Tres testimonios y un epílogo desvergonzado sobre la salud pública en Venezuela a fines del 2013

I.- Exigen sea decretada emergencia hospitalaria

Prensa Provea

Con la participación de organizaciones no gubernamentales, trabajadores del sector salud, jubilados y pensionados, se realizó este jueves 21/11 una protesta en la Dirección estatal de salud del Distrito Capital a fin de que sea declarada la emergencia hospitalaria por la grave crisis que atraviesan los diversos centros de salud de la ciudad capital, así como en el resto del país.

Marino Alvarado, Coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, explicó que con esta acción se busca exigir al Ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, “Que declare la salud pública de Venezuela en emergencia”.

“Proponemos que se elabore un plan de corto, mediano y largo plazo con recursos propios para salir de la crisis de la salud pública en Venezuela, debido a que a diario, mueren personas por no recibir atención oportuna y adecuada. Planteamos a la Fiscal General de la República que designe un fiscal especial para que atienda las distintas demandas sobre la problemática de la salud y por último, estamos planteando la necesidad de que se convoque a un diálogo nacional con los sectores que están interesados en aportar para la solución de la grave crisis de la salud pública en Venezuela”, señaló.

Marianela Betancourt, Secretaria General del Sindicato de Empleados Públicos del Ministerio de Salud, SUNEP-SAS, aseguró que la inseguridad dentro de los centros de salud es un problema que no ha sido atendido por las autoridades. Del mismo modo, denunció que existen muchas fallas en las infraestructuras de muchos hospitales por remodelaciones que nunca terminan. “Aparte de la falla de insumos que tenemos de forma constante, tenemos muchos problemas con los materiales con los que nos abastecen, producto del convenio China – Venezuela, debido a su mala calidad”.

Advirtió que tienen conocimiento que el presupuesto de salud para 2014 ha sido reducido en una cantidad considerable, mientras que es “engordado” el que corresponde a Barrio Adentro. “Con todas sus fallas y deficiencias, la población prefiere acudir a los centros de salud que justamente el gobierno está matando al reducir sus presupuestos. Esta situación ha incrementado de forma alarmante la muerte por ruleteo hospitalario”.

Pablo Zambrano, Directivo del sindicato de obreros del sector salud, le recordó al Gobierno central que, “La salud no es un juego, es un derecho humano fundamental” por lo que exigió que se dediquen a trabajar de forma decidida en este sentido.

Puso como ejemplo la situación del Hospital de Coche. “Cuando Nicolás Maduro, fue a este centro de salud el pasado mes de febrero, llevaron un tomógrafo y este equipo aún no ha sido instalado. Esto denota ineficiencia por donde se le mire. Por otro lado, la emergencia de pediatría, trabaja sólo de lunes a viernes. Este gobierno debe acabar con la indolencia, dejar la poliquitería y tomar conciencia que su obligación es atender la situación de la gente cuanto antes”.

Margot Monasterios, miembro del Sindicato unitario de empleados públicos del Hospital Clínico Universitario de Caracas, denunció que aparte de que este hospital carece de los insumos básicos para atender a los pacientes, existe una situación de “acoso laboral” hacia las enfermeras y otros trabajadores que allí trabajan, lo que ha traído como consecuencia que ellos los mismos se pongan a la orden del área de personal como un mecanismo que les permita conseguir una solución a esta irregularidad.

“El personal que labora en el área de desechos patológicos, no tiene los implementos adecuados para hacer su trabajo, por lo que corren el peligro de sufrir todo tipo de infecciones y enfermedades, ante la indiferencia de las autoridades. Anunciaron que una comisión entregará al Ministro Francisco Armada un documento contentivo con los detalles de esta situación para que dé pronta respuesta. “Este es un problema que va más allá del tema ideológico. El ministro Armada está en la obligación de actuar con prontitud”, precisó Pablo Zambrano.

