Terrorismo. Criminalización para ponernos “rodilla en tierra”

Old SideshowBob

Terrorismo, palabra que empieza a ocupar la propaganda estatal de difamación a los disidentes. Terroristas que siguen un manual de “golpe suave”, ofenden al Estado hablando de “represión cruel”, las fuerzas del orden público actúan contra manifestantes que “no son ningunos santos”, están financiados por el extranjero, y todas las tácticas Goebbelianas de propaganda y cortinas de humo (http://xurl.es/ws33t). Este guión no es nuevo, pero el uso de la palabra terrorista como acusadora se enmarca en una legislación reciente (2012). Se crearon cargos para juzgar “terroristas”, y la decisión de quién es terrorista es del gobierno, en complicidad con los poderes legislativo y judicial. Es decir, un sistema de justicia configurado para que seas más culpable de lo que ya (presumen) eres. Este nivel de represión y difamación desmedida viene armándose ya desde el 2002, cuando podemos decir empezó a prepararse el terreno para legalizar la represión social, se aprueba la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (LSN). Se establecen penas de prisión a quienes interfieran con el desarrollo de las actividades de las Zonas de Seguridad (ZS), entre las cuales podemos destacar: “Las zonas que circundan las instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales” (Art. 48). Se castigará con prisión de 5 a 10 años a “ cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, qué estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país.” (Art. 56) Las huelgas, manifestaciones laborales y/o sindicales pueden criminalizarse discrecionalmente por el Estado, al poder apresar a quienes manifiesten, pues puede inculparse a los manifestantes por la obstrucción y perturbación de dichas ZS.

En el 2012 surge la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Un año que el circo/cerco mediático se enfocó en las elecciones presidenciales, con un presidente envuelto en una enfermedad misteriosa, que ganó pero no fue capaz de tomar posesión, pese a los tecnicismos del poder legislativo y judicial que no consideraron una falta absoluta la ausencia del candidato electo, que solo salía como relatos fantásticos de los altos jerarcas, o fotos mal montadas, sacadas a la luz a los pocos días de una devaluación del bolívar. Ese 2012, se aprobó la LODOFAT, pero el bochinche electoral y la enfermedad del caudillo “dictaba” la política del país, pasando la LODOFAT debajo de la mesa, pues la preocupación impulsada desde la polarización MUD-PSUV, era el cambio de gestor, la batalla final, y pare de contar...

En el 2012 surge la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Activistas y organizaciones sociales denuncian que la LODOFAT es discrecional al momento de definir terrorismo o acto terrorista, es decir, queda a juicio del Estado determinar quién es terrorista y por qué lo es (Art 4.), y esta discrecionalidad se suma a su artículo 50 donde se imputa como delincuente contra la libertad de industria y comercio a “Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada con prisión de ocho a diez años.” Como vemos, se reafirma la LSN, pero se le añade el término de terrorismo. Se criminalizan gravemente los derechos constitucionales a las protesta y/o a la huelga, avalando así la represión militar y paramilitar.

Con semejantes soportes legales, hemos padecido desde febrero una ola de represión desmedida, con detenidos, torturados, asesinados, donde no solo es detenido quien protesta, sino quien parece protestar, camine por ahí o, sea objeto de labores de inteligencia, neolengua para espionaje y provocación estatal. Recuérdese el secuestro en los Palos Grandes el 7/03 en Caracas, justificado por Rodríguez Torres, pues se capturó a un “ciudadano peligroso” que “perturbaba el orden público”.

El 3 de abril, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anuncia por twitter la presentación de una reforma a la LODOFAT para “acabar con la impunidad”, y el 24 de abril la Sala Constitucional en sentencia número 276 cumple las ambiciones de Diosdado, allí se impide ejercer el derecho a la manifestación sin previa autorización: La “autoridad correspondiente”, podrá aprobar o negar la manifestación, con la potestad de cambiar la zona donde ha de realizarse la misma; las manifestaciones sin autorización serán consideradas desobediencia a la autoridad, y por ende un delito penal.

