NOT-ING 3-243 // Boletín ANIH, 3/2/12
La balanza de pagos que publica el Banco Central registra que entre 2005 y 2013, asumiendo un estimado para el último trimestre de este año, el país obtuvo por exportaciones petroleras 641 mil 872 millones de dólares, de los cuales, de acuerdo con las cifras de la Vicepresidencia de Economía, fueron asignados a través de Cadivi, Aladi y Sucre unos 282 mil 476 millones, es decir, 44 % del total, para todos los requerimientos del sector privado como importaciones, remesas y viajes.
El incremento del rol del Estado hizo que el Gobierno utilizara la mayor parte de los petrodólares que ingresaron al país en los últimos 9 años, tras un agitado proceso de expropiaciones y creación de empresas públicas. Aparte de absorber 56% de los petrodólares, unos USD 359,4 G, el Gobierno se endeudó para aumentar sus recursos y las cifras oficiales indican que entre 2005 y 2013 el monto de las facturas en divisas a ser canceladas en el futuro creció 241%, hasta USD 104,3 G.
La distribución de las divisas indica que el sector público, que aporta 35% del PIB, ha absorbido la mayor parte de los petrodólares pero no ha logrado avanzar en la tarea de hacer que la economía sea menos dependiente del petróleo, al contrario, la subordinación a la suerte del barril es absoluta. Las empresas públicas creadas en los últimos años reportan pérdidas y producen muy por debajo de su capacidad, al igual que las que conforman la Corporación Venezolana de Guayana, que no pudieron beneficiarse del período de altos precios de las materia primas exportando, en mayor cantidad, hierro, acero y aluminio. Al mismo tiempo, lo poco que exportaba el sector privado ha descendido en medio de la sobrevaluación de la moneda, controles de precios y trabas para el acceso a las divisas, de manera que exportaciones no petroleras tan sólo aportaron USD 2,5 G al cierre del 3er trimestre de 2013, una cantidad que representa una caída de 56% respecto al mismo lapso de 2005 y se traduce en que 96 de cada 100 dólares EUA que ingresan al país provienen del barril.
Advertencia de la Academia de Ciencias Económicas
La Academia, en documento enviado al vicepresidente para la economía Rafael Ramírez, al presidente del Banco Central Nelson Merentes y al ministro de Finanzas Rodolfo Marco Torres advirtió que las medidas económicas anunciadas recientemente no podrán corregir los desequilibrios y distorsiones estructurales que padece el país.
La Academia explicó que pretender combatir la inflación, como insiste el Gobierno, acentuando los controles de precios, conducirá inevitablemente a mayores distorsiones. El sistema de precios que hoy prevalece en Venezuela desincentiva la inversión real en los sectores productivos. La Academia propuso levantar los controles, desmantelar las regulaciones excesivas y flexibilizar el esquema cambiario con miras a la liberación perentoria de todas las transacciones en moneda extranjera.
En cuanto a la posibilidad de que Petróleos de Venezuela deje de requerir financiamiento del Banco Central, una de las principales causas de la inflación, la Academia indicó que podría disminuir dependiendo del ajuste que se haga al precio de la gasolina y que se permita a PDVSA vender parte de sus dólares a la tasa del SICAD. Asimismo, existen serias dudas sobre la suficiencia y sostenibilidad del régimen cambiario anunciado, dado el evidente déficit en la oferta global de divisas, si se tiene en cuenta el comportamiento histórico reciente de las importaciones de bienes y servicios.
La culpa del deterioro
El Gobierno nacional insiste en contener la inflación vía decreto. Tras aplicar varias normas en los últimos años y fracasar en el intento, ahora la promesa de estabilizar los precios está en la Ley Orgánica de Precios Justos. El texto, contenido en la Gaceta Oficial de fecha 23 de enero, deroga las anteriores legislaciones con las que el propio Ejecutivo nacional prometió frenar la inflación. Se trata de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y de la Ley de Costos y Precios Justos. La novísima ley de “Precios Justos” fusiona aspectos de las dos anteriores, extrema los controles, eleva las sanciones a quienes incurran en los delitos tipificados y agrega aspectos relacionados con la obtención de las divisas.
Las cifras emitidas por el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, dan la razón a los empresarios. Las cifras mostradas por el funcionario revelan que en 2013 Cadivi aprobó para importaciones del sector privado USD 15,6 G, 15% menos con respecto a 2012 y hasta 26% por debajo de las asignaciones del 2010. Al detallar la evolución de la escasez se aprecia que prácticamente desde abril de 2012, fecha a partir de la cual se regularon los precios de productos de cuidado personal y aseo del hogar con la Ley de Costos y Precios Justos, la tendencia ha sido al alza.
