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| Imagen: ACIN |
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Servindi, 25 de febrero, 2013.- El ataque perpetrado, el 21 de febrero, en contra de una misión humanitaria de la que eran parte indígenas de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN) y que dejó como saldo tres heridos por armas de fuego, motivó el “enérgico rechazo” de reconocidas organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
El ataque ocurrió cuando el vehículo que trasladaba a la
misión regresaba de una zona de enfrentamientos entre tropas del Ejército y las
FARC, en el resguardo de Jambaló, departamento del Cauca.
De acuerdo a ACIN, primera en condenar la brutal agresión
contra su equipo, el ataque fue perpetrado por miembros de las FARC.
Los disparos dejaron heridos al coordinador del área de
Derechos Humanos ACIN, Germán Valencia Medina, quien recibió un impacto de bala
en el brazo izquierdo; a Yoiner Medina Talaga, quien recibió un disparo en el
tórax; y a Nelson Pilcue, asesor jurídico del “Programa Mujer”, con impactos de
esquirlas del parabrisas y una contusión en la mano derecha.
El atentado tuvo lugar a la 6:50 p.m., en el camino de
Santander de Quilichao, a la altura del puente El Uvo, un día después del
inicio de enfrentamientos entre grupos armados de las FARC y de la fuerza
pública en Jalambó que provocaron el desplazamiento de 68 familias al Sitio de
Asamblea permanente (SAP), en la vereda Guayope.
La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca consideró que
el ataque es de “suprema gravedad” pues aseguró que la misión estaba
“debidamente identificada” portando los “correspondientes emblemas de misión
humanitaria”.
Asimismo, señaló que la agresión fue dirigida contra
personas protegidas por medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos CIDH y en territorio beneficiario de medidas
cautelares colectivas e individuales proferidas por la misma comisión.
Tanto el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la misma ACIN expresaron
ante esta situación su “enérgico rechazo”.
Advirtieron que el violento incidente tuvo lugar dos días
después de la circulación de un panfleto con amenazas contra “autoridades,
comuneros y dirigentes políticos indígenas del orden zonal, regional y
nacional”, por parte de “supuestas Águilas Negras”.
“Ejercicios autonómicos”
La Acin consideró que la causa de la reacción violenta de los
actores armados en los territorios indígenas del Cauca es producida por los
“ejercicios autonómicos” de control territorial que ha venido llevando a cabo
en respuesta a los “sistemáticos” hechos de violencia, hostigamientos,
asesinatos selectivos, secuestros, etc. por parte de las FARC, y a
“intervenciones económicas” de multinacionales.
Tales ejercicios de control territorial se han realizado en
los territorios de Tacueyo, Munchique los Tigres, Canoas, Jambaló y la Cilia la
Calera Miranda, señaló.
Entre los logros de control territorial, la organización
destacó haber rescatado a menores y funcionarios públicos secuestrados por las
FARC, haber detenido y judicializado a miembros de las guerrillas acusados de
asesinatos contra indígenas en Toribio y haber expulsado a empresas
multinacionales mineras y otras ilegales.
Asimismo, destruyó laboratorios y cultivos destinados a la
producción de drogas ilegales y trincheras de la policía del ejército y la
policía en sitios sagrados así como campamentos de las FARC, entre otras
acciones.
No cederán ante presiones
Por otra parte, el Cabildo Indígena de Jalambó aseguró, en
un comunicado emitido el 23 de febrero, que no cederá a las presiones de
“ninguno de los actores armados, ni fuerza pública, ni guerrillas, ni paramilitares”.
“Repudiamos que en esta ocasión las FARC se hayan valido de
mezclarse entre la comunidad para realizar sus ataques contra el ejército
dejando a la comunidad civil en el fuego cruzado”, señaló.
Exigió también a los sectores armados y al Gobierno que se
respete a la “guardia indígena” por ser “el único organismo autónomo de las
comunidades que vela por la defensa de los territorios indígenas”.
Asimismo, entre otras cosas, demandó el acompañamiento
permanente de los órganos de control del Estado, la Defensoría del Pueblo y
organismos humanitarios , la implementación inmediata de medidas cautelares
para los territorios de Toribio, Tacueyó, San Francisco y Jámbalo Cauca que
fueron proferidas por la CIDH en 2011 y garantías para el ejercicio humanitario.
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