México: Analizando la "captura" del Chapo Guzmán en dos reportes

“Vivir en las cloacas”

Pedro Miguel

La foto resultó ser algo más que humor involuntario: dos efectivos de la Secretaría de Marina levantaban los registros de los albañales de Culiacán y se asomaban a las oquedades, tratando de vislumbrar en ellas a El Mayo Zambada. Eso se dijo la semana pasada. Días después se supo que en realidad el operativo no iba en contra de El Mayosino de El Chapo, y al ratificar en conferencia de prensa la captura del segundo –oficializada horas antes por medios informativos de Estados Unidos–, el procurador Jesús Murillo Karam confirmó que el capo utilizaba una red de túneles, conectados al drenaje, para evadir la acción de la justicia.

Al igual que muchos aspectos de esa captura, lo de las alcantarillas resulta poco verosímil por la simple razón de que, como es universalmente sabido, Joaquín Guzmán Loera no necesitaba esconderse en ellas ni en ningún otro lado: llevaba una vida pública, mientras las autoridades se empeñaban en ignorar.

Dos ejemplos de ese secreto a voces son las declaraciones formuladas en abril de 2009 por el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, quien indicó con pelos y señales el que por ese entonces era el lugar de residencia del narcotraficante. Años más tarde, ya en el primer año de la administración de Peña Nieto, Jorge Carrillo Olea dijo en entrevista que los gobiernos de México y de Estados Unidos (éste, con sus laberínticos sistemas de espionaje e inteligencia) “no quieren o no pueden capturar a El Chapo”. El general sabe de lo que habla: fue quien, el 11 de junio de 1993, recibió al capo, en nombre del gobierno mexicano, de manos de las autoridades guatemaltecas en un punto cercano a la frontera entre ambos países.



Guiado por el gobierno de Washington, el gobierno de Felipe Calderón se dedicó a capturar o a matar –a matar, de preferencia– a todos los rivales importantes de Guzmán Loera (llegó a ser tan escandalosa la conducta gubernamental que el propio Calderón se vio orillado a negar públicamente que su administración brindaba protección a El Chapo). Y mientras el régimen mexicano perdía credibilidad a pasos agigantados, la dependencia de Washington encargada del control del alcohol, el tabaco y las armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés) emprendía las operaciones "Receptor abierto" y "Rápido y furioso" para proveer de armamento al cártel del Pacífico, y la DEA lavaba dinero para esa organización criminal y le compraba miles de kilos de cocaína. Por su parte, respetables corporaciones financieras como Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express, Western Union y HSBC se dedicaban a dejar ciertas utilidades tan blancas como el polvo ilícito del que procedían.

La cereza del pastel (para tomar prestada la célebre expresión del comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo) de estos datos es la declaración de Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, quien se mostró sorprendido por la captura del capo porque, según dijo en entrevista a Univisión, el narcotraficante sinaloense metió mucho dinero a la campaña de Peña Nieto, según está documentado en inteligencia de Estados Unidos. No sé qué es lo que pasó, por qué lo arrestaron, cuando les estaba pagando millones de dólares para que no lo tocaran, como pagó millones de dólares para que lo dejaran salir (cuando se fugó de Puente Grande, a inicios de la presidencia de Fox), agregó. A pregunta expresa de si El Chapo pudo haber sobornado a agentes de la DEA y del Servicio de Aduanas de Estados Unidos, Jordan respondió: con el dinero que tiene, todo es posible. La corrupción no nomás existe en México, sino también en Estados Unidos.

¿Para qué dice Jordan esas cosas, a estas alturas? Quién sabe. Lo cierto es que el ex funcionario suele ser claridoso y lo mismo fue capaz, recientemente, de echar de cabeza a la CIA y de señalarla como responsable de haber organizado el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en 1985, delito por el cual estuvo preso desde entonces Rafael Caro Quintero. Cosas de la vida, éste fue puesto en libertad, sin mucho escándalo, poco después de que Jordan y otros dos ex agentes de inteligencia testimoniaron que Camarena fue asesinado porque descubrió que el gobierno de su propio país (Estados Unidos) estaba involucrado en el tráfico de drogas en México.

Lo cierto es que lo dicho por Jordan hace pensar que tal vez el IFE, el tribunal electoral y la Procuraduría General de la República actuaron con extremada ligereza cuando, a mediados de julio de 2012, se apresuraron a desechar los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la campaña presidencial de su rival priísta había sido financiada con recursos de procedencia ilícita.

Y en conjunto, los hechos aquí referidos llevan a concluir que, efectivamente, todos estos años El Chapo Guzmán ha estado escondido en las cloacas, pero no en las de alguna ciudad sinalonese, sino en las del sistema político. No está claro por qué o para qué decidieron ahora sacarlo de allí. No hay que descartar de antemano ninguna posibilidad, pero es poco probable que lo hayan hecho por un deseo súbito de cumplir con la ley.

