Red Jurídica Amazónica – RAMA
Que, ante los hechos acaecidos el día miércoles 04 de
diciembre de 2013, donde funcionarios del gobierno Ecuatoriano (Intendencia de
Policía de Pichincha), ejecutaron una orden para clausurar las instalaciones de
la Fundación Pachamama contemplada en el Acuerdo Nº 125 del Ministerio de
Ambiente, se evidencia la criminalización de la que son objeto las y los
defensores de derechos humanos, quienes trabajan por defender y promover los
derechos de los pueblos indígenas.
Que, esta resolución representar un atentado flagrante no
solo a los derechos de libre asociación, trabajo y expresión, sino una
violación a los derechos que tiene las comunidades y pueblos indígenas de
contar de forma incólume con defensores y patrocinadores en cada los conflictos
que atraviesan.
Que, como sucede en varios de los países la tendencia
hegemónica del poder funciona con una lógica de intolerancia y discriminación
sobre quienes disienten de las políticas y medidas que adopta el gobierno de
forma contra-democrática, cada vez más profundas en actos, actitudes y ahora de
manera frontal para aplacar y acallar a quienes considera por la estructura de
poder que adopta como “enemigos”.
Que, los hechos de amedrentamiento que fueron objeto los
compañeros/as de la Fundación Pachamama extralimita el accionas de la orden
gubernamental, pues el uso de la fuerza pública no representa legitimidad
cuando no se ha agotado las instancias de diálogo entre las partes, lo cual
demuestra el rasgo totalitario del gobierno de Ecuador sobre las estructuras
sociales de las cuales forman parte activa las organizaciones de la sociedad
civil, con mayor énfasis aquellas comprometidas y dedicadas a la defensa de los
derechos humanos.
Que, la resolución gubernamental de clausurar y cerrar una
organización de la sociedad civil, basada solo en conjeturas legales diseñadas
y adoptadas para tal fin, viola el derecho a la disidencia, el de la réplica y
el de resistencia a regímenes donde la violación de derechos humanos en una
forma de hacer política y gobierno, aspectos que dañan la democracia tan
luchada y sacrificada en América Latina.
Que, no aceptamos por ningún motivo la falsa acusación de
hacer injerencia en las políticas públicas y de atentar contra la seguridad
interna del Estado y la paz pública.
Que, tal decisión ya consumada por el gobierno Ecuatoriano
que deja en total estado de indefensión a las organizaciones que trabajan con
Fundación Pachamama en cuanto a sus trámites, demandas y compromisos, tiene la
intencionalidad premeditada de cercenar las reivindicaciones y demandas de los
pueblos indígenas frente a la ronda petrolera, por la cual se entregarán en
concesión recursos naturales no renovables a empresas transnacionales,
omitiendo el derecho de la consulta y consentimiento libre, previo e informado
de los pueblos indígenas que son titulares de los territorios donde se harán
las exploraciones y explotaciones.
Que, las políticas extractivistas del Estado de Ecuador no
son otra cosa que la viva expresión de un nuevo capitalismo de estado y del
modelo de desarrollo primario exportador, por el cual interesa vender las
materias primas para la generación de la renta, sin consideras en un plano de
sustentabilidad ambiental y económica a los derechos de la Naturaleza y del
medio ambiente, siendo con ello violador de la Constitución Política del Estado
no solo viabilizada por el gobierno, sino por las fuerzas sociales que la
proyectaron como son los pueblos indígenas.
POR TANTO, RESOLVEMOS:
1. Repudiar la
actitud retrograda del gobierno de Ecuador de operar la clausura de la
Fundación Pachamama sin justas razones, sin otorgar el derecho al pleno
ejercicio de defensa y sin permitir la demostración de pruebas de descargo.
2. Exigir la
inaplicación del Decreto 16 que limita
el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos en territorios
indígenas afectados por la explotación de los recursos naturales, operado por
simple orden del gobierno nacional.
3. Denunciar a
la opinión pública internacional del menoscabo a los derechos de la libertad de
asociación protegidos en la Constitución Política del Estado, misma que no
pueden por principio de legalidad y primacía constitucional estar por debajo de
lo que señala un decreto o reglamento o norma similar.
4. Convocar de
forma amplia a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la
defensa y promoción de derechos humanos a iniciar una cruzada y campaña por
defender nuestra posición firme de continuar con esta vocación y compromiso
desde cualquier trinchera y de forma unida.
5. Determinar
lucha legal y social inclaudicable hasta que los derechos vulnerados,
individuales y jurídicos, de la Fundación Pachamama se repongan y se den las
disculpas y garantías que el caso amerita.
6. Solicitar la
colaboración de las organizaciones indígenas para estar atentos ante otras
medidas dictatoriales y les pedimos se sumen a nuestra lucha, que al final es
nuestra lucha históricamente compartida.
7. Solidarizarnos
con todas nuestras energías con las y los compañeros de la Fundación Pachamama,
organización fundadora de nuestra red.
Dado a los cinco días del mes de diciembre de 2013.
COMITÉ
DIRECTIVO RAMA
Iván
Bascopé, Coordinador RAMA
Ramón Laborde, RAMA Colombia
César Gamboa, RAMA Perú
Luis Bello, RAMA Venezuela
Ricardo Verdum, RAMA Brasil
Marco Mendoza, RAMA Bolivia
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