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II.- La salud en emergencia

María Angélica Rojas

Navidad y Fin de año es tiempo de festejos pero también de balance y reflexión, en este sentido, no podemos dejar de preocuparnos (y ocuparnos) por la situación de la salud pública en nuestro país, lo cual ha motivado la movilización de fundaciones y ONG´s que trabajamos en el área de la salud, sobre todo en el caso de pacientes de alto riesgo ya que como dice el lema que hemos esgrimido “La salud no puede esperar”. Desde el 15 de noviembre pasado, a través de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), hemos estado emitiendo documentos de alerta y gestionando reuniones con los entes gubernamentales, algunas ya se han hecho pero insistiremos hasta que se logren soluciones prontas y ciertas, porque no basta con preocuparse sino OCUPARSE.

Precisamente, por ello, porque tomar conciencia y activarnos todos es parte fundamental de esta lucha, queremos compartir con ustedes, amables lectores, este diagnostico del estado de emergencia en que se encuentra la situación de la salud en Venezuela.

El sistema sanitario público en Venezuela atraviesa su peor momento, como consecuencia de un proceso de debilitamiento de las estructuras sanitarias e institucionales, de lo cual las personas con problemas de salud y sus familiares, los profesionales de la medicina así como diversas organizaciones de derechos humanos y centros de investigación, han venido alertando desde hace varios años. Al severo deterioro de los servicios de salud del sector público, se suma la ausencia de una ley orgánica cónsona con las disposiciones constitucionales de 1999, lo cual ha favorecido un patrón de medidas erráticas por parte de los órganos competentes que han causado la precarización de los programas y de los servicios existentes, y la falta de instrumentos legales para que los ciudadanos puedan hacer valer las garantías constitucionales del derecho a la salud frente a las fallas y omisiones de las instituciones sanitarias.

La problemática del sistema sanitario público se caracteriza por una acentuada fragmentación y un profundo desmejoramiento de las instituciones que han socavado la rectoría, el acceso, la efectiva prestación y el cabal financiamiento de los servicios sanitarios. Existen múltiples sectores de provisión de servicios sin articulación entre sí, seriamente disminuidos en sus capacidades de atención, desigualmente distribuidos, solapados en sus coberturas y con presupuestos altamente deficitarios, que impiden a la mayoría de la población encontrar una atención sanitaria temprana, eficaz y oportuna. Por otra parte, la población no cuenta con una autoridad sanitaria efectivamente garante de la protección del derecho a la salud a nivel nacional, ni con políticas que de manera responsable, sostenida y adecuada garanticen los medios de atención y tratamiento a las personas afectadas por enfermedades y epidemias o en diferentes condiciones de salud.

Esta situación ha venido agravándose en el último año, presentado un cuadro particularmente preocupante para la atención de las personas en condiciones de salud crónicas, como se resume a continuación: 3.000 mujeres con cáncer de mama no consiguen medicamentos. El cáncer de mama continúa en ascenso y ocupa el primer lugar de la mortalidad de las mujeres por causas oncológicas. Es crítico a su vez la falta de médicos mastólogos, radiólogos, y cirujanos oncólogos en el país. 560 personas con linfoma están afectados por falta de medicamentos en los distintos protocolos de tratamientos de quimioterapia y la falla de equipos de radioterapia en los centros de salud públicos. 15.000 personas con problemas renales que requieren de diálisis, no reciben ni los tratamientos necesarios para su terapia desde hace 6 meses.  45.000 personas con VIH que requieren recibir tratamientos para proteger su vida y su salud, han estado afrontando episodios recurrentes de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales. 25.017 personas con drepanocitosis –incluyendo niños- y 100 personas con talasemia mayor, no reciben inmunización contra neumococos, hepatitis B, Haemophilus influenzae, virus de la influenza, porque estas vacunas no están incluidas en el programa nacional de vacunación. 4.500 personas en lista de espera se encuentran en grave riesgo por la paralización de los trasplantes de órganos en Venezuela,

