Tras la enésima masacre en una cárcel venezolana, esta
vez en la Cárcel Nacional de Maracaibo, conocida como cárcel de Sabaneta,
Amnistía Internacional urge a las autoridades venezolanas a priorizar la
resolución del problema del hacinamiento y de la violencia en las cárceles del
país.
Según informes de prensa, luego confirmados por las
autoridades, el 16 y 17 de septiembre internos de la cárcel de Maracaibo en el
estado Zulia se enfrentaron usando armas de fuego y explosivos causando la
muerte de 16 detenidos y 5 heridos. Según información proporcionada por una
organización local de derechos humanos, el Observatorio Venezolano de
Prisiones, la cárcel tiene capacidad para 700 personas, pero alberga a casi
3,700. La misma organización ha contabilizado que en lo que va del año 69
detenidos han fallecido en la sola cárcel de Sabaneta a causa de la violencia
que allí se vive, y 289 personas a nivel nacional en los primeros seis meses de
2013.
Estas cifras dejan una vez más de manifiesto la crisis
penitenciaria en Venezuela y las condiciones de hacinamiento y de violencia
vividas por muchas personas privadas de libertad. Es inaceptable que en los
centros penitenciarios de Venezuela algunos detenidos tengan acceso tan fácil a
armas de fuego y constituyan un peligro tan grave para los demás presos.
En julio
de 2011, el gobierno instituyó el Ministerio de Servicios Penitenciarios para
buscar una solución al problema del sistema carcelario, que va desde el
hacinamiento crónico y la falta de acceso a atención médica adecuada, hasta las
demoras extremas en la administración de justicia y la inexistencia de un
sistema independiente de inspección de centros penitenciarios.
Amnistía Internacional vuelve a instar a las autoridades
venezolanas, y en particular el Ministerio de Servicios Penitenciarios, a tomar
acciones urgentes para enfrentar esta grave situación. Es imprescindible que se
pongan en práctica medidas para resolver la situación
de hacinamiento a través de la provisión de infraestructura y servicios
adecuados a las necesidades y en línea con los estándares internacionales, como
las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, y asegurarse
que los presos vivan en condiciones de dignidad y se preserve su seguridad e
integridad física.
También es urgente que se tomen acciones concretas
para prevenir y sancionar la violencia entre reclusos e incluir medidas para
poner fin a la posesión de armas de fuego y explosivos. Las autoridades deben asegurar
que haya suficiente personal capacitado en los penales y que se investigue y sancione a los responsables del ingreso de armas a las
cárceles.
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