Sabino Romero y autonomía indígena

Rafael Uzcátegui

A raíz del asesinato del luchador indígena yukpa Sabino Romero en la Sierra del Perijá, 10 organizaciones de pueblos originarios del sur del país, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), realizaron un pronunciamiento para solidarizarse y denunciar el crimen, que es significativo por varias razones.

La primera es el hecho que un sector se identifique y haga suyas las reivindicaciones de sus pares, cosa normal dentro de la dinámica de los movimientos sociales en cualquier parte del mundo, pero olvidada en nuestro país después de un largo proceso de fragmentación y polarización de las iniciativas populares, los cuales durante más de una década han construido lazos de solidaridad verticales con poderes nacionales y regionales, asumiendo agendas políticas impuestas externamente. Todo el tejido social construido después de los sucesos de Caracazo, febrero de 1989, ha sido debilitado en la última década y media, abandonando lo que la sociología marxista denomina “identidad de clase”. Si hace dos décadas atrás hubieran asesinado a un símbolo de la resistencia indígena, el país se hubiera indignado y, literalmente, levantado por los cuatro costados, contando con el decidido apoyo y solidaridad de todos los movimientos sociales. Hoy, la realidad es que la única manifestación realizada en Caracas para rechazar el asesinato de Romero congregó apenas 200 personas, con bastantes ausencias y bajo una campaña gubernamental, replicada por algunas iniciativas sociales, de pasar rápidamente la página en el hecho, aunque eso suponga impunidad. Dentro de la profunda inexistencia de lazos horizontales en el movimiento popular resalta que, después de tantos años de silencios, sectores del movimiento indígena se identifiquen con los ataques realizados en contra de otras etnias. Meses antes la organización zuliana Homoetnatura, muy cercana a la lucha yukpa, se había pronunciado a favor de los pemones que, en el otro lado del país, habían desarmado a funcionarios del ejército. Esto nos sugiere que los indígenas en su conjunto se encuentran en mejores condiciones que otros movimientos para recuperar su propia agenda de reivindicaciones, con independencia y autonomía.

Un segundo elemento resaltante del comunicado de la COAIM es el cuestionamiento a la impunidad en los asesinatos de indígenas ocurridos en el estado Zulia, lo que reitera las serias deficiencias del sistema de administración de justicia en el país, contradiciendo la propaganda oficial que habla que después de 500 años está siendo saldada la deuda histórica con las comunidades originarias. “Nos preguntamos –expresa el propio comunicado- si esta situación podría generar un genocidio contra el Pueblo Yukpa que termine exterminando a varias familias y comunidades”. Más adelante destacan “que en los últimos años ha habido una política sistemática y planificada de asesinar a los líderes yukpa que han luchado por el rescate y preservación de sus territorios”, lo cual es una grave denuncia que merece una debida investigación y respuesta de las autoridades. Mientras se mantenga la deuda constitucional en realizar la demarcación y entrega efectiva de los territorios indígenas, de los cuales apenas se ha realizado menos del 3% del total, se mantienen las condiciones generadoras de violencia entre las comunidades movilizadas para la satisfacción del derecho y los propietarios actuales de las parcelas reclamadas.

El pronunciamiento también rechaza expresamente la política indigenista realizada por el gobierno nacional “marcada por una ola interminable de regalos y asistencialismo”, exigiendo iniciativas que realmente reviertan los problemas estructurales padecidos por las comunidades originarias, “que permita la garantía de sus territorios mediante la efectiva demarcación de su hábitat y tierras y la promoción de sus derechos constitucionales”. Las propias organizaciones han identificado que el Ministerio de Pueblos Indígenas es una institucionalidad que más que ayudar con soluciones se ha convertido en parte del problema, aupando “división y enfrentamiento (…) mediante el otorgamiento de privilegios a líderes comunitarios y la compra de conciencias que generan conflictos intercomunitarios y enfrentamientos con autoridades tradicionales”. Estas denuncias confirman los señalamientos realizados en otros derechos acerca de la promoción de un tipo de participación excluyente, la cual favorecería sólo a las personas y comunidades que expresen su incondicional apoyo al gobierno bolivariano.

La satisfacción de los derechos humanos tiene como una de sus precondiciones la existencia de organizaciones sociales y populares que exijan su pleno desarrollo. En el caso de los derechos de los pueblos indígenas es necesaria la articulación autónoma e independiente de las diversas comunidades que habitan en territorio venezolano. La profundización del modelo de desarrollo extractivista tiene como uno de sus naturales antagonistas, como sucede en países como Bolívar y Ecuador, al movimiento indígena, naturales garantes de la biodiversidad y principales afectados por la consecuencia de la contaminación de la industria energética. Quizás el asesinato de Sabino Romero sea una amarga lección de lo que pasa cuando a pesar de vivir problemáticas comunes, no somos capaces de identificarnos y asociarnos con nuestros pares, distraídos en la defensa de metas que no son las propias.