El 15 de noviembre de 2013, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida) [1] extendió al recién designado Ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, una comunicación pública en la cual se solicitaba atender las siguientes propuestas:

1. La adopción de medidas urgentes para superar los obstáculos institucionales y las deficiencias técnicas y presupuestarias que hasta esa fecha no habían permitido resolver las necesidades de dotación y suministro de medicamentos esenciales, reactivos y otros insumos incluidos dentro de los protocolos de tratamiento, seguimiento y atención de todas las personas con enfermedades crónicas;

2. Realizar las diligencias y esfuerzos necesarios para rescatar la infraestructura y atender las necesidades de equipamiento y dotación del Banco Municipal de Sangre; ampliar y crear nuevas unidades de diálisis en las ciudades con más población de enfermos renales, garantizar la suficiente disponibilidad de unidades de mamografía y ecografía –conforme a los estándares médicos y científicos- en los centros públicos de salud del país, así como asegurar el mantenimiento continuo y adecuado de los 26 equipos de radioterapia existentes.

3. Abrir un mecanismo de diálogo con todas las organizaciones de personas en condiciones crónicas de salud o con aquellas que las apoyen en sus derechos, a fin de participar en un plan de acción para solucionar las deficiencias técnicas, humanas y financieras de los programas del Ministerio –en particular aquellos que deben atender las condiciones de salud señaladas- y hacer frente a las principales causas del debilitamiento estructural de los servicios sanitarios públicos.

Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional hizo un llamado a los miembros de Codevida para asistir a un diálogo con presencia de representantes del MPPS, en la cual se acordó instalar una serie de mesas de trabajo para abordar requerimientos en cada una de las áreas críticas señaladas. Como consecuencia de este acuerdo se realizó en la sede del MPPS una reunión en el área de trasplantes y la propia Comisión realizó una inspección del Banco Municipal de Sangre, verificando el cierre técnico de dicha institución, sin que haya habido hasta el momento una nueva convocatoria ni respuestas que pudieran señalar posibles soluciones a los graves problemas que están afrontando las personas afectadas, tomando en cuenta los riesgos que ellas están corriendo de no tomarse acciones con la urgencia debida.

[1] Organizaciones miembros de CODEVIDA: Funcamama, Asociación Venezolana de Amigos con Linfoma, Acción Solidaria, SenosAyuda, Asociación Venezolana para la Hemofilia, Asociación de Apoyo al Paciente Hematológico, Amigos Trasplantados de Venezuela y Asociación Venezolana de Drepanocitosis y Talasemia.


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III.- Declaración: Crisis humanitaria de salud de los pacientes con cáncer en Venezuela

Observatorio Venezolano de la Salud
Red de Sociedades Científicas
Academia Nacional de Medicina
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
Quienes suscribimos esta comunicación, miembros del personal de salud que labora en servicios oncológicos de la red hospitalaria pública nacional; pacientes oncológicos y sus familiares atendidos en estos servicios; profesionales de la salud que desempeñamos actividades asistenciales, docentes o de investigación, tanto en el sector público como privado en instituciones educativas o de salud y miembros de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa del derecho a la salud, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar:

1. El cáncer es uno de los problemas de salud más importantes en Venezuela. Más de 50.000 casos nuevos se producen anualmente (sin tomar en cuenta los cánceres de la piel diferentes a melanómas) y más de 22.000 fallecen.(1) Entre las causas de muerte natural, el cáncer ocupa la segunda posición luego de las enfermedades de corazón. El aumento de la esperanza de vida se acompaña del envejecimiento de la población y con ello el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles y degenerativas, incluidas todas las formas de cáncer.