La balanza de pagos que publica el Banco Central registra que entre 2005 y 2013, asumiendo un estimado para el último trimestre de este año, el país obtuvo por exportaciones petroleras 641 mil 872 millones de dólares, de los cuales, de acuerdo con las cifras de la Vicepresidencia de Economía, fueron asignados a través de Cadivi, Aladi y Sucre unos 282 mil 476 millones, es decir, 44 % del total, para todos los requerimientos del sector privado como importaciones, remesas y viajes.
El incremento del rol del Estado hizo que el Gobierno utilizara la mayor parte de los petrodólares que ingresaron al país en los últimos 9 años, tras un agitado proceso de expropiaciones y creación de empresas públicas. Aparte de absorber 56% de los petrodólares, unos USD 359,4 G, el Gobierno se endeudó para aumentar sus recursos y las cifras oficiales indican que entre 2005 y 2013 el monto de las facturas en divisas a ser canceladas en el futuro creció 241%, hasta USD 104,3 G.
La distribución de las divisas indica que el sector público, que aporta 35% del PIB, ha absorbido la mayor parte de los petrodólares pero no ha logrado avanzar en la tarea de hacer que la economía sea menos dependiente del petróleo, al contrario, la subordinación a la suerte del barril es absoluta. Las empresas públicas creadas en los últimos años reportan pérdidas y producen muy por debajo de su capacidad, al igual que las que conforman la Corporación Venezolana de Guayana, que no pudieron beneficiarse del período de altos precios de las materia primas exportando, en mayor cantidad, hierro, acero y aluminio. Al mismo tiempo, lo poco que exportaba el sector privado ha descendido en medio de la sobrevaluación de la moneda, controles de precios y trabas para el acceso a las divisas, de manera que exportaciones no petroleras tan sólo aportaron USD 2,5 G al cierre del 3er trimestre de 2013, una cantidad que representa una caída de 56% respecto al mismo lapso de 2005 y se traduce en que 96 de cada 100 dólares EUA que ingresan al país provienen del barril.
Advertencia de la Academia de Ciencias Económicas
La Academia, en documento enviado al vicepresidente para la economía Rafael Ramírez, al presidente del Banco Central Nelson Merentes y al ministro de Finanzas Rodolfo Marco Torres advirtió que las medidas económicas anunciadas recientemente no podrán corregir los desequilibrios y distorsiones estructurales que padece el país.
La Academia explicó que pretender combatir la inflación, como insiste el Gobierno, acentuando los controles de precios, conducirá inevitablemente a mayores distorsiones. El sistema de precios que hoy prevalece en Venezuela desincentiva la inversión real en los sectores productivos. La Academia propuso levantar los controles, desmantelar las regulaciones excesivas y flexibilizar el esquema cambiario con miras a la liberación perentoria de todas las transacciones en moneda extranjera.
En cuanto a la posibilidad de que Petróleos de Venezuela deje de requerir financiamiento del Banco Central, una de las principales causas de la inflación, la Academia indicó que podría disminuir dependiendo del ajuste que se haga al precio de la gasolina y que se permita a PDVSA vender parte de sus dólares a la tasa del SICAD. Asimismo, existen serias dudas sobre la suficiencia y sostenibilidad del régimen cambiario anunciado, dado el evidente déficit en la oferta global de divisas, si se tiene en cuenta el comportamiento histórico reciente de las importaciones de bienes y servicios.
La culpa del deterioro
El Gobierno nacional insiste en contener la inflación vía decreto. Tras aplicar varias normas en los últimos años y fracasar en el intento, ahora la promesa de estabilizar los precios está en la Ley Orgánica de Precios Justos. El texto, contenido en la Gaceta Oficial de fecha 23 de enero, deroga las anteriores legislaciones con las que el propio Ejecutivo nacional prometió frenar la inflación. Se trata de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y de la Ley de Costos y Precios Justos. La novísima ley de “Precios Justos” fusiona aspectos de las dos anteriores, extrema los controles, eleva las sanciones a quienes incurran en los delitos tipificados y agrega aspectos relacionados con la obtención de las divisas.
Las cifras emitidas por el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, dan la razón a los empresarios. Las cifras mostradas por el funcionario revelan que en 2013 Cadivi aprobó para importaciones del sector privado USD 15,6 G, 15% menos con respecto a 2012 y hasta 26% por debajo de las asignaciones del 2010. Al detallar la evolución de la escasez se aprecia que prácticamente desde abril de 2012, fecha a partir de la cual se regularon los precios de productos de cuidado personal y aseo del hogar con la Ley de Costos y Precios Justos, la tendencia ha sido al alza.
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