Vzla: El complicado caso del cocinero "peligroso"

Por: Leo Felipe Campos /Marcel Ventura

El servicio de inteligencia venezolano realizó dos detenciones ilegales y generó un caos que terminó con una de sus funcionarias asesinadas a manos de otro cuerpo policial. El origen: la investigación a un chico de 20 años aficionado al Playstation.

El tráfico en la autopista Prados del Este está detenido. Es viernes y son las 5:00 p.m., pero Caracas lleva un mes sin los trancones de siempre. La gente comenta en Twitter que algo raro está pasando, puede ser otra manifestación. Pronto corre el rumor: motos de la policía municipal de Chacao traspasaron su jurisdicción y asesinaron a Karelis Rondón, del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). La detective iba en un Toyota Corolla sin rotulado y con vidrios oscuros, junto a dos funcionarios y un muchacho de 20 años, José Alberto Rivas.

Dos días después, el 9 de marzo, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, da su versión desde el estado Táchira. Que los oficiales de Chacao “dispararon sin mediar palabra y le quitaron la vida a una muchacha recién graduada de detective”. Que el procedimiento del Sebin —en carros sin identificar y saltándose una voz de alto— está justificado porque “observaron a una persona preparando unos instrumentos, vieron unos videos previos de una persona de la comunidad que lidera acciones violentas en ese sector y procedieron, bajo la figura de la flagrancia, a su captura”. Esa persona es José Alberto Rivas, un cocinero que no fue el único detenido en condiciones irregulares el 7 de marzo.

En un video de Youtube titulado “Actuación del Sebin en Los Palos Grandes”, grabado con cámaras de seguridad, se ve a un hombre cargando bolsas de mercado por una acera apacible del municipio de Chacao. Son las 3:40 p.m. El sujeto voltea y ve un Toyota Corolla en retroceso que se estaciona a su lado, mientras dos desconocidos vestidos de civil se detienen a conversar con él. La charla dura 11 segundos, los mismos que tarda el carro en abrir la puerta trasera para que lo monten a empujones. En ningún momento le muestran una credencial. Son tres contra uno, pero no logran someterlo. Otro Corolla se estaciona detrás. Del puesto de copiloto salta una persona que se suma a la refriega. Ya no son tres, son cuatro. Y entonces lo logran. Apenas entran, el primer carro arranca a toda velocidad, aún con la puerta trasera abierta. En el carro que va detrás, aunque no se ve en el video, tienen retenido a José Alberto Rivas, el cocinero de 20 años. Esta confusión dura exactamente un minuto, lo suficiente para que los vecinos, alarmados, griten que a todas luces hay un secuestro y alerten a la policía municipal.

Los cuatro hombres que someten al muchacho de las bolsas de mercado son funcionarios del Sebin. El muchacho de las bolsas de mercado se llama David Bernabé Urbina Solís y tiene 30 años. A José Alberto y a David Bernabé los detuvieron en la misma zona por labores de inteligencia, según alega el organismo de seguridad del Estado. Les imputaron los delitos de instigación pública, amenaza, amenaza en reunión pública y asociación para delinquir. Tanto ellos como uno de los policías municipales que dispararon en la autopista fueron privados de libertad por 45 días, sin posibilidad de fianza. Ahora deberán afrontar el juicio respectivo.

Uno de los abogados de la causa defensora, David Rivas, tío de José Alberto, advierte que la de su sobrino y David Bernabé fueron detenciones ilegales: “En los dos casos usaron el mismo modus operandi: funcionarios del Sebin en carros con vidrios ahumados cometiendo una detención ilegítima, sin orden de aprehensión. Hay situaciones especiales en cuanto a la flagrancia, pero los acusados no estaban cometiendo un delito en ese momento ni hubo una denuncia de clamor público para su inmediata captura. De haber sido así, esa flagrancia hubiera sido justificada, pero en este caso no existió”.

Según un testigo presencial que trabaja en un kiosco de atención al público en la oficina de turismo de la Alcaldía de Chacao, José Alberto no opuso mayor resistencia: le pidieron su identificación y cuando el joven fue a abrir su morral para sacar la cédula, lo montaron con velocidad en el Toyota Corolla. En el expediente de la audiencia consta que fue a las 11:30 a.m., de modo que hasta la detención ilegal de David Urbina que se ve en el video, José Alberto estuvo cuatro horas dentro del carro con los funcionarios del Sebin, quienes nunca comunicaron a la policía municipal que estaban en el sector realizando labores de inteligencia.

