Segundo Sanz (Vozpopuli)
El espíritu de la Alianza de Civilizaciones que impulsó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero permanece latente en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las relaciones comerciales con regímenes autoritarios de América Latina y Oriente Medio no se han visto alteradas sustancialmente con el cambio de signo político en La Moncloa. Prueba de ello es el nivel de transacciones que registra el sector de material de defensa. Entre los clientes de España, pese a las sucesivas provocaciones de los herederos del chavismo, se encuentra Venezuela, donde la represión contra los opositores está a la orden del día.
Según refleja el último informe-balance elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y remitido al Congreso de los Diputados para estudio de los grupos parlamentarios, el Ejecutivo realizó en el primer semestre de 2013 una operación de venta de material antidisturbios por valor de 16.016 euros. En concreto, el objeto de la transacción fue el suministro de “colorantes para la fabricación de artificios pirotécnicos no letales”, tal y como consta en el expediente aportado por el departamento estatal de aduanas e impuestos especiales. Como destinatario de este producto figura al cien por cien la Policía del régimen de Nicolás Maduro.
Este colorante se emplea en la preparación de bombas de humo que utilizan las fuerzas de seguridad bolivarianas como método disuasorio de las protestas de opositores. Con esta sustancia, la Policía busca “marcar” a los manifestantes para una mejor visualización e identificación. Es la misma técnica que, por ejemplo, seguirá el camión de agua que va a adquirir el Ministerio del Interior español por medio millón de euros.
El anuncio de esta compra en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 16 de diciembre generó especial revuelo en la opinión pública y en las redes sociales, donde las críticas llovieron al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Este camión-cisterna El camión, con longitud máxima de ocho metros, tendrá un depósito de unos 7.000 litros de agua, que será mezclada con dicho colorante a fin de manchar a los activistas.
El colorante exportado es similar al que empleará el camión de agua anti-manifestantes que tiene previsto adquirir el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz
Asimismo, el informe de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, señala que entre enero y junio del pasado año se concedieron a Venezuela seis licencias de elementos antidisturbios por valor de 2,6 millones de euros.
En lo relativo al material de “doble uso” (tanto civil como militar) se vendió a manos privadas de la república bolivariana equipamiento por 2.707.710 euros, principalmente de la categoría 1 (máscaras antigás, trajes blindados, herramientas, troqueles, fluidos y sustancias lubricantes, cianuros y derivados halogenados). De dicha cuantía 14.164 euros correspondieron a la categoría 5 (equipos de transmisión de comunicaciones, cables de fibra óptica y sistemas de seguridad).
Además, el Gobierno de Rajoy permitió vender a las Fuerzas Armadas venezolanas “bloques para la construcción de un buque de vigilancia litoral” por 15,2 millones de euros. En respuesta a una interpelación de IU en julio de 2012, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, manifestó en el Congreso su conformidad con que empresas como Navantia vendan material y equipamiento militar a Venezuela. Fue aquí cuando Morenés dijo el entonces presidente bolivariano, Hugo Chávez, era un “gran amigo” de España. Unas palabras que no gustaron nada a los opositores del chavismo, quienes le pidieron no confundir “cliente” con “amigo” y huir del ejemplo del exministro socialista Miguel Ángel Moratinos, que “trataba de evitar conflictos mediante lisonjas”.
En 2011, último año del zapaterismo, España exportó a Venezuela material antidisturbios por valor de 145.823 euros, repartidos en despieces de inertes para fabricar artificios pirotécnicos no letales y aerosoles de defensa con pulsador. En 2012, ya con Rajoy en el poder, la cifra aumentó a los 400.000 euros.
El espíritu de la Alianza de Civilizaciones que impulsó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero permanece latente en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las relaciones comerciales con regímenes autoritarios de América Latina y Oriente Medio no se han visto alteradas sustancialmente con el cambio de signo político en La Moncloa. Prueba de ello es el nivel de transacciones que registra el sector de material de defensa. Entre los clientes de España, pese a las sucesivas provocaciones de los herederos del chavismo, se encuentra Venezuela, donde la represión contra los opositores está a la orden del día.
Según refleja el último informe-balance elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y remitido al Congreso de los Diputados para estudio de los grupos parlamentarios, el Ejecutivo realizó en el primer semestre de 2013 una operación de venta de material antidisturbios por valor de 16.016 euros. En concreto, el objeto de la transacción fue el suministro de “colorantes para la fabricación de artificios pirotécnicos no letales”, tal y como consta en el expediente aportado por el departamento estatal de aduanas e impuestos especiales. Como destinatario de este producto figura al cien por cien la Policía del régimen de Nicolás Maduro.
Este colorante se emplea en la preparación de bombas de humo que utilizan las fuerzas de seguridad bolivarianas como método disuasorio de las protestas de opositores. Con esta sustancia, la Policía busca “marcar” a los manifestantes para una mejor visualización e identificación. Es la misma técnica que, por ejemplo, seguirá el camión de agua que va a adquirir el Ministerio del Interior español por medio millón de euros.
El anuncio de esta compra en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 16 de diciembre generó especial revuelo en la opinión pública y en las redes sociales, donde las críticas llovieron al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Este camión-cisterna El camión, con longitud máxima de ocho metros, tendrá un depósito de unos 7.000 litros de agua, que será mezclada con dicho colorante a fin de manchar a los activistas.
El colorante exportado es similar al que empleará el camión de agua anti-manifestantes que tiene previsto adquirir el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz
Asimismo, el informe de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, señala que entre enero y junio del pasado año se concedieron a Venezuela seis licencias de elementos antidisturbios por valor de 2,6 millones de euros.
En lo relativo al material de “doble uso” (tanto civil como militar) se vendió a manos privadas de la república bolivariana equipamiento por 2.707.710 euros, principalmente de la categoría 1 (máscaras antigás, trajes blindados, herramientas, troqueles, fluidos y sustancias lubricantes, cianuros y derivados halogenados). De dicha cuantía 14.164 euros correspondieron a la categoría 5 (equipos de transmisión de comunicaciones, cables de fibra óptica y sistemas de seguridad).
Además, el Gobierno de Rajoy permitió vender a las Fuerzas Armadas venezolanas “bloques para la construcción de un buque de vigilancia litoral” por 15,2 millones de euros. En respuesta a una interpelación de IU en julio de 2012, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, manifestó en el Congreso su conformidad con que empresas como Navantia vendan material y equipamiento militar a Venezuela. Fue aquí cuando Morenés dijo el entonces presidente bolivariano, Hugo Chávez, era un “gran amigo” de España. Unas palabras que no gustaron nada a los opositores del chavismo, quienes le pidieron no confundir “cliente” con “amigo” y huir del ejemplo del exministro socialista Miguel Ángel Moratinos, que “trataba de evitar conflictos mediante lisonjas”.
En 2011, último año del zapaterismo, España exportó a Venezuela material antidisturbios por valor de 145.823 euros, repartidos en despieces de inertes para fabricar artificios pirotécnicos no letales y aerosoles de defensa con pulsador. En 2012, ya con Rajoy en el poder, la cifra aumentó a los 400.000 euros.
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