, esclareciendo todas las
responsabilidades y llevando a todos los responsables ante la justicia.
Por su parte, todas las fuerzas políticas, gobierno y
oposición, deben condenar las protestas violentas y emplear su influencia para
ponerles fin, comprometiéndose a poner al frente de la agenda política el
respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.
Solo así Venezuela estará encaminada a ser un país en el que
el diálogo constructivo sea la única opción.
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