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El Chapo Guzmán, los drones de Estados Unidos y Peña Nieto

Carlos Fazio

El show mediático que siguió a la captura de Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, encierra no pocas contradicciones y confronta las narrativas de Estados Unidos y México sobre el hecho. Y más que ante una acción “quirúrgica” y “limpia” de la Marina mexicana, se podría estar ante una entrega pactada.

En la madrugada del sábado 22 de febrero fue recapturado en Mazatlán, Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el traficante mexicano por el que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) había ofrecido 5 millones de dólares y que en 2009 fue colocado por la revista Forbes en la lista de los mayores millonarios del mundo.

Según la versión oficial me­xi­­cana, la detención del “Chapo” Guzmán −quien se había fugado dentro de un carrito de lavandería de una cárcel de máxima seguridad de Jalisco, en 2001, y era señalado como jefe máximo del cártel del Pacífico o Sinaloa− se debió a una acción “quirúrgica” de un comando de elite de la Marina de Guerra y se produjo “sin disparar un solo tiro”, como se ufanó en destacar el procurador general, Jesús Murillo Karam.

No obstante, las primeras noticias sobre el operativo surgieron en Washington a través de la agencia AP y del periódico The New York Times, que citaron como fuente a “altos funcionarios de seguridad pública” estadou­ni­denses. El cable de AP señalaba que agentes de la DEA y oficiales del servicio de alguaciles estuvieron “ampliamente involucrados” en la detención. A su vez, la primera imagen tras la captura, que exhibió a un Chapo Guzmán con magullones, el pelo revuelto y el torso desnudo, fue difundida por The New York Times cuatro horas antes de que el titular de la PGR, Murillo Karam, anunciara el hecho.

Aunque admitió que hubo “colaboración tecnológica” de agencias estadounidenses, el procurador exaltó el trabajo de “inteligencia” y la “acción coordinada” de los distintos cuerpos de seguridad del Estado mexicano, elementos estos que han venido siendo el eje de la nueva narrativa oficial sobre el combate a las drogas del gobierno de Enrique Peña Nieto, en un intento discursivo por desmarcarse de la cruenta “guerra” del ex presidente Felipe Calderón, que sumió al país en una catástrofe humanitaria.

Un día después, el diario La Jornada reveló que drones (aviones no tripulados) de la DEA permitieron localizar el equipo de comunicación satelital de Guzmán Loera en los alrededores del condominio Miramar, ubicado sobre el malecón en el turístico puerto de Mazatlán. Y según consignó la revista Proceso, la información de inteligencia fue suministrada a la Secretaría de Marina de México, con quien la DEA tiene una “excelente cooperación” (en una alusión implícita a la desconfianza que le generan el Ejército y la Policía Federal). Con datos de su corresponsal en Washington, que citó a un agente de esa corporación que no quiso identificarse, el semanario precisó que se trató de una “operación conjunta”: agentes de la DEA “estuvieron presentes en el operativo al momento de la captura” y “fotografiaron al Chapo” después de que los efectivos de la Marina lo sometieron. Incluso, “tomaron de inmediato sus huellas digitales y pruebas de ADN para corroborar su identidad”, que se enviaron a Washington y en el curso de la mañana resultaron positivas.

¿Entrega pactada?

Más allá del papel protagónico que no quiso ocultar la DEA, las siete horas que mediaron entre el operativo militar y el anuncio oficial de la captura de Guzmán por las autoridades mexicanas, sumadas a una serie de contradicciones en la trama expuesta al público, vinieron a generar dudas acerca de la verdad de los hechos.

La intervención directa de Washington en la detención resultó innegable, algo que por razones de soberanía el gobierno priísta de México quiso minimizar, amén de su interés por aprovechar el golpe con fines propagandísticos. Si la DEA no intervino más que con inteligencia operacional, como afirmó el procurador, ¿cómo fue que The New York Times obtuvo la primera foto de Guzmán Loera detenido?

De allí que afloraran interrogantes acerca de si se trató de una entrega acordada o impuesta por Washington, que pudo haber seguido los procedimientos estándar utilizados por sus agencias, habituadas a negociar la entrega de un delincuente a cambio de beneficios durante el juicio.

Despierta suspicacias el énfasis dado por el procurador Murillo a la versión de que fue una “cacería” de una semana, que se inició en la ciudad de Culiacán, donde el Chapo habría estado a punto de ser capturado el 17 de febrero, cuando se le ubicó en un conjunto de siete casas de seguridad conectadas por medio de túneles, que a su vez derivaban en el drenaje pluvial de la ciudad.

