Servindi
Un llamado a respetar el derecho a la protesta de los pueblos indígenas movilizados efectuó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) al Estado peruano y en especial a las fuerzas del orden, a fin de evitar “nuevas afectaciones a la vida e integridad de las personas”.
Recordó al Estado su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos e implementar de manera inmediata medidas de remediación ambiental, atención en salud y dotación de agua para las comunidades de las cuencas de los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza y Tigre.
Señaló la obligación del Estado de atender a los pueblos Kichwa, Quechua del Pastaza, Achuar, Kandoshi, Kukama Kukamiria y Urarina ante los graves problemas ambientales y en salud generados por años de actividad petrolera.
Recordó que tal como ocurrió durante el Paro Amazónico de 2009, los pueblos indígenas del Lote 1AB están ejerciendo su derecho a la protesta ante la inoperatividad del Estado que debería proteger sus derechos.
En ese sentido, observan que “el fracaso de la mesa de diálogo pone en cuestión la buena fe del Ejecutivo de cara al proceso de consulta para la ampliación de las actividades petroleras en el lote 1AB”.
La coordinadora recomendó que el Estado aborde de manera más profunda la conflictividad social, enfocándose en la enfermedad y no en el síntoma, atendiendo los problemas de fondo. Indicó que las vulneraciones de derechos en el ámbito de influencia de las industrias extractivas constituyen la primera fuente de conflictividad social en nuestro país, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
También recordó que existen estándares internacionales sobre uso de la fuerza que deben ser cumplidos de manera estricta.
A continuación el pronunciamiento completo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:
Lote 1AB: ¿Diálogo o mecedora?
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la situación en que los pueblos indígenas en el entorno del Lote 1AB en el departamento de Loreto (Kichwa, Quechua del Pastaza, Achuar, Kandoshi, Kukama Kukamiria y Urarina) esperan a que se atiendan los graves problemas ambientales y en salud generados por años de actividad petrolera en sus territorios sin ser atendidos. La situación es tan grave que desde el año pasado la cuenca del río Corrientes se encuentra declarada en emergencia ambiental, aunque más allá de esta declaración formal no se han implementado medidas que solucionen el problema.
Las organizaciones indígenas han participado desde noviembre del año pasado en un proceso de diálogo organizado por la PCM sin ningún resultado concreto en la garantía de sus derechos. Por este motivo desde el día de ayer, 12 de junio, los pueblos indígenas se encuentran movilizados para exigir que el estado cumpla con sus obligaciones, como recomendó el Relator sobre Pueblos Indígenas de NNUU, James Anaya, con ocasión de su visita al Perú en septiembre pasado.
Tal como ocurrió durante el Paro Amazónico del 2009, los pueblos indígenas del Lote 1AB están ejerciendo su derecho a la protesta ante la inoperatividad del Estado que debería proteger sus derechos. En este sentido, el fracaso de la mesa de diálogo pone en cuestión la buena fe del Ejecutivo de cara al proceso de consulta para la ampliación de las actividades petroleras en el lote 1AB. Esta situación también genera serios cuestionamientos respecto a la viabilidad del sistema de prevención de conflictos propugnado por la PCM, que según se evidencia en este caso no está mostrándose apto para atender los problemas de fondo que subyacen a la conflictividad social, específicamente la vulneración de derechos.
Ante esta situación la CNDDHH:
1.- Recuerda al Estado su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, implementando de manera inmediata las medidas de remediación ambiental, atención en salud y dotación de agua en condiciones adecuadas para los pueblos indígenas que habitan en los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza.
2.- Hace un llamado al Estado y en especial a las fuerzas del orden para que se respete el derecho a la protesta de los pueblos movilizados, evitando generar nuevas afectaciones a la vida e integridad de las personas, y actuando en el cumplimiento estricto de los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
3.- Recomienda al Estado abordar de manera más profunda el tema de la conflictividad social, enfocándose en la enfermedad y no en el síntoma, atendiendo los problemas de fondo subyacentes a esta dinámica, y en particular las vulneraciones de derechos en el ámbito de influencia de las industrias extractivas, las cuales constituyen la primera fuente de conflictividad social en nuestro país (60% del total reportado por la Defensoría del Pueblo).
Lima 13 de junio del 2014 Secretaría Ejecutiva Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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