ACCIÓN URGENTE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
24 de febrero de 2014
Organizaciones del Foro por la Vida, junto a otras
organizaciones venezolanas, ante las graves violaciones de derechos humanos en
Venezuela
Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento,
ante el agravamiento de la situación venezolana derivada de la violencia,
desinformación, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los
derechos humanos, ocurridas en el mes de febrero de 2014, hacemos un llamado de
acción urgente para contribuir a la vigencia de los derechos humanos, la
justicia y la paz en Venezuela.
Los hechos ocurridos en Venezuela muestran el deterioro de la institucionalidad pública para efectivamente arbitrar en las diversidad de posiciones políticas que existen en Venezuela. Frente a esta situación es muy importante que diversos sectores de la comunidad nacional e internacional reaccionen para cuestionar las violaciones a los derechos humanos, reclamen la acción para una investigación independiente, pidan el cese a la represión y promuevan un diálogo genuino
Criminalización de la protesta
Estudiantes y otros sectores sociales de la sociedad venezolana han convocado y realizado movilizaciones de manera pacífica, a lo largo de este mes de febrero. De manera sistemática funcionarios públicos de alto rango han descalificado estas movilizaciones y demonizado a los sectores que participaron en ellas.
Los discursos descalificatorios se realizan frecuentemente en el Sistema Nacional de Medios Públicos o en cadenas obligatorias de radio y televisión. Para ello se recurre a la sobreexposión de hechos de vandalismo y cierre de calles que han realizado una minoría de los manifestantes, y que han sido rechazados por los convocantes y amplios sectores de la sociedad venezolana. De ese modo se descalifica a la totalidad de los participantes y convocantes de manifestaciones pacíficas porque algunos participantes realizan actos violentos, que sirven de pretendida justificación a las autoridades para una respuesta represiva generalizada.
Detenciones arbitrarias
Desde el día 12 de febrero, en el contexto de las manifestaciones públicas se realizaron numerosas detenciones arbitrarias que han incluido tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los manifestantes. Los detenidos fueron trasladados a lugares que no tienen las condiciones mínimas para garantizar sus derechos fundamentales careciendo de ventilación adecuada, en los que se les impidió el acceso a abogados y no se les permitió suministro de alimentos por parte de los familiares. De la misma forma los detenidos denunciaron que los funcionarios habían revisado sus pertenencias, y de forma particular sus equipos electrónicos como cámaras y celulares. Menores de edad fueron detenidos en lugares de retención para adultos, en un contexto de severas represiones y torturas. Finalmente ha habido denuncias de detenidos que han sido golpeados de forma severa e incluso agredidos sexualmente y ocasionando daños a sus bienes personales.
La actuación del Estado ante estas detenciones arbitrarias
no ofrece garantías de debido proceso. Las autoridades no informan
apropiadamente sobre la cantidad de detenidos, sus identidades y edades. Las
detenciones excedieron en muchos casos los plazos de tiempo establecidos por
ley para ser presentados ante un juez. De la misma forma, en algunos casos los
jueces han hecho presión a los detenidos, amenazandolos de no dejarlos en
libertad condicional si solicitaban realización de informes forenses por las
agresiones contra éstos.
Libertad de expresión
En el contexto venezolano hay una restricción de la libre
circulación de información en los medios de comunicación venezolanos y ello
conlleva a que muchas personas tengan que procurar información en cadenas
internacionales de noticias o en las redes sociales. Persisten recurrentes
agresiones y ataques contra periodistas y reporteros y los bloqueos a sitios
web promovidos por las autoridades venezolanas.
Los medios de comunicación tradicionales se abstienen de
publicar información sobre las manifestaciones y situaciones violentas e
irregulares, producto de la presión gubernamental y el temor a represalias.
Muchos periodistas y reporteros sufrieron agresiones y ataques mientras
realizaban cobertura de hechos violentos y la represión de las autoridades. La
mayoría de los autores de estas agresiones son funcionarios policiales, o
miembros de las fuerzas armadas o colectivos oficialistas armados.
Igualmente el gobierno nacional ordenó sin proceso judicial previo alguno la prohibición en las cableras de canales internacionales de noticias, el bloqueo de varios sitios web, dificultades para enviar imágenes en la red social Twitter y otras restricciones dentro del internet. Todas estas políticas llevan a un problema grave en materia de libertad de expresión e información, ponen en peligro a personas y obstaculizan el ejercicio de sus derechos, con cada vez menos espacios para expresarse y más represión para las voces críticas.
