J. R. Lopez Padrino
El país vive una profunda crisis económica-política y social, cuyo ritmo lleva al país a un caos y a un colapso total. La realidad ha engullido falaces mitos y legados que pretendieron divinizarse usando falsos triunfos e ilusorios éxitos en los últimos 15 años. A la superficie van aflorando los mismos vicios, males sociales y perversiones del pasado, pero magnificados y endurecidos por la miseria del militarismo.
Mientras el gobierno recrudece la violencia que ciega vidas inocentes, militariza la sociedad e institucionaliza la tortura como política de Estado, sigue imponiendo un paquete de medidas de corte neoliberal. Presionado por un severo déficit fiscal cercano al 22% y a un desplome de las reservas internacionales en lo que va del 2014 -20.405 millones de dólares, de las cuales solamente 2.349 millones de dólares son reservas liquidas-, el régimen del monárquico del Palacio de Misia Jacinta ha devaluado en dos ocasiones la moneda (SICAD I y II), como parte de un paquetazo neoliberal disfrazado, a fin de palear la crisis que carcome nuestra economía. El Banco Central de Venezuela, en la persona del inefable Merentes ha tenido que reconocer que el país se encuentra en recesión y que sufre una hiperinflación devastadora, con el índice inflacionario más alto de Latino América (56,2 % al cierre del 2013). Ello aunado a un elevado desempleo abierto (12%), pues el encubierto (la informalidad) se sitúa por encima del 50% de la fuerza laboral. A esto se suma un profundo desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos industriales, la ruina del aparato productivo nacional, una caótica situación financiera de PDVSA (disminución de la producción y exportación petrolera, empresas mixtas, compra de petróleo, gas y gasolina en el exterior, uso del petróleo como garantía para préstamos de China y Rusia), el quiebre de las empresas de Guayana y un irresponsable endeudamiento externo que alcanza la cifra de los 120.233 millones de dólares al cierre del 2013, correspondiente a 106.109 millones de dólares por concepto de la deuda pública y 14.124 millones de dólares por la deuda privada. Habría que añadir los nuevos empréstitos en el marco del inauditable Fondo Chino.
Todos estos son elementos objetivos que dimensionan la magnitud de la tremenda crisis económica que sufre el país, cuya incidencia en la sociedad venezolana no puede menos que calificarse de muy grave. El régimen, al margen de su vocinglería anticapitalista viene aplicando gradualmente un paquetazo económico regresivo-neoliberal con retórica socialista, a fin de aliviar coyunturalmente la profunda crisis económica que afecta al país. No nos debe de sorprender que en los próximos días el régimen anuncie de manera progresiva -para minimizar el impacto político- otras medidas propias del paquetazo económico bolivariano como el alza en el transporte, la subida de impuestos y de los servicios públicos, la reducción de subsidios, y hasta un aumento de la gasolina.
La dupla Maduro-Cabello ante su propia debacle recurre a la militarización del país y al uso de la represión, las persecuciones, la tortura, la pérdida del derecho a la defensa y hasta la liquidación física a mano de sus paralumpen bolivarianos (entiéndase bandas armadas del oficialismo) en “nombre del pueblo, de la defensa del orden constitucional, de la paz y la justicia”. Es el mismo viejo discurso del pasado”, que los milicos del Cono Sur blandieron como excusa para cometer sus atrocidades contra miles de ciudadanos que luchaban por sus derechos y conquistas sociales y políticas. La constitucionalidad en nuestro país es una mentira, no pasa de ser una simple fantasía.
El régimen militarista sabe muy bien que hay descontento y frustración en las masas populares, incluyendo a los propios chavistas, y que no hay solución viable en el marco del fracasado proyecto del fallecido filibustero. Igualmente saben que la crisis económica-política y el caos social que está viviendo Venezuela son dos de esas condiciones que los teóricos dan en llamar condiciones objetivas para la existencia de un estado insurreccional. De allí el porque el régimen militarista de Maduro utiliza a la Guardia Nacional, a los cuerpos policiales e inclusive a sus grupos de asesinos a sueldo para reprimir la protesta popular. Por ello, el criminal dedo índice de sus mercenarios golpetea repetitivamente el gatillo de sus armas a fin de aplastar el malestar social.
Es evidente que el clima de violencia constituye el mejor escenario para el régimen militar; le sirve para distraer la atención de los venezolanos, golpear a los sectores opositores en nombre de la paz y la tranquilidad social, e imponer calladamente su paquete económico de ajustes que conlleva a más hambre y miseria de los venezolanos. Ante esta difícil coyuntura la disidencia política no puede plantearse una “salida mágica e inviable”, opción que se perfila paradójicamente como un callejón sin salida. No se pueden generar falsas expectativas (gobierno de transición democrática) cuando no se dispone del músculo político y militar para ello, ni llamar a la calle por la calle sin ningún objetivo político tangible, más que un deseo de salir del régimen. Hacerlo es irresponsable.
Contrariamente a las acciones vanguardistas (guarimbas) hay que profundizar la lucha de masas en la calle, pero con un mayor contenido social que permita la incorporación en forma masiva de nuevos actores sociales (trabajadores, gremios profesionales, campesinos) que han estado ausentes en las protestas hasta ahora. Es imperativo seguir acumulando fuerzas ante el inminente agravamiento de las crisis políticas y económicas que carcomen las bases del régimen.