2. Este problema no está siendo atendido de manera efectiva y suficiente en Venezuela, mediante medidas de promoción de conductas saludables, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. (1,2,3). No disponemos de un informe oficial pormenorizado y actualizado del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer ni del diseño, planificación y organización del Instituto Nacional de Cáncer que tendría la responsabilidad de coordinar el programa a partir de 2012. (3). Los datos epidemiológicos descriptivos más recientemente publicados, corresponden al año 2010. (4)

3. A pesar de ser un problema de salud claramente reconocido, (5) los reclamos de la población, de los pacientes y sus familiares que sufren esta terrible enfermedad, no han sido oportuna y eficientemente atendidos. La insatisfacción y los reclamos por los servicios prestados en los establecimientos del sistema público de salud van en aumento e indican la existencia de barreras geográficas, económicas y estructurales del sistema de salud que impiden la cobertura y la universalidad de los servicios eficientes y de calidad, por lo que el Gobierno Nacional no está garantizando las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de las personas expuestas al riesgo de cáncer o que padecen de la enfermedad; derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 83 y 84.

4. Por esa razón, la denuncia de esta situación que elevamos a la Fiscalía General de la Nación en septiembre de 2013, (6) perseguía el propósito de corregir y subsanar las fallas identificadas del Programa Nacional de Cáncer, con la exigencia de que se garantizara el ejercicio del derecho la salud por parte de las instituciones a quienes compete; se evalúe la situación actual de desatención de los pacientes con cáncer y se establezcan responsabilidades a los funcionarios que por omisión o comisión, hayan contribuido con sus actuaciones, a impedir sin justificación alguna, el derecho oportuno, pleno y efectivo, a la salud de las personas afectadas por cáncer. Hasta este momento la Fiscalía General de la República no ha dado respuesta a la denuncia.

5. La decisión del nuevo ministro de salud de contratar los servicios de mantenimiento y reparación de las numerosas unidades de radioterapia de la Red de Centros Públicos que se encuentran dañados, o no operativos, es una decisión tardía y parcial que no subsana las graves carencias de atención de los pacientes con cáncer en los establecimientos públicos de salud, cuyo enfoque amplio incluye: fallas en los procedimientos diagnósticos (laboratorio general, despistaje mediante citología, imágenes e isótopos y laboratorios de Anatomía Patológica para el procesamiento de biopsias), además, la escasa dotación de insumos y personal de los servicios asistenciales de hospitalización, las carencias de tratamiento quirúrgico, tratamiento mediante fármacos de quimioterapia y otras modalidades terapéuticas; así mismo, la limitada disponibilidad de servicios de apoyo y tratamiento paliativo. Los servicios antes mencionados,mediante acciones integradas, podrán reducir la carga de la enfermedad, gracias al el diagnóstico precoz, el tratamiento efectivo y oportuno y la reducción del sufrimiento de las personas, como bien señala para alcanzar sus objetivos la Declaración Mundial de Cáncer.(7)

Por estas razones exigimos al MPPS:

1. La reorganización urgente del Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer.

2. La ejecución del Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer a cargo del Instituto Nacional de Cáncer ofrecido en 2012 y aún no cumplido.

3. La participación de la Academia Nacional de Medicina, las Universidades Nacionales, las Sociedades Científicas y las Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a los pacientes con cáncer, en la planificación, diseño, organización, gestión, evaluación y auditoría del Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer.

4. Así mismo, reiteramos la denuncia y las peticiones presentadas a la Fiscalía General de la República y solicitamos a la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo inicien con urgencia las actuaciones en los ámbitos de sus competencias para proteger la salud y la vida de las personas afectadas con cáncer y restablecer la óptima operatividad de los servicios oncológicos. Además, establecer si las actuaciones de las ministras de Salud: Eugenia Sader e Isabel Iturria, contribuyeron a afectar el derecho a la salud de los pacientes oncológicos. Reiteramos la solicitud de inspeccionar los diferentes servicios oncológicos de la Red Pública Nacional de Oncología y realizar un diagnóstico de la magnitud de la violación del derecho a la salud y a la vida de los pacientes que dejaron de recibir diagnóstico y tratamiento oportuno; e interponer las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran haber sufrido los pacientes con cáncer con motivo del mal funcionamiento de centros oncológicos. Además, investigar y ejercer ante los tribunales competentes, las acciones a que hubiere lugar con ocasión a la presunta violación del derecho a la salud por parte de funcionarios públicos; e instar al Consejo Moral Republicano y en especial a la Defensoría del Pueblo, para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios que resultaren responsables de la violación o menoscabo del derecho a la salud de los pacientes oncológicos, como consecuencia del funcionamiento inadecuado de los servicios oncológicos de la Red Pública Nacional.