Hay más irregularidades en el proceso. Los abogados defensores ya introdujeron una apelación, pero tardaron más de una semana en reunirse personalmente con sus clientes: “Hablamos con José Alberto durante la audiencia, pero las veces que asistimos al lugar de detención (los días subsiguientes) nos quisieron enredar y no nos permitieron el acceso”, asegura su tío. Su madre lo vio en el Palacio de Justicia nueve días más tarde, lo mismo que su novia, Valentina Torres, de 16 años de edad, que cuenta que, a pesar de la detención ilegal, lo que más aterró a José Alberto fue sentir que iba a morir en el carro del Sebin mientras recibían los disparos de la policía Municipal de Chacao.

Valentina Torres vive en Los Palos Grandes con sus tres hermanos y su mamá. A su novio lo capturaron a una cuadra de ese edificio. Le dice Lin, como todos los amigos que se juntan en la plaza del barrio: “Somos chamos que nos reunimos a hablar, a joder, a tomar. Algunos fuman, pero nada más”, cuenta. Son novios desde diciembre: “Su vida es cocinar, jugar Playstation y estar conmigo, ¿qué va a estar en protestas? Él fue varias veces a plaza Altamira al comienzo, pero con la represión, mi mamá y yo le prohibimos volver”.

Con 16 años, Torres mantiene una entereza notable al hablar del caso y cree que todo es un problema de precisión. Aunque Rivas vive en una habitación alquilada a pocas cuadras, antes arrendaba una en el apartamento donde vive uno de sus mejores amigos con su madre: “Ahí se reúnen todos los panas de la plaza a tomar y a fumar, y ponen música a full volumen. Es un ambiente medio pesado, y con el comienzo de las protestas, el chamo que vive ahí se obsesionó con lo de levantarse temprano a montar guarimbas (barricadas en vías públicas). Ya Lin no vive ahí, pero quiere mucho a la mamá del chamo y los sigue visitando. Además, ahí está el Playstation”.

Desde que nació como fuerza, el chavismo nunca ha ganado una elección en dos municipios de la clase media en Caracas. Uno de ellos es Chacao, donde permanecen los focos de protestas más agresivas del último mes en la capital. Chacao también es considerada zona de alto riesgo en materia de secuestro.

“Si hubiese ocurrido un secuestro, cosa que no es así: hay que aclarar que fue una captura en flagrancia de un ciudadano involucrado con hechos violentos en la plaza Altamira, si hubiese ocurrido un secuestro —repite—, igualmente esos funcionarios (de la Policía Municipal de Chacao) tendrían que estar presos, porque violaron todos los protocolos de actuación de un cuerpo policial”, había agregado el ministro Rodríguez Torres en su rueda de prensa del 9 de marzo. Desconoce dos elementos claves: que la captura no fue en la plaza Altamira sino en los alrededores de la plaza de Los Palos Grandes, a seis cuadras, y que el video ya mencionado estaba por circular en redes sociales, demostrando que no hubo tal flagrancia.

De ahí que el defensor de uno de los acusados asegure que se trate de un caso que enfrenta a un sector del Gobierno con los organismos de seguridad del municipio más opositor del este de la ciudad. “Yo no estoy a favor de Polichacao, ni tengo elementos para evaluar su actuación en la persecución. Hubo disparos y mi sobrino está vivo de vaina. Pero a partir de la justificación pública que hace Rodríguez Torres sobre el Sebin, esto se convierte en un caso político porque él no es abogado ni juez; es militar y ministro”, dice David Rivas, para quien el asesinato de la funcionaria de inteligencia enturbió lo que podía haber sido un caso más como los que se han dado en el último mes en Venezuela, donde se registran unas 1.500 detenciones con más del 90% de esos procesados hoy en libertad plena o con medidas cautelares, según cifras de la ONG Foro Penal Venezolano.

“Este caso se volvió complicado, hijo”, reflexiona Rivas, “mi hipótesis es que si hubieran dejado en libertad a los dos muchachos se habría demostrado que se trató de un secuestro. Por eso están presos”.