El país vive una profunda crisis económica-política y social, cuyo ritmo lleva al país a un caos y a un colapso total. La realidad ha engullido falaces mitos y legados que pretendieron divinizarse usando falsos triunfos e ilusorios éxitos en los últimos 15 años. A la superficie van aflorando los mismos vicios, males sociales y perversiones del pasado, pero magnificados y endurecidos por la miseria del militarismo.
Mientras el gobierno recrudece la violencia que ciega vidas inocentes, militariza la sociedad e institucionaliza la tortura como política de Estado, sigue imponiendo un paquete de medidas de corte neoliberal. Presionado por un severo déficit fiscal cercano al 22% y a un desplome de las reservas internacionales en lo que va del 2014 -20.405 millones de dólares, de las cuales solamente 2.349 millones de dólares son reservas liquidas-, el régimen del monárquico del Palacio de Misia Jacinta ha devaluado en dos ocasiones la moneda (SICAD I y II), como parte de un paquetazo neoliberal disfrazado, a fin de palear la crisis que carcome nuestra economía. El Banco Central de Venezuela, en la persona del inefable Merentes ha tenido que reconocer que el país se encuentra en recesión y que sufre una hiperinflación devastadora, con el índice inflacionario más alto de Latino América (56,2 % al cierre del 2013). Ello aunado a un elevado desempleo abierto (12%), pues el encubierto (la informalidad) se sitúa por encima del 50% de la fuerza laboral. A esto se suma un profundo desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos industriales, la ruina del aparato productivo nacional, una caótica situación financiera de PDVSA (disminución de la producción y exportación petrolera, empresas mixtas, compra de petróleo, gas y gasolina en el exterior, uso del petróleo como garantía para préstamos de China y Rusia), el quiebre de las empresas de Guayana y un irresponsable endeudamiento externo que alcanza la cifra de los 120.233 millones de dólares al cierre del 2013, correspondiente a 106.109 millones de dólares por concepto de la deuda pública y 14.124 millones de dólares por la deuda privada. Habría que añadir los nuevos empréstitos en el marco del inauditable Fondo Chino.
Todos estos son elementos objetivos que dimensionan la magnitud de la tremenda crisis económica que sufre el país, cuya incidencia en la sociedad venezolana no puede menos que calificarse de muy grave. El régimen, al margen de su vocinglería anticapitalista viene aplicando gradualmente un paquetazo económico regresivo-neoliberal con retórica socialista, a fin de aliviar coyunturalmente la profunda crisis económica que afecta al país. No nos debe de sorprender que en los próximos días el régimen anuncie de manera progresiva -para minimizar el impacto político- otras medidas propias del paquetazo económico bolivariano como el alza en el transporte, la subida de impuestos y de los servicios públicos, la reducción de subsidios, y hasta un aumento de la gasolina.
La dupla Maduro-Cabello ante su propia debacle recurre a la militarización del país y al uso de la represión, las persecuciones, la tortura, la pérdida del derecho a la defensa y hasta la liquidación física a mano de sus paralumpen bolivarianos (entiéndase bandas armadas del oficialismo) en “nombre del pueblo, de la defensa del orden constitucional, de la paz y la justicia”. Es el mismo viejo discurso del pasado”, que los milicos del Cono Sur blandieron como excusa para cometer sus atrocidades contra miles de ciudadanos que luchaban por sus derechos y conquistas sociales y políticas. La constitucionalidad en nuestro país es una mentira, no pasa de ser una simple fantasía.
El régimen militarista sabe muy bien que hay descontento y frustración en las masas populares, incluyendo a los propios chavistas, y que no hay solución viable en el marco del fracasado proyecto del fallecido filibustero. Igualmente saben que la crisis económica-política y el caos social que está viviendo Venezuela son dos de esas condiciones que los teóricos dan en llamar condiciones objetivas para la existencia de un estado insurreccional. De allí el porque el régimen militarista de Maduro utiliza a la Guardia Nacional, a los cuerpos policiales e inclusive a sus grupos de asesinos a sueldo para reprimir la protesta popular. Por ello, el criminal dedo índice de sus mercenarios golpetea repetitivamente el gatillo de sus armas a fin de aplastar el malestar social.
Es evidente que el clima de violencia constituye el mejor escenario para el régimen militar; le sirve para distraer la atención de los venezolanos, golpear a los sectores opositores en nombre de la paz y la tranquilidad social, e imponer calladamente su paquete económico de ajustes que conlleva a más hambre y miseria de los venezolanos. Ante esta difícil coyuntura la disidencia política no puede plantearse una “salida mágica e inviable”, opción que se perfila paradójicamente como un callejón sin salida. No se pueden generar falsas expectativas (gobierno de transición democrática) cuando no se dispone del músculo político y militar para ello, ni llamar a la calle por la calle sin ningún objetivo político tangible, más que un deseo de salir del régimen. Hacerlo es irresponsable.
Contrariamente a las acciones vanguardistas (guarimbas) hay que profundizar la lucha de masas en la calle, pero con un mayor contenido social que permita la incorporación en forma masiva de nuevos actores sociales (trabajadores, gremios profesionales, campesinos) que han estado ausentes en las protestas hasta ahora. Es imperativo seguir acumulando fuerzas ante el inminente agravamiento de las crisis políticas y económicas que carcomen las bases del régimen.
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