Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH),
colectivo de 81 organizaciones que en todo el Perú trabajan por la promoción y
defensa de los derechos fundamentales, ante las protestas iniciadas el 12 de
febrero en Venezuela y los hechos de violencia que vienen ocurriendo,
expresamos lo siguiente:
1. Lamentamos la muerte de seis personas fallecidas, así
como las decenas de heridos y detenidos, más allá de qué posición defiendan.
Consideramos fundamental que se investigue, determinen responsabilidades y haya
sanciones ejemplares.
2. Ha quedado en evidencia la participación de grupos
paramilitares en la represión de los manifestantes y en las muertes. Existen
antecedentes en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
calificar las consecuencias de la actuación de grupos paramilitares no como
meros delitos, sino como violaciones a los derechos humanos.
3. Que el Estado, como garante del respeto de los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos, tiene la responsabilidad de controlar a
dichos grupos paramilitares, siendo responsable de las violaciones de derechos
humanos que estos puedan ejercer. En esta línea, resulta preocupante la actuación
de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz al haber atribuido la responsabilidad de
las muertes a los manifestantes de forma casi inmediata, sin realizar una
investigación adecuada.
4. Invocamos a los medios nacionales e internacionales a que
realicen una cobertura seria y respetuosa de los hechos y cumplan con el deber
de informar con veracidad a la ciudadanía.
5. Exhortamos que se investiguen las distintas denuncias de
tortura, incluida la de Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de PROVEA,
institución que defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1988, que fue
secuestrado, golpeado y amenazado. Consideramos que para que se respete el
estado de derecho no se debe recurrir a la violencia, sino que hacerse respetar
mediante una observación irrestricta a
los derechos humanos.
6. Reivindicamos de manera enfática el derecho a la protesta
pacífica como un derecho humano fundamental, garantizado por la propia
constitución venezolana.
7. Nos aunamos a los llamados de diversas instituciones,
gobiernos y ciudadanos en general de iniciar un diálogo, que permita superar
esta crisis, así como saludamos las iniciativas de enviar misiones
internacionales que ayuden a devolver la paz a nuestros y nuestras hermanos y
hermanas de Venezuela.
Secretaría Ejecutiva.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
21 de febrero de 2014.
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