Son continuas las reformas al Código Penal, para darle más poder al acusador (fiscal) que al acusado (quien sea considerado discrecionalmente, enemigo del estado). Estas reformas legales se han combinado con una práctica criminalizadora y brutal hacia la protesta social. Manifestarse es perturbar las Zonas De Seguridad, es ser terrorista, es “Perturbar la Paz”, paz carente de conflictos, reclamos, o quejas que mantiene “todo en orden”; es la paz a costa de la sumisión, paz del individuo como parte de una masa que actúa por inercia, por la inercia timoneada por del partido político gobernante; la paz a punta de pistola.

Criminalización de la protesta

Según el último informe de Provea, “se registraron 355 personas detenidas, 32% más que en 2012, cuando PROVEA reportó 269 afectados. Adicionalmente, se incrementó la cifra de personas  que sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de protestas pacíficas. Se reportaron 316 víctimas, 62% más que el año anterior, cuando fueron 195 las personas lesionadas”. A su vez la GNB es el organismo de seguridad con más denuncias de violar el derecho a la integridad personal, (60 casos un 27,15% del total); el CICPC ocupa el segundo lugar (35 casos, 15,84%). Y recuérdese que estos son solo los conocidos, pues existen numerosas violaciones que no son denunciadas por el miedo a que se tomen represalias contra los denunciantes, ante la impunidad reinante; y la Defensoría del Pueblo esquiva con tecnicismos los temas de la tortura y el trato cruel.

La madrugada del 8 de mayo, en un enorme despliegue militar, detienen aproximadamente 243 manifestantes (en su mayoría jóvenes estudiantes) en un operativo de madrugada, donde la GNB emboscó los distintos campamentos, con lacrimógenas, patadas, peinillazos e insultos, llevándoselos detenidos; posteriormente la GNB en conjunto a los canales estatales utilizaron los medios de comunicación para difamarlos ante la opinión pública y acusarlos, en una campaña mediática de difamación nacional, hablando de “campamentos terroristas” (http://xurl.es/d2elo).

En los tribunales se les hicieron presentaciones con directrices corruptas del poder judicial para imputarles los más diversos cargos criminales, mediante “ordenes desde arriba”, como han denunciado ONGs. Penas y cargos establecidos por el poder judicial para castigar y acallar la protesta y encarcelar manifestantes, criminalizando la disidencia. En Caracas, para mediados de Mayo, a 189 de los detenidos en los campamentos se les aplico medida sustitutiva de libertad, 139 tendrán presentación cada 15 días y 48 han de presentarse cada 30 días en el juzgado; 10 privados de libertad, uno ha de buscarse un fiador; tres fueron liberados tras pagar una fianza y cinco fueron liberados plenamente, enviados a rehabilitación por drogas.

Massiel Pacheco es una “vendedora de empanadas”, habitante de un barrio del sector Villa Zoila, Cota 905. Fue detenida por informar a la GNB de una caja que encontró cerca de su puesto de trabajo con artefactos explosivos, fue detenida sin mediar palabra y considerada una terrorista, acusada –sin el derecho al debido proceso alguno - en medios estatales de terrorista (http://xurl.es/eyscj); recluida en el INOF, liberada días después, sufriendo golpes, abusos y humillaciones en la sede de la GNB en Maca, Petare por parte del aparato policial y militar. Massiel no puede dar declaraciones a los medios de comunicación, tiene prohibición de salida del país y tampoco puede participar en manifestaciones por órdenes del tribunal. 

Luis Matheus, joven de 20 años fue detenido por la urbanización Tulipán, municipio San Diego, estado Carabobo.. Según informo PROVEA “Su madre denunció que su hijo fue detenido arbitrariamente y trasladado a la sede del comando de la Guardia del Pueblo, donde aparentemente fue golpeado por los funcionario militares y acusado de conducir un vehículo “repleto” de bombas molotov y “miguelitos”, que según la versión de las autoridades, serían empleados para alterar el orden público.” Le imputaron 4 delitos, entre ellos obstrucción de vía pública y terrorismo (LODOFAT). La actuación del poder político usando los llamados “falsos positivos” contra Massiel Pacheco y Luis Matheus parece indicar que el mensaje del gobierno es “iremos contra quien sea, cuando sea”, “todos son presuntos culpable”, la imposición del miedo para acallar las críticas (http://xurl.es/jqk9f).