Orden público
Las organizaciones que suscribimos esta acción urgente, reconocemos la obligación del Estado de mantener el orden público, pero debemos recordar firmemente que esta responsabilidad debe realizarse en estricto cumplimiento de nuestra Constitución y de los estándares internacionales en esta materia. Todo ello conforme a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Organización de Naciones Unidas y en la histórica sentencia del caso del Caracazo dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es de obligatorio cumplimiento para el Estado Venezolano.
Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de adecuar sus planes operativos de control del orden público al establecimiento del orden, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, manteniendo el funcionamiento independiente del Poder Judicial y respetando, garantizando el debido proceso y la garantías judiciales de todas las personas, elaborando técnicas de control de multitudes que reduzcan al mínimo la necesidad de recurrir a la fuerza, empleando técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.
Paramilitarismo
Expresamos preocupación por la actuación en la acción represiva contra los manifestantes de grupos paramilitares que se identifican afines al gobierno. Dicha actuación, en algunas partes del país, ha sido coordinada con la Guardia Nacional Bolivariana, La Policía Nacional Bolivariana y cuerpos policiales estadales. Un miembro de una ONG de derechos humanos, Provea, fue víctima de secuestro, malos tratos y amenazas de muerte por estas organizaciones irregulares.
Algunos altos funcionarios del Estado, a través de sus
cuentas en la red social Twitter, han alentado la actuación de tales grupos y a
la fecha el presidente Nicolás Maduro no ha realizado ninguna condena a dichos
grupos. Tampoco la Fiscal General ni la Defensora del Pueblo han cuestionado la
acción de grupos paramilitares que han ayudado a detener manifestantes, lanzar
bombas lacrimógenas y realizado disparos, incluso contra viviendas.
Recordamos que el Estado es responsable de violaciones a los
derechos humanos cuando no adopta medidas adecuadas para impedir la actuación
de tales grupos armados y más aún cuando sus acciones se ejecutan con la
cooperación de las autoridades.
Situación de los defensores/as de derechos humanos en Venezuela
Las condiciones en que desarrollan su labor los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela se han deteriorado de manera significativa. El Estado venezolano incumple sus obligaciones respecto de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.
Cuando la polarización política presente en la sociedad
venezolana alcanza su máxima expresión, la actitud del Estado venezolano cambia
respecto de las ONG y de los defensores y defensoras de derechos humanos. Se
pasa de neutralizar la acción de los defensores de derechos humanos mediante la
adopción de una estrategia defensiva ante las críticas provenientes del sector,
a la adopción de una clara política de confrontación y descalificación pública,
que ha generado graves consecuencias. Las evidencias de este cambio son
públicas y notorias, ya que las más altas autoridades de los Poderes Públicos
no sólo desconocen la labor que realizan los defensores/as de DDHH, sino que
realizan graves acusaciones tanto a ONG como defensores de derechos humanos,
entre las que destaca la de “traición a la patria”.
Ministerio Público y Defensoría
Los hechos de violencia y las violaciones a los derechos
humanos que han ocurrido deben ser objeto de una investigación imparcial, seria
y exhaustiva por una autoridad independiente. De conformidad con la
Constitución esta es una facultad que corresponde al Ministerio Público
presidido por la Fiscal General de la República. No obstante, estas
investigaciones no han sido llevadas a cabo con la debida diligencia, en
violación de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado.
Por lo cual, esta conducta de la Fiscal General de la República equivale a una
grave renuncia de sus funciones institucionales.
En el mismo sentido, la Defensora del Pueblo tiene a su
cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Sin embargo,
su actuación se ha dirigido a silenciar las violaciones a los derechos humanos
de los disidentes del gobierno y a defender políticamente las actuaciones
arbitrarias de los cuerpos de seguridad del gobierno. Por lo cual, igualmente
en la práctica la Defensora del Pueblo ha renunciado gravemente al ejercicio de
sus atribuciones y deberes constitucionales.
Estado de excepción
El artículo 337 del texto constitucional establece
expresamente que durante los estados de excepción podrán ser restringidas
temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas
al derecho a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al
debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos intangibles.
Esto significa que existe una serie de garantías constitucionales que bajo
ninguna circunstancia alegada pueden ser suspendidas. Al ser imposible la
suspensión de las mismas durante un estado de excepción, resulta igualmente
improcedente suspender el ejercicio de la acción que las garantiza.