Referencias

1. RSCMV. Alerta Epidemiológica Nro. 222. Día Mundial contra el Cáncer. Juntos es posible. 4 de febrero de 2012. www.rscmv.org.ve

2. Oletta López J.F. Carvajal A. Peña S. RSCMV. Alerta Epidemiológica Nro. 194. Cáncer, un problema de salud en Venezuela con datos epidemiológicos retrasados. 2 de julio de 2011. www.rscmv.org.ve

3. Oletta López J.F: Cáncer como problema de salud. Situación del Programa Nacional de lucha contra el cáncer. Informe Nro. 1, 25 de abril de 2012. Nota Técnica Nro. 50. RSCMV. 16 de agosto de 2012. Disponible en: www.rscmv.org.ve

4. Anuario de Mortalidad. MPPS, 2011. Caracas. No publicado.

5. Oletta López J.F. Walter C, y Orihuela A. P. Atención de los pacientes con cáncer en Venezuela. Soc. Venez. Salud Pública. Red Defendamos la Epidemiología Nacional. 3 de septiembre de 2013.

6. Documento dirigido a la Fiscalía General de la Nación, Septiembre de 2013.

7. Declaración Mundial de Cáncer. 2013.  #ayuda #WorldCancerDay http://www.uicc.org/signdeclaration


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Tras 15 años en el gobierno y anticipándose a las tradicionales bromas del Día de los Inocentes:
«Maduro calificó como una vergüenza la situación hospitalaria en Venezuela»

«El Presidente, Nicolás Maduro, catalogó este jueves 12/13 como “una vergüenza” la situación hospitalaria del país y llamó a los alcaldes recién electos a resolver el problema en los primeros tres meses de 2014.

“Es una vergüenza (el sistema hospitalario venezolano) y tanto que invertimos en salud, con miles de médicos”, dijo Maduro desde el acto de juramentación de autoridades locales en el estado de Aragua (centro), retransmitido por la televisora estatal VTV.

“Quiero que se resuelva el tema hospitalario de manera definitiva”, les ordenó.

La Federación Médica Venezolana (FMV), que representa a los 80.000 médicos del país, ha exigido al gobierno declarar la emergencia en el sistema de salud público, asegurando que se encuentra en una situación “muy grave” debido a la falta de insumos y equipamientos, los bajos salarios y que en 90% de los hospitales estatales el presupuesto de 2013 ya se consumió.

El gobierno anunció en agosto la creación del “Estado mayor de la salud”, con un apoyo financiero de 300 millones de bolívares (unos 47 millones de dólares a cambio oficial) y con tres objetivos: la reparación de infraestructuras hospitalarias; el equipamiento y dotación de materiales en 11 de los 241 hospitales públicos del país -considerado por el gremio como una medida “insuficiente” que “no resolverá el problema”-.

Además, aumentó en 75% el salario mensual de los médicos que, según la FMV, se ubica en 507 dólares (al cambio oficial) para un recién graduado y 900 dólares para un especialista.

En las últimas décadas, los médicos venezolanos han solicitado en reiteradas ocasiones una mayor atención de la administración al sistema de salud, que ha sufrido problemas de abastecimiento de insumos y deterioro progresivo de su infraestructura, que afectan su normal funcionamiento.»