Mira mamá, mira papá hoy me declaro homosexual”. Al son de los tambores y las consignas se realizó este viernes la concentración de más de 40 colectivos de luchadores por los derechos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) en la Asamblea Nacional, para presentar ante el Parlamento el proyecto de reforma del Código Civil, con el objetivo de legalizar la unión entre parejas del mismo sexo.
“Creemos que este proyecto debe avanzar. Esta vez sí vamos a lograr el reconocimiento del matrimonio igualitario”, dijo Abraham Pérez de la organización Comunidad LGBTI del estado Lara.
Y es que la actividad llenó de muchas expectativas a quienes defienden los derechos de la comunidad LGBTI. Los promotores de la movilización manifestaron su entusiasmo, no solo por haber superado los requisitos establecidos en el artículo 204 de la Constitución Nacional para impulsar iniciativas legislativas, sino por haber trascendido los efectos “atomizadores” de la polarización política y unificar a colectivos de distintas tendencias partidistas e ideológicas para la conquista de un objetivo común: el reconocimiento pleno de sus derechos.
“Esto debería ser nuestra experiencia como país. No importan las diferencias políticas, debemos trabajar por unificarnos en base a las coincidencias, y la lucha por nuestros derechos debe ser nuestro principal punto de encuentro”, expresó Ana Margarita Rojas de la Fundación Reflejos de Venezuela.
Por su parte Leandro Viloria de la agrupación Ejercito Emancipador, dijo que lograron recolectar más de 20.000 firmas a nivel nacional en apoyo a la iniciativa por el matrimonio igualitario. Destacó que lo principal de esta lucha no es solo el reconocimiento de la institución matrimonial para todas y todos, sino la posibilidad de acceder al conjunto de derechos que de se derivan del matrimonio.
“Hoy estamos siendo protagonistas de nuestra propia historia. Estamos recogiendo un saldo organizativo importante para la igualdad y la equidad de derechos en Venezuela”, afirmó.
Para Viloria, el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario se traducirá en beneficios directos para las parejas del mismo sexo, acceso a viviendas, pensiones de sobrevivencia, servicios médicos, y paternidad y maternidad conjunta. “Se trata de construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria”, dijo.
En el pasado reciente, organizaciones y activistas de derechos LGBTI han rechazado opiniones abiertamente homofóbicas expresadas por altos funcionarios del Estado venezolano. Estos actos han sido denunciados como la construcción e instrumentalización de un mensaje que intenta eliminar simbólicamente al adversario político mediante la descalificación, pero que al mismo tiempo promueve la discriminación y la segregación de un importante sector de la población venezolana que levanta las banderas sexo diversas.
Sin embargo, eso no ha frenado la determinación de estos colectivos para defender y conquistar sus derechos. “Hay más de 6.000 personas que se atrevieron a decir que viven con su pareja del mismo sexo”, dijo Edgar Baptista del movimiento Pro Inclusión.
Baptista relató que el proceso que permitió la concreción del proyecto presentado este viernes a la Asamblea Nacional no fue fácil.
“Hemos venido haciendo movilizaciones desde el 2001. En aquel entonces éramos casi clandestinos, pero luego, con el pasar de los años adquirimos conciencia, ya en 2009 logramos sentarnos en una misma mesa todos los sectores para trazar una agenda común, sin distingo de tendencia política, y nuevamente hoy nos unimos para concretar este proyecto”.
Las expectativas son grandes. Baptista dijo que a pesar de que muchos funcionarios traspasan las fronteras del Estado laico contemplado en la Constitución Nacional, y asumen posiciones basadas en concepciones religiosas y machistas, es “muy difícil hoy en día tomar una postura abiertamente en contra del reconocimiento de derechos de todas las personas”. Destacó que el contexto político latinoamericano actual favorece la lucha de la comunidad LGBTI en Venezuela, ya que muchos gobiernos de la región han reconocido derechos y han mostrado una mayor apertura a la inclusión de movimientos sexo diversos.
“Hay obligaciones internacionales desde resoluciones de la OEA y de la ONU, hasta compromisos con el Mercosur, que nos hacen pensar que el costo político para el Estado venezolano de negarse a reconocer nuestros derechos sería muy grande, por eso somos optimistas” puntualizó Baptista.
La propuesta legislativa fue recibida por el diputado de la Asamblea Nacional Elvis Amoroso quien declaró que está dentro de la obligación del parlamento “recibir las propuestas que trae la comunidad y de entregar las firmas a la junta directiva para que designe la comisión que le corresponde a fin de atender esta solicitud”, comprometiéndose a impulsar el debate en el seno del órgano.
