Mikel las Heras
Los derechos humanos son universales, se dice, pero no se
pone en práctica este precepto. Y no se pone, porque se anteponen intereses de
todo tipo sobre ellos.
Impresiona constatar cómo fuera de Venezuela, con pretextos
a veces ideológicos, a veces con la excusa de “que no hay información
disponible”, otras veces con argumentos fuera de toda lógica como “es que es
una sociedad polarizada de ricos y pobres”, o “de izquierda y fascistas” o de
otras tonterías absolutamente alejadas de la realidad, se convalida la
violación, a estas alturas sistematizada violación, a los derechos humanos.
En Europa, por ejemplo, se acatan decisiones de tribunales
europeos e internacionales de derechos humanos, se leen con atención los
informes y se pide a los gobiernos que hagan caso de ellos, de organizaciones
como Amnistía Internacional, Human Rights Wach, Periodistas Sin Fronteras, etc.
Todas esas organizaciones han emitido informes y acciones
urgentes sobre Venezuela, y no solo en los últimos días, y no han recibido eco
ni de gobiernos, ni de organizaciones sociales, ni de partidos partidos
políticos europeos. Tampoco hemos visto mayores quejas por ejemplo, de la venta
a Venezuela por parte de España, de gas lacrimógeno y otros insumos que son
usados para la represión. O de los tremendos negocios que hacen Telefónica y
Repsol en un país donde el petróleo “es del pueblo” y las telecomunicaciones
están bajo control estatal. Venezuela está fuera de la agenda de muchos dirigentes
políticos y sociales que hablan sobre neocolonialismo, injerencia y derechos
humanos, pero claro, en países donde no gobiernan partidos y presidentes
“amigos”. Doble rasero.
Pero esa forma simplista, primaria, de ver las cosas en
blanco y negro (y luego hablan de polarización cuando se refieren a Venezuela),
adquiere una dimensión importante cuando el tema en cuestión es el de los
derechos humanos.
En Venezuela, hoy, se tortura. Hay ejecuciones
extrajudiciales. Se usan las armas de fuego para controlar manifestaciones.
Existen grupos paramilitares y parapoliciales actuando con impunidad. Se
criminaliza la protesta de trabajadores, indígenas, campesinos, estudiantes y
ciudadanos en general. Hay más de 3.000 personas sometidas a juicio y con
medidas cautelares emitidas por los tribunales, por protestar. En Venezuela
existe un entramado de leyes (Ley Antiterrorista, Ley de Zonas de Seguridad,
etc) que hacen posible la aplicación de una doctrina de seguridad nacional,
similar a la que aplicaron las dictaduras de latinoamérica en los 70.
Pero la cosa no queda ahí. Especialmente en los últimos
tiempos se ha avanzado profundamente en contra de la libertad de expresión. El
gobierno maneja por ley el mercado cambiario de divisas y no está concediendo
divisas para la importación de papel periódico. Poco a poco vemos cerrar
diarios y reducir el número de páginas de muchos de ellos. En paralelo, se
interviene en forma descarada, vía bloqueo (el estado controla acceso a
internet) o hacking, a un sinnúmero de páginas webs, redes sociales, sitios de
recorte de vínculos o de difusión de imágenes, y se ordena a las operadoras de
cable el retiro de emisoras de noticias, como el reciente caso de NTN24.
Censura.
No es legítimo ni ético usar el lugar común de “quieren dar
un golpe” para convalidar, abiertamente o con el silencio, todas esas
violaciones. O decir que “la derecha quiere tomar el poder”.
Vale la pena ponerse a pensar por qué existen tantas
protestas en Venezuela (en 2013 hubieron más de 4.000 protestas laborales, por
vivienda, seguridad, salud, etc) y por qué se está dando ahora esta ola de
manifestaciones con contenido más político pero que no ha dejado de lado el
contenido de reivindicaciones sociales. Vale la pena ponerse a pensar por qué
Venezuela está atravesando esta profunda crisis económica, social y política,
tras quince años de gestión de un gobierno con profundas raíces militares y
militaristas. Vale la pena ponerse a pensar en lo que muchos venezolanos
pensamos a diario: ¿A dónde han ido a parar todos los ingresos que hemos tenido
por la renta petrolera con un barril sobre los 100 dólares? ¿Por qué ahora
dependemos de las importaciones de productos alimenticios que hasta hace unos
años producíamos para nuestro consumo? ¿Por qué la escasez de alimentos y
medicinas? ¿De dónde han surgido todas esas nuevas fortunas de lo que llamamos
en Venezuela “boliburguesía? ¿Por qué tenemos que ver uniformes militares a
toda hora y en todas partes, desde en el alto gobierno hasta en las colas que
hacemos para comprar alimentos? ¿Por qué el gobierno gasta tanto dinero en
compras de armamento para la Fuerza Armada Nacional? ¿Por qué, si supuestamente
gozamos de un buenísimo sistema de salud, todos los empleados y trabajadores de
la administración pública tienen por contrato pólizas privadas de seguros de
salud? ¿Por qué los dirigentes se tratan en clínicas privadas o en el exterior
sus enfermedades? ¿Por qué este gobierno tiene más de 400 contratos colectivos de
sus trabajadores vencidos y sin negociar? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta
impunidad?
Hay muchas preguntas cómo las anteriores rondando en las
cabezas de muchos de los que hoy protestan en Venezuela, de derecha, centro e
izquierda, trabajadores, estudiantes y amas de casa, de muy diferentes
condiciones y procedencias sociales. Es un insulto a la inteligencia pensar
que, si estamos divididos en por lo menos “dos mitades”, una sea de pobres y la
otra de ricos, o una legítima y la otra golpista. Vale la pena pensar sin doble
rasero.
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