Los Estados de excepción corresponden a situaciones
objetivas de suma gravedad frente a las que se hacen insuficientes los medios
ordinarios que dispone el Estado para afrontarlas. La Declaratoria de un Estado
de Excepción no autoriza a los gobernantes a apartar su conducta de la
legalidad a la que en todo momento deben ceñirse, y por lo tanto los mismos
deben regirse por los principios y las obligaciones de proporcionalidad,
temporalidad, no discriminación. Y esta declaratoria debe decretarse
oficialmente porque de lo contrario estaríamos ante un Estado de Excepción de
facto inadmisible en un Estado democrático.
Diálogo
En la actual crisis que atraviesa Venezuela, con el lamentable saldo de doce personas asesinadas en el marco de las recientes manifestaciones, así como más de ciento veinte de heridos de bala, exhortamos al gobierno nacional a crear condiciones mínimas que permitan una solución democrática del conflicto, que pasa por abstenerse de criminalizar las opiniones disidentes, reconocer a los factores políticos y sociales críticos de la gestión del gobierno, abrir espacios para el diálogo y garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.
Exhortamos igualmente a la dirigencia política de oposición
condenar con firmeza la violencia y contribuir a generar condiciones favorables
para acordar con el gobierno una agenda mínima para un diálogo, sincero y
productivo, frente a los diversos problemas que afectan hoy a la sociedad
venezolana.
Por todo ello solicitamos que puedan escribir y promover
cartas o comunicados:
Expresando preocupación por la criminalización de la
protesta social, el hostigamiento sistemático a periodistas y medios de
comunicación, la acción de grupos paramilitares y las garantías necesarias para
una investigación independiente de los hechos violatorios a los derechos
humanos.
Solicitar el cese de las recurrentes descalificaciones públicas que realizan funcionarios contra manifestantes e instarles a que cumplan con su obligación de garantizar los derechos a la libertad de reunión, expresión, integridad personal y debido proceso.
Instar a los diversos sectores a que establezcan mecanismos para diálogo real que posibilite el entendimiento nacional y los procedimientos adecuados para efectivamente hacer una investigación de las violaciones a los derechos humanos y que se haga justicia en cada caso.
ENVÍEN MENSAJES ANTES DEL 01 DE ABRIL DE 2014 A:
Presidente de Venezuela
Nicolás Maduro Moros
Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero, Palacio de
Miraflores Caracas, Distrito Capital Venezuela
Twitter: @NicolasMaduro
Saludo: Señor Presidente /
Estimado Presidente
Enviar copias a los representantes diplomáticos de Venezuela
acreditados en su país y a los cancilleres de su país.
Enviar copias a:
Foro por la Vida (Vocería)
Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda,Edif. Centro
Plaza Las Mercedes, PB. Local 6 Teléfonos / fax: (212) 862.10.11, 862.53.33 y
860.66.69 Caracas, Venezuela
Correo electrónico: voceria.foroporlavida@gmail.com
Organizaciones del Foro por la Vida que adhieren e impulsan
esta Acción Urgente:
Acción Solidaria
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Caritas Los Teques
Centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés
Bello (CDDHH UCAB)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos - Universidad Central de Venezuela
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos
ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic)
Espacio Público
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las
Mujeres
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
(Provea)
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Otras organizaciones que adhieren e impulsan esta Acción
Urgente:
ACOANA (Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas
Naturales)
Asamblea de Educación
Asociación Civil Banco del Libro
Cáritas Ciudad Bolívar
Cecodap
Centro de Investigación Social Formación y estudios de la mujer (CISFEM)
CESAP Asociación Civil
Ciudadanía activa
Civilis - Derechos Humanos
Comisión Venezolana del Servicio Social Internacional Centro Comunal Catia
Convite AC
Fenasopadres
Fuerza Ecológica Calabozo (Fecolca)
Fundación Aguaclara
Fundación CIIDER
Fundación de Derechos Humanos de Cumaná (INCIDE)
Grupo Social CESAP
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos
(Invesp)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Sinergia
Transparencia Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Versión en
ingles:
URGENT
ACTION ON SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
February
24, 2014
Member
organizations of Foro por la Vida, together with other Venezuelan
organizations, in light of serious violations of human rights in Venezuela
We, the
undersigned organizations, given the worsening of the Venezuelan situation resulting
from violence, misinformation, arbitrary detentions and other major violations
of human rights that have occurred in the month of February 2014 make a call
for urgent action in support of the observance of human rights, justice and
peace in Venezuela.
