Debate: El ocaso del chavismo

Simón Rodríguez Porras

A casi quince años de la llegada al poder del chavismo, y pocos meses después del fallecimiento de Hugo Chávez, el país transita hacia una nueva etapa de su historia política. El gobierno se encuentra desprovisto del liderazgo carismático del que se sirvió para impulsar un proyecto que apostaba al papel dirigente de la burguesía “nacionalista” y del sector militar. Un estrepitoso fracaso económico y la acelerada erosión de su base social, han acorralado al gobierno de Nicolás Maduro, que busca redefinir sus relaciones con la Iglesia Católica, la gran burguesía y el imperialismo. Las dirigencias de las distintas fracciones en las que se divide internamente el Psuv coinciden en este empeño, en el que se juega su permanencia en el poder.

En las bases del movimiento chavista, las cosas no están tan claras. “Soy chavista, pero no madurista”, con esta frase se definía a sí mismo un activista estudiantil durante un discusión acerca de la huelga universitaria, y remataba que cómo él hay muchos. Si el gobierno de Chávez encontraba cada vez mayores dificultades para disimular las limitaciones de su proyecto político, el gobierno de Maduro representa a la misma burocracia sin máscara. Solo el temor a la vuelta al poder de la derecha proimperialista agrupada en la MUD, logra cohesionar defensivamente a miles de activistas honestos que apostaron al mal llamado “Socialismo del siglo XXI”; cada vez son menos los que ven en Maduro, Diosdado Cabello, y la dirigencia del Psuv, el PCV y los demás partidos del Polo Patriótico a una dirigencia política capaz de encabezar una revolución socialista.

Crisis para los de abajo y bonanza para los de arriba

Los fríos datos de la economía retratan el fracaso del capitalismo a la bolivariana, al mostrarnos un estancamiento del crecimiento combinado con una altísima inflación, en un marco de dependencia absoluta respecto de la monoexportación petrolera. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la canasta alimentaria se encareció un 31,3% en los primeros seis meses del año y alcanzó en junio los 2.737 bolívares, por encima de los 2.457 bolívares del salario mínimo. Más de dos terceras partes de los empleados públicos y trabajadores de las empresas estatales no pueden cubrir ni la mitad del costo de la canasta básica. Mientras tanto, crecen las ganancias de las transnacionales que son propietarias de hasta un 40% de las empresas mixtas petroleras. En el caso de la banca privada, el sector más parasitario e improductivo de cualquier economía capitalista, las ganancias crecieron en 53,1% en el último año, ubicándose en casi 20 millardos de bolívares.

La devaluación monetaria del 46,5% instrumentada en febrero resultó insuficiente para equilibrar las cuentas del gobierno. Por ello se implementó en el último período un mecanismo de subastas de divisas, el Sicad, a través del cual las transacciones se realizan a un tipo de cambio entre dos y tres veces más caro que el oficial. Mientras que las mayorías populares se empobrecen por los efectos inflacionarios de las devaluaciones, la disparidad entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo ha sido una fuente colosal de corrupción; el propio gobierno admite que ha asignado miles de millones de dólares al sector público y privado para importaciones fraudulentas, y la fuga de capitales entre 2002 y 2012 se calcula en 144.900 millones de dólares, un monto apenas inferior al de la deuda externa. La deuda interna supera los 200 millardos de bolívares.

El retrato vivo del país es el de la decadencia. La tercera parte de la población, más de 9 millones de personas, viven en condiciones de pobreza, dos millones y medio en la pobreza extrema. El déficit de vivienda afecta a 13 millones de personas. Más del 95% de las exportaciones son petroleras, pero el descalabro operativo en las refinerías del país nos ha obligado a importar gasolina y otros derivados del petróleo. En el campo, el 1% de las propiedades agrarias concentra el 40% de la superficie agrícola, y esta altísima concentración improductiva de tierras impide que el país supere la dependencia respecto de la importación de alimentos. Las empresas básicas del hierro y el aluminio en Guayana están en una situación deplorable luego de una década de saqueo por parte de la burocracia del Psuv. La desnutrición infantil crónica se ubica en 15,6% según las cifras oficiales del año 2010. Escasean y se elevan a precios inaccesibles los productos de primera necesidad. Mientras tanto, se suceden los debates escatológicos y peleas a puñetazos en la Asamblea Nacional, y las arengas semirreligiosas en los medios públicos y en las declaraciones de los políticos de la derecha.

La movilización en auge

No es sorprendente que crezca la combatividad de los sectores populares, sobre todo de los trabajadores. El año pasado, cruzado por dos procesos electorales, se produjeron más de 5 mil protestas sociales, tres cuartas partes de ellas por conflictos laborales y exigencias de vivienda. Como respuesta, en el mismo período el gobierno aprobó una ley antiterrorista fiel a los dictados del Fondo Monetario Internacional, que califica como “acto terrorista” toda paralización del transporte, huelga obrera en la agroindustria, o incluso cualquier protesta que pretenda presionar al gobierno o a las multilaterales para que modifiquen sus políticas. La utilización del aparato judicial contra las huelgas es un recurso cada vez más utilizado por el gobierno; un ejemplo de ello son las demandas interpuestas por estudiantes ligados al Psuv contra la huelga universitaria, que si bien era convocada por una dirigencia gremial vinculada a la derecha, no obstante expresaba los justos reclamos salariales de los profesores universitarios y la defensa de las normas de homologación, una escala móvil salarial vigente desde la década del 80, que el gobierno se niega a reconocer.

