La salud y la ministro

Luis Fuenmayor Toro

Tengo buena opinión de la actual Ministro de Salud, como persona, profesional y gerente hospitalario. A través de mi hermano cardiólogo, Iván Fuenmayor Toro, quien fue jefe del servicio de cardiología del Hospital de Los Magallanes de Catia, donde se desempeñaba la ministro hasta ser designada en el Cardiológico Infantil, sé que se trata de una profesional competente, trabajadora y honesta. Además, he visto su currículo y se nota de inmediato que no es una improvisada, sino que dedicó su juventud a estudiar, prepararse y formarse como la profesional que es hoy. Por todas estas razones, le deseo la mejor de las suertes en su desempeño al frente del Ministerio de Salud, sobre todo en un medio donde la mayoría de la veces el profesionalismo y el conocimiento valen muy poco, el espacio para la mediocridad es muy grande y predominan intereses distintos, muchas veces bastardos, alejados del interés fundamental del ministerio a su cargo.

Adicionalmente, por lo que pude saber, la labor de la ministro como directora del Cardiológico Infantil fue muy buena, es decir respondió a las expectativas que se tenían al respecto. Y en esta última labor entró en el área de la administración de servicios de salud en el sector hospitalario. Ahora le tocará lidiar con el país, que es mucho más grande y complejo que un hospital especializado, donde los recursos a administrar son muchísimo mayores y con una gran cantidad de problemas heredados no de la “cuarta república” sino del gobierno anterior: el del presidente Hugo Chávez. Problemas que no fueron enfrentados en su momento, o lo fueron erróneamente y problemas creados por políticas equivocadas, actuaciones delictivas de funcionarios de ministerios y de otras instituciones oficiales y la ignorancia generalizada sobre el tema de salud pública existente en la actualidad.

No había terminado de llegar la ministro Isabel Iturria, cuando se destapa la epidemia de influenza AH1N1, la cual, como el país vive una polarización electoral creada y alimentada por el propio Chávez, en acuerdo tácito con la oposición de la MUD, es tomada inmediatamente como elemento a denunciar con motivo de las próximas elecciones de alcaldes y concejos municipales. Sin embargo, independientemente de la seriedad del asunto, no es éste el mayor problema de la ministro, pues la ministro y el Ejecutivo entienden la necesidad de proceder y ella sabe bien qué hacer, aunque no haya declarado la existencia de la epidemia. Empero, la ministro ya ha debido sentir el golpe producido por la realidad de un ministerio dividido en dos sectores casi independientes: el que ella dirige y el que dirige o dirigía la misión médica cubana. En el pasado, ésta rendía cuentas primero a Fidel y éste a Chávez y actuaba con una gran autonomía.

Esta separación total entre el primer nivel de atención médica y los niveles hospitalarios, condimentada adicionalmente con la polarización electoral y el trato discriminatorio dado por el gobierno a los médicos que laboran en estos últimos niveles, es completamente inconveniente para la instrumentación de cualquier sistema de salud y, por ende, para la atención de la salud de los venezolanos. El ministerio de salud no puede estar dividido en dos instituciones distintas y bajo dos jefaturas y programas diferentes. Esta situación ni siquiera permite conocer el desempeño de las misiones barrio adentro, más allá de los numeritos que aporta el gobierno cubano en función de sus intereses, los cuales están siempre dirigidos a medir las actividades realizadas en términos absolutos, sin ninguna relación con la población blanco de estas acciones o demandante de los servicios ni sobre la efectividad de los mismos.

El otro gran inconveniente reside en que la actividad asistencia de la misión médica cubana está inconvenientemente ligada a los intereses comerciales de la Isla en nuestro país, fundamentalmente en el campo de los medicamentos y de los equipos médicos, lo cual distorsiona enormemente la práctica médica que realiza y las políticas que se aprueban. La fabricación nacional y la importación  de medicamentos constituyen una de estas actividades distorsionadas por intereses ajenos a los de la República. La planta nacional productora de medicamentos (SEFAR) producía 33 medicamentos de distinto uso en 2006 pero hoy sólo produce seis fármacos, lo que sólo favorece a quienes están en el negocio de la importación: el gobierno cubano. La materia prima para producir en el país llega ya vencida o a punto de vencerse; otro tanto ocurre con numerosos medicamentos vitales para el pueblo y de los que se pierden gigantescas cantidades.