Uno de esos túneles fue encontrado oculto debajo de una tina de baño que conectaba con el sistema de desagüe, en una casa de la colonia Libertad, cuya puerta de entrada había sido reforzada con acero. Cuando entraron los comandos descubrieron que el capo sinaloense se había esfumado en sus narices por las cañerías. Según Murillo, los minutos que tardaron los marinos en abrir la puerta facilitaron la fuga. Pero gracias al apoyo tecnológico de la dea, que con geolocalizadores de última generación detectó el teléfono satelital que utilizaba el Chapo y logró cotejar su voz, sus perseguidores supieron que ese día Guzmán lo encendió y apagó varias veces para hacer llamadas, presuntamente solicitando auxilio para escapar.

Horas después, la señal del aparato fue localizada en Mazatlán. Y se procedió a cerrar el cerco. “Después hubo varios momentos en que pudo haber sido aprehendido, pero la prudencia y el sentido común hicieron que evitáramos hacer la detención en un lugar donde pudiera ser afectada la ciudadanía. Y ese momento se dio con una enorme eficiencia y sin un solo disparo”, relató Murillo.

No queda claro cómo un hombre tan precavido, señalado internacionalmente como el capo de capos, al frente de una trasnacional del crimen, terminó hospedándose en el cuarto piso de un condominio sin más escapatoria que la puerta de entrada, y sin un doble cinturón de hombres armados que le proporcionaran seguridad a distancia.

Ello alimenta la hipótesis de un acuerdo o entrega pactada en el marco de un gran montaje mediático. Máxime cuando un día después se supo por boca del ministro de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio, que en el momento de la detención de Guzmán Loera, en el departamento del edificio Miramar estaban su esposa Emma Coronel (sobrina de Ignacio Coronel, el presuntamente abatido jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Jalisco) y sus dos pequeñas hijas gemelas.

Según Osorio, la mujer y las niñas fueron liberadas porque “no tenían absolutamente nada que ver con las acciones del delincuente”. Tal aseveración no resulta creíble en el marco de una operación quirúrgica por un comando de fuerzas especiales de la Marina, sin capacidad para determinar la culpabilidad o inocencia de nadie. Y en particular, en el caso de la esposa del Chapo, en un país con cárceles repletas de mujeres que por una ínfima vinculación con asuntos de drogas, incluso involuntaria, son agraviadas, vejadas y sometidas a procesos durante años. De hecho, los cárteles mexicanos de la droga se organizan y sostienen con base en lazos que vinculan a familiares de unos capos con otros.

De acuerdo con una filtración de la Marina a Carlos Loret de Mola, reportero estrella de Televisa y columnista del diario El Universal, interrogado por sus captores a bordo del Learjet 60 que lo trasladó al Distrito Federal, a la pregunta de por qué cuando se escapó de Culiacán no se fue a la sierra, Guzmán contestó: “Ya me iba a ir pa’l monte, pero no había visto a mis niñas”.

Otra incongruencia en las narraciones del procurador y el secretario de Gobernación tiene que ver con la insistencia en que no intervinieron agentes extranjeros. De una revisión cuadro por cuadro del video que registra el momento en que Guzmán es sacado del hangar de la Secretaría de Marina y es conducido hacia el helicóptero Black Hawk que lo trasladó al Penal de Alta Seguridad del Altiplano, puede concluirse que al menos dos agentes de los Federal US Marshal (el cuerpo de alguaciles de Estados Unidos que depende del Departamento de Justicia) iban escoltando al detenido con el rostro cubierto por pasamontañas y portando el uniforme oficial de la corporación.

Sinaloa y Peña Nieto

La trama narrativa oficial se complicó también la mañana misma de la captura, cuando Phill Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso, Texas, entrevistado por la cadena Univisión de Estados Unidos, declaró que “algo malo pasó entre el PRI y el Chapo”. Según Jordan, existen documentos de inteligencia estadounidenses que sostienen que Guzmán Loera “metió mucho dinero a la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto (…) el Chapo, Caro (Rafael Caro Quintero, excarcelado en agosto pasado por violaciones al debido proceso tras purgar 28 años en prisión acusado del asesinato del ex agente de la DEA Enrique Camarena en 1985), todos le dieron dinero a quien estaba corriendo para presidente. El cártel del Chapo está muy metido en la política”.

Las molestias en el gobierno mexicano no se hicieron esperar, y la embajada de Estados Unidos, a cargo de Anthony Wayne, tuvo que desmarcarse de las explosivas declaraciones del ex miembro de la DEA cuando amenazaba con iniciarse una tormenta diplomática. Pero eso no diluyó el fondo de la cuestión. Señalado como el capo de los dos gobiernos del Partido Acción Nacional (el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón), Guzmán Loera conoce como pocos las redes de la corrupción política e institucional de México, Colombia y otros países. Tiene información privilegiada sobre los canales de empresas privadas y bancarias de México y Estados Unidos, sobre la corrupción en las instituciones gubernamentales e incluso dentro de la Iglesia Católica.

