J. R. López Padrino
Los trabajadores venezolanos celebraron este 1° de Mayo sumidos en la mayor indefensión laboral dada la ofensiva neoliberal del régimen en contra de sus conquistas laborales y sus instrumentos de lucha, los sindicatos. Esta ofensiva se ha materializado en la eliminación de la autonomía sindical, en la creación de puestos de trabajo precarios, en la penalización del derecho a la huelga, en la imposición de pírricos aumentos salariales por decretos ejecutivos, en la negativa a la discusión de contratos colectivos (80% de los contratos colectivos están pendientes para su discusión), en la eliminación de la seguridad social y en el sistemático chantaje o exclusión laboral de los trabajadores por razones políticas. Además, ha profundizado el debilitamiento del movimiento sindical al patrocinar el surgimiento de Centrales, Federaciones y Sindicatos obreros paralelos, sumisos a sus intereses. Es decir, han creado un aparato político sindical, que no responde a los intereses de los trabajadores, sino que está al servicio del régimen, a la voluntad del "ungido de Miraflores", en su afán por imponer un pensamiento único y domesticar a esta combativa clase social, y poder seguir cercenando sus derechos laborales.
Un reflejo de este nuevo paquetazo neoliberal bolivariano ha sido el miserable aumento del salario mínimo (30%). Incremento que no fue consultado con los trabajadores, ni con las instancias sindicales, fue una decisión unilateral del tasador de la República, es decir el nuevo morador de Miraflores. Aumento salarial que es por demás deficitario dado que la inflación anualizada al mes de marzo se ubicó en 59,4%, el aumento de la canasta básica que mide el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) ha sido del 77,8 % en un año, y hasta la canasta alimentaria que presenta el Instituto Nacional de Estadistica (INE) del gobierno ha sufrido un incremento del 71,5 %. Este nuevo salario mínimo constituye solo una cuarta parte del costo de la canasta básica familiar, es decir, que para adquirirla se requieren cuatro salarios mínimos. Al cierre de marzo la canasta básica familiar se ubicaba en 17.572 BsF. de acuerdo al CENDA. Además, este incremento solo beneficiará al 45% de la fuerza laboral, profundizando de esta manera la distorsión salarial existente en el país. Con este nuevo decreto el régimen está incumpliendo con el mandato del artículo 91 de la Constitución, que reza “el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”
La clase obrera celebró este 1° de Mayo en medio de un país militarizado que sufre una profunda crisis social, política y económica producto de 15 años de “desgobierno” socialfascista. Un país sometido a un brutal terrorismo de Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos) y cuya agenda está orientada a profundizar la confrontación y la violencia para “limpiar el país” de los apátridas y traidores, entiéndase de todos aquellos que no comulgamos con los preceptos fascistas del proyecto gobernante. Violencia que no solo está presente en la conducta de la Guardia Nacional, los cuerpos represivos del Estado y los paralumpen bolivarianos que operan con total impunidad, sino en el discurso delincuencial y soez, cargado de odios y agravios, de mentiras e inexactitudes históricas del propio Maduro. Ello en medio de un proceso perverso de amordazamiento de los medios de comunicación donde solo impera la verdad oficial.
El proceso fachochavista se desmorona por todos los frentes, crece el rechazo y la desconfianza no solo en aquellos quienes nos oponemos, sino en el seno de aquellos que en el pasado le dieron su respaldo y confianza. Todos rechazamos la irracionalidad de un modelo basado en un capitalismo de Estado explotador y militarizado que solo ha generado destrucción, empobrecimiento y un mayor control social. Los resultados de la barbarie socialfascista son evidentes: i) represión: en los últimos meses, más de 2678 detenciones, de las cuales 135 permanecen detenidas y 178 están en libertad con medidas cautelares, 41 asesinados y más de 700 heridos (cifras oficiales); ii) inseguridad: Venezuela es el país con la mayor tasa de mortalidad por el hampa, según un estudio de la organización de Naciones Unidas (ONU, 2013); iii) impunidad: solo un 8% de los delitos cometidos en el país no quedan impunes según datos del Ministerio Público; iv) inflación: cerró en el 2013 con un acumulado del 56,3% la más alta de la región, y el reglón específico de alimentos cerró 74,5% (anualizado al mes de 02/2014 según la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe); v) desabastecimiento: el índice de escasez que mide el BCV al mes de marzo fue de 29,4 % , lo que implica aproximadamente que uno de cada cuatro productos básicos no están disponibles en los anaqueles de los supermercados y tiendas de alimentos; vi) desempleo: la tasa de desempleo real es del 15%, sin contabilizar los puestos de trabajo precario y la informalidad (buhonerismo) que abarca al 53% de la fuerza laboral activa del país; vii) endeudamiento: un irresponsable endeudamiento interno y externo. viii) devaluación: la moneda ha sido nuevamente devaluada de 6,3 BsF. por USD a una tasa variable establecida por el SICAD (49-50 BsF. por USD); ix) ruina económica: el aparato productivo nacional ha sido destruido al igual que las empresas básicas de Guayana.
Frente a este gorilismo neoliberal-facho que reprime, asesina y viola los derechos de los venezolanos, los trabajadores tienen la responsabilidad histórica de mancomunar sus esfuerzos con otros sectores de la sociedad en la lucha contra este régimen autoritario empeñado en cubrir al país con más sangre y luto en nombre de una bastarda revolución.
