Front Line Defenders
Front Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas. El informe presentado está basado en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas con personas defensoras de los derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un vídeo de 12 minutos acompaña a este informe, disponible en frontlinedefenders.org/peru-reportonhumanrightsdefenders
Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en
referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos
(DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio
ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y
trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones,
amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas
de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados
puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que
desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades
locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su
territorio y en sus medios de vida.
“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación
una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz
por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades
indígenas y locales y de aquellos que los defienden. El gobierno del Perú tiene
la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger
los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se
manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front
Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.
Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en
el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del
gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el
territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la
provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las
empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas,
quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados.
La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya
que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.
La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con
una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía
y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la
ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional
inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.
En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH
enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías
mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son
una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde.
El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado
50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos
falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el
trabajo principal de la organización.
Muchas de las personas defensoras del medio ambiente
entrevistadas por Front Line Defenders expresaron el miedo que sienten al vivir
en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y
encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.
“Es muy complejo y peligroso presentarte como defensor en
este contexto” anota la defensora de derechos humanos, la Sra Ruth Luque de
Derechos Humanos Sin Fronteras, al tiempo que el defensor de derechos humanos
el Sr Vidal Merma, afirma que hay una campaña de desprestigio direccionando
“los ataques hacia algunos comunicadores o periodistas que estaban mostrando la
realidad, la muerte de animales, los problemas de las comunidades y la
destrucción del medio ambiente...”
El presente informe consigna diez recomendaciones al
Gobierno del Perú, las cuales, si fueran implementadas, contribuirían de manera
significativa a la mejora de la situación de las personas defensoras de
derechos humanos y al Perú a respetar sus obligaciones bajo la Declaración de
NNUU sobre Defensores de Derechos Humanos.
Un vídeo de 12 minutos acompaña a este informe, disponible
en frontlinedefenders.org/peru-reportonhumanrightsdefenders
El informe puede ser leido aquí.
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