Como dijo el historiador Lorenzo Meyer, “¿qué pasaría con un buen proceso de interrogatorio al Chapo? Saldría el mapa más completo de las redes de corrupción en México y el mundo. El Chapo sería como una especie de directorio fantástico de la corrupción”. Sin embargo, algunos expertos adelantaron que Guzmán Loera no va a hablar, “porque es un personaje de la vieja escuela”, y seguramente “llegó o llegará a un trato para que respeten a su familia y parte de sus propiedades”.

Según el libro de Anabel Hernández Los señores del narco (Grijalbo, 2010), la red que tejió Guzmán durante los dos gobiernos del pan alcanzó a los ex presidentes Fox y Calderón, a los ex secretarios de Gobernación Santiago Creel y Juan Camilo Mouriño, al secretario de Defensa general Guillermo Galván, al ex procurador general, general Rafael Macedo, y al ex secretario de Seguridad Pública del sexenio pasado, Genaro García Luna.

De acuerdo con Hernández, a principios de 2008 Calderón inició contactos con el Chapo a través de Mouriño, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, utilizando como intermediario al general Arturo Acosta Chaparro, viejo cuadro de la guerra sucia de los setenta en México. Acosta habló también con los capos de los otros cárteles, y su misión fue convencerlos de disminuir la violencia generada por la estrategia del propio Calderón. La tregua buscada fracasó y Acosta Chaparro fue asesinado en abril de 2012, en plena campaña electoral.

En agosto de 2012 fuentes militares en México y Estados Unidos confirmaron la existencia de un plan del Pentágono para atrapar o “ejecutar” al Chapo Guzmán, prácticamente idéntico al que llevó al asesinato de Osama bin Laden en Paquistán. El operativo lo llevarían a cabo exclusivamente marines de Estados Unidos. El plan fue aceptado por Felipe Calderón, pero el alto mando de las Fuerzas Armadas mexicanas se opuso.

Por esos mismos días, información que proporcionó el FBI a la policía española permitió desmantelar una célula del cártel de Sinaloa en Madrid, que iba a ser dirigida por un primo del Chapo. Uno de los detenidos en el operativo fue Rafael Celaya Valenzuela, un dirigente del PRI en el estado de Sonora, quien en su perfil de Facebook presumía con sus fotografías con Peña Nieto en la campaña. Algunos analistas identificaron el suceso como un aviso de Wa­shington a Peña Nieto en clave de disciplinamiento.

Es obvio que Estados Unidos, tras convertirlo en un mito, quería la cabeza del Chapo y lo quería allá. Por eso pidió su extradición. Las autoridades mexicanas dijeron que analizarían el pedido, pero que una posible extradición “no será pronto”.

Sucesores

En ese contexto, más allá del significado político y simbólico de la detención de Joaquín Guzmán Loera, surge la interrogante acerca de si el cártel del Pacífico se debilitará o será decapitado completamente (el secretario de Gobernación adelantó que ahora van por Ismael el “Mayo” Zambada, quien presuntamente era su socio y colaborador más cercano), y en ese caso, qué organización ocupará los espacios vacíos. Según la narrativa oficial, el grupo de los hermanos Arellano Félix, en Tijuana, casi no existe; el cártel de Juárez está bastante disminuido, igual que los del Golfo y Los Zetas. A su vez, el grupo de los Beltrán Leyva derivó en numerosas bandas dedicadas al secuestro, la extorsión y el narcomenudeo. Ante ese panorama, si es verdad que la organización de Guzmán Loera controlaba 40 rutas para exportar cargamentos de marihuana a Estados Unidos y Europa, el mando del grupo recaería en el Mayo Zambada, Juan José Esparragoza el “Azul” o Dámaso López Júnior el “Mini Lic”.

No obstante, las principales preguntas que se hacen muchos mexicanos y mexicanas son hasta dónde llegarán las investigaciones, esto es, si se desmantelarán las redes de ganancias ilícitas, patrimoniales y de lavado de dinero que mantenían al cártel de Sinaloa y sus tentáculos, quiénes son los políticos, banqueros, empresarios, militares y jueces que brindaban protección y se beneficiaban de víncu­los clandestinos con el Chapo, y qué acuerdos existen con la DEA, el FBI y otras agencias de seguridad estadounidenses. Y claro, si se trató de una entrega pactada, por qué ahora y para qué.

[Tomado de http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6723]