The events
taking place in Venezuela
Criminalization
of protests
Students
and other social sectors of Venezuelan society have convened and conducted
peaceful demonstrations throughout the month of February. Systematically,
high-ranking public officials have disqualified these mobilizations and
demonized sectors participating in them.
Disqualifying
speeches are frequently featured in the National System of Public Media or
through mandatory radio and television broadcasts. Acts of vandalism and street
closures that have involved a minority of protesters —rejected by the
organizers and broad sectors of Venezuelan society— are overexposed in such
broadcasts. Thus, because some participants incur in violent acts, all
participants and organizers of peaceful demonstrations have been disqualified
as violent, as a justification for the authorities to widespread repressive
responses.
Arbitrary
detentions
Starting February 12, there were numerous arbitrary arrests in the context of demonstrations. Protesters have been subjected to punishments that include torture and cruel, inhuman and degrading treatment. Detainees have been taken to places without minimum conditions to ensure their fundamental rights, lacking adequate ventilation, and have been denied access to lawyers or food supply by their family. Likewise, detainees have complained that officials had searched into their belongings, and particularly their electronic equipment, such as cameras and cell phones. Minors were kept in adult detention centers, in a context of severe repression and torture. Finally, there have been reports of detainees who have been severely beaten and sexually assaulted, as well as having had their personal property damaged.
State
actions regarding these arbitrary arrests offer no guarantees of due process. The
authorities have failed to properly report on the number of detainees, their
identities and ages. Arrests in many cases exceeded the time limits established
by law to be brought before a judge. Likewise, in some cases judges have
threatened detainees with keeping them imprisoned, instead of on probation, if
they requested forensic reports of attacks against them.
Freedom of
expression
In this
context, there is a restriction of the free flow of information in the
Venezuelan media, and this leads many people to seek information through
international news networks or social networks. Attacks and aggressions against
journalists and reporters persist as well as blockings of websites, promoted by
the Venezuelan authorities.
Traditional
media refrain from publishing information about the demonstrations and violent
and irregular situations, due to government pressure and fear of reprisals. Many
journalists and reporters have been assaulted or attacked while covering
violent events and repression from authorities. Most of the perpetrators of
these attacks are police officers, members of the armed forces or
pro-government armed groups.
Likewise,
without due process, the Venezuelan Government ordered cable companies to take
international news channels off from their programming, and as well blocked
access to several websites, made it difficult to upload and send images through
Twitter and created other restrictions within the internet. These policies lead
to serious restrictions to freedom of expression and information, endangering
people and impeding the exercise of their rights, with less and less space for
expression and repressing critical voices.
Public
order
The
undersigned organizations of this Urgent Action recognize the State's
obligation to maintain public order, but we must remember firmly that this
responsibility should be carried out in strict compliance with the Venezuelan
Constitution and international standards in this matter. All in accordance with
the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement
Officials, adopted by the United Nations, and the landmark judgment in the
Caracazo Case, dictated by the Inter-American Court of Human Rights which is
binding for the Venezuelan
State
All
measures for restoring order must be compatible with human rights and the
principles of a democratic society. The Venezuelan State
Paramilitarism
We express
deep concern regarding repressive actions against the demonstrators by
paramilitary pro-government groups. In some parts of Venezuela
Some senior
State officials, through their accounts on the social network Twitter, have
encouraged the actions of such groups. To
date, President Nicolas Maduro has made no condemnation of those groups. Neither
the Attorney General nor the Ombudswoman have questioned the actions of
paramilitary groups that have helped to contain demonstrators, through tear gas
and gun shots, even against family homes.
We recall
that the State is responsible for violations of human rights when not taking
adequate measures to prevent the actions of such armed groups and even more
when their actions are executed with the cooperation of the authorities.
Situation
of human rights defenders in Venezuela
The
conditions under which human rights defenders carry out their work in Venezuela
When the
political polarization in Venezuelan society is at peak levels, the attitude of
the Venezuelan State towards NGO´s and human rights defenders changes: from
neutralizing the actions of human rights defenders by adopting a defensive
strategies against criticism from the sector, to the adoption of a clear policy
of confrontation and public discrediting, which has caused serious
consequences. Evidences of this change are public and notorious: holders of
highest public office not only fail to recognize their work as human rights
advocates, but also make serious allegations against organizations and human rights
defenders, among them as “traitors to the motherland”.