Las compras de medicamentos, vacunas, inyectadoras, se hacen dentro del marco del “Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Cuba”, que se  inició en 2000. Varios informes de la Contraloría General de la República (CGR) señalan como graves fallas del Ministerio de Salud y del SEFAR: “compras sin control, sin planificación, sin justificación y sin supervisión”; adquisiciones “no basadas en los requerimientos y necesidades de los distintos centros de salud o unidades ejecutoras de los programas del ministerio", compras de “medicamentos no requeridos”, ausencia de supervisión de la ejecución de los contratos, formulación de pedidos a pesar de existir suficientes medicamentos en SEFAR, todas estas observaciones de nuestra contraloría se refirieron concretamente a las compras hechas a Cuba.

La CGR continúa en sus informes: existencia de contaminación fúngica de productos, estancias de años de los productos farmacéuticos en la aduana y en los depósitos de SEFAR, inexistencia de documentos que permitieran constatar que las compras efectuadas, tanto en cantidad como en el tipo y características de los medicamentos, correspondieran con las solicitudes; compras de fármacos no solicitados, de cantidades casi veinte veces mayores que las pedidas y de productos no registrados en Venezuela; incineración de grandes cantidades de medicamentos vencidos antes de ser distribuidos, pérdidas mil millonarias de bolívares. Como se puede ver, sólo el problema del suministro de medicamentos y de su planta productora es gigantesco, a lo que se suman un abandono de años y un manejo corrompido de las adquisiciones, donde no sólo el comprador es responsable sino también y mucho los vendedores en este caso los funcionarios de las empresas cubanas involucradas.

Las compras de medicamentos a Cuba, que hasta donde tengo conocimiento no tiene una industria farmacéutica importante ni ha tenido experiencia en la producción de fármacos, se ha incrementado más de 30 veces entre 2006 y 2012, hasta alcanzar 365 millones de dólares anuales. Estos incrementos en las adquisiciones son contradictorios con la ausencia de disponibilidad de medicamentos en la red ambulatoria y hospitalaria, como fue constatado por Provea y puede serlo por cualquier usuario. Como se puede apreciar, éste es uno de los problemas serios que tiene la ministro Isabel Iturria, pues significa enfrentar estos negocios desenfrenados con Cuba, que podrán ser muy útiles a la Isla en su regreso callado de las prácticas económicas capitalistas del pasado, pero son muy negativos para nuestra economía y sobre todo para la salud de nuestra población. ¿Qué ocurrirá cuándo Iturria quiera poner orden en un negocio tan lucrativo para muchos y con grandes implicaciones políticas?

Sólo mencionaré, para que los lectores entiendan las dificultades actuales de la gestión en salud, que nuestra mortalidad materna no ha descendido desde 1998, en clara demostración de que las condiciones de salud no han mejorado. También que este año posiblemente alcancemos los 100 mil casos de malaria, endemia que se incrementa año tras año sin que se haga nada efectivo al respecto. La presencia de Chagas urbano, ya conocida por el público y que requiere de medidas urgentes de saneamiento ambiental en los barrios que rodean a la ciudad, antes de que tristemente tengamos nuevas muertes de escolares. El problema de los costosos equipos médicos comprados a través de Cuba y sin posibilidades de ser instalados o de darles mantenimiento, pues para las casas vendedoras los mismos deberían estar en la Isla y no en Venezuela. El grave deterioro de la casi totalidad de los hospitales, los sueldos y salarios de los trabajadores de la salud y los graves problemas actuales de formación de los especialistas en todas las disciplinas. 

El mayor reto de la ministro Iturria es convencer al Ejecutivo que la deje actuar profesionalmente y en función del interés de los venezolanos todos. Mucha suerte en esa empresa.

Publicado en: La Razón, pp A-6, 16-6-2013, Caracas