La militarización de la industria eléctrica y de empresas como Ferrominera, y la detención del sindicalista revolucionario José Bodas en el oriente del país, forma parte del mismo cuadro de avance de la criminalización de la lucha sindical. Otro método represivo que ha adquirido relevancia es el sicariato y las operaciones paramilitares a cargo de grupos como Muralla Roja, en la región de Guayana, mafias de la construcción ligadas al Psuv, o la operación conjunta entre militares y matones ligados al Grupo Anti Extorsión y Secuestro (Gaes) del estado Zulia, que dio muerte en marzo de este año al cacique yukpa Sabino Romero, quien encabezaba la lucha contra ganaderos y transnacionales por la recuperación del territorio indígena en la Sierra de Perijá.

Ante la crisis del chavismo, ¿qué hacer?

El resultado electoral de abril, cuando el empresario derechista Henrique Capriles estuvo muy cerca de derrotar a Maduro, puso por primera vez en una década, y en ausencia de Chávez, al gobierno en una situación defensiva. En este marco se materializan las concesiones y pactos en sendas reuniones de Maduro y sus ministros con representantes de la gran burguesía nacional como Lorenzo Mendoza, de Polar; con el Papa Bergoglio y la cúpula católica venezolana; con la cabeza del régimen colombiano, Juan Manuel Santos; así como la reunión del canciller Elías Jaua con John Kerry, secretario de Estado yanqui, con la intención de restablecer plenamente las relaciones bilaterales. Si bien el presidente Chávez protagonizó muchos acercamientos con la burguesía y el imperialismo a lo largo de sus años de gobierno, esta vez la debilidad del gobierno se hace más patente que nunca. Maduro llegó al extremo de plantear públicamente la posibilidad de una alianza entre El Vaticano y el ALBA, bloque centroizquierdista fundado por Chávez para contrarrestar la propuesta del ALCA, y de otorgar a la Iglesia un papel protagónico en la administración de un plan de desarme oficial.

La llamada “guerra contra la corrupción”, no pasa de ser una pantomima a través de la cual se dirimen los conflictos entre tendencias internas del gobierno con detenciones a funcionarios medios y altos, mientras se mantienen impunes los más colosales crímenes, como el caso de las más de 150 mil toneladas de alimentos descompuestos pertenecientes a la red estatal Pdval descubiertos en el año 2010, o los más de 30 millardos de dólares asignados por Cadivi y el Sitme para importaciones fraudulentas. De hecho, varios funcionarios que habían caído en desgracia por escándalos de corrupción estando Chávez en ejercicio de la presidencia, como Jesse Chacón o Rodolfo Sanz, hoy vuelven por sus fueros de la mano de Maduro. Las disputas interburocráticas también cobran cuerpo en estridentes denuncias públicas, como la realizada por Toby Valderrama, intelectual orgánico chavista encargado de la columna editorial “Un Grano de Maíz” y la revista “Debate Socialista”, quien publicó en julio un artículo en el que plantea: “no vamos al Socialismo, al contrario: estamos fortaleciendo el capitalismo nacional y el internacional... Además de ir al capitalismo, lo pretenderíamos imponer a sangre y castigo… No pasa un día sin una declaración a favor de los capitalistas, los altos voceros nuestros se regodean hablando maravillas del sector capitalista, lo llaman, lo convocan, lo halagan, le crean condiciones, desde los incentivos con el dólar hasta las llamadas zonas económicas especiales…”.

Como efecto de esta crisis, se empiezan a aflojar las amarras sobre los sectores de las bases chavistas más honestos y combativos. En Industrias Diana, empresa agroindustrial estatal, los obreros exigen participación en la toma de decisiones y rechazan la imposición de un nuevo tren gerencial. Decenas de luchadores sociales rechazan las imposiciones de candidaturas municipales, incluyendo a los artistas pop y personajes de la farándula promocionados por Maduro, y se postulan por fuera del Polo Patriótico. El fenómeno tiende a extenderse a todos los sectores organizados en los que el chavismo ha logrado estructurarse. Los revolucionarios tenemos el reto de propagar la lección de que no se puede avanzar hacia la verdadera democracia y la justicia social, hacia una nueva sociedad sin explotación, de la mano de las transnacionales, de los latifundistas, las fuerzas armadas burguesas, suscribiendo tratados de libre comercio como el Mercosur, o transando con el gobierno de los EEUU y sus aliados. La única manera de impedir que por una vía u otra sean liquidadas las conquistas sociales obtenidas luego de la derrota del golpe de Estado de abril, y que al cabo de pocos años vuelva a gobernarnos la derecha puntofijista, nucleada en la MUD, es reagrupar a esta franja de activistas y luchadores que se escinden del Psuv y de los partidos del gobierno, para construir juntos una organización política bajo las banderas de la verdadera revolución social, que se constituya en alternativa a los dos bloques que actualmente polarizan de manera artificial al país. Esa es la tarea que está planteada hoy en Venezuela.