Public
Prosecutor and Ombudsman
Instances
of violence and human rights violations that have occurred should be subject to
a fair, serious and thorough investigation by an independent authority. In
accordance with the Venezuelan Constitution this is a responsibility of the
Public Ministry, chaired by the Attorney General's Office. However, these
investigations have not been carried out with due diligence, in violation of
constitutional and international obligations of the State. Therefore, this
conduct of the Attorney General amounts to a serious renunciation of her
institutional functions.
Similarly,
the Ombudswoman is responsible for the promotion, protection and monitoring of
human rights. However, her performance has been directed at silencing human
rights violations against government dissidents and to politically defend the
arbitrary actions of the State´s security forces. Wherefore also in practice
the Ombudswoman has severely declined to exercise her constitutional powers and
duties.
State of Exception
Article 337
of the Venezuelan Constitution expressly provides that during states of
exception guarantees enshrined in the Constitution may be temporarily
suspended, except those relating to the right to life, prohibition of solitary
confinement and torture, the right to due process, the right to information and
other intangible rights. This means that there are a number of constitutional
guarantees that under no alleged circumstance may be suspended. As it is
impossible to suspend them during a state of exception, it is equally
inadmissible to suspend the exercise of legal warrant actions.
States of
exception correspond to objective situations of extreme gravity against which
the ordinary means available to the State are insufficient to meet them. The
Declaration of a State of Exception Exception
Dialogue
In the
current Venezuelan crisis, with the unfortunate deaths of 12 people in the
context of the recent demonstrations, and over 120 wounded by gunfire, we urge
the Venezuelan Government to create minimum conditions that allow for a
democratic solution to the conflict, which involves refraining from the
criminalization of dissenting opinions, recognizing the social and political
factors critics of the government, opening spaces for dialogue and ensuring the
exercise of the right to peaceful demonstration.
We also
urge opposition political leaders to strongly condemn the violence and to
generate conditions favorable to establishing with the government a minimum
agenda for a sincere and productive dialogue, in order to face the various
problems affecting Venezuelan society today.
We
therefore urge to write letters, press releases or communiqués:
Expressing
concern at the criminalization of social protest, the systematic harassment of
journalists and media, the actions of paramilitary groups and calling for
guarantees necessary for an independent investigation of human rights
violations;
Calling for
the cessation of recurrent public insults against demonstrators by State
officials and urging them to fulfill their obligation to guarantee the rights
to freedom of assembly, expression, personal integrity and due process;
Urging the
different sectors to establish mechanisms for a real dialogue that enables
national understanding and the implementation of proper procedures to
effectively investigate violations of human rights and to achieve justice in
each case.
SEND
MESSAGES BEFORE APRIL 1st TO:
President
of Venezuela
Nicolás
Maduro Moros
Final
Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores Caracas
Twitter:
@NicolasMaduro
Greeting:
Mr. President
Dear Mr.
Presidente
Send copies
to Venezuelan diplomatic representatives and to the Foreign Affairs Ministers
in your country
Send copies to:
Foro por la Vida (Spokes group)
Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, Edif.
Centro Plaza Las Mercedes, PB. Number
6 Phone numbers/fax: +58-212-862-1011 / 53.33 and 860-6669
E mail:
voceria.foroporlavida@gmail.com
Organizations
members of the Foro por la Vida who sign and promote this Urgent Action:
Acción Solidaria
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Caritas Los Teques
Centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés
Bello (CDDHH UCAB)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos - Universidad Central de Venezuela
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos
ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic)
Espacio Público
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las
Mujeres
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
(Provea)
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Other
organizations who sign and promote this Urgent Action:
ACOANA (Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas
Naturales)
Asamblea de Educación
Asociación Civil Banco del Libro
Cáritas Ciudad Bolívar
Cecodap
Centro de Investigación Social Formación y estudios de la mujer (CISFEM)
CESAP Asociación Civil
Ciudadanía activa
Civilis - Derechos Humanos
Comisión Venezolana del Servicio Social Internacional Centro Comunal Catia
Convite AC
Fenasopadres
Fuerza Ecológica Calabozo (Fecolca)
Fundación Aguaclara
Fundación CIIDER
Fundación de Derechos Humanos de Cumaná (INCIDE)
Grupo Social CESAP
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos
(Invesp)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Sinergia
Transparencia Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
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