Por: Juan Carlos La Rosa
Exigimos que el gobierno asuma su responsabilidad política
en la construcción de este crimen
Denunciamos el asesinato de nuestro hermano en lucha Sabino
Romero Izarra cacique Yukpa de la comunidad de Chaktapa en manos de sicarios a
sueldo que pudieron ser pagados por los hacendados de Machiques, militares y
guardias nacionales o sectores de la clase política local, todos enemigos de la
causa de Sabino y los yukpa en lucha. Denunciamos la criminalización y el
trabajo de aislamiento que precedió este crimen que no es sino el séptimo en
menos de dos años, protagonizado no sólo por la oligarquía ganadera montada
sobre la cultura racista y colonial que aún subsiste en la región, sino también
por funcionarios del estado gobierno militares y civiles. Pedimos justicia pero
no nos basta con la detención y encarcelamiento de los autores intelectuales y
materiales de estos crímenes, La tierra por la que luchó Sabino y por la que
luchamos tantas y tantos en este país no es la tierra que echarán encima de el
cuando lo sembremos.
Exigimos entonces que el Gobierno Nacional asuma su
responsabilidad política en la construcción de este crimen, en una mínima
exigencia de vigor social y humano para una burocracia que sistemáticamente
obró con omisiones en el cumplimiento de las leyes y la Constitución Bolivariana
que hubieran dado marco a la paz y a la detención de la violencia y que obró
con saña y cuantiosos recursos entregados clientelarmente, para dividir y
desmantelar a los que luchaban por los territorios coptando para su
administración y control a voceros funcionarios que sustituyeron
sistemáticamente las autoridades legítimas del pueblo yukpa y se dedicaron a
mentir sobre el compañero Sabino. Si el racismo ganadero hizo parte, no cabe
duda que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y
del Ministerio de Pueblos Indígenas entre otros, hicieron lo suyo cómo política
e hicieron tanto o más daño que los rabiosos terratenientes del Sur del Lago.
Cuando nos preguntamos porque hacen esto obtenemos nuestra
tercera exigencia en la respuesta. Es un hecho histórico probado que la Sierra de Perijá posee en
su subsuelo cuantiosos recursos mineros de carácter estratégico (carbón, coltán,
fosfato y uranio) y esa es la razón por la que el Gobierno Central, cómo ya lo
admitió al menos en el propio Plan Patria 2013-2019 no ha cumplido con las
leyes y ha entregado los territorios autodemarcados a los pueblos indígenas.
Esa Plan no es conocido por los venezolanos y venezolanas y exigimos que esta
actuación que es además una continuación de los planes contra los que luchamos
en la 4 ta república sea detenido y se revise de cara a los pueblos y de el
principio de soberanía colectiva todo el modelo de desarrollo que se tiene para
los territorios de Perijá, de Amazonas y del Sur de Bolívar. Sólo tal
reivindicación cerrará la herida abierta por esta masacre.
¡Sabino marca el camino! Tierra para los indígenas, SIN
MINAS Y SIN HACENDADOS
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