Sin duda, la actividad no solo resultó un éxito por su capacidad de movilización y por haber logrado el objetivo de consignar el proyecto legislativo. En nuestra opinión el mayor éxito alcanzado por quienes formaron parte de esta iniciativa, fue haber entendido la necesidad de articular sus luchas para avanzar en la conquista de objetivos comunes. Desde Provea reiteramos nuestro modesto apoyo a estos luchadores, y nuestro reconocimiento al ejemplo de unidad y constancia que han transmitido al resto de los movimientos sociales del país.
Por su parte Leandro Viloria de la agrupación Ejercito Emancipador, dijo que lograron recolectar más de 20.000 firmas a nivel nacional en apoyo a la iniciativa por el matrimonio igualitario. Destacó que lo principal de esta lucha no es solo el reconocimiento de la institución matrimonial para todas y todos, sino la posibilidad de acceder al conjunto de derechos que de se derivan del matrimonio.
“Hoy estamos siendo protagonistas de nuestra propia historia. Estamos recogiendo un saldo organizativo importante para la igualdad y la equidad de derechos en Venezuela”, afirmó.
Para Viloria, el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario se traducirá en beneficios directos para las parejas del mismo sexo, acceso a viviendas, pensiones de sobrevivencia, servicios médicos, y paternidad y maternidad conjunta. “Se trata de construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria”, dijo.
En el pasado reciente, organizaciones y activistas de derechos LGBTI han rechazado opiniones abiertamente homofóbicas expresadas por altos funcionarios del Estado venezolano. Estos actos han sido denunciados como la construcción e instrumentalización de un mensaje que intenta eliminar simbólicamente al adversario político mediante la descalificación, pero que al mismo tiempo promueve la discriminación y la segregación de un importante sector de la población venezolana que levanta las banderas sexo diversas.
Sin embargo, eso no ha frenado la determinación de estos colectivos para defender y conquistar sus derechos. “Hay más de 6.000 personas que se atrevieron a decir que viven con su pareja del mismo sexo”, dijo Edgar Baptista del movimiento Pro Inclusión.
Baptista relató que el proceso que permitió la concreción del proyecto presentado este viernes a la Asamblea Nacional no fue fácil.
“Hemos venido haciendo movilizaciones desde el 2001. En aquel entonces éramos casi clandestinos, pero luego, con el pasar de los años adquirimos conciencia, ya en 2009 logramos sentarnos en una misma mesa todos los sectores para trazar una agenda común, sin distingo de tendencia política, y nuevamente hoy nos unimos para concretar este proyecto”.
Las expectativas son grandes. Baptista dijo que a pesar de que muchos funcionarios traspasan las fronteras del Estado laico contemplado en la Constitución Nacional, y asumen posiciones basadas en concepciones religiosas y machistas, es “muy difícil hoy en día tomar una postura abiertamente en contra del reconocimiento de derechos de todas las personas”. Destacó que el contexto político latinoamericano actual favorece la lucha de la comunidad LGBTI en Venezuela, ya que muchos gobiernos de la región han reconocido derechos y han mostrado una mayor apertura a la inclusión de movimientos sexo diversos.
“Hay obligaciones internacionales desde resoluciones de la OEA y de la ONU, hasta compromisos con el Mercosur, que nos hacen pensar que el costo político para el Estado venezolano de negarse a reconocer nuestros derechos sería muy grande, por eso somos optimistas” puntualizó Baptista.
La propuesta legislativa fue recibida por el diputado de la Asamblea Nacional Elvis Amoroso quien declaró que está dentro de la obligación del parlamento “recibir las propuestas que trae la comunidad y de entregar las firmas a la junta directiva para que designe la comisión que le corresponde a fin de atender esta solicitud”, comprometiéndose a impulsar el debate en el seno del órgano.
Sin duda, la actividad no solo resultó un éxito por su capacidad de movilización y por haber logrado el objetivo de consignar el proyecto legislativo. En nuestra opinión el mayor éxito alcanzado por quienes formaron parte de esta iniciativa, fue haber entendido la necesidad de articular sus luchas para avanzar en la conquista de objetivos comunes. Desde Provea reiteramos nuestro modesto apoyo a estos luchadores, y nuestro reconocimiento al ejemplo de unidad y constancia que han transmitido al resto de los movimientos sociales del país.
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