La actuación del SEBIN en labores de “inteligencia policial” (espionajes, allanamiento, cacería de brujas), se ha aplicado ferozmente, en los últimos meses vemos como residencias y hospedajes de estudiantes, periodistas, manifestantes, activistas, o personas corrientes, son allanados por los entes estatales, patrullas circulan las reuniones públicas y se toman registro audiovisuales de las manifestaciones. Estas actuaciones no son nuevas, pues los sectores populares sufren continuos allanamientos, pero los anteriores se enmarcan más en una represión política. De hecho, en su último informe, PROVEA señala el incremento en los allanamientos ilegales (violación al Derecho a la Integridad Personal): “se evidenció un aumento de 203,33%, con 91 víctimas frente a las 30 de 2012; por último, el patrón amenazas u hostigamientos se elevó en 7,50%, con 43 víctimas, en relación a las 40 víctimas registradas en el periodo anterior.” Detenciones arbitrarias se dan constantemente por parte de los cuerpos de Seguridad, pues no solo es quien manifieste, pues quien este cerca de las manifestaciones, o tenga “carnet de estudiante”, es detenido, como han denunciado ONG y jóvenes detenidos. A su vez, activistas de Organizaciones no Gubernamentales (PROVEA, Foro Penal, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre otros), han sufrido ataques paramilitares o policiales, además de insultos y acusaciones de altos jerarcas del gobierno.

El 02.08.2013, se crea el Reglamento Especial de Zonas de Seguridad del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, allí se castiga expresamente la realización de paros o huelgas, mediante la prohibición de acciones que “obstaculicen o interrumpan” (según la discrecionalidad del poder), las actividades del sector eléctrico. Ello ha venido acompañado de una militarización de la industria (no solo la eléctrica), con nombramientos de efectivos militares en los altos puestos, la presencia de efectivos militares en las empresas básicas, o el intento que hizo el Estado mediante sus milicias, de tomar Venalum (Empresa Venezolana de Aluminio), cuando los trabajadores protestaban. En empresas como CIVETCHI, ocho trabajadores fueron encarcelados en la cárcel de Tocuyito por intentar hacer un sindicato, la empresa del Grupo Souto, del sector alimentario, sufrió la detención arbitraria de siete trabajadores por protestar para exigir un nuevo contrato colectivo. Desde las altas esferas del gobierno se descalificó a sindicalistas de empresas básicas estatales que realizaran protestas, paros o huelgas por derechos laborales, pago de deudas y contrataciones colectivas.

Ante la brutal represión, organización.

Lo anterior es solo una muestra de toda la praxis represiva que ha venido implantándose en el país, hacia los distintos sectores sociales, que se fue armando poco a poco. Este tipo de represión se enmarca dentro del proceso globalizador, donde el Estado-Nación buscando controlar el poder acusa a los disidentes de terroristas, para la conservación de poder y el favorecimiento de la continua circulación de mercancía, con riquezas que están en manos de pocos, a costa de la miseria de muchos.

 Los movimientos sociales y activistas deben organizarse combatir estos recovecos legales, luchar por la derogación de leyes como la LODOFAT y la LSN que no buscan la justicia social, que solo buscan culpables, leyes que sostienen la acumulación del poder político y económico de las élites nacionales y trasnacional, mantienen el status-quo, restringen el derecho a tener derechos, y a protestar por los mismos. Basta de criminalización de la protesta, basta de difamación hacia quienes disienten, basta de que se impute a activistas y manifestantes, o a cualquiera, de terrorista. Por el derecho a la disidencia, por el derecho a pensar distinto, por un mundo alternativo, con acuerdos sociales que no se basen en pirámides de poder que mantengan relaciones de opresores y oprimidos. Porque no queremos seguir viviendo como presuntos culpables, por la recuperación de las libertades que el Estado y el Capital nos suprimen en nombre de la democracia o el socialismo. #OrganizAcción