Comunicado Público
No 12
Junio 14 de 2013
Movimiento Ríos
Vivos Antioquia
Más de 7.000 personas en Antioquia y Colombia preocupados por los
conflictos sociambientales generados por Hidroituango solicitan suspensión de
la Licencia Ambiental e intervención inmediata del Gobierno Central y Defensoría
del Pueblo
Debido a las denuncias realizadas
por las y los afectados por el Proyecto hidroeléctrico más grande del País –Hidroituango-
agrupados en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia surgió una iniciativa popular
respaldada por más de 7.000 personas de distintas zonas del departamento y del
país en la que solicitan la suspensión de la licencia ambiental del
megaproyecto hasta tanto se den garantías de restitución de las actividades
productivas y se presente un informe del seguimiento de la ANLA al cumplimiento
de la licencia.
Por otra parte, los millares de
firmantes instan al gobierno nacional abrir espacios de reflexión en torno a la
política minero energética, pues miles de comunidades están siendo expuestas a
perder sus formas de subsistencia, así como su identidad y culturas en nombre
del desarrollo; así mismo se exige un
informe sobre las maneras mediante las cuales el Gobierno Nacional dará
garantías de protección de los derechos de los afectados en los territorios donde
se adelantan proyectos mineroenergéticos, incluso, como lo ha solicitado el
Movimiento Ríos vivos en otras instancia, se pide que se informe como los
afectados por estos proyectos pueden adelantar procesos reales de participación
ciudadana en la toma de decisiones que les afectan sus formas de vida en medio
de zonas donde hay conflicto armado.
Complementariamente también hacen un
llamado a la Defensoría Nacional del Pueblo y demás entes de control para que
verifiquen y hagan seguimiento a la situación de derechos humanos en el área de
influencia de Hidroituango, solicitando además, que en un término no superior a
dos meses presenten un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la
Licencia Ambiental del Proyecto por parte de EPM.
A nuestro juicio, el documento
radicado ayer en la ANLA, Presidencia de la república, Contraloría, Fiscalía,
Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Presidencia y Naciones Unidas, es un ejercicio
CONTUNDENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDAANA, basado en razones de peso para que un
gobierno que respeta los derechos humanos en la práctica y la legalidad tome
correctivos de carácter urgente para
solucionar las problemáticas generadas por el proyecto de ESTADO HIDROITUANGO, entre ellas se destacan: La
relación entre conflicto armado y megarepresa, las miles de víctimas de los
grupos armados revictimizadas por los desplazamientos forzados, la pérdida de
fuentes de sustento, la no restitución de las actividades productivas, los
engaños, los sofismas, las violaciones a derechos fundamentales como la libre
movilidad, el trabajo, la libertad, pues
muchos de los afectados fueron apresados ilegalmente, derecho a la honra pues a
muchos se les ha señalado y estigmatizado no solo dañando su buen nombre sino derivando
en un riesgo inminente para vida e integridad física, muchos han sido
amenazados y han vivido situaciones de infracción al DIH, entre otros.
Hasta el día de hoy más de 300
personas han permanecido alejadas de su territorio, bajo la absoluta
indiferencia de un gobierno que no comprende las dinámicas del campo, las diferencias
culturales –que se deben respetar a
cabalidad- y sobre todo los grandes impactos que sobre el proyecto de vida
de cientos de personas humildes está generando.
Nos mantenemos atentos de la
reacción del Gobierno Nacional y Ministerio de Ambiente frete a la petición de
miles de ciudadanos que cada vez más son conscientes de la problemática social,
ambiental, económica y cultural que generan las represas.
¡Todos somos afectados, la vida no
se represa!
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