Los trabajadores venezolanos celebraron este 1° de Mayo sumidos en la mayor indefensión laboral dada la ofensiva neoliberal del régimen en contra de sus conquistas laborales y sus instrumentos de lucha, los sindicatos. Esta ofensiva se ha materializado en la eliminación de la autonomía sindical, en la creación de puestos de trabajo precarios, en la penalización del derecho a la huelga, en la imposición de pírricos aumentos salariales por decretos ejecutivos, en la negativa a la discusión de contratos colectivos (80% de los contratos colectivos están pendientes para su discusión), en la eliminación de la seguridad social y en el sistemático chantaje o exclusión laboral de los trabajadores por razones políticas. Además, ha profundizado el debilitamiento del movimiento sindical al patrocinar el surgimiento de Centrales, Federaciones y Sindicatos obreros paralelos, sumisos a sus intereses. Es decir, han creado un aparato político sindical, que no responde a los intereses de los trabajadores, sino que está al servicio del régimen, a la voluntad del "ungido de Miraflores", en su afán por imponer un pensamiento único y domesticar a esta combativa clase social, y poder seguir cercenando sus derechos laborales.
Un reflejo de este nuevo paquetazo neoliberal bolivariano ha sido el miserable aumento del salario mínimo (30%). Incremento que no fue consultado con los trabajadores, ni con las instancias sindicales, fue una decisión unilateral del tasador de la República, es decir el nuevo morador de Miraflores. Aumento salarial que es por demás deficitario dado que la inflación anualizada al mes de marzo se ubicó en 59,4%, el aumento de la canasta básica que mide el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) ha sido del 77,8 % en un año, y hasta la canasta alimentaria que presenta el Instituto Nacional de Estadistica (INE) del gobierno ha sufrido un incremento del 71,5 %. Este nuevo salario mínimo constituye solo una cuarta parte del costo de la canasta básica familiar, es decir, que para adquirirla se requieren cuatro salarios mínimos. Al cierre de marzo la canasta básica familiar se ubicaba en 17.572 BsF. de acuerdo al CENDA. Además, este incremento solo beneficiará al 45% de la fuerza laboral, profundizando de esta manera la distorsión salarial existente en el país. Con este nuevo decreto el régimen está incumpliendo con el mandato del artículo 91 de la Constitución, que reza “el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”
La clase obrera celebró este 1° de Mayo en medio de un país militarizado que sufre una profunda crisis social, política y económica producto de 15 años de “desgobierno” socialfascista. Un país sometido a un brutal terrorismo de Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos) y cuya agenda está orientada a profundizar la confrontación y la violencia para “limpiar el país” de los apátridas y traidores, entiéndase de todos aquellos que no comulgamos con los preceptos fascistas del proyecto gobernante. Violencia que no solo está presente en la conducta de la Guardia Nacional, los cuerpos represivos del Estado y los paralumpen bolivarianos que operan con total impunidad, sino en el discurso delincuencial y soez, cargado de odios y agravios, de mentiras e inexactitudes históricas del propio Maduro. Ello en medio de un proceso perverso de amordazamiento de los medios de comunicación donde solo impera la verdad oficial.
El proceso fachochavista se desmorona por todos los frentes, crece el rechazo y la desconfianza no solo en aquellos quienes nos oponemos, sino en el seno de aquellos que en el pasado le dieron su respaldo y confianza. Todos rechazamos la irracionalidad de un modelo basado en un capitalismo de Estado explotador y militarizado que solo ha generado destrucción, empobrecimiento y un mayor control social. Los resultados de la barbarie socialfascista son evidentes: i) represión: en los últimos meses, más de 2678 detenciones, de las cuales 135 permanecen detenidas y 178 están en libertad con medidas cautelares, 41 asesinados y más de 700 heridos (cifras oficiales); ii) inseguridad: Venezuela es el país con la mayor tasa de mortalidad por el hampa, según un estudio de la organización de Naciones Unidas (ONU, 2013); iii) impunidad: solo un 8% de los delitos cometidos en el país no quedan impunes según datos del Ministerio Público; iv) inflación: cerró en el 2013 con un acumulado del 56,3% la más alta de la región, y el reglón específico de alimentos cerró 74,5% (anualizado al mes de 02/2014 según la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe); v) desabastecimiento: el índice de escasez que mide el BCV al mes de marzo fue de 29,4 % , lo que implica aproximadamente que uno de cada cuatro productos básicos no están disponibles en los anaqueles de los supermercados y tiendas de alimentos; vi) desempleo: la tasa de desempleo real es del 15%, sin contabilizar los puestos de trabajo precario y la informalidad (buhonerismo) que abarca al 53% de la fuerza laboral activa del país; vii) endeudamiento: un irresponsable endeudamiento interno y externo. viii) devaluación: la moneda ha sido nuevamente devaluada de 6,3 BsF. por USD a una tasa variable establecida por el SICAD (49-50 BsF. por USD); ix) ruina económica: el aparato productivo nacional ha sido destruido al igual que las empresas básicas de Guayana.
Frente a este gorilismo neoliberal-facho que reprime, asesina y viola los derechos de los venezolanos, los trabajadores tienen la responsabilidad histórica de mancomunar sus esfuerzos con otros sectores de la sociedad en la lucha contra este régimen autoritario empeñado en cubrir al país con más sangre y luto en nombre de una bastarda revolución.
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